A estas alturas del partido, queda claro que el error político cometido por APRODEH hace dos semanas viene siendo capitalizado por sectores poco proclives a la defensa de los derechos humanos en el país.
Parte del contrataque fue una moción para investigar a APRODEH en el Congreso, iniciativa que no tuvo respaldo y que ha tenido que ser retirada, pues, luego de la indignación natural frente al rechazo del Parlamento Europeo para incluir al MRTA en su lista de organizaciones terroristas, varios congresistas se dieron cuenta que en algunos parlamentarios había más que un tufo a persecusión por intereses poco santos.
Y otro misil contra la comunidad de derechos humanos fue la exclusión de su participación en el Consejo Nacional de Derechos Humanos, la instancia estatal más importante sobre este tema, bajo argumentos que faltan a la verdad de manera clamorosa.
Pero el envalentonamiento en este tema tiene nombre y apellido: Luis Giampietri Rojas.
Es por todos conocida la animadversión que Giampietri tiene hacia las organizaciones de defensa de los derechos humanos y las acciones y declaraciones que ha tenido en su contra. Para comenzar, apenas iniciado el gobierno y cuando fungía de presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso, citó al jefe de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional para que informe sobre las actividades del Instituto de Defensa Legal, una de las ong’s más importante del país, a la que Giampietri detesta pues ha llevado adelante el caso El Frontón, en el que Giampietri tuvo un papel hasta ahora no esclarecido ante la justicia. Luego, en pleno aniversario del Combate de Angamos, se despachó en contra de los procesos judiciales contra militares que violaron derechos humanos y el año pasado presentó una moción para investigar a los gobiernos de Paniagua y Toledo por supuestamente haber bajado la guardia contra el terrorismo, lo que sonó a revindicación de un régimen autoritario por el que Giampietri no ha ocultado sus simpatías.
Por ello es que no sorprende que se mande con una propuesta como esta (vía Perú.21):
El primer vicepresidente, Luis Giampietri, sostuvo ayer que el sistema interamericano debería instalar una suerte de “tercera vía” que revise los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que sean considerados polémicos.
Según el ex militar, el hecho de que las decisiones de la Corte de San José sean inapelables pone a estados como el Perú en la obligación de acatar lo que llamó “sentencias ilógicas”, como la referida -precisó- al caso del penal Castro Castro.
“Se requiere de una corte superior, una tercera instancia, que revise casos totalmente ilógicos como el de indemnizar a terroristas”, dijo tras recordar que una iniciativa similar fue planteada por el ex representante peruano ante la OEA y actual ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz.
Bueno, Giampietri entiende de Derecho Internacional lo que yo de física nuclear. La lógica de los fallos inapelables de la Corte Interamericana es que se tenga una segunda instancia de carácter judicial en la que los Estados, al ser hallados responsables por violaciones de los derechos humanos, frente a la cual se tenga la obligación de cumplirlos. Ciértamente, a personajes como Giampietri no les gusta cumplir con estas sentencias pero, como se dijo en el caso Castro Castro, aquí no importa si el sujeto cuyos derechos son vulnerados es un delincuente o Benedicto XVI, sino la violación de derechos como tal.
¿Y quienes han salido a aplaudir semejante despropósito? Pues nada menos que Walter Menchola - sí, el mismo de la amiga convertida en empleada fantasma - y Rolando Souza, socio del abogado del reo de Barbadillo.
Aunque no creo que la propuesta prospere en la OEA - mal que bien, varios de nuestros vecinos si tienen un compromiso serio con los derechos humanos -, esto marca cual es el sentir del gobierno. Y como dijo Roberto Lerner hoy, esto hace que haya una pata en la mesa del desarrollo que esté coja en el Perú.
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