Carlos Martínez/Pascual Serrano
Rebelión

El pasado día uno de marzo, el ejercito colombiano atacó un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano. Supuestamente el ejercitó requisó tres portátiles, las tres memorias USB y los dos discos duros externos. Y se debe afirmar que “supuestamente” pues dichas pruebas no se han obtenido dentro de un procedimiento policial o judicial al uso, sino en el marco de una agresión militar a un estado extranjero, cualquier prueba obtenida de esa forma es ilegal y por tanto no se puede utilizar en ningún procedimiento judicial.

Para intentar dar validez a estas “pruebas” las autoridades colombianas solicitaron de la Interpol un informe que certificara la “autenticidad” de los archivos contenidos en estos soportes. Ayer 15 de marzo se hizo público el informe, tras una lectura llama la atención las siguientes conclusiones.

En primer lugar hace referencia a que son “datos clasificados como “ULTRA SECRETO” (Pag. 21 del informe) cuando parte de esos archivos los hizo públicos el diario El País.

Lo más importante es que el propio informe reconoce en su “Conclusión no 2b” (pag. 31) que las autoridades colombianas manipularon los ordenadores y las memorias y que

“el acceso a los datos contenidos en las citadas pruebas no se ajustó a los principios reconocidos internacionalmente para el tratamiento de pruebas electrónicas por parte de los organismos encargados de la aplicación de la ley”.

El estudio encargado por el gobierno colombiano reconoce que:

“El acceso directo puede complicar en gran medida el proceso de validación de las pruebas para presentarlas ante los tribunales, porque en este caso los funcionarios de las fuerzas del orden deben demostrar o probar que el acceso directo que efectuaron no afectó materialmente a la finalidad de las pruebas”.

Por ejemplo, más adelante el documento de la Interpol declara que

“Los sistemas operativos de los tres ordenadores portátiles decomisados mostraban que los tres ordenadores habían sido apagados el 3 de marzo de 2008 (a diferentes horas, pero todos ellos antes de las 11.45, hora en que fueron entregados a los investigadores en informática forense de la policía judicial colombiana). Los dos discos duros externos y las tres llaves USB habían sido conectados a un ordenador entre el 1 y el 3 de marzo de 2008, sin que se hubieran obtenido previamente copias imagen forenses de su contenido y sin emplearse dispositivos de bloqueo de escritura (write-blockers)”

Es decir, que el ejercito colombiano hizo uso y modificó los archivos contenidos en los ordenadores, memorias usb y discos duros, antes de su entrega a la policía colombiana.

Por ejemplo, el informe en su página 32 afirma que :

“83. En los archivos de la prueba instrumental decomisada no 26, un ordenador portátil, se presentaban os siguientes efectos producidos el 1 de marzo de 2008 o en fechas posteriores:
Creación de 273 archivos de sistema
Apertura de 373 archivos de sistema y de usuario
Modificación de 786 archivos de sistema
Supresión de 488 archivos de sistema.”

El documento afirma, sin embargo, que los documentos de usuario (documentos word y similares) son auténticos porque no se han modificado desde el uno de marzo hasta la fecha del examen, sin embargo el propio informe reconoce lo limitado de esta afirmación pues describe que en la prueba 31 se contienen

“2.110 archivos cuyas fechas de creación oscilan entre el 20 de abril de 2009 y el 27 de agosto de 2009; 1.434 archivos cuyas fechas de última modificación varían entre el 5 de abril de 2009 y el 16 de octubre de 2010”. Concluye, que “estos archivos habían sido creados antes del 1 de marzo de 2008 en uno o varios dispositivos con una configuración de fecha y hora del sistema incorrecta” (Pag. 34).

Lo que significa que cualquier usuario cambiando la hora del sistema operativo puede crear un documento en la fecha que le plazca, sea anterior o incluso futura.

Sobre las conclusiones forenses hay que resaltar que el peritaje dice literalmente (Pag. 28):

“Sin desvelar dichos datos, INTERPOL puede declarar lo siguiente con respecto a los archivos de usuario contenidos en las ocho pruebas instrumentales de carácter informático decomisadas a las FARC:
- Se encontraron 109 archivos de documentos en más de una de las pruebas instrumentales
- 452 hojas de cálculo
- 7.989 direcciones de correo electrónico
- 10.537 archivos multimedia (de sonido y vídeo)
- 22.481 páginas web
- 37.872 documentos escritos (de Word, PDF y formato texto)
- 210.888 imágenes
De los anteriores, 983 archivos estaban cifrados 25.”

Es decir, ninguna referencia a que los ordenadores intervenidos contengan correos electrónicos. Hay que recordar que las informaciones de “El País” hacia referencias insistentes referencia a correos y que publicaba los archivos con el título “Correos incautados en el ordenador de Raúl Reyes”. Entonces, ¿De donde se han obtenido dichos correos? ¿O, simplemente, no existen en las computadoras requisadas?

Por último el informe termina (pag. 36 y siguientes) con siete páginas dedicadas a reconvenir a la policía de los países miembros y a decirle cómo debería tratar las pruebas electrónicas, recomendación que se hace en este informe, probablemente, por que este caso puede servir de ejemplo a las policías de como no deben recogerse pruebas informáticas. La única forma en la cual se puede asegurar la autenticidad de documentos contenidos en archivos informáticos es que se obtengan bajo la tutela judicial y desde un primer momento estas pruebas queden bajo la custodia de autoridades jurisdiccionales independientes y las pruebas forenses se realicen sólo sobre una copia exacta del contenido de los discos duros o memorias.

De este modo, el propio informe de la Interpol es el que viene a traer más dudas sobre el origen de los archivos informáticos publicados por el País y con los que se pretende atacar a Venezuela y Ecuador.

Así lo han expresado también los académicos estadounidenses Miguel Tinker-Salas, profesor de la Universidad de Pomona (California) y Forrest Hylerton, profesor de la Universidad New York, quienes advirtieron que hubo un mal uso de la información encontrada en las computadoras de alias Raúl Reyes, por parte del Gobierno colombiano y la Interpol.

Miguel Tinker-Salas, experto también en temas latinoamericanos, indicó que existe una serie de malas interpretaciones sobre el contenido de los ordenadores y que tras de ello hay un trasfondo político. “Hay que recalcar que la Interpol solo puede pronunciarse si existió manipulación. Pero ellos no aseguran si los elementos encontrados son originales y no pueden certificar la información”. Además, calificó como un problema el hecho de que la difusión del informe se haya realizado en Colombia, pues eso demostraría que la Interpol defiende los intereses del Gobierno de Álvaro Uribe, apoyado por Estados Unidos.

Forrest Hylerton, de la Universidad New York manifestó la necesidad de que el proceso de verificación del contenido sea efectuado por una institución que garantice mayor independencia. “Es probable que las computadoras sí hayan resistido el bombardero colombiano, pero el problema es que no sabemos nada más, ni qué tratamiento tuvieron”, afirmó Forrest Hylerton.

La realidad es que Colombía sí que manipuló los ordenadores de las FARC. Los medios de comunicación, el gobierno colombiano y los directivos de Interpol han destacado los elementos que les interesaban con titulares como “Interpol da por verdaderos los datos hallados en el ordenador de Raúl Reyes” o “Según la agencia policial, Venezuela financió a las FARC” (El País). La evidencia más elocuente de que estos titulares son mentira es que el informe de la Interpol, para asegurar su imparcialidad, fue realizado por técnicos informáticos que no sabían español y no podían comprender políticamente lo que decían los archivos. Así lo dice el informe: “Los expertos provenían de fuera de la región y no hablaban español, lo que contribuyó a eliminar la posibilidad de que se viesen influenciados por el contenido de los datos que estaban analizando ”. El informe de un técnico informático que no comprende español no puede decir que Venezuela financia a las FARC porque no entiende una sola palabra de lo que dicen los archivos.

La tergiversación de algunos medios ha llevado a que mientras el resumen del informe de la Interpol afirma:

La verificación realizada por INTERPOL de las ocho pruebas instrumentales citadas no implica la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen, de la interpretación que cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen.

El diario El País en su crónica de Maite Rico y Pilar Lozano titula “Interpol certifica que los ordenadores de las FARC no fueron manipulados”, y subtitula “El organismo policial asegura que los portátiles pertenecían a Raúl Reyes”.
Por otro lado, filtrando a la prensa amiga supuestos contenidos de los ordenadores que implicaban a Venezuela y Ecuador, las autoridades colombianas han mostrado al mundo que tenían un interés especial en criminalizar a esos gobiernos, más que en permitir a jueces y fuerzas de seguridad trabajar. Si tanta transparencia informativa quería dar a la información, sería bueno conocer qué información tenían las FARC sobre crímenes de paramilitares y a qué miembros de la Administración de Uribe implican en el paramilitarismo, seguro que había mucho de eso en los cientos de gigas que dice que ocupa el material informático.

Sin embargo, y contrariamente a lo que dicen las notas de prensa, el informe de Interpol no confirma la veracidad de las supuestas pruebas. Cito textualmente:

“La verificación realizada por INTERPOL de las ocho pruebas instrumentales citadas no implica
la validación de la exactitud de los archivos de usuario que contienen, de la interpretación que
cualquier país pueda hacer de dichos archivos, ni de su origen. Es perfectamente sabido que, a
efectos de los organismos encargados de la aplicación de la ley, las conclusiones sobre la
veracidad o exactitud del contenido de cualquier prueba se establecen en el marco de un
procedimiento judicial de ámbito nacional o internacional, o bien por parte de una comisión
especialmente designada y con jurisdicción sobre el asunto en litigio.”

Es decir: cuidado. Interpol lo único que está diciendo es que los archivos no fueron modificados después del bombardeo. No tiene competencia para afirmar si los discos y memorias provienen del campamento bombardeado, ni menos aún quién los creó. Supuestamente fueron las fuerzas del orden colombianas las que encontraron estos discos y los resguardaron hasta entregarlos a Interpol. Pero estamos hablando de fuerzas del orden que irrumpieron en un país extranjero para efectuar un arrasamiento. Yo no diría que tienen precisamente mucha autoridad moral.

De nuevo, no me molestaría en absoluto que se encuentre pruebas que incriminen a Chávez. Simplemente creo que ser poco riguroso en la veracidad (v.g. permitir que los gobiernos “siembren” pruebas) es éticamente incorrecto además de un arma de doble filo para todos.

Por otro lado, el informe señala la existencia de problemas en cuanto al manejo de las pruebas electrónicas por parte de los funcionarios colombianos, aunque quizá eso se refiera a algo más técnico. Espero que alguien pueda revisar el documento completo: http://media.noticias24.com/0805/info15.pdf