¿Qué es el Consejo Nacional de la Magistratura?
De acuerdo con la Constitución, es una entidad conformada por 7 miembros(*) que está encargada de tareas importantes: tiene que seleccionar, nombrar y destituir a los jueces y fiscales de todo el país; asímismo, se encarga de evaluar a los magistrados en procesos de ratificación que se realizan cada 7 años.
También se encarga de abrir procesos disciplinarios a los miembros de la Corte Suprema y a los Fiscales Supremos, los que pueden culminar en su destitución y es la última instancia en materia de control disciplinario para los demás magistrados.
Además, nombra y destituye al Jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales y al Jefe de la RENIEC.
(*) Los 7 miembros del Consejo son elegidos asi: 1 por la Corte Suprema, 1 por los Fiscales Supremos, 1 por las Universidades Privadas, 1 por los Colegios de Abogados y 2 por los demás Colegios Profesionales.
¿Cuál ha sido la historia azarosa del CNM?
Como toda institución novedosa creada durante la Constitución de 1993, el CNM sufrió las iras santas de Alberto Fujimori. Luego que se les recortara sus facultades en 1998, sus miembros titulares nombrados en 1996 renunciaron al cargo. Luego de la restauración democrática, se le devolvieron todas sus funciones.
Posteriormente, comenzaron los problemas por tres motivos centrales. El primero tuvo que ver con los mecanismos de nombramiento y ratificación de magistrados, que han tenido que ser modificados varias veces para mejorar las condiciones de transparencia y los criterios de ponderación de los exámenes tomados. El tema incluso nos ha costado una solución amistosa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para reponer a magistrados no ratificados por violación del debido proceso.
El segundo caso tuvo que ver con el maltrato a Fernando Tuesta en el proceso de selección de Jefe de la ONPE. Tuesta, quien se presentaba a la reelección, renunció a su cargo luego de un proceso en el que fue vejado en varias ocasiones por los miembros del CNM.
El tercer caso, que actualmente se ventila, es el de Angel Romero, que comentaremos a continuación.
¿En qué consiste el caso Ángel Romero?
Hace casi un año, DTP presentó un resumen del caso:
El caso es el siguiente: en 1992, varios trabajadores del Banco Central de Reserva cesaron en sus funciones de manera voluntaria, luego de acogerse a los llamados “incentivos” para dejar su puesto. En los siguientes años se hicieron varias demandas sobre el caso, todas fueron denegadas. En el 2004, el caso llegó al TC y dijo que este tipo de salidas del empleo no fue un cese colectivo. Al año siguiente, en dos oportunidades, el TC establece que los casos parecidos al de los ex trabajadores del BCR deben resolverse en otro tipo de proceso que no sea el amparo. Echando por la borda dichos precedentes, la sala presidida por Angel Romero da una sentencia en favor de estos trabajadores.
El procedimiento ante la Oficina de Control de la Magistratura ha dado como resultado la recomendación de la destitución de los magistrados que integraron la sala de Romero - claro, incluyéndolo a él -, no solo por apartarse de un precedente obligatorio, sino porque se encontraron otro tipo de irregularidades igualmente serias, como el favorecimiento a personas relacionadas con Romero y otro vocal que intervino en la resolución del caso, Néstor Pomareda.
Como producto de su propia investigación, el CNM acordó en primera instancia destituir a Romero.
El controvertido juez apeló y el CNM, extrañamente, le dio la razón parcialmente. Irregularidades hasta ese momento: un recurso que no debió ser admitido por falta de pruebas y el juez si fue encontrado responsable de faltas. Aún así, se le rebajó la sanción y hoy puede volver a ser Presidente de la Corte Superior de Lima. Ni Kafka se mandaría con algo tan bizarro, a menos que haya corrupción de por medio.
¿Y hay corrupción en el extraño giro del CNM en el caso Romero?
Todo indica que sí. El Comercio informó lo siguiente hace unos días:
Sin embargo, aquella fecha los consejeros olvidaron algo trascendental antes de acabar el pleno: no resolvieron otro recurso de reconsideración. Esta vez presentado por el BCR en contra de algunos puntos del fallo que el CNM emitió en diciembre del 2007. Así las cosas, ya han transcurrido más de 20 días y ni el BCR ni Romero han recibido la notificación de todos los acuerdos. Las mismas fuentes informaron que existen serias discrepancias dentro del CNM por el fondo de la resolución, hasta ahora reservada, y por la forma irregular con la que se intenta publicar.
El Comercio obtuvo una copia de dicha resolución. Consta de 16 páginas y solo lleva las firmas de cinco de los siete consejeros que vieron el caso: Peláez, Delgado de la Flor, Mansilla, Anaya y Vegas. No aparecen las adhesiones de Torres ni de Cárdenas, que se negaron a firmar ante los hechos que descubrieron. Peor aún, en este documento se tiene como resuelto y votado el pedido de reconsideración del BCR, el mismo que no se trató en la sesión del 28 de abril.
Por ejemplo, en el artículo séptimo del fallo se lee: “Por mayoría, con los votos de los consejeros Edmundo Peláez, Edwin Vegas, Francisco Delgado y Efraín Anaya, declarar infundado el recurso de reconsideración interpuesto por el BCR” (sic). Este acuerdo no existió, ya que el tema no fue tocado, pero se da como un hecho en la resolución del CNM. El descubrimiento de este artículo y de otros considerandos en ese sentido generó un escándalo en la institución.
El último martes, en hechos hasta ahora desconocidos, se reunieron de manera extraordinaria seis de los siete miembros del CNM. Uno de ellos, Efraín Anaya, faltó por estar fuera del país. La cita que se desarrolló fue de alta tensión, pues se conoció que los cinco consejeros que firmaron el fallo, con el presidente Peláez Bardales a la cabeza, tenían conocimiento y avalaron la colocación de un hecho falso en la resolución.
En otras palabras, la intención de recolocar a Romero Díaz - ex personero aprista - en su cargo es descarada y no han dudado en sacar una resolución basada en hechos falsos para poder resolver el último obstáculo que queda para la reposición.
Y el asunto se complica aún más, informa Perú.21:
Aníbal Torres (uno de los miembros del CNM, nota de DTP) reveló ayer, en Cuarto poder, que, en el pleno de urgencia realizado el pasado martes 20, “(los magistrados) se pusieron a debatir allí cómo se resolvía el asunto de la omisión, porque se vieron descubiertos, y propusieron, por supuesto, adulterar los acuerdos del 28 de abril“.
Resoluciones extrañas, falsificación de documentos, un juez deliberadamente corrupto repuesto, todo un coctel que merecería mandar a varios miembros del CNM a su casa, si es que no merecen también tener una temporada en San Jorge.
¿Y que hacer con el CNM?
En lo que se refiere al problema de hoy, pues todo indica que debe iniciarse una seria investigación en el Congreso con miras a destituir a los miembros del Consejo que incurrieron en irregularidades en la resolución del caso Ángel Romero.
Pero también hay problemas de fondo en la conformación de la institución. Comentó hace algún tiempo Fernando Tuesta:
El CNM fue pensado para una intervención decidida e importante de la sociedad civil. Esto se tradujo en colegios profesionales y universidades. Aparentemente aceptable, realmente frustrante. Salvo contadas excepciones, los miembros nacidos de este afán corporativo han estado lejos de cumplir un papel decoroso. Por el contrario, hoy es el espacio de competencia para un puesto lucrativo de trabajo. Una reforma debe pasar por eliminar esta forma de origen que hace del CNM un espacio donde los abogados y profesionales más reputados y decentes estén ausentes.
Un ejemplo de ello. Los representantes de las universidades públicas y privadas son elegidos por la Asamblea Nacional de Rectores. La elección estuvo tan amarrada que fueron elegidos los salientes presidente y vicepresidente de esta institución, Francisco Delgado de la Flor y Edwin Vegas Gallo. Cabe recordar que en la ANR son mayoría las universidades sujetas al régimen de fines de lucro y aquellas que tienen multipicidad de juicios. Sin duda, querían hombres suyos en la instancia que elige a los jueces y los destituye.
Sin duda, una reforma de esta institución es necesaria. De lo contrario, quienes eligen a nuestros jueces, fiscales y otras autoridades electorales, así como controlan su conducta funcional profundizarán la crisis de la justicia en el Perú.
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