Archivo de 31 Enero 2008

Esta mañana me llegó un correo de la Asociación Unidos por los Animales, quienes han denunciado un acto realmente condenable: Un sereno de la Municipalidad de San Borja le quita la vida a un inocente perro.

El hecho me ha impactado doblemente. De un lado, aunque no tengo animales en casa, siempre me ha importado que quienes crien a uno de ellos le brinde el mayor cariño y cuidado. De otro lado, vivo en San Borja y me sorprende que en un distrito donde las cosas se manejan siempre con cuidado y respeto hacia los vecinos y sus mascotas - de hecho, los domingos al pie del Pentagonito hay entrenamiento para perros - se cometan este tipo de barbaridades.

El siguiente video es la prueba de la denuncia que esta asociación de defensa de los animales ha hecho. Pongo estas imágenes con la advertencia de que personas sensibles pueden verse afectadas en su suceptibilidad:

Los funcionarios de la Municipalidad de San Borja deben ser conscientes de que se está vulnerando la Ley Nº 27265, Ley de Protección a los Animales Domésticos y a los Animales Silvestres mantenidos en Cautiverio. En el artículo 4° de esta norma, se señala que el Estado y las instituciones protectoras de animales debidamente reconocidas quedan obligados a velar por el buen trato, salud y respeto a la vida y derechos de los animales.

Asimismo, nuestro Código Penal ha tipificado el maltrato a los animales como un delito:

Artículo 450-A.- El que comete actos de crueldad contra un animal, lo somete a trabajos manifiestamente excesivos o lo maltrata, será sancionado hasta con sesenta días-multa.
Si el animal muriera a consecuencia de los maltratos sufridos, la pena será de ciento veinte a trescientos sesenta días-multa.
El juez podrá en estos casos prohibir al infractor la tenencia de animales bajo cualquier modalidad.

Este sábado habrá una protesta al mediodía en el frontis de la Municipalidad de San Borja (Av. Joaquín Madrid, cuadra 2). Si bien el alcalde ha prometido que la persona que ha incurido en este acto va a ser separada de su institución, creo que va a tener que dar mayores muestras de que la política de nuestro Serenazgo es de respeto hacia nuestras mascotas.

Señor Tejada, haga que me vuelva a sentir orgulloso de mi municipio.

MAS SOBRE EL TEMA:
Instituto Lingüístico de Invierno: Exterminio de perros en San Borja

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Cada día que abro los diarios y veo noticias sobre narcotráfico, recuerdo una frase que le escuché a Santiago Pedraglio hace algunos meses en una conferencia sobre Independencia Judicial y Lucha Anticorrupción: Si hay un filón de investigación que los periodistas deben seguir es el tema del narcotráfico, pues será la principal amenaza de los próximos años. A todos nos sorprendió la observación de Pedraglio, pero, a la luz de los acontecimientos recientes, tiene una lucidez que hoy es digna de admiración.

El periodismo le hizo caso a Pedraglio. Si bien ya el caso de Fernando Zevallos venía siendo objeto de seguimiento por la prensa, el rango de medios que tocaban el tema se fue ampliando y se fueron encontrando otras pistas de sus vinculaciones con políticos y otras bandas de narcotraficantes. Ello permitió conocer a más personajes implicados en la trama de esta organización criminal y, además, que el caso, a pesar que judicialmente se encuentra encaminado – con una sentencia de 20 años de prisión mediante – tenga más sorpresas que ofrecernos.

Un segundo caso que hoy ocupa al periodismo nacional ha sido el de la familia Sánchez Paredes. Esta semana, en una inusual conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el mismo Presidente de la República anunció el inicio de investigaciones preliminares al patrimonio de este clan familiar, lo que implica que más de un centenar de empresas se encuentren bajo la lupa del Ministerio Público. Los Sánchez Paredes respondieron con un comunicado a toda página en El Comercio, en el que señalaban su disposición de colaborar con la justicia.

Todos los indicios apuntan a que la fortuna de esta familia tiene vínculos con el narcotráfico. Pero el abanico de investigaciones no se debiera limitar a las cuestiones meramente crematísticas, sino también a los vínculos con nuestra política. Como bien lo señala hoy Caretas:

El temor por las juntas de algún sector del aprismo puede volver a influenciar los cálculos de García un cuarto de siglo más tarde.

Para muestra un botón. Esta revista dio a conocer en marzo del 2007 que el abogado aprista José Abanto Verástegui era un cercano asesor de Luis Alva Castro, apenas designado como ministro de Interior, quien también se desempeñaba como abogado y director gerente general de Exploraciones Algamarca S.A., de propiedad de los Sánchez Paredes.

La ex jefa de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp), Pilar Freitas, fue despedida del cargo en febrero del 2007 y atribuyó su salida a las presiones de apristas vinculados con los Sánchez Paredes. Señaló a quien fue su propio superintendente nacional adjunto, Manuel García Torres, por intentar favorecer a los Sánchez Paredes en el complejo litigio que sostienen con la minera canadiense Sulliden Shauindo. Como consecuencia diarios trujillanos asociados con el ala dura aprista comenzaron a atacarla sin tregua. Freitas también relató supuestas presiones de Abanto Verástegui y del propio Orlando Sánchez Paredes, quien se habría atribuido “contactos e influencias” (CARETAS 1966).

En ediciones posteriores se reveló que Belisario Esteves, ex ministro de Comercio durante el primer gobierno aprista, aparece como socio de Orlando Sánchez y se documentó también la relación de esta familia con viejos apristas trujillanos y jueces vinculados al partido de la estrella.

Y claro, no olvidemos dos revelaciones recientes: Abanto Verástegui está vinculado a la familia Wolfenson y el nuevo abogado del clan sea nada menos que César Nagasaki, el patrocinante de Alberto Fujimori.

Desentrañar una red de narcotráfico no es tarea fácil. Y para ello se requiere que se tenga una buena red de jueces y fiscales lo suficientemente independientes y un sistema de protección a testigos que pueda impedir presiones, amenazas y asesinatos. Este es un punto que los Ministerios de Economía y Justicia deberían concertar con el Poder Judicial y el Ministerio Público, a fin de contar con la voluntad política y recursos suficientes para proceder con este tipo de esfuerzos.

Si el gobierno quiere emprender en serio esa tarea, por allí es el camino que deba iniciar. Y allí no hay dudas que valgan.

MAS SOBRE EL TEMA:
Caretas: El último ajuste
Perú.21: Testigos clave del caso Zevallos en peligro
Fernando Vivas: La estamos peleando
Ricardo Soberón: Coca, Estado y narcotráfico

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