Desde el Tercer Piso

Ayer se dictó la sentencia por la falsificación de firmas de Vamos Vecino, la agrupación de corte municipal y provinciano del fujimorismo. El fallo ha terminado condenando al principal líder de la agrupación, Absalón Vásquez, a 7 años de prisión.

Esta sentencia condenatoria - que también comprende a Vladimiro Montesinos y al actual congresista Rolando Reátegui, sobre quien el Congreso tendrá que pronunciarse en los próximos días sobre su permanencia - me da pie para hacer un rápido balance de lo que ha sido el vértice más visible de la lucha contra la corrupción: los procesos judiciales contra la organización criminal Fujimori - Montesinos.

No tengo duda que han existido avances significativos en esta tarea emprendida por un puñado de jueces, fiscales y abogados que han buscado establecer la responsabilidad de los más altos funcionarios políticos y militares del régimen de Alberto Fujimori. En medio del poco respaldo político, de las limitaciones de presupuesto y de lo lentamente paquidérmico que resulta el sistema de justicia en el Perú, lo hecho no es poca cosa.

Quizás el efecto más visible se señale en las personas que han sido condenadas y los procesos que han merecido este tipo de sentencias. A 8 años de la caída del fujimorato, hasta el día de hoy resulta sorprendente que las cabezas más visibles de dicho régimen hayan sido procesadas y sentenciadas, con arreglo al debido proceso. Hoy Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, Nicolás Hermoza y Absalón Vásquez se encuentran en dicha situación, cuestión impensable hasta hace poco tiempo. Lo mismo ha ocurrido con funcionarios cuyo enriquecimiento ilícito ha sido comprobado, así como en casos emblemáticos, como el golpe de Estado del 5 de abril de 1992 o el de los empresarios de televisión que vendieron su línea editorial con miras a la re-reelección del año 2000.

La prueba de que el proceso se ha sujetado al debido proceso lo demuestran las absoluciones en los casos en que no se encontraron elementos de prueba. El caso de la ex congresista Martha Chávez, a quien no se encontró evidencias de haber recibido dinero de las arcas del SIN, lo comprueba. Independientemente de las antipatías que puedan generar las opiniones políticas de Chávez, su inocencia fue confirmada por el Poder Judicial.

Sin embargo, el proceso en su conjunto no ha estado exento de problemas. Como lo ha demostrado la concentración de expedientes en el caso Fujimori, la estrategia más acertada era la de acumular 10 a 15 casos por temas, a fin de procesar con mayor celeridad un complejo campo de casos. Solo se pudo hacer - y a medias - en lo que se refiere al grupo Colina. Esta dispersión hizo que la atención judicial y mediática se concentrara en procesos menores - como los de Héctor Chumpitaz o Jacqueline Beltrán - y que con ello se generaran dos efectos: la pérdida de la posibilidad de hacer pedagogía anticorrupción con estos procesos y la dispersión de recursos en el Poder Judicial, lo que hizo que los casos más grandes e importantes no avanzaran con la rapidez requerida.

Ello ha generado que las sentencias más importantes son las que estén por dictarse. Se calcula que para marzo o abril se tendrá listo el fallo por los casos que comprenden al Destacamento Colina y que este año recién se iniciará el juicio oral a Vladimiro Montesinos por narcotráfico. Sin duda, este último proceso deberá echar mayores luces sobre una relación compleja y aun poco trabajada. Luego de releer hace algunos días El Espía Imperfecto de Sally Bowen y Jane Holligan, me queda claro que Fernando Zevallos será uno de los procesados clave para desentrañar la vinculación de Montesinos y las firmas de narcotráficantes. Y por ello preocupa tanto que maten a los vinculados al “Lunarejo”, a plena luz del día, en el Centro de Lima.

Donde sí hay que advertir los pocos avances es lo que se refiere a los llamados delitos económicos y financieros, en los que los procesados han sido tratados con guantes de seda y las investigaciones han sido lentas, sin el apoyo logístico y pericial que merecían, lo que deja todo un segmento de la corrupción de los años noventa en el limbo judicial.

Un balance de la lucha anticorrupción debe servir a las entidades encargadas de combatir y prevenir este flagelo para afinar las políticas que han venido destinando para esta tarea, corregir errores de estrategia y contar con mejores y mayores recursos para sus investigaciones. Sin duda, varios de estos elementos deberán ser contemplados para los procesos por violaciones de los derechos humanos y narcotráfico de los próximos años.

Esta es una tarea que debe comenzar el día de hoy. Señor Távara, señora Bolívar, señora Fernández, tienen ustedes la palabara.