De otro lado, Luis Alfonso Morey también dio sus descargos en Perú.21:
El gerente general de RBC, Luis Alfonso Morey, sostiene que este canal no goza del favoritismo del Gobierno. A través de una carta que nos hizo llegar, explicó que los S/.283,967 que RBC recibirá este año por publicidad estatal se debe a que está brindando una programación “sin basura y de calidad”, lo que lo hace atractivo para el Estado y la empresa privada.
Comencemos por la respuesta dada por Morey. Que sepa, la programación anterior de RBC, cuando pasaba música, no era basura. Así que considero que dicha excusa no justifica un incremento de publicidad estatal por una causa que, a fin de cuentas, termina siendo subjetiva.
Más interesantes me parecieron las declaraciones de Del Castillo, las cuales merecen una respuesta aparte y lejos de sus adjetivos calificativos.
¿La publicidad vino de un solo lado como arguye MDC?
Pero si uno da un pasito más en la ventana indiscreta de Consucode, se topará con una segunda sorpresa: la mayor parte de esa suma (249,000 soles) proviene del Ministerio del Interior. El rubro es como sigue: “Dirección de Economía de la Policía Nacional –PNP–/ Servicios de Publicidad Necesarios para la Ejecución del Plan de Estrategia Publicitaria Enero-Diciembre 2008. Fecha: 28 de Febrero del 2008. Suma asignada a RBC Televisión: 249,900 soles”. Y para que nadie pueda objetar el monto y el destino de esta marmaja que le quita a la miserable PNP el equivalente a dos camionetas de 44,000 dólares cada una, todo se ha tramitado –como sigue haciendo la agusanada Sunat con los medios de comunicación que quiere favorecer– por el atajo de los “servicios personalísimos”.
La otra fuente de ingreso fiscal de este Canal 11 tocado ahora por la suerte ha sido Petróleos del Perú, que ha contratado, apenas el 5 de marzo pasado, avisaje por 34,067 soles. No es gran cosa, pero es la primera vez en años que la empresa estatal del petróleo invierte en una estación de sintonía invernal. La vía también ha sido la de los “personalísimos” servicios..
Si lo de Petroperú ya es una grosería - considerando el rating minúsculo del 11, que Belmont, Morey y Del Castillo intentan negar con un “sistema alternativo de medición” -, lo del Ministerio del Interior se enmarca en algo más peligroso. Hace unas semanas, indicamos lo siguiente:
¿Y en que gasta el Ministerio del Interior los recursos necesarios para implementar una política de control del orden interno que no vulnere los derechos humanos? Pues en más publicidad para ensalzar la desastrosa gestión de Alva Castro. Propaganda que, por cierto, está exonerada de cualquier proceso de selección. Así, en principio, el MININTER gastará más de seis millones de soles en compra de publicidad, cuestión que ya ha hecho el año pasado. Lo peor es que, además de sospechoso, estamos ante la reincidencia en este tipo de exoneraciones para levantar la imagen de un Ministro cuestionado.
En otras palabras, esto no es porque el canal se recupere ni mucho menos, sino porque Alva Castro quiere que le levanten la imagen. Claro, es cierto que a otros medios les da más -y claro, MDC aprovecha en atacar a quienes han rebotado la noticia -, pero, ya que se habían declarado en austeridad, ¿por qué se gastan un cuarto de millon de soles en publicidad en un canal de antena fría? ¿Quién valida los sistemas de audiencia del 11?
¿Cuál es el rol de Miguel del Castillo en RBC Televisión?
Pero otras cosas interesantes dice el señor Del Castillo en su entrevista. Como el famoso rumor sobre la compra de un paquete de acciones de RBC, sobre el cual, menciona lo siguiente:
Si estamos con una opcion de compra de un paquete de acciones, la cual va a poder materializarse en la medida en que pueda lograrse los objetivos de gestión que nos hemos impuesto.
Y por cierto, no sería solo el 40%, como se rumoreó, sino mucho más, Miguel dixit.
En la entrevista que le hace, Marco Sifuentes le retruca que muchos pueden pensar que esta compra, en realidad, tendría a Del Castillo Jr. como testaferro de alguien más poderoso. Digamos, esa puede ser una hipótesis, pero mi impresión es que una compra de ese tipo daría mucho que pensar sobre la línea editorial en materia política del canal, dado que no es un secreto que Miguel del Castillo es aprista e hijo del posible candidato presidencial del partido de gobierno en el 2011. En algo me recuerda esto a la compra de Global Televisión a finales de los ochenta, por parte de personajes vinculados a Alan García.
El tema Hildebrandt
Si otro hecho genera suspicacias, es el intento de contratación de César Hildebrandt. Sobre este hecho dice:
Hay gente que tiene que entender que no puede jugar los partidos hasta los 100 años. Los periodistas critican a los políticos que se quieren mantener en actividad luego de 50 u 80 años (…) Yo quería a Hildebrandt de Director Técnico.
Contratar a Hildebrandt de “director técnico” no era otra cosa que callarle la boca, a cambio de un buen sueldo. Y el mismo Miguel del Castillo ha reconocido presiones de periodistas y de alguna gente del gobierno que pedía que no contraten al experimentado hombre de prensa, de quien, si bien se puede discrepar, pocos pueden dudar de su calidad. Y de hecho, los Jotitas del 11 anunciaron a Hildebrandt en pantalla, no detrás de la misma.
Bueno, como se suele decir en estos casos, saquen ustedes sus propias conclusiones.
El testimonio de Sosa - si es que se anima a contar todo lo que sabe - puede ser clave para aclarar varios de los casos sobre violaciones a los derechos humanos ocurridos durante las décadas de 1980 y 1990. Su participación en hechos de sangre no se limita solo a Colina, sino también a una larga estancia en Ayacucho, en la que intervino en desapariciones y ejecuciones extrajudiciales. No en vano fue una de las fuentes principales de Muerte en el Pentagonito, la investigación de Ricardo Uceda sobre la actuación del Ejército peruano en aquellos años.
Esta captura se produce en un momento clave en el proceso a Alberto Fujimori. Ayer, Umberto Jara indicó que en el Perú se aplicó la guerra de baja intensidad, una doctrina militar norteamericana que enfatizaba en el uso de operaciones encubiertas, las cuales, en teoría, debían ser selectivas. En la versión norteamericana de esta teoría, se enfatizaba mucho en un discurso público que defendiera los derechos humanos, mientras que, en la práctica, se realizaban desapariciones y ejecuciones extrajudiciales.
En el Perú, tuvimos una versión propia de esta doctrina. Para Jara, la aplicación de la doctrina fue una respuesta a la insanía de Sendero Luminoso: Sendero hacía un atentado o mataba a alguien, el Ejercito tenía que responder con una acción similar. Ese es el famoso Ojo por Ojo que titula su libro. Lo curioso es que esta doctrina no fue necesaria para la derrota de la subversión, tal como los fujimoristas aún se empeñan en difundir.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación también estableció que la teoría de baja intensidad fue acplicada a la peruana, con el control del SIN sobre las acciones del Destacamento Colina, una creación híbrida que tuvo a agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, los cuales eran insertados en los teatros de operaciones con una orden expresa a los jefes: denles todas las facilidades para que hagan su trabajo. Y ya sabemos a que trabajos nos referimos.
Dice la CVR:
“Las operaciones especiales de inteligencia forman parte de las operaciones militares regulares y no pueden ser planeadas ni ejecutadas a espaldas del jefe operativo ni del jefe de la región militar o frente contrasubversivo donde tengan lugar. Pero esto fue precisamente lo que hizo Montesinos desde el SIN. Los jefes operativos eran inducidos a dejar que se efectúen en sus dependencias operaciones especiales organizadas y dirigidas desde el SIN y el Comando Conjunto. Los objetivos y personal de esas operaciones especiales bajo control directo del SIN y del Comando Conjunto con frecuencia no estaban claros para los jefes operativos locales o les eran simplemente desconocidos. Esta estructura paralela permitió a Montesinos emplear agentes de inteligencia y personal militar de operaciones especiales para trabajos sucios como ajustes de cuentas con narcotraficanes, amenazas, chantajes y sobornos y actos terroristas contra oficiales disidentes u opositores políticos, o para operaciones psicosociales especiales, destinadas a producir cambios de conducta en el público en general, como la matanza de Barrios Altos”.
(Informe Final de la CVR, Tomo II, página 353)
Y como bien sabemos, Montesinos solo tenía un jefe en la práctica: Alberto Fujimori Fujimori. Ello lleva a la CVR a concluir lo siguiente:
“Lo más significativo de este revés de la democracia es que fue producido por la nueva estrategia de conflicto de baja intensidad. De esta estrategia se esperaba que permitieran vencer al terrorismo sin producir numerosas violaciones de los derechos humanos ni retrocesos en la difusión de la democracia en el mundo. Lo primero se consiguió en el Perú parcialmente, pero al costo de crear grupos de operaciones especiales que no sólo cometieron excesos sino que, siendo miembros regulares de las Fuerzas Armadas peruanas (miembros del SIE), se convirtieron en el principal instrumento del SIN, la agencia central de los crímenes de Estado cometidos bajo el mandato y la autoridad directa del presidente Alberto Fujimori. En vista de que las amenazas de origen interno, reforzadas por las conexiones internacionales del narcotráfico, siguen siendo actuales en el Perú y América Lina, es muy importante revisar críticamente la formulación y aplicación de las ideas estratégicas de conflicto de baja intensidad, las cuales indican aún hoy el camino viable de la cooperación internacional para la seguridad y el nivel de fuerza adecuado de la lucha contra el terrorismo”
Resulta curioso que, el 31 de octubre de 2007 - cuando papi ya tenía un año de jefe de los procuradores - Agrobanco contratara sus servicios notariales para su sede central. Como que no se ve bien que el banco estatal que financia los créditos de los agricultores tenga como notaria a alguien cuestionado por sus relaciones con uno de los mayores narcotraficantes del país.
Demasiados cuestionamientos para un funcionario del Estado y una familia que parece haber sido bendecida con la estrella de la suerte. Claro, la estrella que brilla no en Belén, sino en Alfonso Ugarte.
Entre los detalles que anotamos, estaba esta disposición de la Ley de Presupuesto 2007, referida a las contrataciones para esta cumbre:
VIGÉSIMA OCTAVA.- Exceptúanse, de la aplicación de lo dispuesto en los artículos 4 y 5 y disposiciones relacionadas a éstos de la presente Ley, así como de las disposiciones contenidas en el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y demás normas complementarias, las contrataciones, las adquisiciones y toda otra actividad preparatoria que se realice durante el año 2007, que tengan por objeto el desarrollo de las actividades para la realización, programada para el año 2008, de la XVI Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) bajo la presidencia del Perú, incluyendo reuniones ministeriales, conferencias especializadas y otros eventos que se programen en ese marco; así como las contrataciones, las adquisiciones y toda otra actividad preparatoria que se realice durante el año 2007, que tengan por objeto el desarrollo de las actividades para la realización, programada para el año 2008, de la V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe - Unión Europea, siempre que sean realizadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores y por las entidades que conforman la Comisión Ejecutiva establecida por Resolución Suprema Nº 133-2006-RE, e incluso de ser el caso, indirectamente mediante convenios de administración de recursos suscritos o por suscribirse.
SÉTIMA.- Dispóngase para los eventos internacionales a desarrollarse en el Perú, las siguientes medidas: a) Exceptúese de la aplicación del artículo 8º numeral 8.2 literales b) y c) y el artículo 9º de la presente Ley, así como de las normas del Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del Estado, su Reglamento y demás normas complementarias, a las contrataciones, las adquisiciones, y toda otra actividad preparatoria que se realice durante el año 2008 para el desarrollo de los siguientes eventos: i) La XVI Cumbre de Líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico(APEC), incluyendo reuniones ministeriales, conferencias especializadas y otros eventos que se programen en ese marco. ii) La V Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de América Latina y el Caribe -Unión Europea.
Toda esta maraña legal lo que hace es generar un efecto: falta de transparencia en las adquisiciones que tienen que ver con las cumbres que se celebrarán en Mayo y Noviembre.
Todo esto debía llevar a declarar desierto el concurso público convocado para tal efecto. Sin embargo, como comenta el diario:
Sin embargo, el presidente de la CEAN, el vicepresidente Luis Giampietri, envió una comunicación al canciller José García Belaunde recomendando que, dada la urgencia del servicio, debía procederse a una adjudicación directa. Asimismo, remitió al ministro el informe técnico que fundamenta que la mejor opción era contratar directamente a IBM. Finalmente, el 24 de enero, la Cancillería y la empresa adjudicada firmaron el contrato.
Y los funcionarios de segundo nivel de la CEAN - APEC 2008, intentan justificar la compra:
El secretario de organización de la CEAN, Juan Espinosa, negó que haya habido alguna intención de favorecer ilícitamente a IBM. “El error del postor era tan mínimo que no justificaba tomar la decisión drástica de declarar desierto. Estábamos contra el tiempo y asumimos la responsabilidad por esa decisión”, expresó a Perú.21.
Por su parte, el jefe de la Oficina de Asuntos Legales, Martín Castro, indicó: “Estábamos a fines de diciembre y el servicio tenía que implementarse a partir del 18 de febrero, cuando arrancaran las reuniones de APEC, y no podíamos invertir más tiempo en desarrollar otro proceso. Por eso, la decisión del comité fue perdonar la omisión de IBM”.
Lo peor del caso es que si no fuera por la investigación de Perú.21, no conoceríamos esta irregularidad en las contrataciones de APEC. Y es que ni en el Portal de CONSUCODE ni en la web de la Cancillería tenemos acceso el detalle de cada uno de los procesos de contraciones, con excepción de los montos y empresas contratadas. Sobre las bases y el resto del procedimiento, los ciudadanos no podemos enterarnos. Y tampoco esperen encontrar dicha información en la web de APEC Perú.
Así que, señor Giampietri - y también usted, señor Vega Llona, organizador de la cumbre América Latina - Unión Europea -, es necesario que ponga a disposición de todos los peruanos la información sobre todas las contrataciones que se han hecho para estos fines. No vaya a ser que, además de cumbres, también haya farra de corrupción.
Hace algunas semanas, les comenté las extrañas movidas en RBC Televisión, el canal fundado por Ricardo Belmont.
Lo que ha quedado en pie de dicha información es la presencia de dos personajes claves en altos puestos de este canal: Luis Alfonso Morey, otrora defensor de Alberto Fujimori y hoy Gerente General del canal, y Miguel del Castillo, asesor de la Gerencia General y, por añadidura, hijo del Presidente del Consejo de Ministros.
Ambos personajes, autodenominados “Los Jotitas” (a quienes pueden ver en la foto de arriba), han pretendido armar una nueva programación. En teoría, su gran jale iba a ser César Hildebrandt, pero, finalmente, quisieron contratarlo como “asesor periodístico” sin programa, con lo cual, en la práctica, iban a silenciar al conocido periodista, quien ha reaparecido hoy en Radio San Borja.
Hasta el día de hoy, Miguel del Castillo ha negado cualquier favorecimiento hacia el canal al cual está vinculado. Sin embargo, el portal de CONSUCODE nos registra otra cosa:
RED BICOLOR DE COMUNICACIONES S.A.A. Monto Adjudicado 2005: S/. 5,652 Monto Adjudicado 2006: S/. 6,394 Monto Adjudicado 2007: S/. 00 Monto Adjudicado 2008: S/. 283,967
En solo 4 meses, el canal vinculado al hijo del Premier multiplica en cantidades inimaginables su monto en la torta estatal de publicidad. ¿Curioso, verdad?
Como también resulta curioso que la esposa de Miguel del Castillo, Patricia Lozada, sea la conductora de Que Tal Raza, el nuevo programa político del 11.
Algo va oliendo feo en RBC. Y alguien está gritando Show me the money y no es precisamente Jerry Maguire.
A estas alturas, uno no sabe si pedirle a Luis Castañeda Lossio que hable más o que vuelva a su estado de mudez habitual. Sin duda, es necesario que el alcalde de Lima nos de explicaciones por una gestión cada día más criticable desde varios aspectos, pero sus últimas intervenciones han tenido como tónica la descalificación de los críticos que de tener mentalidad de bodegueros han pasado a ser parásitos. Lindo vocabulario para quien representa a la ciudad y sus habitantes.
Pues bien, uno de los errores de Castañeda va a comenzar a cobrarle factura: la suspensión de las revisiones técnicas de modo unilateral, ante la caducidad unilateral del contrato. En su comentario editorial, El Comercio mencionaba las dificultades legales que entrañaba este tema:
Para aumentar la confusión y el caos, ni siquiera se ha aclarado la figura legal de la caducidad, mientras la empresa Lidercon achaca la culpa a la comuna y anuncia que exigirá el cumplimiento del contrato y hasta un nuevo arbitraje.
No hacía falta ser Nostradamus - o Nosjodimus - para predecir que, ante una polémica sobre la caducidad del contrato, Lidercon acudiría al mecanismo de solución de controversias que le facultaba el contrato: un arbitraje.
Para quienes no están familizarizados con el lenguaje abogadil, un arbitraje es un medio alternativo de solución de controversias. Cada parte elige a una persona como arbitro y estos árbitros, a su vez, escogen a un tercero para que complete una suerte de tribunal, que decide sobre aspectos contractuales. La “sentencia” del tribunal arbitral, llamada Laudo, es de obligatorio cumplimiento por las partes.
¿Y cual ha sido el resultado? Pues la Cámara de Comercio de Lima ha declarado que deben reabrirse las plantas de revisiones técnicas cerradas por Castañeda, lo que quiere decir que pueden volverse a hacer las inspecciones. Es decir, Castañeda legalmente no tiene razón y Lidercon tiene un punto más para poder pedir una indemnización por la cancelación del contrato.
Todo esto nos lleva a una situación legal complicada que aquí explicamos.
La medida cautelar del tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Lima, que la comuna minimizó con el calificativo de “supuesta”, no tendrá efectos prácticos, según el abogado de la Municipalidad de Lima, Jorge Sánchez Arriola.
“El contrato ha sido declarado caduco y a la fecha esa situación no se ha modificado; por lo tanto, la caducidad está firme”, remarcó el defensor de la comuna.
También cuestionó que “si el tribunal hubiera declarado que se dejara sin efecto la ordenanza de la Municipalidad de Lima que declara que ya no son obligatorias las revisiones técnicas vehiculares, entonces la comuna tendría que requerir una aclaración o nulidad del fallo, si fuese el caso, pues se estaría resolviendo respecto de un tema sobre el cual el tribunal no tiene competencia”.
Lo que el abogado de la Municipalidad no recuerda - o no quiere recordar - es que los laudos, como las sentencias, se cumplen a pesar que no nos gusten. Y en el caso de las soluciones arbitrales, el hecho de que nombres a un árbitro te condiciona más. Además, la caducidad del contrato, salvo para los abogados de la Municipalidad, ocasiona una consecuencia directa a la que Castañeda se niega a admitir: el pago de una fuerte cantidad de dinero.
Pero la cuestión se complica para todos, pues el Congreso aprobó un proyecto de Ley para que las revisiones técnicas estén a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con lo que volver a las revisiones vía Lidercon sería una solución temporal. Y si bien las municipalidades y gobiernos regionales pueden encargarse de esta materia, vía tercerización, lo cierto es que, en la práctica, la Municipalidad de Lima va a perder la competencia en esta materia, una vez que se promulgue la norma que, dicho sea de paso, fue promovida por el propio Castañeda.
Y es que en este lío legal, los únicos afectados son los ciudadanos. De un lado, si vuelven las revisiones vía Lidercon, ¿alguna autoridad le reconocerá validez a sus certificados? Y, de otro lado, si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hace las revisiones, ¿será capaz de asumir el costo social de sacar vehículos del parque automotor?
Algo que Castañeda podría respondernos, pero sin llamarnos parásitos.
Entradas (RSS)