1. El canon y su uso
A todas luces, lo que ha sido la progenitora del desmadre de estos días ha sido la mala distribución del canon minero, a través de criterios bastante discutibles. Sin duda, Moquegua ha sido perjudicada por esta ley que debe ser cambiada para beneficiar a las regiones del país donde efectivamente se explota el mineral.
Pero , eso sí, las autoridades locales y regionales deben explicar de forma clara y concreta en que están empleando los dineros recaudados con tal finalidad. La inversión no se debe hacer en elefantes blancos ni en monumentos, sino en proyectos de infraestructura y desarrollo que realmente aporten a las regiones. Ojalá García se de cuenta con esto de la importancia del SNIP para evitar iniciativas de gasto que no aportan nada al país.
Y claro, este problema del canon también es un serio indicador de los límites de actuación de un gobierno que no reforma nada.
2. Alva Castro debe irse a su casa
Un operativo policial tan mal manejado y un ministro que no tuvo previsión de un conflicto que se venía larvando hace semanas solo reflejan la acefalía en la que ha caído el sector Interior desde hace año y medio. Por más que el Presidente lo siga defendiendo, la situación de LAC es insostenible.
Si algo de amor propio tiene el gobierno, pues que boten al peor de sus ministros. Por menos censuraron a Fernando Rospigliosi - a quien, por cierto, ahora buscan meter en la cárcel sobre la base de los pobres argumentos de Jorge Mufarech - y ahora mantienen a una persona cuya ineficacia ha sido comprobada. Y quizás el actual Director General de la Policía debería seguirle los pasos, a pesar que se muere de ganas de reemplazar a Alva Castro en Corpac, pues su gestión se ha caracterizado por los fuegos artificiales.
3. Hay que fortalecer las instancias de prevención de conflictos
El editorial de El Comercio es claro en sus conclusiones:
No funcionaron ni la Unidad de Prevención de Conflictos de la PCM, ni los mecanismos de enlace y coordinación con los gobiernos regionales y locales de Tacna y Moquegua, ni los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior. Tampoco hubo una estrategia policial eficaz para enfrentar la protesta y desbloquear las vías, y en este fracaso el general retenido no puede ser el chivo expiatorio. Finalmente, se aplica la política del bombero, donde se acude a última hora para apagar incendios.
Lo que dice el diario más antiguo del país es una mirada integral al problema. La verdad es que la Defensoría del Pueblo hace todos los esfuerzos posibles por indicar las zonas del país en las que hay conflictos activos y potenciales y el Poder Ejecutivo solo reacciona cuando tiene la carretera bloqueada o a una autoridad en peligro. Lo mismo, ojo, sucedía durante el gobierno de Toledo. Así que aquí debe hacerse un replanteamiento en serio de estos mecanismos de prevención y su efectividad.
4. Apliquemos la ley y sancionemos a quienes bloquean carreteras y secuestran personas
La mayor parte de reclamos sociales en el país son justificados. Vivimos en una sociedad injusta, poco incluyente y que crece económicamente en un país donde los servicios básicos aun no son cubiertos en su totalidad.
Pero ello no lleva a justificar lo que son delitos como los ocurridos en Moquegua esta semana. El bloqueo de carreteras está penado hasta con 8 años de prisión y la privación de la libertad otro tanto, por lo que no sancionar a los responsables de estas violaciones de la ley y de derechos fundamentales básicos, como son la libertad de tránsito y la libertad personal. Se comete un delito, se sanciona. Punto. Aquí no hay justificación sobre la base de lo que puede ser un reclamo social justo. Cuando la protesta social se desborda de los cauces legales, comienza a deslegitimarse.
Si, ya se que algunos me dirán: “pero si no se toman medidas extremas nadie los escucha”. Perdónenme, pero eso no justifica violar la ley, ni tampoco lo hacen las bravatas lamentables de Del Castillo. Y claro, poner orden y autoridad no implica meter bala, como Aldo Mariátegui y Uri Ben Schmuel reclaman en editoriales recientes.
5. Repensar la descentralización
Es claro que necesitamos macroregiones a gritos. Vivir con 25 gobiernos regionales que administran departamentos es una locura y lo es más cuando hay miles de conflictos por demarcación territorial.
¿Qué se requiere para ello? Dos cosas: estímulos tributarios reales para las fusiones sobre la base de planes de desarrollo concretos y claro, que los líderes regionales sean conscientes que los departamentos no funcionan y que deberán representar a sectores más amplios si es que quieren que sus localidades salgan del subdesarrollo. Es cierto, la fusión implica cesión de poder, pero lo es en beneficio de un bien mayor.
Pero también se requiere que los congresistas de cada región - ahora nos damos cuenta de la necesidad de una cámara representativa, en un sistema bicameral - representen realmente dichos intereses. Juan Carlos Valdivia cuenta una historia digna de atención:
Los congresistas de Moquegua, así como de otras regiones mineras, buscaron desde hace meses que se modifique el reglamento que establecía estos criterios, para lo cual visitaron la sede del Ministerio de Energía y Minas e hicieron gestiones ante funcionarios y el propio ministro. He aquí el primer error.
Esto que debió ser un debate público, en el Congreso y no en los pasillos de un ministerio, se convirtió en una discreta gestión que buscaba no alarmar a los vecinos tacneños. Los funcionarios del Ejecutivo no resolvieron con el fin de no hacerse problemas, y los congresistas no reclamaron haciendo prevalecer su condición de representantes electos.
¿Qué hubiera sucedido si, ante la negligencia de los funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, los congresistas hubieran ejercido su derecho a citarlos e incluso censurar al ministro?
Lecciones por aprender. Soluciones por aplicar. ¿Estaremos dispuestos a hacerlo?
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