Archivo de 10 Abril 2008

El señor Luis Alva Castro permanece en su puesto de Ministro del Interior por una única razón: ser miembro del Partido Aprista Peruano.

Para nadie es un secreto que la gestión del también congresista es un total fracaso. No pudo comprar patrulleros por su cuenta, la seguridad ciudadana es un desastre, gasta plata del Ministerio para levantar su imagen y no reforma a la Policía Nacional.

Pues bien, si esto no es motivo suficiente para echarlo, pues los congresistas deberían mandarlo a su casa por el siguiente hecho. Informa El Comercio:

La Cuarta Fiscalía Provincial de Huamanga, a cargo de Hugo Martínez Mamani, formalizó una denuncia penal contra el suboficial de tercera PNP Carlos Alberto Rodríguez Huamaní (28) por el delito de homicidio contra Emiliano García Mendoza y Rubén Pariona Camposano, el pasado 19 de febrero, en Ayacucho, cuando ocurrió el paro agrario promovido por la Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Ayacucho.

Durante la investigación, el suboficial admitió haber disparado a ambos campesinos con la escopeta de perdigones que portaba. El cargo presentado contra el suboficial es homicidio calificado y podría recibir una condena no menor de quince años.

Lo curioso es que Alva Castro le había dicho al Congreso que:

Ninguna bala de la PNP ha causado la muerte de los campesinos. Seguimos trabajando para dar con los autores materiales. (…) Los instigadores se revelan por sí mismos y deben ser procesados por terrorismo, homicidio calificado y otros delitos”.

Cuando se produjeron los hechos, dije sobre el tema lo siguiente:

A estas alturas, sigue quedando claro que el cargo le queda grande a Luis Alva Castro. El hecho de que se han registrado disparos por la espalda en dos de las personas que fallecieron nos da una idea de que no se han respetado los protocolos de actuación policial en respeto a los derechos humanos. También es claro que no se tenian los policías suficientes para controlar la seguridad en las carreteras - una amiga mía estuvo varada durante todo el lunes, con el consiguiente peligro que pasó durante esas horas - y, mientras tanto, el Ministro se divertía con los patrulleros.

Muchos han tolerado las incompetencias de LAC en lo que se refiere a los temas de gestión. Pero aquí estamos hablando de dos ciudadanos que fueron asesinados por un Policía. El Ministro, por desconocimiento o por encubrimiento deliberado, no informó al país con la verdad de los hechos ocurridos. Y ello sólo merece su salida.

Así que señores parlamentarios, tengan responsabilidad y saquen a este incompetente. Las dos familias ayacuchanas damnificadas y el resto del país se los agradecerá.

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Durante esta semana hemos podido escuchar a los cuatro grandes protagonistas del caso RBC. Tanto Jorge del Castillo, Luis Alva Castro, Luis Alfonso Morey y Miguel del Castillo han dado sus distintas versiones sobre el tema, cuyo único punto común es la defensa del controvertido contrato de otorgamiento de publicidad estatal al llamado “canal positivo”.

Luego de oirlos a todos – incluso, a alguno de ellos en vivo y en directo – me quedan varias preguntas pendientes sobre los distintos temas que se han tocado, con motivo de este escándalo.

LA PUBLICIDAD ESTATAL

Un primer punto a debatir es el de la publicidad que el Estado otorga a los distintos medios de comunicación. Si bien existe una normativa referida a este tema, la carencia de reglamentación de la misma hace que cada una de las entidades públicas impongan sus propios criterios subjetivos para el otorgamiento de dicha publicidad. Ello es lo que ha ocurrido en este caso.

Ni los directivos de RBC ni los ministros involucrados han podido explicarnos cuales han sido los criterios a tomar en cuenta para dar la publicidad. De un lado, Alva Castro señala que ha sido la sintonía, sin embargo, este es un parámetro que Morey y Del Castillo Jr no toman en consideración desde hace meses.

De otro lado, tal como en su oportunidad lo había mencionado el Instituto de Defensa Legal, el proceso de contratación convocado por el Ministerio del Interior fue exonerado de concursos y licitaciones. Peor aún, los spots y propaganda difundidos no sirven – como antier me lo quisieron demostrar los representantes de RBC – para mejorar la seguridad ciudadana, sino para levantar la imagen del Ministro del Interior, al que la mayor parte de los peruanos quieren ver de nuevo en su curul y no en Corpac.

Finalmente, cabe recordar que no es la primera vez que este gobierno tiene problemas con la publicidad estatal. Basta que recordemos el caso Garrido Lecca – La Razón, que evidenció las intenciones de algunos Ministros para que su imagen sea puesta en alto por parte de la prensa. Y como me hizo recordar alguien hace algunas horas, la Contraloría General de la República investigó dicho caso. ¿Dónde está ese informe? Ahora que Genaro Matute está también investigando este escándalo, sería bueno saber como quedaron sus indagaciones en el supuesto antes mencionado.

Todo ello me permite concluir que, si hay un personaje en el gobierno que está quedando bastante mal parado, es, para variar, Luis Alva Castro.

LA POSICION DE MIGUEL DEL CASTILLO

Si otra persona queda mal en esta historia es el hijo del Presidente del Consejo de Ministros. Si bien él ha negado haber sido el contacto para obtener la publicidad del Estado, hay algunas cosas que me quedan poco claras.

La primera de ellas tiene que ver con su papel en RBC. Tanto él como Morey han esgrimido que se trata de un asesor de la Alta Dirección del canal. Miguel Del Castillo, en un inicio, aceptó en la entrevista con Marco Sifuentes, que cumplía funciones empresariales. Morey precisó que las mismas se circunscribían al sector privado. Pero ayer, en el programa Enemigos Intimos, el hijo del Premier dijo que “asesoraba también en los contenidos”. ¿Pueden ponerse de acuerdo en cual es la función? ¿Los contenidos también tienen que ver con el tema periodístico?

La segunda está vinculada a la compra del canal. En la entrevista a Utero.tv, Del Castillo lo aceptó. Lo mismo hizo Morey en los descargos que me envío por escrito y, en un inicio, durante la entrevista que me concedió el martes pasado. Sin embargo, una vez que el Presidente del Consejo de Ministros negó que su hijo tenga fondos para la compra, ambos directivos cambiaron su versión, indicando que buscaban a un inversionista foráneo y que podrían controlar el canal a través de otras modalidades empresariales. La impresión que todo esto me dejó es que parece haberse detenido una operación de venta en marcha o que los Jotitas del 11 parecen estar demasiado entusiasmados con su proyecto que, por momentos, pierden perspectiva.

Y en tercer lugar, está la línea editorial del canal. Por más que Morey me explicara que eran independientes y diera su posición personal sobre el actual gobierno, RBC no es crítico con el gobierno, está aliado a un diario que respalda abiertamente a Alan García y su único programa político es conducido por una abogada que es militante aprista.

Todo ello hace pensar que, si bien Miguel del Castillo tiene todo el derecho a trabajar, tal vez lo mejor sería que, durante la gestión de su padre, deje de lado los negocios en comunicaciones, a fin de afectar un proyecto en el que parece creer sinceramente.

EL PROYECTO RBC

Brevemente me referiré a este punto, que tiene que ver más con cuestiones televisivas, pero que es necesario dejar en claro.

Entiendo que los señores Morey y Del Castillo estén empeñados en vender su producto televisivo como si se tratara de una propuesta de alta calidad. Sin embargo, creo que caen en la trampa de sus propios parámetros. Ambos hablan de calidad y de términos cualitativos. Sin embargo, en ningún momento nos mencionan los términos o parámetros con los que miden su calidad o su audiencia. Tampoco nos explican porque deberían tener más publicidad teniendo menos cobertura que el resto de canales de señal abierta, la cual recién ampliarán en las próximas semanas.

Y sobre la calidad de los programas, me remito a lo dicho por Roberto Bustamante en su blog y que se puede resumir en lo siguiente: el hecho de que sus conductores sean conocidos no tiene relación directa con el producto televisivo, sino con otros factores. Creo que el ejemplo de Alfredo Gonzáles es el mejor indicador de la calidad de esta televisora.

A MODO DE CONCLUSION

Todo este escándalo nos debe hacer reflexionar sobre el rol de los medios de comunicación en una sociedad. Son formadores de opinión y vehículos de entretenimiento, pero ello lo deben hacer con calidad y con independencia del gobierno de turno.

Si los señores Morey, Belmont y Del Castillo están empeñados en ello, pues tendrán que hacer serios ajustes. Lo que pude comprobar, tanto en lo que he investigado como in situ en el propio canal 11 es que tienen mucho por recorrer y, a mi modo de ver, lo tienen que hacer con mayor transparencia y evitando las suspicacias.

En cuanto al gobierno, me queda claro que están buscando medios de comunicación dóciles, poco críticos y la publicidad estatal parece ser un método de atracción en el camino. Y no se percatan que la población no es ilusa y no va a cambiar su opinión sobre la desastrosa gestión de Alva Castro por 5,000 spots. Por lo demás, el lunes que vayan al Congreso, tanto él como Jorge del Castillo deberán darnos mejores explicaciones que las que hasta ahora han brindado, pues resultan ser insuficientes, a la luz de lo antes relatado.

Ambos, medios y gobierno, tienen que percatarse que la ciudadanía reclama una cosa básica: transparencia. ¿Serán capaces de afrontar ese reto?

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