Pues bien, si esto no es motivo suficiente para echarlo, pues los congresistas deberían mandarlo a su casa por el siguiente hecho. Informa El Comercio:
La Cuarta Fiscalía Provincial de Huamanga, a cargo de Hugo Martínez Mamani, formalizó una denuncia penal contra el suboficial de tercera PNP Carlos Alberto Rodríguez Huamaní (28) por el delito de homicidio contra Emiliano García Mendoza y Rubén Pariona Camposano, el pasado 19 de febrero, en Ayacucho, cuando ocurrió el paro agrario promovido por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Ayacucho.
Durante la investigación, el suboficial admitió haber disparado a ambos campesinos con la escopeta de perdigones que portaba. El cargo presentado contra el suboficial es homicidio calificado y podría recibir una condena no menor de quince años.
Lo curioso es que Alva Castro le había dicho al Congreso que:
“Ninguna bala de la PNP ha causado la muerte de los campesinos. Seguimos trabajando para dar con los autores materiales. (…) Los instigadores se revelan por sí mismos y deben ser procesados por terrorismo, homicidio calificado y otros delitos”.
Cuando se produjeron los hechos, dije sobre el tema lo siguiente:
A estas alturas, sigue quedando claro que el cargo le queda grande a Luis Alva Castro. El hecho de que se han registrado disparos por la espalda en dos de las personas que fallecieron nos da una idea de que no se han respetado los protocolos de actuación policial en respeto a los derechos humanos. También es claro que no se tenian los policías suficientes para controlar la seguridad en las carreteras - una amiga mía estuvo varada durante todo el lunes, con el consiguiente peligro que pasó durante esas horas - y, mientras tanto, el Ministro se divertía con los patrulleros.
Muchos han tolerado las incompetencias de LAC en lo que se refiere a los temas de gestión. Pero aquí estamos hablando de dos ciudadanos que fueron asesinados por un Policía. El Ministro, por desconocimiento o por encubrimiento deliberado, no informó al país con la verdad de los hechos ocurridos. Y ello sólo merece su salida.
Así que señores parlamentarios, tengan responsabilidad y saquen a este incompetente. Las dos familias ayacuchanas damnificadas y el resto del país se los agradecerá.
Durante esta semana hemos podido escuchar a los cuatro grandes protagonistas del caso RBC. Tanto Jorge del Castillo, Luis Alva Castro, Luis Alfonso Morey y Miguel del Castillo han dado sus distintas versiones sobre el tema, cuyo único punto común es la defensa del controvertido contrato de otorgamiento de publicidad estatal al llamado “canal positivo”.
Luego de oirlos a todos – incluso, a alguno de ellos en vivo y en directo – me quedan varias preguntas pendientes sobre los distintos temas que se han tocado, con motivo de este escándalo.
LA PUBLICIDAD ESTATAL
Un primer punto a debatir es el de la publicidad que el Estado otorga a los distintos medios de comunicación. Si bien existe una normativa referida a este tema, la carencia de reglamentación de la misma hace que cada una de las entidades públicas impongan sus propios criterios subjetivos para el otorgamiento de dicha publicidad. Ello es lo que ha ocurrido en este caso.
Ni los directivos de RBC ni los ministros involucrados han podido explicarnos cuales han sido los criterios a tomar en cuenta para dar la publicidad. De un lado, Alva Castro señala que ha sido la sintonía, sin embargo, este es un parámetro que Morey y Del Castillo Jr no toman en consideración desde hace meses.
De otro lado, tal como en su oportunidad lo había mencionado el Instituto de Defensa Legal, el proceso de contratación convocado por el Ministerio del Interior fue exonerado de concursos y licitaciones. Peor aún, los spots y propaganda difundidos no sirven – como antier me lo quisieron demostrar los representantes de RBC – para mejorar la seguridad ciudadana, sino para levantar la imagen del Ministro del Interior, al que la mayor parte de los peruanos quieren ver de nuevo en su curul y no en Corpac.
Finalmente, cabe recordar que no es la primera vez que este gobierno tiene problemas con la publicidad estatal. Basta que recordemos el caso Garrido Lecca – La Razón, que evidenció las intenciones de algunos Ministros para que su imagen sea puesta en alto por parte de la prensa. Y como me hizo recordar alguien hace algunas horas, la Contraloría General de la República investigó dicho caso. ¿Dónde está ese informe? Ahora que Genaro Matute está también investigando este escándalo, sería bueno saber como quedaron sus indagaciones en el supuesto antes mencionado.
Todo ello me permite concluir que, si hay un personaje en el gobierno que está quedando bastante mal parado, es, para variar, Luis Alva Castro.
LA POSICION DE MIGUEL DEL CASTILLO
Si otra persona queda mal en esta historia es el hijo del Presidente del Consejo de Ministros. Si bien él ha negado haber sido el contacto para obtener la publicidad del Estado, hay algunas cosas que me quedan poco claras.
La primera de ellas tiene que ver con su papel en RBC. Tanto él como Morey han esgrimido que se trata de un asesor de la Alta Dirección del canal. Miguel Del Castillo, en un inicio, aceptó en la entrevista con Marco Sifuentes, que cumplía funciones empresariales. Morey precisó que las mismas se circunscribían al sector privado. Pero ayer, en el programa Enemigos Intimos, el hijo del Premier dijo que “asesoraba también en los contenidos”. ¿Pueden ponerse de acuerdo en cual es la función? ¿Los contenidos también tienen que ver con el tema periodístico?
La segunda está vinculada a la compra del canal. En la entrevista a Utero.tv, Del Castillo lo aceptó. Lo mismo hizo Morey en los descargos que me envío por escrito y, en un inicio, durante la entrevista que me concedió el martes pasado. Sin embargo, una vez que el Presidente del Consejo de Ministros negó que su hijo tenga fondos para la compra, ambos directivos cambiaron su versión, indicando que buscaban a un inversionista foráneo y que podrían controlar el canal a través de otras modalidades empresariales. La impresión que todo esto me dejó es que parece haberse detenido una operación de venta en marcha o que los Jotitas del 11 parecen estar demasiado entusiasmados con su proyecto que, por momentos, pierden perspectiva.
Y en tercer lugar, está la línea editorial del canal. Por más que Morey me explicara que eran independientes y diera su posición personal sobre el actual gobierno, RBC no es crítico con el gobierno, está aliado a un diario que respalda abiertamente a Alan García y su único programa político es conducido por una abogada que es militante aprista.
Todo ello hace pensar que, si bien Miguel del Castillo tiene todo el derecho a trabajar, tal vez lo mejor sería que, durante la gestión de su padre, deje de lado los negocios en comunicaciones, a fin de afectar un proyecto en el que parece creer sinceramente.
EL PROYECTO RBC
Brevemente me referiré a este punto, que tiene que ver más con cuestiones televisivas, pero que es necesario dejar en claro.
Entiendo que los señores Morey y Del Castillo estén empeñados en vender su producto televisivo como si se tratara de una propuesta de alta calidad. Sin embargo, creo que caen en la trampa de sus propios parámetros. Ambos hablan de calidad y de términos cualitativos. Sin embargo, en ningún momento nos mencionan los términos o parámetros con los que miden su calidad o su audiencia. Tampoco nos explican porque deberían tener más publicidad teniendo menos cobertura que el resto de canales de señal abierta, la cual recién ampliarán en las próximas semanas.
Y sobre la calidad de los programas, me remito a lo dicho por Roberto Bustamante en su blog y que se puede resumir en lo siguiente: el hecho de que sus conductores sean conocidos no tiene relación directa con el producto televisivo, sino con otros factores. Creo que el ejemplo de Alfredo Gonzáles es el mejor indicador de la calidad de esta televisora.
A MODO DE CONCLUSION
Todo este escándalo nos debe hacer reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación en una sociedad. Son formadores de opinión y vehículos de entretenimiento, pero ello lo deben hacer con calidad y con independencia del gobierno de turno.
Si los señores Morey, Belmont y Del Castillo están empeñados en ello, pues tendrán que hacer serios ajustes. Lo que pude comprobar, tanto en lo que he investigado como in situ en el propio canal 11 es que tienen mucho por recorrer y, a mi modo de ver, lo tienen que hacer con mayor transparencia y evitando las suspicacias.
En cuanto al gobierno, me queda claro que están buscando medios de comunicación dóciles, poco críticos y la publicidad estatal parece ser un método de atracción en el camino. Y no se percatan que la población no es ilusa y no va a cambiar su opinión sobre la desastrosa gestión de Alva Castro por 5,000 spots. Por lo demás, el lunes que vayan al Congreso, tanto él como Jorge del Castillo deberán darnos mejores explicaciones que las que hasta ahora han brindado, pues resultan ser insuficientes, a la luz de lo antes relatado.
Ambos, medios y gobierno, tienen que percatarse que la ciudadanía reclama una cosa básica: transparencia. ¿Serán capaces de afrontar ese reto?
Si hay alguien que me sorprende los lunes, miércoles y viernes es el Dr. César Nakasaki. Desde que tengo uso de razón no había podido apreciar tanto cinismo en un abogado, que siempre tiene una respuesta para tratar de encubrir los duros reveses de su defensa. Lamentablemente, procurar hacer del juicio, ante la opinión pública, un símil de Macondo, hace que se pierdan de la realidad los detalles más importantes de lo ocurrido en los últimos días.
Ciertamente, el libro de Jara contiene algunas debilidades conceptuales y de metodología periodística. Sin embargo, fue por la pista correcta y entrevistó a las personas que podían tener conocimiento de la cadena de mando. De hecho, la Comisión de la Verdad y Reconciliación - con mayor detenimiento y precisión - confirma la tesis de la guerra de baja intensidad y de la responsabilidad penal del ex dictador. Allí está el acierto del testimonio del controvertido hombre de prensa. De allí en parte, los debates sobre la sanidad moral de un periodista cuestionado por su actuación de los noventa - y que Jara haría bien en responder a las preguntas que se le hacen sobre esta materia - no deben desviarnos de quien es el acusado: Alberto Fujimori Fujimori.
Pero otro elemento que debería intranquilizar a Nakasaki y a su defendido es la sentencia que la Primera Sala Penal Especial expidió ayer sobre el caso La Cantuta - que se ha visto dividido en varios mini juicios - y que condena al general Julio Salazar Monroe a 35 años de prisión. El ex jefe nominal del Servicio de Inteligencia del Ejército tiene el dudoso honor de ser el militar con más años de condena por violaciones a los derechos humanos.
Pero más importante que el número de años y de condenados resultan ser los fundamentos de la sentencia. Indica Perú.21:
Este fallo, calificado de histórico por los familiares de las víctimas, indica que el destacamento estaba adscrito al SIN y que dependía de la Presidencia de la República.
Señala que Colina realizaba torturas, eliminación y desaparición de personas como parte de una estrategia antisubversiva, aplicada en Lima y en provincias, en los primeros años del gobierno de Fujimori (1991-1993).
Considera, además, que Fujimori -hoy procesado en la Corte Suprema por este y otros hechos de violación de los derechos humanos- recibía los informes sobre dicho destacamento del entonces jefe del SIN, Julio Salazar Monroe, ya que el propio ex mandatario había dispuesto, ilegalmente, que fuera esa instancia la que se encargara de la lucha contra la subversión.
En otras palabras, esta sentencia termina desbaratando varios de los argumentos de Nakasaki: 1. Colina sí existío y fue parte de la estructura del Ejército Peruano. 2. Colina realizó sus acciones como parte de una política antisubversiva. 3. Fujimori tenía conocimiento de estas acciones y no hizo nada por impedirlas.
Mientras tanto, el Dr. Nakasaki nos seguirá diciendo que todo marcha bien con su defendido, esperando que alguien crea sus argumentos dignos de García Márquez.
Este mediodía conversé ampliamente con Luis Alfonso Morey, Gerente General de RBC Televisión acerca de la denuncia sobre incremento de publicidad estatal en su canal, así como sobre otros temas conexos, como la presencia de Miguel del Castillo como asesor de la gerencia, la relación del gobierno con este medio de comunicación y su salida del movimiento fujimorista.
La realización de esta entrevista no pudo ser posible sin el apoyo de Willie Vasquez, director de Prensa Peruana.com, donde también pueden ubicar esta entrevista, que pueden ver en tres partes.
Hace una semana se reveló que RBC Televisión había multiplicado su publicidad de modo exponencial, cuestión que era bastante sospechosa conociendo que Miguel del Castillo, el hijo del Presidente del Consejo de Ministros, es asesor del Gerente General de dicho medio de comunicación.
Hoy Jorge del Castillo estuvo en el programa de César Hildebrandt. Mencionó que “su hijo no quiere, ni puede comprar el canal y que Belmont no quiere vender”. Tal vez sea necesario que el Presidente del Consejo de Ministros revise bien el vídeo de la entrevista de Marco Sifuentes, en la que MDC menciona esta intención de compra.
Aquí hay un tema bastante serio, en relación con esta contratación: 1. Las contrataciones del paquete de publicidad fueron exoneradas de los procesos de selección. 2. No se tiene un objetivo claro con esta publicidad. ¿Es para levantar la imagen de Alva Castro? Parece ser ésta la sospecha general. 3. Esta norma parece infringir la Ley N° 28874, que regula la publicidad estatal. Entre los parámetros necesarios para otorgar este tipo de prerrogativas, se encuentra la “propuesta y justificación técnica de la selección de medios de difusión de acuerdo con el publico objetivo y la finalidad que se quiera lograr, la cobertura, la duración de la campaña, equilibrio informativo e impacto de los mismos”. Asimismo, se indica que es necesario sustentar técnicamente la razón por la que una determinada entidad o dependencia eligió a determinados medios de manera preferente, para no dar lugar a situaciones que privilegien injustificadamente a empresas periodísticas determinadas.
Sobre este punto, cabría preguntarse cuales han sido estos criterios técnicos, pues, como dice la norma que otorga la publicidad del MININTER, Red Global (Canal 13), que tiene cobertura nacional y más rating que el 11 - por lo menos, hasta que los muchachos de Belmont se dejaron medir por Ibope -, tiene menos reparto en la torta. Como para que, al menos, nos den una explicación, si es que siguen negando favoritismos.
¿Qué quiero decir? Que no solo Jorge del Castillo - quien ha negado tener influencias en este asunto - debería ir al congreso, sino que Luis Alva Castro debería ir a explicar porque contrata publicidad en tiempos de austeridad y bajo que criterios la ha otorgado.
POST SCRIPTUM: Gentilmente, Luis Alfonso Morey me facilita una serie de descargos sobre el tema, que pueden ver en La Azotea del Tercer Piso. También me concedió una entrevista que saldrá esta tarde en Prensaperuana.com y este blog.
La sesión del Congreso del pasado jueves fue, literalmente, vergonzosa.
Ese día se tenían que votar dos temas importantes: la acusación constitucional al congresista fujimorista Ricardo Pando - otro especialista en contratar empleados fantasmas - y la aprobación de la Ley de Carrera Judicial, una norma importante para comenzar a reformar en serio a este poder del Estado.
Algunos, porque prefirieron un coctel ofrecido por la Embajada de Japón, otros, porque parece que no les interesa nada que castiguen a uno de sus pares o saquen una Ley que pueda darle independencia al PJ. Pero El Comercio registró el sábado un motivo más otoronguil, por lo menos, en lo que respecta al caso Pando:
Malo conocido ¿Por qué anteayer se frustró la acusación constitucional contra el legislador fujimorista Ricardo Pando si es que él había admitido que permitió un irregular contrato laboral en su despacho? Según pudo conocer El Comercio, pesó el hecho de que se haya disculpado y dicho que él no se benefició económicamente de la falta cometida, pero sobre todo que los legisladores se enteraron minutos antes de la votación final de quién reemplazaría a Pando si era desaforado: el ex alcalde de Huancayo Dimas Aliaga.
Humalista converso ¿Quien es Dimas Aliaga? Postuló sin éxito al Congreso en la lista fujimorista Alianza para el Futuro, pero cuando quiso volver a ser alcalde en Huancayo se presentó como independiente aunque patrocinado por el Partido Nacionalista. Cuando se supo que el humalismo podría ganar una curul más en el Congreso, muchos legisladores optaron por abstenerse o votar en contra de la acusación constitucional. La única bancada que acusó a Pando disciplinadamente fue la humalista. Eso explica también por qué no se ha pedido reconsiderar esa votación a pesar de los anuncios de los voceros apristas José Vargas y Aurelio Pastor.
Sin embargo, más allá de que obliguen a los congresistas a acudir puntualmente a las sesiones parlamentarias, hay algunos temas adicionales que analizar.
A mi modo de ver, gran parte de la responsbabilidad por el bajo nivel de los parlamentarios tiene que ver con las reglas del juego de su elección. Por ello, vale la pena recordar algunas propuestas lanzadas desde aquí:
Tener la elección parlamentaria en fecha distinta a la de las elecciones, eliminar el voto preferencial, incrementar el número de parlamentarios en la Cámara Baja sobre la base de distritos electorales más pequeños y renovar el Congreso por tercios y mitades. A ello se suma la implementación de la valla electoral de 5% para las próximas elecciones.
Y claro, esto debe complementarse con la aprobación del voto facultativo para los comicios del 2011.
A ello debe sumarse un elemento adicional: la responsabilidad del elector para elegir a sus congresistas. Si se separa la elección presidencial de la parlamentaria, se puede contribuir a este propósito. Sin embargo, creo que la solución está también en la responsabilidad que cada uno de nosotros tengamos para optar por mejores alternativas.
Para traducirlo: si no queremos un Congreso así, votemos por mejores parlamentarios.
Ayer escuché a alguien que el periodismo es una de las profesiones con mayores peligros, tanto para el desempeño de la función como en su estabilidad laboral. Dos ejemplos nos ayudaran a entender que en el Perú de hoy, algunas viejas prácticas del pasado parecen estar más vigentes que nunca.
Guillermo Giacosa es de los periodistas a quienes más respeto, a pesar que sus posturas ideológicas sean absolutamente contrarias a las mías. Y lo respeto por su honestidad, pues hasta en los errores es totalmente transparente. Y aunque no comparto sus visiones complotistas sobre el mundo de hoy, sin duda, es de las personas que mejor información maneja sobre algunas partes del mundo que para los latinoamericanos son ignotas.
Por ello, es que preocupa que a Giacosa le hayan cancelado su programa en TV Perú. sobre todo, cuando es conocido que tiene posiciones contrarias al actual gobierno y a muchos de los invitados de las próximas cumbres internacionales. Al parecer, el canal estatal prefiere transmitir bodas de cuentos de hadas - con el respeto que me merece el reconocido tenor que se casó ayer - antes que optar por una programación plural y que respete las diversas opiniones de todos los peruanos y los extranjeros que han hecho su vida en el Perú.
Pero si la despedida abrupta de Giacosa preocupa, otra noticia también nos recuerda a la década de los noventa. Informa (y alarma) El Comercio:
Un habitual barrido electrónico de líneas de comunicación vinculadas a este Diario dejó al descubierto que el teléfono fijo del domicilio del editor central de Política y Opinión de El Comercio, Juan Paredes Castro, venía siendo interceptado a través de un sofisticado equipo de ‘chuponeo’ instalado en un poste ubicado a 400 metros de su casa.
El hallazgo del aparato trasmisor-receptor, cableado en conexión con el número telefónico del periodista, se produjo luego de que los servicios de seguridad del Diario efectuaran hace un mes de manera inopinada una limpieza electrónica de las líneas fijas domiciliarias, anexos y móviles del personal de diversos niveles de esta casa editora, en lo que constituye una práctica empresarial periódica de prevención.
Si bien se ha podido confirmar la interceptación telefónica, no se ha podido determinar cómo operaba el aparato trasmisor-receptor y a cargo de quiénes estaba el sistema de escucha; si detrás de este había una persona en permanente posición de control de las comunicaciones o si estas eran seguidas a través del hilo telefónico e inclusive grabadas y revisadas periódicamente por todo un equipo de espionaje.
Se trata de una flagrante violación de la privacidad de las comunicaciones que El Comercio y el periodista directamente afectado denuncian y hacen de conocimiento público y de las autoridades.
De acuerdo con las características del transmisor-receptor encontrado, este procedería de Colombia y sería uno de los tipos que utilizarían agentes de Seguridad del Estado y empresas particulares que actúan clandestinamente. Por lo general, quienes se encargan de operar este trabajo ilegal lo hacen desde una camioneta ubicada en las inmediaciones del inmueble donde está el teléfono intervenido y en la que se encuentra instalada una cabina con receptor.
Situación bastante preocupante y que ya se había registrado hace algunos años con Rosa María Palacios, sin que se esclareciera el tema.
Y por ello caben varias preguntas: ¿Quién está escuchando las conversaciones de Paredes Castro? ¿Se escuchan las conversaciones de otros periodistas? ¿Para quién se procura obtener esta información? ¿Los ciudadanos tendremos que volvernos a cuidar de no poder hablar por teléfono fijo o celular sobre algunos temas?
¿Ya no se pide amnistías o condecoraciones a los asesinos? Basta ver al director de La Razón pidiendo poco menos que la Orden del Sol para Santiago Martin Rivas.
¿Ya no tenemos a los hijos de los funcionarios aprovechándose de los cargos públicos? Miguel del Castillo y su puesto en RBC nos podrían dar un indicativo.
¿Ya no se ataca a los opositores o a quienes presentan denuncias? Quizás sea hora de inquirir a Aldo Mariátegui sobre la forma en como trata a los que no están de lado del gobierno.
¿Importan los derechos humanos en el Perú? El maltrato a Luis Alberto Salgado por parte de su propio jefe nos dará la justa medida.
Todas estas preguntas responden a conductas que el gobierno más corrupto de nuestra historia ejerció con gran gala desde un golpe que no solucionó nada. Porque no fue producto del golpe la captura de Abimael y la mentada liberalización económica no fue más que mero mercantilismo. El país se barbarizó y se volvió en el páramo donde los Montesinos, los Martín Rivas y los Sosa mataban con total impunidad, los pésimos privatizadores le hicieron un grave daño a la economía de mercado, los Crousillat y las Lauras Bozzo convertían a la televisión en una casa de citas que aplaudía las trapacerías del régimen.
Tal como lo informa el portal Perú.com, se ha interpuesto una moción multipartidaria para que el Presidente del Consejo de Ministros informe al Pleno del Congreso sobre los contratos publicitarios firmados con la televisora y la participación de su vástago en la misma.
Creo que son 5 preguntas las que el Premier debe responder:
1. ¿Cuál es el criterio que motivó la contratación de publicidad en un canal que no tiene medición de rating?
2. ¿Cuál es el rol exacto que cumple Miguel del Castillo en RBC Televisión?
3. ¿Cuál es la posición que tiene el Gobierno con relación a la austeridad en publicidad estatal, ya que son varios ministerios los que buscan levantar su imagen?
4. ¿De donde sacaría Miguel del Castillo el dinero para comprar acciones de este canal?
5. ¿El gobierno veta periodistas, tal como lo han señalado César Hildebrandt y Juan Carlos Tafur?
Y para que tengamos una idea de la televisión de calidad en la que gastan nuestros impuestos, un botón de muestra:
Vamos a ver si lo que renace es la credibilidad del Presidente del Consejo de Ministros.
Sin duda, cuando escuché la noticia de que el Perú había obtenido el grado de inversión me puse contento. En realidad, es un premio al esfuerzo que ha hecho el país en materia macroeconómica y en mantener las finanzas estables del país. Ese tipo de recompensas hace que futuros gobiernos de izquierdas o de derechas tengan en cuenta que sin esa estabilidad poco o nada se puede hacer.
Sin embargo, no compartí la euforia del fantasmagórico Ministro de Economía Luis Carranza, quien dijo con entusiasmo:
“Nunca habíamos logrado el grado de inversión y esto nos pone en ruta, en camino hacia ser una economía de primer mundo”
Aguante el coche, doctor Carranza. Recién como que medio que comenzamos a salir del Tercer Mundo y en varias regiones del país nuestro Indice de Desarrollo Humano parece de país africano. Sí, el grado de inversión es un indicador importante, pero no es el único.
Los economistas que se preocupan por los enfoques del desarrollo se han dado cuenta que variables como esta miden solo una parte de la tarea, pero que los indicadores para medir los avances en los campos sociales, democráticos y otras variables económicas deben ser mayores que el Producto Bruto Interno o el grado de inversión. Sin duda, en el MEF van a seguir con la fiesta hasta el lunes, pero es necesario que vuelvan a pisar tierra y ver a las preocupadas amas de casa con los precios que siguen subiendo.
Y no es por ser aguafiestas, pero dos personas que algo conocen, han registrado un par de dudas sobre Fitch, la clasificadora de riesgo que nos ha puesto en pos del primer mundo, como dice Carranza.
Pedro Francke, economista bastante dado a investigar, le ha dicho a La Primera lo siguiente:
Francke recordó que la agencia Fitch, junto a otras, “metieron las patas” de una forma espantosa hace un tiempo cuando clasificaron como triple “A” los bonos hipotecarios norteamericanos, es decir estaban exentos de riesgo, pero un tiempo después provocó un perjuicio por 200 millones de dólares.
Agregó que la calificación otorgada por esa agencia no repara en la grave situación económica y social que atraviesan la mayoría de peruanos, sin tener oportunidades de acceder a un mejor nivel de vida.
Uno podría decir que un error los comete cualquiera, pero son los bonos hipotecarios los que han desencadenado la crisis recesiva en Estados Unidos. Como para que Fitch ponga las barbas en remojo.
Pero un dato màs interesante es proporcionado por el ex Ministro de Trabajo Juan Sheput, quien en su blog coloca un interesante enlace que nos envia a esta información:
APOYO & ASOCIADOS INTERNACIONALES S.A.C. (AAI) fue fundada en 1993 para dedicarse exclusivamente a la clasificación de riesgo. Sus fundadores fueron (i) el Grupo APOYO, empresa creada en 1977 por Felipe Ortiz de Zevallos; y, (ii) Clasificadores Asociados y Cia. Ltda, una de las empresas líderes del sistema de clasificación de riesgo en Chile. Posteriormente, en 1995, IBCA Limited, la principal empresa inglesa en la industria de clasificación de riesgo, pasó a formar parte del accionariado de AAI al adquirir el 20%. En 1998, luego de que fuera aprobado por CONASEV el nuevo Reglamento de Empresas Clasificadoras de Riesgo, el Grupo APOYO vendió a Rafael Ortiz de Zevallos su participación en el accionariado de AAI.
En octubre de 1997, se fusionaron Fitch de Fitch Investors Service, L.P. de los E.E.U.U., con el Grupo IBCA del Reino Unido. Producto de dicha fusión surgió Fitch IBCA. Posteriormente, en marzo 2000, Fitch IBCA y Duff & Phelps Credit Rating Co. anunciaron un acuerdo definitivo de fusión por el cual la primera adquirió a la segunda por un monto total de US$528 millones. La oferta pública se concretó en junio de 2000, surgiendo de esta manera, Fitch. Adicionalmente, en octubre del mismo año, Fitch y The Thomson Corporation anunciaron un acuerdo por el cual la primera adquirió a Thomson´s BankWatch ratings business. Producto de la fusión, The Thomson´s Corporation tendría aproximadamente el 3.4% de participación en Fitch. La adquisición de Thomson´s BankWatch ratings business se completó en diciembre del 2000.
Fitch Ratings es una de las agencias de clasificación internacional líderes en el mundo, con los recursos, tamaño, envergadura y caudal de conocimientos para competir exitosamente en todos los aspectos de la valoración de créditos. Fitch Ratings combina un conocimiento único de diferencias en cultura, lenguaje, sistemas contables y sectores industriales brindando un servicio realmente global a los mercados financieros del mundo. La Compañía tiene presencia en 75 países, 49 oficinas alrededor del mundo con dos oficinas principales localizadas en Londres y Nueva York, y un staff profesional de 1,600 analistas.
Pues resulta curioso que la clasificadora de riesgo que nos da el grado de inversión esté ligada a la filial internacional de la consultora formada por nuestro actual embajador en Washington y que actualmente maneja su hermano.
Consejo: Guardemos la piñata y la pica pica para el 2011, cuando hayamos bajado los índices de pobreza al 30%, como han prometido el Presidente y su Ministro de Economía. La verdadera performance de la economía se juega en ese terreno.
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