Desde el Tercer Piso

Nací en el Centro de Lima hace 26 años y algunos meses atrás. Para mayores señas, a la espalda de Palacio de Justicia, en una clínica de nombre francés. Mi infancia la pasé en medio de casonas coloniales, edificios que en ese entonces tenían 30 años y ya expresaban cierto deterioro y las migraciones que en ese tiempo aún eran abundantes. Luego de 11 años, Pueblo Libre me acogió entre museos, edificios y parques, hasta hace una década, cuando pasé a la zona este de la ciudad.

Hago este recuento biográfico porque he podido ver, durante todo mi recorrido vital, como ha ido evolucionando la ciudad en la que nací, crecí y en la que seguramente seguiré viviendo durante mucho tiempo. Durante estos días he estado en varias zonas de la capital y he sido testigo de esos cambios. Hoy, nuestra casa es mucho más grande y, en realidad, a estas alturas, podríamos hablar de varias Limas antes que una sola. Tenemos varios centros en lugar de uno, con dinámicas políticas y económicas diferenciadas, y hasta los climas cambian de un lado a otro de la ciudad.

Sin embargo, esta diversidad - que no es otra cosa que la expresión de lo que es el Perú - necesita una visión política para solucionar los problemas comunes de todos. Ello debería ser responsabilidad del alcalde metropolitano.

Sin embargo, Luis Castañeda Lossio no ha contado con esa visión sobre la ciudad que tanto se requiere. Más allá del cemento de necesarias obras de infraestructura vial, cualquier vecino puede preguntarse que es lo que ha hecho el alcalde para comenzar a solucionar los grandes problemas de la ciudad.

Un informe preparado para Perú.21 nos da muestras claras de como viene desempeñándose el actual burgomaestre. En lo que se refiere al transporte público, uno de los más caóticos de América Latina, se indica que:

Respecto al transporte público, la evaluación de Ciudad Nuestra califica de positiva la creación del Metropolitano. No obstante, se mencionan como temas pendientes la creación de una autoridad única de transporte metropolitano -dependiente del municipio- que ponga orden en Lima. La ausencia de este ente está causando conflictos de competencia, desorden y falta de autoridad en la definición y aplicación de políticas.

Asimismo, falta la preparación de programas piloto de rutas racionalizadas y de empresas reestructuradas con los programas de renovación y chatarreo de la flota de transporte público , así como la eliminación progresiva de combis y colectivos.

Similar panorama ocurre con la seguridad ciudadana, otro de los problemas mencionados como los más importantes por los limeños en las encuestas. Si bien el combate a la delincuencia tiene responsabilidad bastante grande de la Policía Nacional, los modelos de combate a este flagelo en el mundo vienen teniendo un rol cada vez más activo de los gobiernos locales, sobre todo, de los alcaldes metropolitanos. Castañeda, en esta materia, no ha querido asumir dicha responsabilidad, que sus antecesores si quisieron poner en práctica.

Pero, además de los dos problemas más álgidos de la ciudad, preocupa el estilo de un alcalde que no rinde cuenta a los regidores metropolitanos y menos aún a los vecinos. El mencionado informe menciona:

El punto más crítico abordado por el mencionado estudio es el del buen gobierno. El informe cuestiona la casi nula participación del burgomaestre Luis Castañeda Lossio en las sesiones del Concejo Metropolitano y la restricción que enfrentan los propios regidores para acceder a la información pública relevante.

Asimismo, la evaluación considera que de parte de la administración edil hay “poca transparencia y subestimación del interés ciudadano por la información completa y oportuna”, y que un tema tan importante como la discusión presupuestal en el Concejo Metropolitano “es limitada y se lleva a cabo sin la información necesaria”.

De hecho, hasta hace unos pocos meses, las sesiones del Consejo Metropolitano no eran públicas y la pagina web de la Municipalidad de Lima es un canto a la vacuidad. La misma que exhibe Castañeda cuando da una declaración sobre un punto controvertido de su gestión. Como bien ha anotado hoy Alvarez Rodrich, a Castañeda se le escucha más en “Los Chistosos”.

Pero la situación de nuestra ciudad no es de chiste. Aun quedan varios problemas por resolver y que no solo dependen de la ausencia de un alcalde al que hay que encontrar llamando a “Los Cazafantasmas”. También depende de lo que nosotros los vecinos hagamos por nuestra casa: manejar mejor, no ensuciarla, cuidar los parques que aun tenemos, no hacer construcciones fuera de las normas y, por supuesto, querer nuestra ciudad.

Mientras tanto, la ciudad variopinta, rara, bizarra, la horrible, la de la flor de la canela, provinciana, sigue esperando esa visión de futuro y que los limeños debemos dejar de tratar mal. Más que otro vals que le canté a lo que se fue, necesitamos vecinos dispuestos a jugarse por su ciudad.

MAS SOBRE EL TEMA:
Ciudad Nuestra: Evaluación de la gestión metropolitana de Lima durante 2007
Editorial de El Comercio: Lima de Aniversario
Augusto Alvarez Rodrich: La obra del mudo
Eduardo Villanueva: Lima: aniversario en manos de un incapaz
Roberto Bustamante: Lima, la horrible ciudad carretera
Encuesta del Instituto de Opinión Pública de la PUCP sobre Aniversario de Lima
César Hildebrandt: Castañeda apaga velitas
La República: Las tareas pendientes del alcalde de Lima
Carlos Basombrío: Lima ya no es tan horrible
Cinencuentro: ¡Buenos días, Lima!
Cucharas Bravas: Lima engorda
Blogiarquía: Comentarios a la Encuesta PUCP por el aniversario de Lima

La presentación de la demanda peruana ante la Corte Internacional de Justicia por la delimitación de la frontera marítima con Chile supone el inicio de un proceso judicial que durará varios años en pos de una solución pacífica y definitiva a la mayor controversia que se tiene con el vecino del sur.

En el mundo civilizado de hoy, cuyas bases fueron puestas, entre otros documentos, por la Carta de las Naciones Unidas de 1945, la solución de controversias se realiza sin utilizar tanques o armas. Para ello, se emplean diversos mecanismos, siendo el recurso a un proceso judicial - al igual que en el derecho interno - la última solución pacífica para la resolución de una controversia de este tipo. Fue por ello que se creó una Corte Internacional de Justicia que pueda canalizar dicha disputa.

Esto es importante remarcar en momentos en que, de ambos lados de la frontera, no faltan quienes pretenden iniciar una carrera armamentista, sobre la base de la interposición de esta demanda. Y por ello creo necesario rescatar el comentario de un lector chileno, que me dejó lo siguiente esta mañana:

Me topé con este blog buscando saber que piensan los peruanos del litigio marítimo, y que bueno saber que La Razón no es la voz de todos ustedes. En los noticieros chilenos de vez en cuando aparece ese diario con sus arengas beligerantes contra nosotros, algo que resulta “pintoresco” por decir lo menos…

Saludos a su bello país.

La presentación de la demanda supone la culminación de un esfuerzo que, hay que decirlo, comenzó el ex canciller Allan Wagner hace màs de dos décadas y que, durante el gobierno de Fujimori, fuera dejado de lado. La posibilidad de una demanda ante la Corte de la Haya fue retomada con fuerza en el gobierno de Alejandro Toledo, en particular, por el Ministro de Relaciones Exteriores Manuel Rodríguez Cuadros. Y, durante esta administración, se ha visto por conveniente iniciar el cierre de uno de los capítulos más tristes de la historia latinoamericana.

Nuestra historia con Chile no ha sido nada fácil. Una desconfianza mutua entre gobernantes que se remonta a los inicios de la República, una guerra traumática que recién se comienza a procesar en serio por parte de nuestros historiadores y científicos sociales, la demora en culminar con la delimitación de límites y conflictos de carácter comercial y cultural que son magnificados por la prensa han marcado el devenir de una relación que se puede caracterizar como la de dos vecinos de un edificio que pueden saludarse amablemente, e incluso pueden tomarse un par de cervezas en una reunión en la que coincidan, pero que se pelean en una sorda guerra fría que no quiere repetir la de los bisabuelos batiendose en duelo hace 120 años.

Ayer, luego de ver una entrevista hecha por Rosa María Palacios al general Roberto Chiabra, me quedó una pregunta en el aire que bien podía haber sido hecha: ¿Y que pasa si Perú gana la demanda ante la CIJ y Chile acata el fallo? ¿Qué pasará con los halcones de ambos países: seguirán buscando pretextos para que nos sigamos peleando o por fin entenderán que lo que más le conviene a ambos pueblos en vivir en una armonía saludablemente competitiva?

Tienen 6 años - por lo menos - para pensar una respuesta.

MAS SOBRE EL TEMA:
Texto del Mensaje a la Nación de Alan García
Declaración oficial del Gobierno de Chile
Menoscanas: Juntos y revueltos
El Comercio: El sustento de la posición peruana
Augusto Alvarez Rodrich: Unidad racional
Caretas: La demanda peruana
Fernando Vivas: Un nuevo militarismo
Perú.21: La posición de Ollanta Humala
Allan Wagner: Proceso ante La Haya debe estar rodeado de clima de serenidad
Luis Gonzáles Posada: Confiamos en que demanda no afecte relaciones económicas con Chile

La liberación de dos rehenes colombianas retenidas por las FARC ha supuesto un revuelo político en el que lo más importante no ha sido el tema humanitario, sino como se ha terminado ubicando Hugo Chávez como un factor adicional de perturbación del conflicto armado interno en el país del norte.

Si bien los afanes de influencia de Chávez en la región son por todos conocidos, éstos se limitaban al financiamiento o apoyo tácito a candidatos presidenciales antisistema, los cuales, a pesar de su discurso, competían en elecciones libres y democráticas. Estas semanas ha dado un paso adelante, al pretender convertirse en lo que, en su tiempo, fue Fidel Castro: el puente con algunos de los grupos armados aún activos en el continente y que tuvieron influencia de lo que algunos siguen llamando “Revolución Cubana”. El hecho de aparecer como interlocutor reconocido por Manuel Marulanda, el líder de esta organización, le da pie para seguir interviniendo, cuantas veces se lo proponga, dado que Alvaro Uribe quedaría bastante mal si es que se niega a seguir permitiendo liberaciones de rehenes.

Pero han sido las últimas declaraciones del dictador venezolano las que han llamado más la atención, al mencionar que ni las FARC ni el ELN son grupos terroristas y que debería darles el status de beligerantes, temeridad que le ha costado el rechazo de varios estados de América Latina, con excepción de sus aliados.

Desde los puntos de vista jurídico y ético, lo que ha dicho Chávez es una barbaridad. El status de beligerantes es reconocido, en el Derecho Internacional, solo a aquellos ejércitos irregulares a los que se considera que luchan por una causa justa, que, por lo general, se asocia a la liberación de un régimen opresor o por la independencia. Que se recuerde, el caso más reciente y único sobre la materia ha sido el reconocimiento de la Organización para la Liberación de Palestina, en los años setenta y que, en su momento, fuera bastante discutible, dado que durante años los dirigidos por Yasser Arafat emplearon métodos terroristas.

Las FARC no compatibilizan con dicha categoría. Colombia, con sus dificultades, es un estado democrático y con plena apertura para todas las corrientes políticas y no se tiene una vocación separatista dentro de dicho estado. Y la caracterización de sus actividades como terroristas es acertada. De hecho, varias de las conductas que han cometido las FARC - en particular, asesinatos selectivos, atentados y secuestros - no solo califican como delitos destinados a causar terror en la población, sino que también suponen violaciones masivas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario.

Por tanto, dicha declaración poco feliz - por decir lo menos - nos obliga a hacernos una pregunta: ¿A qué está jugando Chávez?

A diferencia de otros países de la región, el hombre fuerte de Venezuela no tiene influencia en la agrupación ubicada a la izquierda de Uribe: el Polo Democrático Alternativo. Esto hace que la alternativa de influencia en Colombia sea el camino más peligroso, a través de una agrupación armada desacreditada a nivel internacional, pero que aun cuenta con poder militar suficiente como para evitar que el conflicto se resuelva por dicha vía. Lamentablemente y por razones que hasta ahora parecen incomprensibles, Uribe ha dejado que maniobre hasta cierto punto, lo cual le ha dado una cabecera de playa a quien ha sido su rival más duro en el plano internacional.

En medio de estos cubileteos políticos, persiste un drama. El de más de 700 personas secuestradas y sometidas a pobres condiciones de subsistencia. El de un país que no quiere seguir sufiendo más violencia. El de una región en la que no se quisiera que se aproveche una circunstancia triste para un beneficio político subalterno.

Pero, como en el caso de la libertad de su pueblo, Hugo Chávez Frías no está dispuesto a ceder. La terquedad, en algunas personas, no es sinónimo de un bien entendido espíritu crítico, sino de un triste indicio de una megalomanía que le hará mucho daño a un grupo significativo de personas. Estamos advertidos.

MAS SOBRE EL TEMA:
La República: Carta de un rehén de las FARC
Augusto Alvarez Rodrich: La corporación del terrorismo
Carlos Basombrio: Historia de muchos secuestros
Ariel Segal: Cambalache selvático

A estas alturas del partido, cuando hasta los testigos llamados por César Nakasaki dejan mal parado a su padre, Keiko Fujimori saca un conejo de la galera del Fundo Barbadillo y anuncia la creación de un nuevo partido fujimorista con miras a las elecciones del 2011, en el que ella sería la candidata presidencial.

El anuncio ha tomado por sorpresa a todos, comenzando por los detractores del sentenciado, pero, por sobretodo, a sus propios partidarios, quienes se encuentran divididos ante el anuncio hecho por quien ahora es la heredera política del ex dictador.

No cabe duda alguna que la familia Fujimori tiene como cálculo central, a estas alturas, que el patriarca del clan no saldrá libre para las próximas elecciones presidenciales, dada la sentencia que tiene ya en ejecución y la inhabilitación que le impide ser candidato hasta el 2011. Aunque mantiene coincidencias claras con la agenda del actual gobierno y Alan les hace guiños de cuando en cuando, no se encuentra dentro de los cálculos actuales la posibilidad de una amnistía o indulto para el ingeniero agrónomo.

Sin embargo, las posibilidades reales de una candidatura de Keiko Fujimori pasan por tres obstáculos centrales.

El primero y principal tiene que ver con la imagen que viene dando su padre en el proceso por derechos humanos que se lleva a cabo en la sede de la DIROES. Luego de escuchar atentamente la más de una decena de audiencias que se han llevado a cabo, me queda claro que Fujimori miente deliberadamente en el proceso y que las contradicciones en las que cae han sido aumentadas por las declaraciones de los diversos testigos que han acudido a este proceso hasta el momento. La monserga de la inexistencia de pruebas esgrimida por los partidarios de Fujimori ya no es posible de fundamentar con precisión en este momento.

En el camino, Fujimori ha hecho añicos su “prestigio” de presidente sabelotodo para pasar a ser un sumo ignorante. Pero, como bien nos recuerdan los hechos - y en términos prestaditos del ingeniero - el ex candidato al senado del Japón no era ningún “caído del palto”. El Fujimori victorioso pasa a ser un pelele profesional en el juicio, aunque hoy Martín Tanaka nos recuerda:

Fujimori tuvo desde el inicio, y a lo largo de todo su gobierno, más de una oportunidad de cambiar de rumbo y seguir un camino democrático. Si miramos otros contextos, encontraremos que los momentos de crisis y de cambio profundo sirven no solo para destruir democracias, también para iniciar procesos de institucionalización; pero, para que ello ocurra, la intervención de líderes capaces y comprometidos es imprescindible. Visto Fujimori desde este ángulo, su chatura es más que evidente.

El segundo obstáculo tiene que ver con los propios enfrentamientos dentro del fujimorismo. No son pocos los que ven con malos ojos lo que parece ser una sucesión dinástica dentro de una agrupación a la que muchos aspiran a convertir en un partido. Y tampoco pasan a los escuderos actuales, a quienes culpan de ser los autores de la mala estrategia del viaje a Chile que ha terminado con Fujimori en una prisión. De otro lado, la disputa de las cuotas de poder entre ellos mismos, cuestión presente de manera nítida desde el año 2000, termina por complicar las cosas al interior de los grupos fujimoristas.

Finalmente, y como bien se ha anotado en otro blog, resulta siendo una burla a los peruanos que los fujimoristas inventen un partido para cada elección. Ello no solo contribuye al debilitamiento del sistema de partidos, sino también da cuenta de lo poco serio del proyecto fujimorista. Decir que solo se basan en las pequeñas obras de infraestructura que hizo Fujimori como único programa político solo da cuenta del pragmatismo chato y sin una visión de país clara que caracterizó a los 10 años de gobierno de un dictador que llegó a la presidencia por una casualidad y que hoy puede terminar sus días no precisamente contándole cuentos a los nietos en condiciones normales.

Alguna vez Manuel D’Ornellas, en la época en que escribía en el alineadísimo Expreso de los noventa, quiso esgrimir la tesis del “Fujimorismo sin Fujimori”. Parece que el viejo periodista uruguayo, desde donde se encuentre, se habrá dado cuenta que ello es imposible. Los caudillismos se heredan, no se transforman en partidos.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: El peso de Keiko
Fernando Rospigliosi: El fujimorismo busca una renovación por casos de corrupción
Laura Arroyo Gárate: 2011 de infarto

En estas primeras semanas del año, aunque casi de manera imperceptible, el Ministerio de Educación ha anunciado una serie de iniciativas que, en teoría, podrían ayudar a la mejora de uno de los sectores en los que adolecemos de una pésima calidad en el servicio ofrecido a los ciudadanos.

De estos anuncios, cuatro han sido destacados: el Reglamento de la Ley de Carrera Magisterial, el anuncio que solo se tomará en cuenta a los egresados en el tercio superior de las facultades de Educación e Institutos Superiores para acceder a los puestos de docentes, las 5,000 becas para que los mejores estudiantes del país puedan acceder a la tarea magisterial y el cambio de currículo educativo para el 2009.

Sin embargo, vale hacernos la pregunta sobre la solidez de estas medidas y, sobre todo, sobre si la forma en como se vienen presentando nos demuestra la existencia de un proyecto educativo de carácter mayor.

Creo que todos convenimos en la necesidad de elevar la calidad de la educación. A estas alturas, es claro que no nos hemos adecuado a los cambios producidos durante estos años, ya no solo en materia de ciencia y tecnología, sino también en la importancia de formar ciudadanos con plena conciencia de sus derechos y que sean capaces de potenciar sus mejores capacidades en todos los planos de su vida. Es cierto que es imperiosa la necesidad de mejorar los paupérrimos niveles de aprendizaje en lenguaje y matemática, demostrada por diversos estudios internacionales en los últimos años, pero perder de vista este horizonte hace que se deje de lado lo que significa un proyecto educativo integral.

Y es allí donde encuentro la primera falla de este gobierno. Al margen que se haya hecho el gesto de “adoptar” el Proyecto Educativo Nacional elaborado por el Consejo Nacional de Educación - con el que Chang parece haberse peleado -, pareciera que no se tiene un proyecto definido en la materia con el cual se pueda definir toda la política educativa. Si no se va más allá del gesto, pues el PEN quedará puesto en una linda biblioteca junto a otras iniciativas de reforma que fueron elaboradas por técnicos convocados por el Estado y que se encuentran allí, listas para ser ejecutadas, pero sin voluntad existente para ello.

Con la inexistencia de un Proyecto en la práctica - por cierto, el PEN propuso una serie de medidas de emergencia, que habrá que revisar si es que han sido adoptadas -, pues los anuncios realizados simplemente serán parches coyunturales que, en efecto, pueden conseguir algunos logros limitados pero que no brindan una salida integral. De hecho, incluso varias de estos instrumentos han merecido críticas bien sustentadas por parte de expertos en educación, que señalan sus límites y reiteran la carencia de una visión que las comprenda en un todo único y armónico.

Pero, además, estas medidas no pueden darse en enfrentamiento con los docentes. Desafortunadamente, el Ministro Chang ha (mal)entendido que su principal tarea al frente de su sector es pelearse con la dirigencia del sindicato de maestros - que también tiene su cuota de responsabilidad en la pésima calidad educativa -, lo que es aplaudido por los medios más cercanos al gobierno, pero que refleja la poca visión politica que se tiene para hacer cambios. En medio de sus ataques, Chang termina enfrentándose con quienes deberían ser principales agentes de cambio: los demás docentes que pertenecen al sindicato, quienes desconfían de él, con legítima razón, al ver que el Ministro llega a extremos tales como retar al SUTEP para que haga una huelga en enero.

A esta mala imagen poco colabora la poca transparencia que tiene el Ministro en relación con una entidad de su propiedad. Y es que, de acuerdo a datos proporcionados por CONSUCODE, la Universidad San Martín de Porres ha quintuplicado sus ingresos con el Estado en el 2007. Un hecho que merece una investigación bastante seria y una explicación del Ministro que, en otras ocasiones, ha favorecido a la casa de estudios de la que sigue siendo dueño.

Tener una mejor educación no es solo un deber del Estado, sino también un derecho humano que todos debieramos coadyudar a conseguir. Esta reflexión de Constantino Carvallo, con la que cierro este post, quizás nos de mayores perspectivas sobre ello:

“El grave problema es que el país no tiene viabilidad, no solo económica, sino humana, moral, sin una profunda reforma de la educación. Entendida en sentido integral, ligada a la construcción de la igualdad, la paz y la posibilidad de la felicidad”.

Pero parece que, a pocas cuadras de este Tercer Piso, José Antonio Chang mira su despacho y sus papeles sobre el escritorio, sin entender ni una sola letra de lo que acabo de citar. Al igual que la comprensión lectora en el país, su comprensión sobre la tarea educativa se encuentra en el último lugar.

MAS SOBRE EL TEMA:
Luis Jaime Cisneros: Las cinco mil becas
Mirko Lauer: Preguntas de un decano
León Thratemberg: Vanguardia Docente
Fernando Villarán: ¿Qué puede hacer el gobierno en los años que faltan?

Luego de un buen tiempo, ayer me di el trabajo de ver completo un programa deportivo. Me enganché ayer, antes de almorzar, con El Especialista, donde se suscitó una interesante discusión entre Enio de Figueredo, entrenador de la selección peruana de voley, y la congresista y ex jugadora de ese deporte, Cenaida Uribe, en la que se debatía el futuro de la disciplina que nos ha dado mayores victorias internacionales - junto con el tiro, la tabla y el karate - y cuya crisis se patentizó en la no clasificación a las olimpiadas de Pekín.

Además del debate concreto sobre las condiciones de juego, entrenamiento, disciplina y manejo dirigencial que fueron tratadas en la interesante entrevista que hizo Philip Butters, me llamó la atención un dato que fue mencionado al final: el presupuesto para la actividad deportiva en el país ha disminuido. El año pasado, el presupuesto del Instituto Peruano del Deporte superó los 100 millones de soles, incluyendo varios créditos suplementarios que se fueron consiguiendo durante el año. Este año, la cifra - a pesar que nos encontramos en año olímpico - es de 81 millones de soles.

Es decir, a pesar de las fotos con los “Jotitas” y los cheques gigantescos, el gobierno le sigue dando - como los anteriores - prioridad cero a una actividad que, además de entretener y darnos alegrías, es básica para la formación de una persona.

En realidad, este dato monetario es la patente muestra de la pobre política deportiva que tenemos en el país. Y es que a pesar que varios medios le revientan cohetes, Arturo Woodman no ha podido configurar una estrategia con miras a la mejora de la actividad deportiva en el Perú. Tal como informaba, a raíz de los conflictos con la Federación Peruana de Fútbol, Roberto Bustamante:

hablé del papel de Arturo Woodman en todo este zafarrancho. me reafirmo: como director del IPD no ha sabido convencer a las bases deportivas del país que su modelo (basada en la cada vez mayor inversión privada en el deporte) sea el mejor. Las sedes regionales han respondido directamente: frente a un modelo liberal, con un protagonismo mayor de los clubes privados (con Cúneo a la cabeza), preferimos las viejas relaciones de clientelaje con la Federación Peruana, que finalmente las deja ser. Digamos que desde cierto punto de vista, la elección para presidente de la Federación Peruana de Fútbol ha sido un Majaz en pequeño.

Y en realidad podriamos seguir preguntándonos si es que el modelo “liberal” de Woodman ha funcionado. Y digo “liberal” entre comillas porque solo se basa en el auspicio y no en un modelo gerencial moderno, pues es el cacicazgo regional y el enquistamiento la costumbre en buena parte de las dirigencias deportivas. Es cierto que existen empresas privadas apostando fuerte por el deporte, pero son las mismas que desde hace varios años tienen esa política de mecenazgo. ¿Qué pasa si es que alguna de dichas empresas deja de apoyar a estas actividades como cambio de su política empresarial? Ojo que el peligro está latente con relación al principal auspiciador del deporte en nuestro país, Backus, que estaría a punto de vender Sporting Cristal, su principal patrimonio deportivo.

Veamos. Si el deporte es parte de la formación integral de la persona, ¿quién es el principal interesado en fomentar dicha actividad? Pues, el Estado, que de acuerdo con la Constitución, tiene como fin supremo a la persona humana. Pero, como vemos, sus acciones siguen en sentido contrario: le quita presupuesto al deporte, no articula políticas de gerencia moderna con las federaciones, no coloca metas medibles en ciclos olímpicos y la Educación Física sigue sin ser obligatoria en los colegios del Estado.

De hecho, cabria preguntarse por estos compromisos asumidos en el Plan de Gobierno del APRA:

134. Fomentar la educación física, el deporte y la recreación a partir de un impuesto directo aplicado a los productos de consumo nocivo, etc.
135. Integrar y articular en el marco de la descentralización las actividades de educación física, deporte y recreación.
136. Modernizar los currículos para la formación de docentes de educación física y progresivamente duplicar de 9,000 a 18,000 el número de profesores de educación física.
137. Formular políticas adecuadas para el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura deportiva y recreativa.
138. Impulsar un Sistema Nacional del Deporte que considere la educación física, el deporte y la recreación en el contexto nacional, regional y en los ámbitos urbano y rural, y prever los fondos para la rehabilitación de la infraestructura deportiva, utilizando los espacios escolares públicos los fines de semana.

Luego no nos preguntemos porque seguimos festejando los cada vez más añejos aniversarios de nuestras hazañas deportivas.

Permiso, me voy a ver, por enésima vez, mis videos de México 70.

MAS SOBRE EL TEMA:
Pedro Ortiz Bisso: Los mates del deporte
Perú.21: Entrevista a Cenaida Uribe sobre situación del voley peruano

Aunque somos conscientes que la pobreza es el problema principal del país, generalmente no nos detenemos a ver cual es la manera más efectiva de enfrentarla. Nos encontramos ante un tema frente al cual tenemos pocas ideas de como enfrentarlo, más allá de los sentidos comunes presentes en el ambiente o de los discursos genéricos que se dan condenando el escándalo ético que supone que existan compatriotas que pasen penurias y que, además, nos hayamos vuelto permisivos ante las mismas.

Sin embargo, en los últimos días, he leido algunas cosas sobre el tema, que creo convenientes compartir con ustedes, amigos lectores, pues considero que llamar la atención sobre un tema que parece haberse convertido en “parte del paisaje”, sin que muchos nos detengamos a ver las reales dimensiones de este problema.

Según la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza – organismo con participación de entes públicos y de la sociedad civil – el balance de estos últimos años se puede resumir en que, si bien ha existido un crecimiento económico sostenido y se ha logrado una disminución relativa de la pobreza, aún persisten importantes brechas sociales y los mecanismos de redistribución siguen siendo poco eficientes para conseguir sus objetivos.

Desde el punto de vista de la Mesa de Concertación, el problema de la pobreza requiere, en primer lugar, de un cambio de actitud en la sociedad, que implica dejar de lado una tradición de exclusión y discriminación que ha acompañado las formas de vinculación entre el Estado y la sociedad y entre los propios peruanos. Este detalle coincide con las conclusiones de la CVR, que señalan que el conflicto armado interno vivido en nuestro país no habría tenido la cantidad de víctimas que tuvo si es que dichas condiciones no estuviesen tan presentes como sentido común de la sociedad peruana. Así, el tema de la lucha contra la pobreza no solo pasa por el crecimiento económico, sino que también cabe afianzar una cultura de derechos humanos en el Perú.

Este cambio de actitud parte de reconocer al otro como un ciudadano con derechos y obligaciones, por lo que es necesario el fortalecimiento de las instancias de organización y representación de la sociedad, así como de las instancias de participación en la elaboración de políticas públicas, en especial, las vinculadas con la lucha contra la pobreza.

Desde otro punto de vista, el Fondo Monetario Internacional recientemente ha publicado un informe en que indica los retos prácticos que deben enfrentarse en la lucha contra la pobreza. Por un lado, existe una importante brecha en infraestructura, que busca ser cubierta a partir de las modificaciones en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para acelerar los proyectos, cuyos efectos están pendientes de evaluación. De otro lado, la fusión de los programas sociales, realizada por este gobierno, aunque es un avance en la mejora de la eficiencia de los mismos, aún es un paso pequeño para mejorar la necesaria coordinación entre proyectos y hacia una política integral en esta materia.

Asimismo, el Fondo ha detectado problemas puntuales en los programas sociales de lucha contra la pobreza, centrados básicamente en las trabas burocráticas y administrativas, que retrasan la ejecución de proyectos o terminan siendo aprobados sin necesidad de pasar por el SNIP, lo que puede ser perjudicial, tanto para la transparencia en la ejecución de los proyectos como en su destino final. Ello se complica por los pocos esfuerzos que ha realizado el gobierno en materia de descentralización y de concertación con las autoridades regionales y locales, lo que implica poca coordinación entre ellos para un esfuerzo que debiera comprometer a todos.

Finalmente, el FMI señala, en la misma línea que la Mesa de Concertación, que deben priorizarse aquellos programas que tengan relación con el desarrollo de capacidades que vaya más allá del mero asistencialismo. Ello implica que se trace una estrategia de lucha contra la pobreza que incluya componentes de reforma estructural en salud y educación, potenciación de las microfinanzas, potenciar el trabajo de la Mesa y, un punto que me parece fundamental: el incremento de la cooperación entre sector público y privado.

Justamente sobre este punto, destaco lo que una amiga blogguera ha señalado sobre la relación entre minería y pobreza:

Cierto es que si alguien viene a hacer uso de un “bien” de mi comunidad y se verá beneficiado con ello, resulta justo que por el trabajo realizado comparta el beneficio. En ese sentido, el asunto pasa por algo más que el tema medioambiental. En muchos casos, las zonas en las cuales se desarrolla está actividad, son también las zonas más pobres del país y, por ello, el Estado debería velar (sobre todo si desea reducir el índice de pobreza) que estas comunidades se vean beneficiadas con la mina que tienen ahí.

El descontento de la población en realidad, nace principalmente por este asunto. Digamos que el medioambiental es importantísimo, pero los daños (que son varios y graves) se sienten en un largo plazo. La pobreza es un problema del día a día, un tema que se hace sentir a cada hora y que, por ello, es de vital importancia en el país.

Pero esta reflexión no solo cabe hacerse en el campo de la relación entre la minería y las comunidades que las circundan, sino también, a todas las actividades económicas del país. Me pregunto, ¿de qué manera podemos formar cadenas productivas que generen puestos de trabajo en las zonas más pobres del Perú? ¿En que modo las empresas y la sociedad civil podrán enfrentar la pobreza más allá del asistencialismo y la caridad?

Estas son preguntas y reflexiones para seguir dándole vueltas. Pero creo que todos coincidimos en que el enfoque se centra en que todos tengamos las mismas oportunidades de ejercer nuestros derechos. Si de allí partiera la percepción del Estado y de la sociedad, habríamos ganado bastante. Aun estamos a tiempo de cambiar nuestra percepción.

No ha sido suficientemente resaltada, en las notas sobre el lanzamiento de la cumbre de APEC, la discrepancia sobre las perspectivas económicas del Perú para este año entre Alan García y Luis Carranza, Presidente de la República y Ministro de Economía.

Mientras que Carranza hizo alusión al complicado escenario que tendremos durante este año, marcado por el alza del barril de petróleo por encima de los 100 dólares y la ya declarada recesión norteamericana - confirmada por varios bancos de inversión - García ha hecho alusión a la fortaleza de la economía peruana para resistr a los escenarios adversos.

Si bien ya resulta curioso que el Presidente contradiga en público - y en la misma ceremonia - a su Ministro de Economía (vaya Dios a saber porque sigue tratando a sus Ministros como Ferrando a sus partners de Trampolín a la Fama), es más sorprendente y preocupante que Alan emita estas declaraciones a solo 5 días de haber dicho que, luego del alza internacional del petróleo, el país entraba en economía de guerra. Declaración, esta última, que motivó incluso la reconvención amable de Jaime Cáceres Sayan, presidente de la CONFIEP.

Y mientras pensamos quien de los dos personajes de las altas esferas del poder tiene un serio problema con la verdad, cabe recordar que Carranza no ha tenido una semana fàcil.

Desde las bancadas de oposición se han iniciado los preparativos para sendos pedidos de interpelación y denuncia constitucional por el incumplimiento de la Ley que otorga un bono extraordinario a los trabajadores del Poder Judicial, que se encontraban en huelga hasta el fin de semana pasado. Hasta la fecha, el MEF ha incumplido con este mandato legal, lo que pone a Carranza en un severo aprieto.

Lo peor del caso - para el Ministro, se entiende - es que hasta la bancada aprista lo ha atacado. La ex presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas le ha pedido mayor sensibilidad ante la demandas de las Fuerzas Armadas por mayor presupuesto, en la misma línea de algunos diarios que nos siguen vendiendo la idea de una posible guerra con Chile.

Lo cierto es que el Ministro de Economía se encuentra en una difícil encrucijada política y técnica. Por un lado, tiene que ser el inflexible cajero que le diga “no” a Alan García, sobre el cual pesa un historial desastroso en materia económica. Por otro lado, Carranza no ha sido capaz de realizar políticas de redistribución efectiva de la riqueza y está teniendo severos problemas para enfrentar las presiones de todos los sectores que, en época de bonanza, le reclaman mayor flexibilidad en el gasto.

Pero si a ello se suma la discrepancia sobre como nos irá frente a las variables de la economía mundial, Carranza termina la semana severamente cuestionado en su liderazgo al frente de una cartera que, a decir verdad, requiere suficiente ductibilidad para ser flexible en determinados aspectos y duro en otros.

A este punto, a Carranza le vienen dando con todo. Dependerá de su aguante para ver si es que soporta más patadas o pide su cambio. Como en el fútbol, todo dependerá de la preparación física y de lo que decida el entrenador. Y cuando se ve que entrenador y jugador difieren en sistema de juego, es que la banca comienza a calentar.

MAS SOBRE EL TEMA:
Federico Salazar: El punto flaco de Alan García
Laura Arroyo Gárate: Temblores ministeriales
Roberto Bustamante: Alan García y su economía de guerra
José Talavera: El gran asunto para Estados Unidos en 2008: la recesión

Cuando Alan García anunció la creación del Ministerio del Medio Ambiente (MMA), desde aquí expresé mis reservas sobre dicha medida.

Es claro que existe la necesidad de crear una autoridad ambiental autónoma, que es necesaria y fundamental para tener, por fin, una política en torno al desarrollo sostenible y a la preservación de climas y especies que solo existen en un país como el Perú.

Sin embargo, y aquí vienen mis peros, el gobierno ha dado pocas muestras de querer tener dicha política y, por el contrario, ha atacado a toda persona que ha tenido legítimas preocupaciones por el medio ambiente y ha adoptado medidas contraproducentes sobre la materia.

Pensaba, ingenuamente, que esta vez me equivocaría y que tendríamos un proyecto sobre la materia que tome en cuenta, el borrador elaborado por el Poder Ejecutivo contiene un serio error.

Tal como informa El Comercio, el MMA no contemplaría la fiscalización sobre la actividad minera, al no contemplar la fusión de las Direcciones Ambientales del Ministerio de Energía y Minas con las demás entidades que formarán el nuevo ente rector de la política ambiental.

Esto supone dos errores, tanto ante la opinión pública como en un tema de fondo.

Buena parte de los conflictos sociales en el país han tenido relación directa con la relación entre medio ambiente, minería y comunidades. La Defensoría del Pueblo, en su reporte sobre conflictos sociales correspondiente a diciembre de 2007, indica que el 47% de las disputas reportadas están referidas a asuntos socioambientales, relacionadas, principalmente, al tema minero.

Si no se contempla, entre las funciones del MMA, la fiscalización ambiental minera - actualmente en manos de la entidad que, a su vez, debe promover la inversión privada en dicho sector -, pues la población en general sentirá que el ofrecimiento presidencial es una mera maniobra o gesto, como los que caracteriza a este gobierno. La palabra estafa va a comenzar a sonar alrededor de esta propuesta.

Pero, además, desde el punto de vista técnico, también se cometería un error. Si la intención de la creación del MMA es separar las funciones de control ambiental de la promoción de la inversión en cada sector productivo, pues mantener juntas ambas competencias en el Ministerio de Energía y Minas supone dejar de lado la motivación principal por la cual se crearía la nueva entidad.

Además, como bien anota un experto de la Defensoría del Pueblo, la creación del MMA supone:

en primer lugar, una mirada estratégica que indique claramente qué queremos lograr con esta nueva organización para, posteriormente, concentrarnos en la estructura, atribuciones y funciones que necesitamos poner a disposición del nuevo ministerio y su sistema de agencias técnicas.

¿Tiene el gobierno esta mirada estratégica? Por lo que hemos visto, no la tiene. Y si este borrador de proyecto es el que finalmente se envía, pues de nada habrá servido un discurso presidencial. Bueno, este último detalle es consustancial a Alan.

Cuando hablamos de medio ambiente, no es que nos opongamos al desarrollo o a la inversión. Entiendo la necesidad de explotar los recursos naturales, pero que se haga de manera tal que mis hijos y mis nietos puedan disfrutar de un mar limpio, de bosques que purifiquen nuestro aire y en el que sigan viviendo nuestras aves y de un aire que puedan respirar tranquilamente.

Se que a veces puede sonar utópico, pero este es un sueño que si quiero que se cumpla.

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Jesús Coronel, presidente regional de Cajamarca: Ministerio del Medio Ambiente no puede exonerarse de tratar tema minero.

Convertido en un pleito de instituciones estatales y en una pugna de abogados, el destino de los aportes al FONAVI está inmerso en una complicación jurídica que, aquí, trataremos de dilucidar para que podamos entender de que estamos hablando.

Como lo relaté en un post anterior, el Fondo Nacional de Vivienda fue creado en la dictadura de Francisco Morales Bermúdez para la construcción de casas y servicios básicos para todos los trabajadores, a quienes se les descontaba una parte de su sueldo por este motivo. Dicho descuento procedió hasta 1998, en que el FONAVI fue disuelto. Los beneficiarios de dichos programas fueron pocos y buena parte del dinero solo Dios y los gobernantes entre 1979 y 1998 saben en que se utilizaron.

Por ello, es que se fueron formando diversas Asociaciones de Fonavistas, a fin que se les devolviera los aportes dados durante años. Algunos consideran que dicha devolución puede hacerse mediante programas de vivienda y hay otros, en la expectativa de una pronta jubilación o ante un presente desempleo, que solicitan una devolución individual, para disponer de lo que consideran sería una suma importante de dinero. Este es el problema social de fondo a atender, pero que, como vemos, tiene varias complicaciones legales.

Los fonavistas, durante varios años, han reclamado la realización de un referéndum para que todos los ciudadanos podamos decidir si es que se devuelven o no dichos aportes. El Jurado Nacional de Elecciones se ha opuesto a la realización de esta consulta, debido a que considera, de acuerdo a fallos que anteriormente dio el Tribunal Constitucional, que nos encontramos ante un tributo y, tal como lo señala la Constitución que nos rige, los temas tributarios no están sujetos a referéndum. Y no lo están por una cuestión elemental: ¿quién no quiere pagar menos tributos?

Ahora bien, según nuestra Carta fundamental, hay 3 tipos de tributos: los impuestos, las contribuciones y las tasas. El impuesto se recauda y va a un fondo común que el Estado utiliza para cualquier fin que crea conveniente, la contribución se destina a un uso específico por parte del Estado y la tasa es empleada para un servicio puntual.

Muchos abogados consideran que el aporte al FONAVI es una contribución y, por tanto, no debe ser materia de un referéndum. Ello implicaría, además, que la devolución sea improcedente, a menos que el Estado decida devolver los aportes a través de programas similares al FONAVI. Es decir, no estaríamos ante un derecho, sino ante una medida de liberalidad por parte del gobierno, para solucionar un problema social generado por el mal uso de estos fondos.

Pero otros especialistas en Derecho consideran que nos encontramos ante un aporte que no reviste naturaleza tributaria. Y, por lógica, se producían dos efectos: la devolución de los aportes en forma individual y, además, si cada aporte pertenecía a quien lo hizo y, era pasible, por tanto, del derecho de propiedad privada, no podía estar sujeto a la realización de un referéndum.

¿Qué es lo que ha ocurrido entonces? Pues, para decirlo en castellano simple, el Tribunal Constitucional no ha justificado bien sus sentencias sobre este tema y el Jurado Nacional de Elecciones se olvida que los fallos judiciales de última instancia deben cumplirse, por más erróneos que estos sean.

La primera sentencia del TC señaló que estabamos ante un aporte no tributario, pero (primer error), no indicó claramente porque se apartaba de sus precedentes anteriores que si señalaban su naturaleza tributaria y, posteriormente (segundo error) convoco a un referéndum para decidir sobre los aportes, cuestión que, como hemos visto, resulta ilógica si se trata de fondos sobre los que se tiene propiedad privada.

El JNE, como sabemos, tercamente se opuso, con el apoyo de un sector del gobierno que pretende manipular al TC como le viene en gana, dado que este organismo se ha convertido en el control principal de los yerros de los Poderes Ejecutivo y Legislativo.

Pero, en un afán de quedar bien con Dios y con Satanás, al mismo tiempo, el TC ha emitido una segunda sentencia que complica más las cosas. Si bien insiste en que estamos ante un aporte no tributario, el mismo no tiene carácter individual. Por tanto, las soluciones que podrían darse serían colectivas. Es decir, olvidénse del dinero en efectivo, sino que pagaremos en bonos, acceso preferencial a programas tipo Mi Vivienda o cuestiones similares.

Pero, además, se limitan los montos y supuestos beneficiarios. Se dice que el monto a devolver se puede reducir, pudiendo deducirse del monto aportado, los programas ejecutados por el Estado con cargo al Fondo y se excluirían a las personas que, entre otros supuestos, hubieran accedido parcial o totalmente a dicho Fondo o a aquellos que, dadas las circunstancias, hubieran concretado su derecho a la vivienda digna.

Y claro, el TC sigue insistiendo en el referéndum como mecanismo para canalizar este tema. Y, tercamente, el JNE sigue diciendo que no acatará la sentencia.

A estas alturas, me va quedando claro que, conforme pasen los días, este asunto se enredará más. Entre un gobierno que no quiere pagar, una caja fiscal que se puede ver afectada, un Tribunal Constitucional que no fundamenta bien sus fallos y un Jurado Nacional de Elecciones que quiere ser un ente sin controles, estamos asistiendo ante una comedia de equivocaciones que puede terminar con dos consecuencias claras: la dilación en la solución de un problema social que tiene varios años sin resolverse y una afectación fuerte de la institucionalidad en el Perú.

Mientras tanto, señores fonavistas, parece que van a tener que ir viendo en que banca se sientan a seguir esperando. La solución a su problema está tan lejos como nuestra clasificación al próximo mundial de fútbol. Y de ello, parece que nadie quiere hablar.

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