Se veía venir. El intento de debate constitucional planteado para esta semana fue frustrado y ni siquiera se abrió la discusión de siquiera un solo artículo. Y más allá de si fueran nacionalistas o apristas quienes abrieran o continuaran la polémica, todo se reduce a este controvertido punto del Plan de Gobierno del Partido Aprista Peruano:
El Partido Aprista Peruano promoverá que se otorguen facultades constituyentes al nuevo Congreso para restituir la Constitución firmada por Víctor Raúl Haya de la Torre, actualizándola a las necesidades de un Estado promotor, regulador, descentralizado y democrático.
Hasta el día de hoy permanecemos en un limbo por no definir, hasta el momento, que Constitución es la que queremos que nos rija.
A favor de la Constitución de 1979 se encuentra el hecho de que fue producto de un consenso entre fuerzas políticas de izquierda, centro y derecha, su carácter progresista en materia de derechos fundamentales y el hecho que no fuera “producto de un golpe de Estado”. (Claro, pero se hizo en una Asamblea Constituyente convocada por una dictadura de salida).
En el caso de la Carta de 1993, se esgrime en su favor que permitió la apertura económica de los noventa - argumento falaz, pues la liberalización económica comenzó bajo la Constitución de 1979 -, el hecho de que permitiera la salida de un régimen autoritario y que los artículos hechos a la medida del dictador ya han sido modificados, con lo que el páis podría vivir solo con cambios constitucionales parciales.
Sin duda, por mas que ahora los apristas intenten hacer maromas verbales para negarlo, lo cierto es que si propusieron volver a la Constitución de 1979, claro, con modificaciones que la modernicen. Seguir negando el hecho sería mentir. Pero lo que tendrían que explicar a las personas que votaron por ellos por este motivo es porque han decidido variar de opinión. Hasta ahora no he escuchado a ningún líder del partido de la estrella - y eso que varios son abogados - explicar porque han retrocedido en este punto y decir lo que, en realidad, todos los hombres y mujeres de leyes sabemos: que es imposible restituir una Constitución muerta.
Fernando Vivas describe el porque de estos impulsos:
Por supuesto, entiendo que detrás de sus exabruptos hay cálculos y alianzas en pos de la presidencia del Congreso. Pero quiero referirme a los políticos que creen de buena fe, quizá porque otros de mala fe se los han hecho creer, que un cambio de constitución es indispensable para refundar todo lo que recusan de la república: un ‘wishful thinking’ surgido desde una ingenuidad antisistema. Nuestros vecinos ecuatorianos y bolivianos están en ese trance. Hace poco conversé con una asambleísta ecuatoriana que hablaba con tal entusiasmo de los artículos reglamentaristas que estaba redactando sobre el poder económico y las comunicaciones, que sentí que de veras creía que de esa forma se resolverían sus ‘impasses’ nacionales.
En realidad, la controversia no está en las reformas constitucionales que se iban a plantear - bicameralidad, modificación de la elección de los miembros del Banco Central de Reserva, sistema de justicia y vacancia de parlamentarios faltones - sino en el capítulo económico de la Constitución. El humalismo va por la línea de modificar todo, mientras que apristas, pepecistas y fujimoristas no quisieran tocar ni una sola coma de dicho capítulo.
Para ambos bandos, sería bueno que revisaran este párrafo de la exposición de motivos sobre las ideas centrales del Proyecto de Constitución planteado por el Congreso pasado, bajo el liderazgo de Henry Pease:
La Constitución señala los límites pero no constitucionaliza ningún modelo económico, sino que adquiere el carácter de un programa a realizarse, según la aplicación e interpretación que se le atribuya a lo largo de la vida a cada una de sus normas. No puede ser sólo un instrumento que garantice la conservación de las situaciones ya adquiridas, sino que tiene que ser, al mismo tiempo, el instrumento que garantice el proceso de transformación de la sociedad en los marcos previstos por la propia Constitución. Y ello sólo es posible, si sus preceptos, con mayor razón los dedicados a la regulación de la actividad económica, son el resultado de un acuerdo social y político.
Lo cierto es que ya existe un proyecto de modificación del capítulo económico de la Constitución, elaborado por un grupo encabezado por Jorge del Castillo y formado por especialistas de tendencias disímiles, como Jurgen Schuldt, Javier Iguiñiz, Javier Silva Ruete, Augusto Álvarez Rodrich o Javier Tantaleán. Este capítulo económico mantiene la iniciativa privada, la propiedad privada y la economía social de mercado como principios básicos, pero remarcando que “el ejercicio de las libertades de trabajo, empresa, comercio e industria no debe ser lesivo a los derechos fundamentales de la persona, a la moral, ni a la salud o seguridad públicas”. El Estado tiene un rol más activo, aunque mantiene la subsidiaredad estatal en materia empresarial. Es un texto equilibrado y creo yo, de acuerdo a tiempos en que el liberalismo ultra y el estatismo no son soluciones para un país como el Perú.
Esta vocación entre la modificación radical y el inmobilismo ha hecho que no se tenga el clima adecuado para la discusión constitucional y que, probablemente, este debate se siga postergando hasta el próximo gobierno. Lo cierto es que, además de un capítulo económico menos rígido, sí se requiere discutir la reforma constitucional de la justicia y si el país vuelve al sistema bicameral. Pero ello tendrá que seguir esperando a que nuestros políticos sean capaces de hacer algo que caracteriza a toda democracia: crear consensos. Considerando la fragmentación del Congreso, esa es una tarea harto complicada.
Mientras tanto, por más que Benedicto XVI diga que no existe, la Constitución seguirá en un peligroso limbo.
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