Desde el Tercer Piso

Aunque somos conscientes que la pobreza es el problema principal del país, generalmente no nos detenemos a ver cual es la manera más efectiva de enfrentarla. Nos encontramos ante un tema frente al cual tenemos pocas ideas de como enfrentarlo, más allá de los sentidos comunes presentes en el ambiente o de los discursos genéricos que se dan condenando el escándalo ético que supone que existan compatriotas que pasen penurias y que, además, nos hayamos vuelto permisivos ante las mismas.

Sin embargo, en los últimos días, he leido algunas cosas sobre el tema, que creo convenientes compartir con ustedes, amigos lectores, pues considero que llamar la atención sobre un tema que parece haberse convertido en “parte del paisaje”, sin que muchos nos detengamos a ver las reales dimensiones de este problema.

Según la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza – organismo con participación de entes públicos y de la sociedad civil – el balance de estos últimos años se puede resumir en que, si bien ha existido un crecimiento económico sostenido y se ha logrado una disminución relativa de la pobreza, aún persisten importantes brechas sociales y los mecanismos de redistribución siguen siendo poco eficientes para conseguir sus objetivos.

Desde el punto de vista de la Mesa de Concertación, el problema de la pobreza requiere, en primer lugar, de un cambio de actitud en la sociedad, que implica dejar de lado una tradición de exclusión y discriminación que ha acompañado las formas de vinculación entre el Estado y la sociedad y entre los propios peruanos. Este detalle coincide con las conclusiones de la CVR, que señalan que el conflicto armado interno vivido en nuestro país no habría tenido la cantidad de víctimas que tuvo si es que dichas condiciones no estuviesen tan presentes como sentido común de la sociedad peruana. Así, el tema de la lucha contra la pobreza no solo pasa por el crecimiento económico, sino que también cabe afianzar una cultura de derechos humanos en el Perú.

Este cambio de actitud parte de reconocer al otro como un ciudadano con derechos y obligaciones, por lo que es necesario el fortalecimiento de las instancias de organización y representación de la sociedad, así como de las instancias de participación en la elaboración de políticas públicas, en especial, las vinculadas con la lucha contra la pobreza.

Desde otro punto de vista, el Fondo Monetario Internacional recientemente ha publicado un informe en que indica los retos prácticos que deben enfrentarse en la lucha contra la pobreza. Por un lado, existe una importante brecha en infraestructura, que busca ser cubierta a partir de las modificaciones en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) para acelerar los proyectos, cuyos efectos están pendientes de evaluación. De otro lado, la fusión de los programas sociales, realizada por este gobierno, aunque es un avance en la mejora de la eficiencia de los mismos, aún es un paso pequeño para mejorar la necesaria coordinación entre proyectos y hacia una política integral en esta materia.

Asimismo, el Fondo ha detectado problemas puntuales en los programas sociales de lucha contra la pobreza, centrados básicamente en las trabas burocráticas y administrativas, que retrasan la ejecución de proyectos o terminan siendo aprobados sin necesidad de pasar por el SNIP, lo que puede ser perjudicial, tanto para la transparencia en la ejecución de los proyectos como en su destino final. Ello se complica por los pocos esfuerzos que ha realizado el gobierno en materia de descentralización y de concertación con las autoridades regionales y locales, lo que implica poca coordinación entre ellos para un esfuerzo que debiera comprometer a todos.

Finalmente, el FMI señala, en la misma línea que la Mesa de Concertación, que deben priorizarse aquellos programas que tengan relación con el desarrollo de capacidades que vaya más allá del mero asistencialismo. Ello implica que se trace una estrategia de lucha contra la pobreza que incluya componentes de reforma estructural en salud y educación, potenciación de las microfinanzas, potenciar el trabajo de la Mesa y, un punto que me parece fundamental: el incremento de la cooperación entre sector público y privado.

Justamente sobre este punto, destaco lo que una amiga blogguera ha señalado sobre la relación entre minería y pobreza:

Cierto es que si alguien viene a hacer uso de un “bien” de mi comunidad y se verá beneficiado con ello, resulta justo que por el trabajo realizado comparta el beneficio. En ese sentido, el asunto pasa por algo más que el tema medioambiental. En muchos casos, las zonas en las cuales se desarrolla está actividad, son también las zonas más pobres del país y, por ello, el Estado debería velar (sobre todo si desea reducir el índice de pobreza) que estas comunidades se vean beneficiadas con la mina que tienen ahí.

El descontento de la población en realidad, nace principalmente por este asunto. Digamos que el medioambiental es importantísimo, pero los daños (que son varios y graves) se sienten en un largo plazo. La pobreza es un problema del día a día, un tema que se hace sentir a cada hora y que, por ello, es de vital importancia en el país.

Pero esta reflexión no solo cabe hacerse en el campo de la relación entre la minería y las comunidades que las circundan, sino también, a todas las actividades económicas del país. Me pregunto, ¿de qué manera podemos formar cadenas productivas que generen puestos de trabajo en las zonas más pobres del Perú? ¿En que modo las empresas y la sociedad civil podrán enfrentar la pobreza más allá del asistencialismo y la caridad?

Estas son preguntas y reflexiones para seguir dándole vueltas. Pero creo que todos coincidimos en que el enfoque se centra en que todos tengamos las mismas oportunidades de ejercer nuestros derechos. Si de allí partiera la percepción del Estado y de la sociedad, habríamos ganado bastante. Aun estamos a tiempo de cambiar nuestra percepción.