Archivo de 12 Febrero 2008


Los periodistas tenemos muchos defectos, pero de todos la vanidad es el peor, porque lo encuentro más propio de escritores, artistas y políticos que de gente tan imperfecta como nosotros, que somos seudointelectuales y, muchas veces, ignorantes. Gran parte de nuestro problema son los enormes egos en nuestra profesión.
(Ricardo Uceda, 10 de febrero de 2008)

Los encuentros y desencuentros sobre la situación de la fiscal Luz Loayza, la primera persona que se atrevió a acusar a Fernando Zevallos por el delito de narcotráfico, han traspasado los pasillos del Ministerio Público y han llegado a las salas de redacción de los diarios.

Dos posiciones comienzan a ser claras. De un lado, los diarios El Comercio, Perú.21 y La República, quienes manifiestan quejas fundadas y documentadas hacia la actuación de la Fiscal de la Nación Adelaida Bolívar y que incluso llegan a lanzar propuestas para solucionar este caso que tiene como trasfondo la falta de seguridad para magistrados y testigos involucrados en la lucha contra el narcotráfico. Varios bloggers hemos hecho eco de estas denuncias y las hemos complementado con varios datos y puntos de vista.

Del otro lado, el diario La Primera – y, en menor medida, Expreso y La Razón – han emprendido una campaña para desacreditar las versiones a favor de la causa de Loayza. Los argumentos centrales de los columnistas César Hildebrandt y Raúl Wiener – los más empeñados en esta empresa – no se basan en una inconducta de la fiscal o en documentos que desmientan su versión sino, simple y llanamente, en una sola palabra: prejuicios.

No voy a ponerme a defender a los grupos editoriales El Comercio y La República. Cada persona sabe en su fuero interno a quien le cree y a quien no. Sin embargo, si me parece criticable que la posición de dos periodistas que tienen varios años de carrera en el medio – independientemente del abismo de credibilidad que media entre uno y otro – se basen en sus odios, fobias y resentimientos hacia personas naturales o jurídicas o en teorías de la conspiración que niegan hechos que, por lo demás, están fehacientemente demostrados.

Peor aún, toda esta aventura ha tenido un corolario realmente penoso. Ha vuelto a revivir viejas rencillas entre periodistas, las cuales, lejos de centrarse en el tema de fondo con relación a la denuncia sobre narcotráfico, han sacado odios y perjuicios. Basta ver las diatribas de Wiener contra El Comercio y el periodista Marco Sifuentes, así como el intercambio de puyas entre Fernando Rospigliosi y Hildebrandt para darnos cuenta que el centro de la noticia está ya no en el lío entre fiscales o los vínculos del narcotráfico con las organizaciones encargadas de investigarlo, sino en estas pugnas y teorías de la conspiración que flaco favor le hacen al esclarecimiento de los hechos, como a la imagen de la prensa.

Y quizás por ello sea adecuada una voz algo más intermedia, como la que se recoge de Ricardo Uceda en una entrevista del dia domingo:

El caso Loayza es un síntoma de lo mal que está el Ministerio Público y buena parte de la prensa. Naturalmente están los medios que defendieron a Fernando Zevallos y no me sorprende que tengan en su agenda el defender a la fiscal de la Nación. Pero yo diría que en la prensa que sí investiga al narcotráfico hay muchas veces una excesiva intimidad con los jueces y los fiscales que desde sus fueros ven este caso.

Hace algunos meses, escuché a Santiago Pedraglio señalar que la prensa de investigación debía tener como norte de sus principales preocupaciones e indagaciones lo que venía pasando con el narcotráfico, dado que se venía constituyendo. Algunos periodistas parecen haber seguido dicha senda y han conseguido datos importantes, tanto sobre Zevallos como sobre los Sánchez Paredes. Otros, en cambio, parecen subestimar el tema, en el mejor de los casos, si es que los tentáculos de la corrupción no han llegado hasta algunas salas de redacción.

Lo importante para el periodismo es, por un lado, investigar hasta las últimas consecuencias en este tipo de casos, tomando la debida distancia de las fuentes que, no lo olvidemos, tienen “agenda propia”. Ello no implica dejar de lado casos como el de las amenazas a Luz Loayza, pues las mismas no tienen fecha de caducidad y es necesario incidir en la necesaria protección a los magistrados, lo cual, por cierto, no implica que la prensa deje de criticar las actuaciones judiciales y fiscales cuando sea necesario.

Lo peor de estas historias de “sospechosos comunes” es que, bien intencionados o no, estos hombres de prensa fanáticos de las intrincadas fantasías sobre evil news corporations dejan de lado aquello que es lo central de este caso: la existencia de poderosos narcotraficantes en el país que tienen montada una red de contactos en la política, el empresariado y, además, en las instituciones encargadas de investigarlos. Y ello debe sumarse el problema de seguridad interior que vienen propiciando a través de sus sicarios y protectores, algunos de ellos, remanentes de Sendero Luminoso.

Así como se exige independencia a los periodistas de los poderes políticos y económicos, también es necesario que no sean tontos útiles del narcotráfico, que es otro poder en el Perú. Y, por las últimas revelaciones, parece que recién estamos comenzando un partido bastante largo en la lucha por obtener la verdad. ¿Lo sabrán jugar todos los periodistas?

POST DATA SOBRE EL TEMA DE LA FISCAL LOAYZA:
Luego de ver los reportajes en Cuarto Poder y Panorama sobre el lío entre fiscales, me quedan claras dos conclusiones, que ya fueran adelantadas por Mirko Lauer en una columna de la semana pasada: la Fiscal Luz Loayza no se encuentra en una posición adecuada para seguir en este caso, no por los errores administrativos que ambos programas detectaron o por las vínculaciones con la DEA de las cuales Hildebrandt reniega - en un error del experimentado periodista desde mi punto de vista - sino porque emocionalmente no está lo suficientemente tranquila como llevar a cabo una investigación que requiere nervios de acero.

El otro gran punto urgente es la creación de un sistema de protección a testigos, jueces y fiscales que funcione de veras y que evite que nuestros magistrados queden en guardia baja frente a amenazas físicas o amendrentamiento mental. Y, por último, es imperioso que el Consejo Nacional de la Magistratura investigue en serio a Adelaida Bolívar: su conducta y los contactos de su esposo con la banda de Fernando Zevallos lo ameritan y han hecho que muchos ciudadanos dejemos de confiar en ella.

Si las instituciones de nuestro país dan algunos pasos en esta dirección, evitaremos que el gran ganador de este sainete sea Fernando Zevallos.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Comercio: Rechazan hàbeas corpus a Luz Loayza
Luz Loayza: Quien se beneficia de esto es Zevallos
Juan Paredes Castro: Los poderes del Estado vs. el poder del narcotráfico
César Hildebrandt: Prensa y poder
El Mundo de Plástico: Amores Perros (nos van a matar)

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