Desde el Tercer Piso

Santiago Enrique Martin Rivas, principal agente operativo del tristemente célebre Destacamento Colina, no solo se dedicaba a dar órdenes para matar, sino que también fue encargado de ejecutar parte de la cobertura legal del grupo de aniquilamiento cuyas acciones podrían terminar con un ex dictador con una condena de 30 años de prisión.

Como parte de esa cobertura, se formó una empresa, denominada Consultores y Constructores de Proyectos América (COPRANSA), ubicada en Miraflores y que supuestamente se dedicaba a labores de ingeniería civil, arquitectura y urbanismo. El local de la misma servía como sitio de reunión para la coordinación de los jefes de los subgrupos que conformaban el Destacamento. Nótese en la ficha registral de la empresa – la cual vemos a continuación - que los miembros de Colina que conformaron la empresa (Martin Rivas, Rivero Lazo, Rodríguez Zaballescoa y Pichiligüe Guevara) se registran, eufemísticamente, como industriales.

Sin embargo, hay otra empresa que también merecería ser investigada por la Policía y el Poder Judicial. El nombre de la misma es Corporación Nacional de Integración S.A., dedicada al rubro inmobiliario, y fue constituida en 1999, cuando Martin Rivas gozaba ya de la libertad ganada por la Ley de Amnistía.

Como se puede ver en la Partida Electrónica de la empresa, el principal accionista de esta compañía se llama Edgar Espinoza Chacón - persona relacionada con la Asociación Mutualista de los técnicos del Ejército - y es un viejo conocido del asesino de La Cantuta y Barrios Altos.

Una investigación de Agenciaperu.com reveló en su momento que Espinoza Chacón habría ayudado económicamente a Martin Rivas durante parte del periodo que estaba fuera del alcance de la justicia. A través de otra empresa, World Business Investrors S.A., se le daba un sueldo al miembro de Colina. Resulta curioso que dicha empresa tenga como uno de sus socios principales a Manuel Custodio Poémape, la persona que manejaba las cuentas de Vladimiro Montesinos en el Banco Wiese.

En su momento, Espinoza quiso deslindar este vínculo, pero este es un nuevo elemento de prueba que las investigaciones antes mencionadas apuntaban en sentido correcto.

Pero eso no es todo. Otro de los socios de Martin y Espinoza es el ex miembro del Ejercito Pablo Larrea de la Piedra, de quien he encontrado que, como varios oficiales, fue a hacer cursos a la tristemente célebre Escuela de las Américas.

Aquí hay dos preguntas que hacernos: 1. ¿Cuáles fueron las conexiones de Martin Rivas con el Ejército y el gobierno peruano entre 1995 y 2000? 2. ¿Por qué se asoció con una persona relacionada con el entorno económico de Vladimiro Montesinos?

Cuestiones que, en medio del juicio más importante de la historia, tal vez merecerían más de una explicación.

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Ollanta Humala parece haber sumado otra disyuntiva a las que ya tiene en términos políticos – y que Mirko Lauer ha resumido en outsider, desaparecido o demócrata converso –: su situación judicial. Una acusación fiscal por los sucesos de Andahuaylas, en los que participó directamente su hermano Antauro, le abre otro flanco a uno de los personajes más controvertidos de la política peruana.

¿Por qué se abre una nueva disyuntiva?

Para comenzar, por que si hay signos evidentes de su, por lo menos, complacencia con una rebelión contra un gobierno cuyas credenciales democráticas – a pesar de sus errores – fueron impecables, como el de Alejandro Toledo. Declaraciones dadas a RPP el primer día del 2005 fueron más que claras, aunque luego haya querido desdecirse de las mismas. Antauro Humala amenaza con documentos incriminatorios y el delirante abogado Edmundo Inga Garay – involucrado en la cortina de humo de la presunta violación de Alejandro Toledo – señala que el líder nacionalista no debe temerle a la cárcel. Caín y Abel van a parecer niños de 5 años jugando en un nido frente a lo que va a ser un careo judicial bastante caldeado.

Un segundo tema para Humala es contemplar con qué actitud toma el proceso judicial. Por lo pronto, utiliza el viejo truco que le ha servido en su aún corta carrera política: la víctimización y echar la culpa a los demás de las acusaciones en su contra. Con el caso Madre Mía le sirvió, a pesar de las evidencias. Hoy, que ya no está en campaña y su perfil de opositor radical parece morigerarse, el cuento de la persecución política – ya desgastado hasta la saciedad por el fujimorismo – parece ser más difícil de sostener en el tiempo, pues comienza a sonar a no me quiero presentar en el juicio. A su favor juega el hecho de que, junto a la pena de 15 años por rebelión, se pida la expatriación del ex candidato presidencial, sanción que ya no es permitida por nuestra actual Constitución.

Y una tercera cuestión tiene que ver con sus relaciones internacionales. El fin de semana lo volvieron a defender desde Caracas, lo que ha desagradado a la clase política peruana, incluyendo hasta a parlamentarios del PN. La búsqueda de un perfil propio para Humala, sin el padrinazgo chavista, se complejiza, dado que: 1. Chávez quiere meter sus narices en un país que le es hostil a su proyecto y/o 2. Humala no quiere o no puede salir de dicha relación de compadrazgo bolivariano. No me defiendas compadre parece ser una frase que no saldrá de la boca de Ollanta.

Lo que si tiene que tener en cuenta Humala es que lo que tiene por delante es un proceso judicial, no una persecusión. Pero también tiene la oportunidad de zanjar con un pasado poco compatible con la democracia y, en buena parte, allí se juega su verdadero futuro político y un perfil propio que, hasta el momento, parece bastante difuso.

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