Desde el Tercer Piso

Hoy es el concierto de Miguel Bosé en Lima. Aunque muchos se fijan en la ambiguedad sexual del intérprete de Don Diablo o disfrutan de sus canciones - como es mi caso -, hoy voy a hablarles de algo que hace Bosé como parte de sus tareas: la lucha por un comercio justo para los algodoneros.

Hace unos años, el cantante español vino al Perú para una campaña liderada por Oxfam Internacional , en la que pudo entrevistarse con agricultores dedicados al cultivo del algodón, que podrían verse afectados por ciertos efectos distorcionadores de la apertura económica con los tratados de libre comercio, los cuales, si bien son importantes, cabe recordar que solo son una herramienta para una estrategia de desarrollo que no solo debe mirar mercados externos, sino también debe tener en cuenta a los posibles perdedores de la apertura comercial, desarrollando estrategias importantes para su desarrollo.

En dicha oportunidad, se pudieron registrar, entre otros pasajes, las siguientes impresiones de Bosé:

“En la última década Perú ha pasado de tener 260 mil hectáreas de cultivo de algodón a solo 80 mil. Esto es inaceptable en un país que cuenta con una tierra inmejorable para el cultivo de este producto”, señaló. Bosé hizo también referencia a la excelente calidad del algodón peruano, reconocida a nivel mundial, sorprendido ante la mínima parte de las ganancias que reciben los agricultores, “y la ayuda que reciben del Estado es nula: es muy poca y llega tarde”, dijo.

Antes de despedirse, el cantante hizo un llamado al gobierno entrante para que atienda los reclamos de los algodoneros y les permita acceder a vivir una vida digna. Al dirigirse a los candidatos les pidió “que no piensen en partidos, sino en cada uno de los peruanos”. Bosé señalo que él considera que la economía peruana “necesita de esta industria y no es mucho lo que hay que hacer para repotenciarla. Si se logra un comercio con justicia, el Perú puede volver a ser una gran potencia del algodón, pues tiene un producto de calidad, 100% competitivo”, manifestando así lo impresionante que ha sido esta experiencia para él.

Pero las buenas intenciones del artista no han quedado aquí. Una vez llegado a Lima para el Papitour, se entrevistó con el Presidente del Congreso, cuyas impresiones han sido registradas por El Comercio:

El intérprete agradeció la voluntad de los congresistas de involucrarse en el rescate de “una de las identidades más grandes e históricas” de Perú que, según dijo, “no se puede perder”.

Aseguró que está “vinculado” al algodón que se produce en la región norteña de Piura, “porque ahí fue por primera vez” que conoció del tema.

“Es una producción que ha ido disminuyendo incomprensiblemente”, remarcó para después destacar la “sapiencia, experiencia y voluntad” que le mostraron hoy los legisladores peruanos.

“A partir del lunes se van a impulsar proyectos, compromisos, financiaciones, leyes para que la agricultura del algodón de este país vuelva a tener el lugar que siempre ha tenido históricamente”, destacó.

Bosé dijo que cuando se llegue a los “hechos” estará “ahí” y advirtió que las medidas sobre el algodón tienen que ser eficientes para evitar “hacer el ridículo”.

“Me he comprometido que si esto realmente funciona, porque sino vamos a hacer el ridículo, (…) a ser no solamente en Perú, sino donde haga falta, la imagen del algodón del Perú”, concluyó.

Pues bien, la sapiencia no solo la tendrán que tener con el algodón, sino también con los demás productos que se verán perjudicados por el TLC, impulsando una política agraria que parece ser inexistente en el país, con una gestión preocupada más en la agroexportación.

Los esfuerzos de artistas como Miguel Bosé ayudan a visibilizar problemas que muchas veces pueden pasar desapercibidos por la prensa. Allí está el mérito de su colaboración. Pero ahora dependerá de los políticos peruanos corresponder a dicho esfuerzo, que, esperemos, no se vea marcado bajo el signo de Caín.

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Para las y los fans que no pudieron ir al concierto: Bosé x Tres en La Azotea del Tercer Piso

Hoy César Hildebrandt se manda con una denuncia bastante seria y documentada sobre una periodista que anteriormente tuvo una buena trayectoria, pero, que en el último tiempo tuvo serias patinadas.

Mónica Vecco fue una buena reportera de unidad de investigación de La República, pero luego tuvo una patinada fuerte con un supuesto favoritismo del entonces Ministro de Comercio Exterior Alfredo Ferrero a la ex reina de belleza Claudia Hernández.  Desde allí, poco se sabía de ella.

Sin embargo, Hildebrandt ha encontrado un par de cuestiones verdaderamente sorprendentes en relación a  la actividad profesional de Vecco y a los criterios que CORPAC - nuestra entidad de supervisión de aeropuertos - tiene para contratar personal.

Dice el periodista en su columna de La Primera:

Se refiere a la contratación de una persona sin calificación profesional para la evaluación de riesgos en ciertos ­aeropuertos, incluyendo el de Nazca. Me refiero, fatalmente, a una colega periodista muy respetable por sus trabajos de investigación pero sin ningún mérito académico o técnico como para recibir semejante encargo.

Mónica Vecco Ordóñez, en efecto, fue contratada por Corpac en los años 2006-2007 “para evaluar los riesgos de los aeropuertos de ­Iquitos y Nazca” y, en un segundo tramo, para hacer lo mismo en los aeropuertos de Cuzco, Arequipa y Ayacucho.

La auditoría interna señala, en inflamado tono, lo siguiente: “…se advierte que la contratada es bachiller en periodismo, con experiencia en su especialidad, no evidenciándose que tenga especialización, calificación, conocimientos, ni experiencia en servicios de aeronavegación… o que haya realizado trabajos similares por los que se le contrató”.

Además, la orden de su contratación vino de la gerencia general, no de la Gerencia Central de Aeronavegación o de la Gerencia Central de Aeropuertos, con lo que se violó toda la normativa vigente para encargos de esta responsabilidad.

Hasta allí, ya tenemos un caso grave. CORPAC no debió contratar a una persona que no tenía experiencia en esta materia, sobre todo, con la cantidad de accidentes que se tienen con aeronaves. En el caso de Nazca, incluso, los mismos han sido recientes. 

Como consecuencia de ello, Control Institucional de CORPAC no solo detectó fallas en la modalidad de contratación, sino también en los resultados. Volvamos al relato de Hildebrandt:

¿Cumplió su objetivo la colega Vecco?

El informe de control interno dice que no. “No se evidencia que haya investigado los potenciales riesgos sociales generados como consecuencia de los servicios aeroportuarios del aeródromo de Nazca, no ha determinado las acciones pendientes que permitan implementar los servicios aeroportuarios del Aeródromo de Nazca y no precisa el diseño de la estrategia que permita viabilizar la puesta en marcha de los servicios normalizados del Aeródromo de Nazca… En lo que respecta a las recomendaciones, la contratada no ­identifica qué problemas pendientes existen con los operadores…” ¡Pero si de eso se trataba el asunto!

Grave asunto, pero esto se complica aún más. Última cita de lo que dice CH:

La auditoría interna también descubrió que de los seis maltrechos informes, sólo dos fueron presentados, en primera instancia, a la gerencia general. En realidad llegaron primero a la presidencia del Directorio y, a pesar de ese salto a la garrocha, el gerente general “otorgó las actas de conformidad de servicio para el pago de los honorarios”, los que llegaron a la suma de 45,000 soles por ese rubro.

Y escribo “ese rubro” porque la colega Vecco también fue contratada por Corpac, en ese mismo periodo, como experta informática (que no es) “para el diagnóstico Web Size e Intranet Corporativo de Corpac”. ¿La Intranet de Corpac diagnosticada por una periodista? Por ese trabajo, que también se incumplió (“lo que dio origen a que se pague por un servicio que la Corporación no recibió”, página 49) la señorita Vecco percibió la suma de 26,400 soles. Una tercera contratación por algo que podría sí pertenecer a su especialidad –“Diseño de la Imagen Institucional de la Empresa”– figura en el documento oficial que tengo en mis manos con unos honorarios pagados de 48,000 soles.

He podido ver en el portal de Contrataciones y Adquisiciones del Estado las contrataciones hechas a Gloria Mónica Vecco Ordoñez por CORPAC en los años 2006 y 2007. Este es el detalle de las mismas:

En el 2006:

MC 144-2006-CORPAC S.A.-1 CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
CONTRATACION DE UNA CONSULTORIA PARA EVALUAR RIESGOS EN EL AEROPUERTO DE IQUITOS Y EN EL AERODROMO DE NAZCA

Monto Adjudicado (S/.)  24,000.00. En las bases, el único requisito que se pide es ser “experto en comunicación social”. No aparece si hubieron otros postores.

MC 933-2006-CORPAC S.A.-2 CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Servicio de diagnóstico del web size e intranet corporativo.

Monto Adjudicado (S/.)  13,200.00. Vecco fue la única postora

En el 2007:

MC 88-2007-CORPAC S.A.-1 CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Diagnostico del WEB SITE e INTRANET Corporativo de CORPAC S.A. segunda parte

Monto Adjudicado (S/.)  13,200.00. Cabe mencionar que fue la única postora

MC 411-2007-CORPAC S.A.-1 CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Asesoría en estrategia de comunicación e imagen institucional por 4 meses.

Monto Adjudicado (S/.)  24,000.00. Y también aquí fue única postora

Me resulta extraño que, en ambos años, la cantidad otorgada sea la misma: S/. 37,200.00. Y que en todos ellos sea única postora o no haya indicios de competencia con otros colegas suyos. Ello, si se suma a lo antes descrito, configura un cuadro bastante raro.

Aquí hay algo que huele mal y que, como dice Hildebrandt, las autoridades de CORPAC, la ministra Verónica Zavala y la periodista Vecco tendrán que aclararnos.  Y los ciudadanos tenemos todo el derecho de exigir una explicación sobre estos hechos.

Para que el Poder Judicial funcione de manera correcta, no solo es necesario una reforma constitucional y legal de sus funciones, sino también un cambio en la actitud de sus miembros. Por ello, el caso que pasamos a relatar a continuación nos vuelve a ilustrar sobre como se vienen manejando las cosas en algunos poderes del Estado.

En diciembre de 2006, comentaba en este blog algunas perlas que pasaban en instancias judiciales, entre ellas, un nombramiento bastante peculiar:

La Corte Superior de Lima estará encabezada por un personaje cuestionado: Angel Romero Díaz. Romero Díaz es también vinculado al Partido Aprista, pues fue su personero legal en el 2001, en la campaña del come back de Alan.

Pero Romero es conocido también por ser abogado de casinos y tragamonedas, entidades que para operar han convertido al proceso de amparo en una broma y a la competencia de un juzgado en el peor chiste de Carbonell. Así, un casino de Jesús María puede operar con un amparo emitido en el juzgado civil de Cajamarca. No, no es broma.

Romero Díaz, además, fue abogado defensor de Luis Duthurburu Rojas, uno de los testaferros de Vladimiro Montesinos.

Hasta allí, un juez con antecedentes cuestionables y con vínculos políticos innegables.

Pero la trama se complicó meses después. Romero fue sometido a proceso disciplinario por un asunto que se puede resumir en las siguientes palabras:

El caso es el siguiente: en 1992, varios trabajadores del Banco Central de Reserva cesaron en sus funciones de manera voluntaria, luego de acogerse a los llamados “incentivos” para dejar su puesto. En los siguientes años se hicieron varias demandas sobre el caso, todas fueron denegadas. En el 2004, el caso llegó al TC y dijo que este tipo de salidas del empleo no fue un cese colectivo. Al año siguiente, en dos oportunidades, el TC establece que los casos parecidos al de los ex trabajadores del BCR deben resolverse en otro tipo de proceso que no sea el amparo. Echando por la borda dichos precedentes, la sala presidida por Angel Romero da una sentencia en favor de estos trabajadores.

El procedimiento ante la Oficina de Control de la Magistratura ha dado como resultado la recomendación de la destitución de los magistrados que integraron la sala de Romero - claro, incluyéndolo a él -, no solo por apartarse de un precedente obligatorio, sino porque se encontraron otro tipo de irregularidades igualmente serias, como el favorecimiento a personas relacionadas con Romero y otro vocal que intervino en la resolución del caso, Néstor Pomareda.

Y de hecho, el Consejo Nacional de la Magistratura, en primera instancia, resolvió la destitución de Romero y los demás integrantes de la Sala que lo acompañó en esa decisión. 

Como se imaginarán, Romero apeló la decisión y se esperaba que la misma fuera confirmada. Sin embargo, y de modo sorpresivo, el CNM decidió ya no destituir a Romero y aplicarle una sanción que le permitiría volver a ser Presidente de la Corte Superior de Lima.

En otras palabras, un juez viola un precedente obligatorio, favorece a un amigo y no sale del Poder Judicial, sino que le ponen una sanción tan benigna que termina siendo casi un premio. Y ello luego que la instancia de control interno del Poder Judicial recomendara que Romero y sus compañeros debían dejar de ser jueces, luego de estimar que las faltas cometidas no eran poca cosa.

Pero parecen haber algunas cosas poco santas en la Resolución del Consejo Nacional de la Magistratura. Dos de las cuestiones anotadas por el consorcio Justicia Viva me llamaron poderosamente la atención:

En segundo lugar, porque la reconsideración se tramitó y aceptó en abierta contravención del artículo 34.4 de la Ley Orgánica del CNM, que establece que contra la resolución que pone fin al procedimiento sólo cabe recurso de reconsideración, siempre que se acompañe nueva prueba instrumental dentro de un plazo de 5 días contados a partir del día siguiente de recibida la notificación. En este caso, el recurso presentado por Ángel Romero sólo adjunta copia de dos diarios, lo que en ningún caso satisface lo exigido por la norma antes citada. La exigencia legal, además, tiene plena justificación en un órgano como el CNM, que no tiene posibilidad de doble instancia sino que el mismo Pleno debe resolver las reconsideraciones. En tal contexto, si todos los Consejeros han tomado una decisión inicial (destitución, en este caso) y luego los mismos tienen que volver a pronunciarse en vía de reconsideración, esta segunda resolución sólo puede tener justificación si se aportan nuevas pruebas que lleven a fundamentar el cambio de opinión. Si no las hay, el mismo órgano carece de competencia para volverse a pronunciar, puesto que afectaría la esencia misma del debido proceso que el mismo órgano decida sobre su propia resolución, cuando no hay nada nuevo que lo justifique.

En tercer lugar, porque la falta existió y nadie lo niega. Por lo menos en lo que se refiere a la existencia de fallos contradictorios, todos los consejeros reconocen que tal conducta está más que acreditada. En la primera resolución, los consejeros Peláez Bardales y Anaya Cárdenas, consideraron que tal falta existía pero no ameritaba destitución sino una sanción menor. Los otros cinco consejeros, coincidieron con el PJ y consideraron que tal falta era de gravedad suficiente para justificar la destitución. En la resolución de reconsideración, cambiaron de criterio los consejeros Francisco Delgado de la Flor y Edwin Vegas Gallo, y se sumaron a los que votaron inicialmente por la imposición de una sanción menor. ¿Qué luz iluminó sus mentes y permitió que operase tal cambio, si nada varió desde su primera decisión? Sólo ellos lo saben por ahora, pero tendrán que explicarlo en la resolución correspondiente para eliminar las suspicacias legítimamente surgidas ante tan “oportuno” viraje.

Recapitulemos: Un juez con antecedentes pocos santos se trae abajo, sin justificación, dos precedentes obligatorios del Tribunal Constitucional y favorece a amigos suyos. La Oficina de Control de la Magistratura del propio Poder Judicial recomienda que lo boten del cargo. El CNM, en primera instancia, decide destituirlo, pero, ante un recurso de reconsideración que no cumple con los requisitos fundamentales y dos extraños cambios de voto, podríamos tener a dicho juez, de vuelta, como principal directivo de la Corte Superior de Lima, la que, por cierto, ha tenido mala suerte con sus últimos presidentes.

¿Cómo se llama esta novela?

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