Ayer, el escándalo del día - y que han cubierto hoy todos los diarios, hasta los chicha - tiene que ver con la denuncia que la Ministra de Justicia Rosario Fernandez entabló ante la OCMA contra una jueza por dar una medida cautelar para ascender a un Coronel de la Policía a General.
Vayamos por partes, que el caso me parece revelador de como se pretende manejar la relación entre el poder político y el poder judicial.
Todo comienza cuando Alicia Salinas Larriviere, titular del 9° Juzgado Especializado en lo Contencioso Administrativo de Lima, ordenó, mediante una medida cautelar, el ascenso provisional del coronel PNP Juan Marcelino Santibáñez Marín al grado de general. La controvertida medida podría afectar a 16 casos similares que se vienen ventilando en dicho juzgado. Aquí es donde se encuentra el fundamento de la acusación de la Ministra y que ha sido avalada por el Decano del Colegio de Abogados de Lima. Se arguye que la jueza violó el artículo 172° de la Constitución, que dice que la potestad de manejo de los ascensos es exclusiva del Presidente de la República.
Sin embargo, la jueza no se ha quedado muda y ha dado sus descargos ante la opinión pública y ante la OCMA. Los argumentos dados por la magistrada Salinas se resumen en los siguientes puntos:
- El coronel Santivañez Marín cumplía con los requisitos para ascender, de acuerdo con la Ley de la materia. Sin embargo, ascendieron personas que no cumplian con lo establecido. Por ello, se buscó reparar el daño causado.
- El Poder Judicial puede controlar las decisiones administrativas que no respeten los derechos fundamentales de los ciudadanos, en este caso, este trabajador. Por tanto, no debería interpretarse la medida cautelar como una falta hacia la Constitución, sino una correcta aplicación de la misma. Además, el Tribunal Constitucional ha dicho que la potestad presidencial de los ascensos no está exenta de control constitucional.
De lo expuesto, se desprende que la decisión, ciertamente, podía ser controvertida, pero no ameritaba una investigación ante el órgano de control que pusiera en tela de juicio la honorabilidad de la magistrada. En todo caso, lo que debió hacer el Poder Ejecutivo es cuestionar la decisión ante la instancia superior, pero no irse cual “apanado” ante la jueza. Más aún, cuando la magistrada tiene argumentos para sustentar su decisión conforme a derecho.
Quizás la Ministra aún recuerda cuando era abogada y paraba en guerras de cautelares. ¿O no, don Ernesto Schutz?
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