Desde el Tercer Piso

Varios sucesos ocurridos durante el año pasado nos dan cuenta que el narcotráfico se ha convertido en el mayor problema de seguridad del país. Asesinatos de policías, la ausencia de una política clara en materia de seguridad ciudadana y lucha contra el tráfico de drogas y las amenazas a jueces y fiscales que investigan a las mayores firmas del país son una muestra de los efectos que puede llegar a causar esta actividad ilegal en nuestro medio.

Es nítido también que la solución a este problema no pasa únicamente por la represión y persecución policial y judicial de los involucrados en actos ilícitos, sino también por la repotenciación de las zonas rurales, abandonadas durante varios años, en las que la brecha entre los ciudadanos y el Estado y el mercado genera un escenario proclive a la aparición de alternativas reñidas con la legalidad.

Sin embargo, preocupa que, además de la carencia de una política de desarrollo en la selva de nuestro país, se sigan registrando contradicciones en la persecución judicial del narcotráfico.

Es lo que ha ocurrido con la disputa entre la Fiscal de la Nación y el Ministro del Interior por la protección a la Fiscal Superior Luz Loayza, una de las profesionales del sistema de justicia que ha enfrentado, con valentía, a Fernando Zevallos, el máximo capo de la droga en el Perú. Lejos de la defensa de la vida ejercida por el Ministro Alva Castro – en uno de los pocos aciertos de su gestión –, Adelaida Bolívar nos ha sorprendido a todos con una frase poco feliz: “Todo fiscal debe trabajar afrontando los riesgos. Si no tengo el coraje para desempeñar la función, no tengo el perfil para asumir el cargo”.

No se trata, como sostiene la Fiscal de la Nación, de un problema de personas reñidas con la valentía, sino de las precauciones básicas que un magistrado debe tener para poder ejercer su puesto sin presiones de ningún tipo, lo garantiza, por un lado, sus derechos a la vida y a la integridad personal y, de otro lado, su independencia.

Este último aspecto es el que parece estar en carestía en las oficinas de la avenida Abancay. Como lo han demostrado varios medios de comunicación, varios fiscales han sido sorprendidos en conductas sospechosas: ¿Qué hace la fiscal del caso Sánchez Paredes acudiendo a una diligencia en una camioneta de sus investigados? ¿Por qué un fiscal en Cajamarca pretende coaccionar la libertad de expresión, al tratar de averiguar las fuentes que dieron a un diario la “lista blanca” de los más grandes narcotraficantes del país? ¿Podría explicarnos la Fiscal de la Nación porque los informes fiscales aun en reserva sobre los Sánchez Paredes los pudo conocer el Estudio Souza & Nakasaki, patrocinante de la cuestionada familia trujillana?

Hay una palabra que define a personas como la procuradora antidrogas Sonia Medina Calvo, a los policías de DINANDRO que todos los días salen a enfrentar al narcotráfico o a fiscales como Luz Loayza. Pero parece que no se encuentra en el vocabulario común de muchas personas en el Ministerio Público, comenzando por su máxima representante. Comience a practicarla, señora Fiscal de la Nación: Coraje.

(Artículo publicado originalmente en Prensaperuana.com. Links añadidos para este blog)

MAS SOBRE EL TEMA:
Editorial de El Comercio: ¿Quién saca la cara por la legalidad?
Augusto Alvarez Rodrich: Unas piedras bien gordas
Fernando Rospigliosi: La Fiscal y el narcotráfico
CPN Radio: CNM investigará a Fiscal de la Nación
Correo: Procuradora Sonia Medina Calvo critica a Fiscal de la Nación