A estas alturas, uno no sabe si pedirle a Luis Castañeda Lossio que hable más o que vuelva a su estado de mudez habitual. Sin duda, es necesario que el alcalde de Lima nos de explicaciones por una gestión cada día más criticable desde varios aspectos, pero sus últimas intervenciones han tenido como tónica la descalificación de los críticos que de tener mentalidad de bodegueros han pasado a ser parásitos. Lindo vocabulario para quien representa a la ciudad y sus habitantes.
Pues bien, uno de los errores de Castañeda va a comenzar a cobrarle factura: la suspensión de las revisiones técnicas de modo unilateral, ante la caducidad unilateral del contrato. En su comentario editorial, El Comercio mencionaba las dificultades legales que entrañaba este tema:
Para aumentar la confusión y el caos, ni siquiera se ha aclarado la figura legal de la caducidad, mientras la empresa Lidercon achaca la culpa a la comuna y anuncia que exigirá el cumplimiento del contrato y hasta un nuevo arbitraje.
No hacía falta ser Nostradamus - o Nosjodimus - para predecir que, ante una polémica sobre la caducidad del contrato, Lidercon acudiría al mecanismo de solución de controversias que le facultaba el contrato: un arbitraje.
Para quienes no están familizarizados con el lenguaje abogadil, un arbitraje es un medio alternativo de solución de controversias. Cada parte elige a una persona como arbitro y estos árbitros, a su vez, escogen a un tercero para que complete una suerte de tribunal, que decide sobre aspectos contractuales. La “sentencia” del tribunal arbitral, llamada Laudo, es de obligatorio cumplimiento por las partes.
¿Y cual ha sido el resultado? Pues la Cámara de Comercio de Lima ha declarado que deben reabrirse las plantas de revisiones técnicas cerradas por Castañeda, lo que quiere decir que pueden volverse a hacer las inspecciones. Es decir, Castañeda legalmente no tiene razón y Lidercon tiene un punto más para poder pedir una indemnización por la cancelación del contrato.
Todo esto nos lleva a una situación legal complicada que aquí explicamos.
Por un lado, el abogado de la Municipalidad de Lima pretende no acatar el laudo, con argumentos dignos de Cantinflas:
La medida cautelar del tribunal arbitral de la Cámara de Comercio de Lima, que la comuna minimizó con el calificativo de “supuesta”, no tendrá efectos prácticos, según el abogado de la Municipalidad de Lima, Jorge Sánchez Arriola.
“El contrato ha sido declarado caduco y a la fecha esa situación no se ha modificado; por lo tanto, la caducidad está firme”, remarcó el defensor de la comuna.
También cuestionó que “si el tribunal hubiera declarado que se dejara sin efecto la ordenanza de la Municipalidad de Lima que declara que ya no son obligatorias las revisiones técnicas vehiculares, entonces la comuna tendría que requerir una aclaración o nulidad del fallo, si fuese el caso, pues se estaría resolviendo respecto de un tema sobre el cual el tribunal no tiene competencia”.
Lo que el abogado de la Municipalidad no recuerda - o no quiere recordar - es que los laudos, como las sentencias, se cumplen a pesar que no nos gusten. Y en el caso de las soluciones arbitrales, el hecho de que nombres a un árbitro te condiciona más. Además, la caducidad del contrato, salvo para los abogados de la Municipalidad, ocasiona una consecuencia directa a la que Castañeda se niega a admitir: el pago de una fuerte cantidad de dinero.
Pero la cuestión se complica para todos, pues el Congreso aprobó un proyecto de Ley para que las revisiones técnicas estén a cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, con lo que volver a las revisiones vía Lidercon sería una solución temporal. Y si bien las municipalidades y gobiernos regionales pueden encargarse de esta materia, vía tercerización, lo cierto es que, en la práctica, la Municipalidad de Lima va a perder la competencia en esta materia, una vez que se promulgue la norma que, dicho sea de paso, fue promovida por el propio Castañeda.
Y es que en este lío legal, los únicos afectados son los ciudadanos. De un lado, si vuelven las revisiones vía Lidercon, ¿alguna autoridad le reconocerá validez a sus certificados? Y, de otro lado, si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones hace las revisiones, ¿será capaz de asumir el costo social de sacar vehículos del parque automotor?
Algo que Castañeda podría respondernos, pero sin llamarnos parásitos.
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