Desde el Tercer Piso

Gracias a mis amigos Eduardo Dargent y Alberto de Belaúnde, me entero de esta convocatoria, que transmito a continuación:

La Embajada de Colombia en Lima, como facilitadora en la unificación de esfuerzos y acciones que se han generado para marchar el próximo 4 de febrero, en solidaridad con la causa del grupo UN MILLON DE VOCES CONTRA LAS FARC, convoca a la colonia colombiana en el Perú, a los amigos de Colombia, a los medios de comunicación y a todo el país a:

Se agradece usar vestimenta de color blanco

La convocatoria llega en un momento oportuno, pues el chavismo y los sectores más cavernarios de nuestra izquierda no llaman a los actos de las FARC como lo que son: violaciones de los derechos humanos.

Solidarizarnos con el drama que ocurre en Colombia no es poca cosa. Nosotros sabemos lo que es enfrentar a quienes piensan que desde la violencia y el autoritarismo se puede ganar el poder y sojuzgar a los demás. Pues no hay causa alguna que avale matar o secuestrar a alguien.

Ya saben, este lunes en el Centro.

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¿Se acuerdan del caso Tula Benítes? Si, la congresista aprista que contrató a un empleado fantasma para quedarse con su sueldo, tal como hizo su colega Elsa Canchaya.

Pues bien, si bien Benites fue suspendida por 120 días en sus funciones parlamentarias, se esperaba que el Congreso de la República fuera expeditivo como en el caso de la parlamentaria de Unidad Nacional y dispusiera el retiro de este personaje del recinto parlamentario, a fin que afronte aquello que merece: un proceso penal.

Sin embargo, la Tula de esta historia ha tenido un escuadrón de defensa más efectivo que el que la otra Tula tiene al mediodía en un canal de televisión.

El escuadrón, como podrán imaginarse, se llama Partido Aprista Peruano. Y la fórmula es el conocido refrán limeño Hecha la ley, hecha la trampa.

La ley es el Reglamento del Congreso. En su artículo 89, establece el procedimiento correspondiente para tramitar las acusaciones constitucionales, el paso previo para que se pueda procesar a los altos funcionarios contemplados por la Constitución, entre ellos, los Congresistas. Para el estado actual del caso Benites, es importante el siguiente numeral:

d.5 Concluida la audiencia y actuadas todas las pruebas, el Presidente encargará al Congresista que se delegó la determinación de los hechos materia de la investigación y la pertinencia de las pruebas, la elaboración de un informe para que lo presente, a más tardar, dentro de los cinco (05) días hábiles posteriores a la audiencia, el cual será debatido y aprobado, o rechazado, en la sesión que para el efecto convoque el Presidente de la Subcomisión. Es obligatoria la presencia de todos los miembros de la Subcomisión, salvo que se trate de licencias autorizadas.

La trampa es la siguiente: En cuatro oportunidades los representantes apristas ante la Sub Comisión de Acusaciones Constitucionales han frustrado el debate y votación del informe final, porque no les dio la gana de asistir a las sesiones, argumentando, como se imaginarán, licencias autorizadas por reuniones con autoridades o con enfermedades.

A tal punto ha llegado el roche entre los compañeros que Luis Gonzáles Posada y Luis Negreiros han tenido que salir a rogarles a sus colegas de bancada para que asistan a la tan mentada sesión.

Parece que en el partido de gobierno, varios de sus integrantes ignoran que este tipo de actos no solo le hace daño a la imagen del congreso, sino también a la de ellos mismos. Tener como pensamiento guía que una exoneración o dilatación del caso Benites hará feliz a nuestro Luis XIV criollo es solo pensar en un interés de corto plazo que, a la larga, deja al Partido Aprista en una posición otoronguil francamente deleznable.

Y luego se quejan de porque tienen tan baja aprobación en las encuestas.

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