Dentro de poco más de 15 días comenzarán las clases en los colegios. Sin duda, todos queremos que este año escolar no se vea interrumpido por una huelga y que, en términos generales, los alumnos tengan una formación mejor de la que se ha tenido el año pasado. El problema de la calidad de la educación es algo que todos los peruanos debemos enfrentar, pero, para ello, se requieren dos cuestiones: conocimiento del tema y vocación de diálogo.
Pero parece que mis vecinos del Ministerio de Educación no lo comprenden así.
Sin embargo, desde que se ha anunciado este instrumento de política educativa - asumamos, por el momento, que Chang tiene alguna noción de la misma - los obstáculos y las críticas no han sido pocas.
Para comenzar y, tal como ha sido la tónica de esta gestión, el anuncio se ha producido en el marco de una disputa con los maestros. Como parece ser su estilo, Chang confunde a la díscola dirigencia del sindicato magisterial con todos los maestros. Creo que al Ministro le convendría conversar más con los docentes, para que conozca que ellos también están a favor de una política de mejora de la calidad educativa. Además, como en toda democracia que se precie de serlo, la forma de implementar las políticas se consulta, no se impone como si fuera una dictadura.
Yendo al tema de fondo, la idea del tercio superior no termina de convencer a nadie, salvo a los amigos del gobierno. Y es que parece que el Ministro se olvida que el tercio superior de la mediocridad en la que se debaten la mayor parte de los centros pedagógicos del país no supone una mejora en la calidad o que realmente se aplique el criterio del mérito.
Por ello es importante la implementación del SINEACE, el ente encargado de la acreditación educativa en el país, que esperamos se haga lo màs pronto posible y con el personal màs idòneo. Expertos con los que pude consultar esta semana me señalaron que el temor a la implementación del SINEACE está en que centros de educación superior bastante ligados a este gobierno no pasen la prueba. Y, como ya lo hemos visto antes, el Ministro prefiere su interés de bolsillo antes que el de la formación de niños y jóvenes en el país.
A estas dificultades técnicas se ha sumado la oposición de los Presidentes Regionales, quienes serán los encargados de implementar la controvertida medida. Para ellos, el hecho de que solo se permita el acceso a un grupo de personas a participar en el concurso para la contratación supone un tema de discriminación. Esta mañana escuché al Presidente del Poder Judicial señalar que el tema es algo más complejo, pues algunos requisitos podrían ser o no considerados como discriminatorios, según el cristal con el que se mire. Y es que será finalmente el PJ el que determine este tema, ya que se han interpuesto sendas demandas en contra del Decreto Supremo Nº 004-ED-2007.
Decíamos al inicio que, podríamos asumir que la medida estaba enmarcada en un intento de política educativa. Sin embargo, eliminemos dicha presunción. A estas alturas, queda más claro que seguimos ante medidas aisladas que no toman en cuenta lo señalado por el Proyecto Educativo Nacional, que elaborara el Consejo Nacional de Educación (CNE). Y es que, en el fondo, lo que se viene haciendo es establecer dos tipos de criterios para tener maestros en el Estado: unos para los contratados y otros para los profesores nombrados, a los que se les aplica la Ley de Carrera Magisterial que este gobierno tanto defendió. La existencia de estos regímenes diferenciados no fue contemplada por el PEN y, peor aún, supone, desde mi punto de vista, un caso de discriminación que bien podría ser declarado por el Poder Judicial, con lo que este pleito superior armado por Chang terminaría de la peor manera.
Y con este punto quisiera cerrar. Han sido justamente los expertos del CNE los más críticos con el Decreto Supremo 004, lo que confirma la importancia de un órgano estatal independiente de carácter consultivo que se encargue de supervisar las políticas de mediano y largo plazo en materia educativa y que llame la atención sobre medidas controvertidas o la no implementación del PEN. El periodo de los miembros del CNE acabará en marzo y, como bien ha anotado Augusto Alvarez Rodrich, se espera que el gobierno no termine nombrando a un grupo de borregos que solo le digan lo que en la esquina de Cavallini con Van de Velde quieren escuchar.
Se viene el año escolar, pero este Ministro está jalando en su gestión, antes de que la campana de entrada a clases vuelva a sonar.
Los periodistas tenemos muchos defectos, pero de todos la vanidad es el peor, porque lo encuentro más propio de escritores, artistas y políticos que de gente tan imperfecta como nosotros, que somos seudointelectuales y, muchas veces, ignorantes. Gran parte de nuestro problema son los enormes egos en nuestra profesión. (Ricardo Uceda, 10 de febrero de 2008)
Dos posiciones comienzan a ser claras. De un lado, los diarios El Comercio, Perú.21 y La República, quienes manifiestan quejas fundadas y documentadas hacia la actuación de la Fiscal de la Nación Adelaida Bolívar y que incluso llegan a lanzar propuestas para solucionar este caso que tiene como trasfondo la falta de seguridad para magistrados y testigos involucrados en la lucha contra el narcotráfico. Varios bloggers hemos hecho eco de estas denuncias y las hemos complementado con varios datos y puntos de vista.
Del otro lado, el diario La Primera – y, en menor medida, Expreso y La Razón – han emprendido una campaña para desacreditar las versiones a favor de la causa de Loayza. Los argumentos centrales de los columnistas César Hildebrandt y Raúl Wiener – los más empeñados en esta empresa – no se basan en una inconducta de la fiscal o en documentos que desmientan su versión sino, simple y llanamente, en una sola palabra: prejuicios.
No voy a ponerme a defender a los grupos editoriales El Comercio y La República. Cada persona sabe en su fuero interno a quien le cree y a quien no. Sin embargo, si me parece criticable que la posición de dos periodistas que tienen varios años de carrera en el medio – independientemente del abismo de credibilidad que media entre uno y otro – se basen en sus odios, fobias y resentimientos hacia personas naturales o jurídicas o en teorías de la conspiración que niegan hechos que, por lo demás, están fehacientemente demostrados.
Peor aún, toda esta aventura ha tenido un corolario realmente penoso. Ha vuelto a revivir viejas rencillas entre periodistas, las cuales, lejos de centrarse en el tema de fondo con relación a la denuncia sobre narcotráfico, han sacado odios y perjuicios. Basta ver las diatribas de Wiener contra El Comercio y el periodista Marco Sifuentes, así como el intercambio de puyas entre Fernando Rospigliosi y Hildebrandt para darnos cuenta que el centro de la noticia está ya no en el lío entre fiscales o los vínculos del narcotráfico con las organizaciones encargadas de investigarlo, sino en estas pugnas y teorías de la conspiración que flaco favor le hacen al esclarecimiento de los hechos, como a la imagen de la prensa.
Y quizás por ello sea adecuada una voz algo más intermedia, como la que se recoge de Ricardo Uceda en una entrevista del dia domingo:
El caso Loayza es un síntoma de lo mal que está el Ministerio Público y buena parte de la prensa. Naturalmente están los medios que defendieron a Fernando Zevallos y no me sorprende que tengan en su agenda el defender a la fiscal de la Nación. Pero yo diría que en la prensa que sí investiga al narcotráfico hay muchas veces una excesiva intimidad con los jueces y los fiscales que desde sus fueros ven este caso.
Hace algunos meses, escuché a Santiago Pedraglio señalar que la prensa de investigación debía tener como norte de sus principales preocupaciones e indagaciones lo que venía pasando con el narcotráfico, dado que se venía constituyendo. Algunos periodistas parecen haber seguido dicha senda y han conseguido datos importantes, tanto sobre Zevallos como sobre los Sánchez Paredes. Otros, en cambio, parecen subestimar el tema, en el mejor de los casos, si es que los tentáculos de la corrupción no han llegado hasta algunas salas de redacción.
Lo importante para el periodismo es, por un lado, investigar hasta las últimas consecuencias en este tipo de casos, tomando la debida distancia de las fuentes que, no lo olvidemos, tienen “agenda propia”. Ello no implica dejar de lado casos como el de las amenazas a Luz Loayza, pues las mismas no tienen fecha de caducidad y es necesario incidir en la necesaria protección a los magistrados, lo cual, por cierto, no implica que la prensa deje de criticar las actuaciones judiciales y fiscales cuando sea necesario.
Lo peor de estas historias de “sospechosos comunes” es que, bien intencionados o no, estos hombres de prensa fanáticos de las intrincadas fantasías sobre evil news corporations dejan de lado aquello que es lo central de este caso: la existencia de poderosos narcotraficantes en el país que tienen montada una red de contactos en la política, el empresariado y, además, en las instituciones encargadas de investigarlos. Y ello debe sumarse el problema de seguridad interior que vienen propiciando a través de sus sicarios y protectores, algunos de ellos, remanentes de Sendero Luminoso.
Así como se exige independencia a los periodistas de los poderes políticos y económicos, también es necesario que no sean tontos útiles del narcotráfico, que es otro poder en el Perú. Y, por las últimas revelaciones, parece que recién estamos comenzando un partido bastante largo en la lucha por obtener la verdad. ¿Lo sabrán jugar todos los periodistas?
POST DATA SOBRE EL TEMA DE LA FISCAL LOAYZA: Luego de ver los reportajes en Cuarto Poder y Panorama sobre el lío entre fiscales, me quedan claras dos conclusiones, que ya fueran adelantadas por Mirko Lauer en una columna de la semana pasada: la Fiscal Luz Loayza no se encuentra en una posición adecuada para seguir en este caso, no por los errores administrativos que ambos programas detectaron o por las vínculaciones con la DEA de las cuales Hildebrandt reniega - en un error del experimentado periodista desde mi punto de vista - sino porque emocionalmente no está lo suficientemente tranquila como llevar a cabo una investigación que requiere nervios de acero.
El otro gran punto urgente es la creación de un sistema de protección a testigos, jueces y fiscales que funcione de veras y que evite que nuestros magistrados queden en guardia baja frente a amenazas físicas o amendrentamiento mental. Y, por último, es imperioso que el Consejo Nacional de la Magistratura investigue en serio a Adelaida Bolívar: su conducta y los contactos de su esposo con la banda de Fernando Zevallos lo ameritan y han hecho que muchos ciudadanos dejemos de confiar en ella.
Si las instituciones de nuestro país dan algunos pasos en esta dirección, evitaremos que el gran ganador de este sainete sea Fernando Zevallos.
Todavía no pongamos las mismas caras de terror que el personaje de la foto. Sin embargo, parece que el gobierno ha decidido adelantar la carrera electoral hacia el 2011.
Todo comenzó el viernes, cuando en una reunión con gobernadores apristas en La Libertad, Alan dijo que pensaba en un tercer gobierno aprista en el 2011. La pregunta inmediata que a todos se nos vino a la mente es quien lo encabezaría. Y, conociendo la megalomanía del Presidente, la primera respuesta fue que, en realidad, se estaría buscando la reelección inmediata de García.
Sin embargo, existen dos obstáculos a dicha idea, si es que esta existió alguna vez. El primero es el reformado artículo 112° de la Constitución, que impide la reelección inmediata. Como se sabe, para modificar la Carta de 1993 se requiere dos votaciones de 81 votos en el Congreso, en dos legislaturas ordinarias sucesivas, o llevar el asunto a referéndum, luego de una votación favorable de 61 congresistas. Si el Congreso no se ha puesto de acuerdo en llevar a buen puerto reformas constitucionales importantes, como las referidas a la bicameralidad o a la reforma judicial, pues menos interés se tendrá en modificar el más polémico de los artículos constitucionales.
De hecho, si me preguntan mi opinión, modifiquemos la Constitución, pero para que nunca más un Presidente de la República vuelva a serlo. Ello haría que los partidos políticos renueven sus cuadros más rápidamente y no tengamos a Presidentes pensando en su reelección - pues si no es el 2011, será el 2016, piensa García - antes que en gobernar adecuadamente el país.
El segundo obstáculo se encuentra en García y su aprobación. Como bien lo comenta Carlos Melendez, además de tener un respaldo que apenas llegaría a un tercio de la población en el país, la aprobación a la gestión presidencial se está concentrando en los sectores A y B. LQQD, la reelección alanista tiene tanto futuro como la clasificación de Perú a Sudáfrica 2010.
Pero si bien está descartada la posibilidad de reelección de Alan, pues sí es claro que el APRA quiere quedarse en Palacio hasta luego del 2011. Y si bien todo partido de gobierno tiene legítimas aspiraciones de pretender nuevamente la presidencia, pues hay que tener mucho cuidado con el manejo de recursos públicos por tres motivos: la desigualdad en la competencia, la crisis económica internacional y la corrupción.
De hecho, comencemos a activar las señales de alarma. Perú.21 informa hoy que:
EL DÍA DE LA FRATERNIDAD - I La vuelta de Alan El secretario general del Apra, Mauricio Mulder, indicó a Plaza de armas que el presidente Alan García volverá a ser el orador principal en el Día de la Fraternidad, que se realizará el próximo viernes 22. “García es presidente del partido y de todos los peruanos, desde el partido se dirige a los peruanos, no existe ninguna estrategia especial”, manifestó Mulder. Correcto, pero lo justo sería que Canal 7 no transmitiera dicho mitin partidario.
Mucho ojo con este tipo de manifestaciones que expresan que el gobierno, más que en hacer una mejor gestión, va pensando en el partidor electoral. Cierto es que la oposición anda en lo mismo, pero, a quien elegimos para gobernar no debería estar considerando aún, dicha posibilidad.
Por cierto, ¿qué fue del cambio responsable del 2006?
Aprovechando que estamos en plena temporada playera - y que es domingo - vuelvo a un tema que anteriormente he tocado: el estado de la Costa Verde, el espacio que hace que Lima sea la única capital sudamericana con mar incorporado.
Como lo hemos mencionado en ambas ocasiones, es necesario que los gobiernos locales, en particular el Metropolitano, asuman su responsabilidad en esta materia y no solo se encarguen de quejarse ante la Autoridad Autónoma de la Costa Verde o el Gobierno Central, sino que propongan soluciones.
Parece que ese clamor está atendiéndose. De hecho, los alcaldes de Magadalena, San Miguel y Miraflores tienen clara la necesidad de mejorar sus zonas costeras e invertir en el espacio que podría iniciar la recuperación de la Costa Verde: un malecón. Por su parte, el Colegio de Arquitectos del Perú viene propiciando discusiones sobre la viabilidad de los distintos proyectos que tienen como norte común la recuperación de un espacio público en favor de los vecinos de Lima y, claro, del turismo nacional y extranjero.
Sin embargo, hay una persona que viene obstaculizando estos proyectos: Luis Castañeda Lossio. Y es que ahora el alcalde mudo de la ciudad se propone convertir la Costa Verde en una autopista, lo que implica que se amplien a 6 carriles las vías del Circuito de Playas, con el consiguiente perjuicio para la formulación y concreción de cualquier idea que busque redefinir nuestra franja costera como espacio público recreativo.
Castañeda no solo contradice a los alcaldes de su propia agrupación - que son los más interesados en mejorar sus playas -, sino que también va en contra de su propio Plan de Gobierno:
LA COSTA VERDE Y LOS BALNEARIOS DE LIMA: Tiene como OBJETIVO recuperar ambientalmente las Playas y Mar de la Costa Verde, convocando a la Iniciativa privada para que a través de concesiones, se ejecuten proyectos de locales recreativos, turísticos y de servicios. En esa línea nos proponemos: (01) Aprobar el nuevo Plan Integral de Promoción y Desarrollo de la Costa Verde, elaborando los estudios especializados complementarios, los nuevos lineamientos para las edificaciones en acantilados, y las propuestas para la ampliación del área pública de playa (02) Aplicar a través de las Municipalidades Distritales y la empresa privada, las obras urbanas en los espacios públicos de la Costa Verde (malecones, escaleras, puentes, paraderos, pérgolas, jardines, etc); (03) Aprobar y Supervisar el desarrollo de los proyectos de inversión privada; (04) Continuar con las gestiones con el Gobierno Central para que los proyectos Mesías, Interceptor Norte y Colector Costanero, cumplan con sus etapas de ejecución y descontaminar el mar
Si hay algo que Castañeda puede legar a la ciudad en los tres años que le faltan para terminar - por fin!! - su gestíón, es la mejora de la calidad de vida de sus ciudadanos. Y un proyecto integral para la Costa Verde lo haría: se mejora el paisaje y el medio ambiente, se descontaminarían las playas y tendríamos otro espacio turístico que presentar al país y al mundo.
y luego con las obras heredadas por ricardo belmont y el abandono de la costa verde, lima no es más (¿lo fue alguna vez?) una ciudad jardín y por el contrario es una ciudad carretera o ciudad autopista. una ciudad diseñada para ir en carro y no para caminar o ser peatón. (lo cual me lleva a recordar un viejo cuento de ray bradbury donde se prohibía caminar por las calles y los peatones eran personas de las que había que sospechar). que la costa verde sea actualmente una vía rápida y no el gran espacio público de la ciudad es mucho más que un indicador sobre la imagen de ciudad que se tiene desde la municipalidad de lima. ciudad carretera: ni siquiera tenemos playa, tenemos una autopista que le come metros a la orilla.
Una ciudad carretera, que ahora Castañeda quiere ampliar a la playa en lugar de mejorarla. Y, claro, como es su estilo, sin consultar a nadie.
El nombramiento de un ex columnista suyo hacía que los Wolfenson y Ben Schmuel vivaran ante lo que parecía ser el triunfo de su visión sobre la defensa nacional: ningún control democrático, ningún juicio a los militares que violaron derechos humanos y, por cierto, discrecionalidad total para compras de armamento para un posible conflicto bélico con Chile, que se alienta, sin ningún rubor, desde las páginas de dicho pasquín.
El ministro de Defensa, Dr. Antero Flores- Araoz afirmó enfáticamente que su portafolio no cederá a la presión, ni a cualquier intento de “chantaje” de parte de algunas empresas que pretenden obligar al Estado a suscribir contratos de compra de material bélico. Agregó que el Sector Defensa privilegia los tratos Estado con Estado para todo lo que implique la actualización de la capacidad operativa de nuestras Fuerzas Armadas y la modernización de su material defensivo.
“No nos vamos a dejar, de modo alguno, chantajear por nadie, venga de donde venga. Muchas veces son los vendedores de servicios o de material bélicos los que empujan ciertas noticias para obligar a sentarnos en la mesa y firmar rápido un contrato”, declaró
Pero sí queremos decirle algunas cosas a nuestro amigo de largos años Antero Flores-Aráoz. Porque no sabemos si además de la ponzoña ideológica, los caviares enquistados en el Pentagonito segregan alguna otra sustancia nociva que hace perder el sentido de las proporciones y el buen juicio a quienes se colocan el fajín de Defensa, al extremo de emitir juicios claramente desinformados, como se desprende de la información que pueden ustedes leer en las páginas cuatro y cinco de este ejemplar.
Ya escuchamos al ministro gritar, y ahora nos gustaría conocer sus argumentos (si acaso los tiene y no se está dejando llevar por lo que le susurran al oído sus funcionarios, la señora Esparch y el señor Chiri). Y de paso, recomendarle que lea el artículo que publicamos en las páginas centrales de esta edición, que sirven para constatar que contrariamente a lo que decía Marx, en nuestro país, tristemente, la historia no se repite como farsa sino siempre como tragedia.
En los años previos a 1879, el civilismo actuó con mezquindad con las Fuerzas Armadas de entonces y las pusieron en la indefensión con resultados aciagos. Desde 2001, sus descendientes caviares repiten la misma odiosa conducta. Con un perverso agregado: no solo quieren dejar desarmados a los militares, también minar su moral, que es tan o más importante que el equipamiento en caso de guerra antisubversiva o conflicto externo.
Por eso la CVR, por eso la persecución judicial a los comandos “Chavín de Huántar” y a más de 500 oficiales y subalternos, por eso el proceso a Fujimori. El cual, no nos cansaremos de repetirlo, tiene al ex presidente de blanco colateral, porque el objetivo principal son los uniformados, a quienes se quiere presentar como una pandilla de genocidas y violadores sistemáticos de derechos humanos y convertir así una gloriosa victoria en una derrota política… y advertirles que no osen tomar las armas en defensa de la Nación en el futuro, porque corren el riesgo de ser sentados en el banquillo, no importan cuántos años pasen.
Pues bien, tamaña muestra de honestidad de parte de ambos personajes nos deja en claro lo que està en juego y que trataré de poner en cristiano.
La agenda de La Razón es clara: aumentar las compras de armamento, pero no de Estado a Estado - como cualquier país actualmente realiza, para evitar los riesgos de corrupción - sino a través de intermediarios. Como bien lo explica Defensa IDL:
Como todo proyecto de inversión que se financia con recursos del Estado, las adquisiciones militares deben pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) y ser declaradas viables, socialmente rentables, sostenibles y compatibles con los lineamientos de política planteados en los planes anuales y estratégicos del sector.
Si son adquisiciones que no atañen al “secreto militar”, entonces deben pasar por los procesos de selección de adquisición del Estado: licitación pública, concurso público, adjudicación directa y/o adjudicación de menor cuantía, según el caso. Para ello la ley de contrataciones y adquisiciones indica varios paso a seguir: conformación del comité especial, elaboración de bases, convocatorias, observaciones, presentación de propuestas, evaluación y calificación, otorgamiento de la buena pro, etc.
Si estas contrataciones y adquisiciones son de carácter de “secreto militar”, estarían exoneradas del proceso de selección, siempre y cuando su objeto esté incluido en la lista que, mediante decreto supremo, haya aprobado el Consejo de Ministros con anterior opinión favorable de la Contraloría General de la República.
¿Y cuál es la única manera en que estas compras sean declaradas como “secreto militar”? Si es que existe un conflicto de por medio, sea interno o externo. Ello explica porque el diario de los Wolfenson levanta tanto los temas de terrorismo y de tensiones con Chile. Si no hay guerra, no hay posibilidad de vender armas salvo que sea por renovación de equipos. Es en esta última hipótesis que el Estado peruano va a comprar armas, de manera paulatina y en trato directo con cada Estado fabricante. La experiencia de comisiones en la compra de armas en la década de los noventa, que tanto añoran los dueños de La Razón, es la que ha vacunado al Ministerio de Defensa contra compras poco transparentes.
El otro tema de agenda tiene que ver con los procesos por violaciones de derechos humanos. Si bien al actual gobierno no le agradan mucho este tipo de procesos judiciales, pues hay que señalar que, a pesar de la lentitud de dichos juicios, no se ha intervenido en acabar con los mismos de manera abrupta, mediante indultos o amnistías. Como esta es una bandera bastante sensible en las Fuerzas Armadas, La Razón la esgrime como causa para poder tumbarse a cualquier Ministro de Defensa. Ya lo hicieron con Wagner y ahora, con las distancias que ha marcado el ex presidente del Congreso, no me extrañaría que la hicieran con Flores - Araoz.
El problema para Flores - Araoz no será enfrentarse a sus antiguos amigos, sino ver hasta que punto sus compañeros de gabinete y su jefe están comprometidos con la agenda del diario de la mafia. Será cuestión de meses saber si es que algún medio de comunicación que tiene un amplio giro de negocios habrá ganado algo con venta de armamento. Y si es que la Defensa Nacional se sigue manejando con criterios modernos.
Volvamos a ver que pasa con Fujimori. La verdad, es que no la pasa muy bien entre la seguidilla de miembros de Colina que lo involucran y que van delineando que la cadena de mando va llegando hacia a él. Nagazaki hace su chamba e intenta poner en aprietos a los miembros de este destacamento del Ejército con resultados dispares. Y cada día van disminuyendo los seguidores que van a verlo en las audiencias de Barbadillo. Claro, el Congreso apremia, tienen que justificar el sueldo y, además, ver como hacen para sobrevivir políticamente.
Pero quizás el mayor golpe para el ex dictador no ha venido de un juzgado, sino de su otra patria. Vía Correo:
Una voz importante respaldó al gobierno en su versión de negar una persecución política contra el ex presidente Alberto Fujimori. Se trató nada menos que del representante de Japón, país que dilató por varios años la extradición del ex mandatario y esbozó una discreta protección por su condición de ciudadano nipón.
No obstante, ayer el saliente embajador de Japón en el Perú, Hitohiro Ishida, desestimó la posibilidad de una persecución política contra Fujimori y señaló que su país observa con “respeto” y “serenidad” el proceso judicial que enfrenta éste.
“El Primer Ministro de acá (Jorge del Castillo) y muchas personalidades de Perú rechazan una persecución política, entonces, yo digo que no creo que haya persecución política”, dijo a la agencia Andina.
Agregó que el juicio a Fujimori es “estrictamente judicial” y que Japón observa con respeto ese proceso. “Nosotros respetamos el proceso judicial. Por supuesto que tomamos con serenidad el proceso de enjuiciamiento al señor Fujimori”, remarcó.
“Fujimori de ninguna manera se está quedando solo. Eso es algo que nunca va ocurrir, porque tiene el respaldo popular”, opinó.
“Es una posición lógica y natural y no me sorprende, pues no creo que un embajador extranjero deba definir si hay o no persecución. Nosotros hablamos de persecución en función directa de nuestra experiencia”, dijo Raffo.
Para el legislador, el representante diplomático del Japón “no conoce a fondo ni al interior qué está sucediendo con Fujimori”, pero además “no tiene por qué conocerlo porque no es su función”.
Si, claro. El embajador vive aca y sabe perfectamente como se viene llevando a cabo un proceso realmente pulcro. Y ello demuestra que en Japón ya no aprecian mucho a Fujimori, salvo los ultras de derecha que le hicieron hacer el papelón de postular al Senado de ese país.
Don Ernesto prende el televisor para ver el noticiero del día, luego de una jornada de trabajo y de pasar tiempo con su hijo menor. En cualquier momento llega su hijo mayor del trabajo para comentar las noticias del día. Está tranquilo, pues dinero no sobra pero tampoco falta y su auto, su fuente de ingresos, está en óptimas condiciones y presto para la revisión técnica cuya cita pedirá luego de la quincena, ya que este mes le toca pasar por allí.
A inicios de año, como transportista responsable, don Ernesto internó su auto en el mecánico durante quince días para que le hagan el mantenimiento y no le haga problemas la gente de la Municipalidad. Le parece bien esto de las revisiones técnicas, pues obliga a los conductores a tener en óptimas condiciones a sus unidades y, además, podrían evitarse más accidentes de los que ve todos los días, cuando recorre de polo a polo de la ciudad para recoger niños y jóvenes de un programa de vacaciones útiles o, como la mayor parte del año, del colegio de su hijo menor.
En teoría, la Municipalidad de Lima ha suspendido las revisiones por 180 días - tiempo en que, se supone, buscará un nuevo concesionario - pero, para complicar las cosas, Lidercon ha dicho que seguirá atendiendo revisiones técnicas. Y mientras tanto personas como don Ernesto no saben si acudir o no a obtener un sticker cuya validez es ahora discutible, mientras que otros propietarios de vehículos siguen preguntándose para que le sirvió invertir en su auto, sí al final el alcalde no especifica como van a valer lo que le han pegado en la luna del auto.
Estas son las consecuencias lógicas de una concesión entregada en monopolio, por parte de un alcalde poco transparente y que solo tiene como mira única mudarse del Palacio Municipal al Palacio de Gobierno, con el único mérito del cemento y las piletas que parecen ser el único producto que sale de sus neuronas.
Mientras tanto, don Ernesto le pregunta a su hijo mayor cuando se va a ir Castañeda Lossio, el más incapaz de los alcaldes que él recuerda. Y yo le respondí: viejo, el 31 de diciembre del 2010. Solo espero que no se mude de casa en la misma Plaza.
Si alguien tenía dudas de la existencia de amenazas a Luz Loayza, pues aquí va la prueba. Caretas hoy publica la primera página de una de las notas informativas a las que hemos hecho referencia en un post anterior:
Y allí está más que claro: 3 sicarios iban a matar a quien investigó a Fernando Zevallos. Como para que algunos periodistas que parecen medir las denuncias en torno a si la caja de resonancia es su enemigo de toda la vida o una corporación mediática se pongan a pensar en el papelón que están haciendo. Y eso que ya tienen por lo menos más de tres décadas en el periodismo nacional.
Como diría Portillo Campbell, papelito manda, mejor dicho, partida de bautizo, pues Blas es compadre de Alfredo Sánchez Miranda, uno de los integrantes del clan Sánchez Paredes, e hijo del patriarca, Orlando.
Peor aún, el compadrazgo sirvió de algo:
Ahora la OCMA se dispone a interrogar al ex asesor de Vega Vega y no necesariamente sobre para preguntarle sobre pilas bautismales, sino por un pecular incidente ocurrido el 12 de julio de 2005. Entonces, la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, a la que pertenecía Vega Vega, recibió la apelación a una sentencia que beneficiaba a Orlando Sánchez Paredes en contra de Jacques Trotier, gerente de Sulliden. Los abogados de la minera canadiense pidieron la separación de Vega Vega y, para constatar que se había dado trámite a su solicitud, revisaron el expediente del caso. Lo que descubrieron fue un proyecto de resolución que - a pesar que las audiencias no habían culminado - resolvía declarar infundada la apelación de Trotier beneficiando al hermano de Perciles Sánchez. El documento lleva la firma de Carlos Blas, según el informe de la OCMA N° 387-2005.
En otras palabras, Blas hizo un proyecto de resolución para que Vega Vega favoreciera al papá de su entonces futuro compadre. Y resulta curioso que un magistrado con vínculos claros con el partido de gobierno haya tenido como invitado en la misa de honras de su señora madre nada menos que al compadre de su ex asesor.
Creo que estas evidencias resisten hasta la más excéntrica de las teorías de la conspiración. ¿Verdad, Raúl?
En medio de las peleas entre fiscales y periodistas desatada por el caso Luz Loayza, nos estamos olvidando del personaje principal de esta historia: Fernando Zevallos.
Por esa época, manifiesta (Oscar) Benites (informante de la DEA, que hizo negocios con Zevallos), Montesinos había reorganizado por completo el negocio de las drogas. Había embaucado a los Estados Unidos, capturando unos cuantos peces pequeños y habìa establecido alianzas con hombres, que según afirma, eran grandes narcotraficantes del Perú, como Eudocio Martines de Hayduk y Fernando Zevallos, el fundador de Aerocontinente.
Pues este video de Marco Sifuentes nos hace ver que hablar de “familia”, en el caso del Dr. Tambini, equivale al sentido que le daban, ejem, los Corleone, dadas sus vinculaciones con el clan Zevallos:
¿Tienen ahora duda de porque Luz Loayza teme por su vida?
Hoy día he estado algo desconectado del mundo, pero, al volver a la blogósfera, me he percatado que varios hemos coincidido en tocar el tema que creo que debe preocupar más a la prensa y al país en general: el narcotráfico.
Así que veamos esta suerte de guía bloggera del día del narco:
El columnista valiente: También del Utero de Marita y que nos demuestra los límites de las teorías conspirativas. Coincidiendo con varios comentaristas anónimos - y otros seudónimos - de este blog, el periodista Raúl Wiener se manda con una teoría conspirativa de campeonato: El Comercio ha tendido un tinglado para bajarse a Adelaida Bolívar para lo cual estaría utilizando a Luz Loayza. El señor se olvida que en Iquitos los sicarios están a la orden del día, las documentadas amenazas a Loayza y hasta los pedidos cachacientos de Zevallos para que la Fiscal vuelva a Maynas. Increible como la ceguera ideológica puede llevar a extremos de negación como estos. Bueno, si hasta Gustavo Espinoza Montesinos sigue pensando que Tarata fue obra de los militares…
Cuento incompleto: En su irónico estilo, Laura Arroyo Gárate les cuenta la historia completa del caso Bolívar - Loayza - Zevallos como para que hasta Raúl Wiener la pueda entender.
Luego de ver todo esto, tengo la sensación de que estamos solo ante la punta del iceberg. Creo que hay mucho más por ver aún en esta larga novela. Solo espero que su título no sea La Próxima Víctima.
El segundo, no presentar pruebas sobre la presunta conspiración del grupo El Comercio contra Adelaida Bolívar. A estas alturas, Wiener solo balbucea las hepáticas columnas de César Hildebrandt, cuyos odios por la familia Miró Quesada y Fernando Ampuero (que trabaja para el Mercioco) ya cansan a estas alturas. Y solo esboza como prueba la acusación fiscal contra Fernando Rospigliosi, columnista de Perú.21. Vamos, la acusación contra Rospi era tan descabellada que las patrañas de Bolivar tuvieron que detenerse por falta de pruebas.
Francamente, a veces uno no entiende como personas como Wiener llegaron a manejar medios de comunicación. Y no por sus ideas, que son respetables a pesar que están en las antípodas de las mías, sino porque no hace lo que un periodista debe hacer: contrastar información y sustentar sus afirmaciones.
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