Todos los días que vengo para la oficina veo edificios en construcción. Magdalena rápidamente viene reemplazando las casas que tenían 30 o 40 años por edificios en los que habitan de 20 a 40 familias, lo que me da una idea del boom constructor que se viene produciendo desde hace algunos años, a raíz de la reactivación económica y de los planes de financiamiento, tanto estatales como privados.
Sin embargo, la bonanza en vivienda tiene otra cara y tiene que ver con cuáles son los derechos que tienen los obreros de Construcción Civil. Sin duda, su situación ha mejorado al tener un Sindicato bastante organizado, ya sin mafias y en mejores relaciones con CAPECO.
Así como se requieren buenos salarios para los obreros, también es necesario que se brinden las condiciones de seguridad necesarias para evitar accidentes como los de ayer. Aquí hay responsabilidad compartida en el sindicato que deberá exigir mejores condiciones de seguridad en la nueva negociación del convenio colectivo con CAPECO, en las empresas constructoras que no pueden escatimar gastos en la seguridad de quienes hacen que ganen más, en el Ministerio de Trabajo que debe fiscalizar el cumplimiento de las condiciones de trabajo (por cierto, ¿le han aumentado el presupuesto al Ministerio con menos recursos?) y en las Municipalidades, que deben verificar las obras que se realizan con o sin licencia.
Por tanto, si el Congreso quiere mejorar su alicaída imagen y reducir los riesgos que tragedias como las de ayer vuelvan a enlutar a más familias, ya sabe lo que tiene que hacer. Antes de sus vacaciones, ¿podrían hacer una modificación de la norma que puede costar la vidas de más peruanos?
Sin duda, este no es solo un tema de seguridad e informalidad, es un tema de derechos humanos. ¿No que a nadie le importaban?
Mientras escribo estas líneas teniendo como fondo el video del juicio a Fujimori vía Canal N, hay un hecho entre varios que merece nuestra atención, por las contradicciones que vienen suscitándose en el Congreso de la República.
Ayer, El Comercio alertó sobre la no ampliación de la legislatura ordinaria, a pesar de la existencia de proyectos de Ley cuya aprobación es importante, como la reforma constitucional sobre el sistema de justicia, la Ley de Carrera Judicial, la Ley General del Trabajo y, con la aprobación del TLC, la decisión sobre si se otorgan facultades o no al Poder Ejecutivo para dar las normas necesarias para su implementación.
Dado que las materias son importantes, no se entiende porque el Congreso se conforma con tener a la Comisión Permanente funcionando. Cabe recordar que las modificaciones constitucionales no se pueden aprobar por dicha Comisión, lo mismo que las Leyes Orgánicas, como las que se plantea modificar como prioridad. Ello implica un severo problema legal.
Pero, más allá de las cuestiones jurídicas, el Congreso da una mala imagen. Como lo han advertido desde varios espacios, los congresistas se pelean espacios mediáticos antes que debatir temas de fondo. Si a ello se le suman los escándalos de empleados fantasma y asesores contratados por fuera del despacho parlamentario, se puede explicar porque nuestros representantes tienen una mala imagen. Y es que la agenda parlamentaria que nuestros sucesivos presidentes del Congreso muestran al inicio de su gestión como signo de orden en el debate, simplemente es letra muerta.
La medida, a pesar de lo antes mencionado, nos parece extrema.
Por un lado, no considero que deba darse facultades al Ejecutivo para esta materia. La vez anterior que se le otorgó para materias de seguridad ciudadana se dieron normas que vulneraban la Constitución, por lo que la confianza hacia el gobierno en el buen empleo de esta facultad está mellada.
De otro lado, creo que se requiere de un debate nacional sobre la forma de implementar el Tratado de Libre Comercio. El mejor camino para hacerlo es a través de una entidad con mayor representatividad como el Congreso. Y ello, además, haría que nuestros parlamentarios asuman su responsabilidad con los temas más importantes para el país.
No se puede aceptar que el Congreso pretenda evadir responsabilidades hasta marzo sobre temas y reformas que ya no pueden esperar más tiempo. Pero tampoco puede darse un cheque en blanco a un Poder Ejecutivo cuyo crédito está desgastado. Más que soluciones extremas, se requiere una coordinación entre ambas entidades que, hoy, simple y llanamente, es tan inexistente como la vocación del reo de Barbadillo por aceptar sus responsabilidades. Estaremos esperando.
Era el juicio más corto y por el que se esperaba una sentencia condenatoria. Sin embargo, como muchas cosas en el Perú, siempre necesitamos una prueba visible para creer.
Conocidas las primeras evidencias de la red de corrupción que operó durante su gobierno e iniciadas las primeras investigaciones en contra de su ex asesor Vladimiro Montesinos, Fujimori, ejerciendo funciones que no le correspondían, dispuso la ejecución de un allanamiento en los domicilios de Trinidad Becerra, esposa del mencionado ex asesor, con la finalidad de ubicar y ocultar pruebas que pudieran incriminarlo. Para dicho propósito abusó de sus atribuciones constitucionales y dispuso que personal a su cargo actuara como Fiscal en la referida diligencia.
Los hechos ocurrieron el 7 de noviembre del 2000 y contaron con la complicidad de efectivos de las Fuerzas Armadas y Policiales, quienes además de actuar bajo la dirección de un falso Fiscal, procedieron a la incautación de diversas maletas y cajas con documentos y vídeos, sin efectuar inventario alguno de los bienes o dejar constancia en acta de lo acontecido. Terminado el operativo, el material incautado fue trasladado en vehículos oficiales, al Grupo Aéreo Nº 8 y luego a Palacio de Gobierno para ser entregados al ex Presidente Fujimori, quien luego de manipular su contenido y seleccionar aquello que podría comprometerlo, hizo entrega del remanente al 41º Juzgado Penal Especial de Lima.
La Fiscalía había solicitado 7 años de prisión, mientras que la defensa de Fujimori había aceptado la culpabilidad, aunque quería que solo lo condenen a 4 años, procurando acogerse a la figura de la confesión sincera, lo que ha sido rechazado por la Sala Penal Especial. Es por ello que el ex candidato al senado de Japón solo ha apelado la pena y la reparación, no la declaración de culpabilidad.
¿Las consecuencias? Tres directas: - Fujimori no podrá pedir comparecencia - léase, libertad condicional - en los demás procesos, al tener ya una sentencia. - Fujimori no podrá postular el 2011, dado que la sentencia se cumpliría el 22 de septiembre de 2013, al cumplirse 6 años de la extradición. No se cuenta el tiempo que estuvo detenido en Chile. - Se acaba el mito de la inocencia de Fujimori, esgrimido durante años por sus partidarios.
Aún faltan los otros procesos, por lo que aún estamos ante un tema de largo aliento. Paciencia. Este partido recién se inicia
Sin duda, las bravatas hipertensivas de Alberto Fujimori han ocupado el centro de los titulares del día de hoy. Y es que, periodísticamente, la sucesión de gritos del ex candidato al senado nipón fue la noticia del día.
Sin embargo, y como es costumbre en este blog, me gusta nadar contra la corriente. Asi que, a riesgo de provocar un “Chernobyl” jurídico, quisiera concentrame hoy en los argumentos de la Acusación Fiscal contra Fujimori. Y es que, más allá de los devaneos de la presión del Chino y la vocería de Carlos Raffo, el tema de fondo es la responsabilidad judicial.
Durante años, la gente vinculada al ex mandatario ha dicho que no hay pruebas para involucrarlo como responsable penal de violaciones de derechos humanos. Mucha gente que está en el bando democrático también tiene sus dudas. Creo que el documento presentado por el Fiscal Pelaez sí contiene elementos suficientes de dicha responsabilidad.
LA CENTRALIZACION DEL PODER: Según recoge la Fiscalía, en 1991 se expidieron normas destinadas a que Fujimori tenga el control de la política antisubversiva, teniendo como principal ente coordinador al Servicio de Inteligencia Nacional, bajo el mando real de Vladimiro Montesinos Torres.
Sin embargo, aquí corresponde hacer una atingencia correspondiente a la verdad histórica. Señala Marco Sifuentes:
El GEIN de Benedicto Jiménez y, en general, la Dincote de Ketín Vidal lograron mantener a raya a los Colina y Montesinos. De hecho, cuando capturaron a Guzmán, no avisaron ni a Fujimori ni al Ministerio del Interior (dirigido por militares durante todo el fujimorato) ni al SIN
Con ello se rompe el mito del “Fujimori pacificador” (lean el resto del post citado para terminar de convencerse).
LAS DOS ESTRATEGIAS: Hacia el público, se deja constancia de una estrategia militar aparentemente ajustada a la Constitución y a la legalidad. Pero, en el fondo, se aplicó una estrategia de baja intensidad, en la que la eliminación de los presuntos subversivos era la clave. Por ello fue creado el Grupo Colina - según testimonio de Santiago Martin Rivas - y aparecieron manuales del Ejército como Equipos Básicos.
COLINA: Fue creado como un Destacamento dentro de la propia estructura del Ejército peruano. Por tanto, es errado considerarlo como un grupo “paramilitar”. Y ello hace que Colina contara con recursos para el financiamiento de sus operaciones y que estuviera sometido a la cadena de mando correspondiente.
En principio, el grupo quiso ser asimilado al GEIN, pero las desavenencias existentes hicieron que Colina fuera destinado al Servicio de Inteligencia del Ejército. Como hemos visto, ello hizo que la estategia de Fujimori no tuviera incidencia alguna en las capturas que fueron claves en la derrota de Sendero Luminoso.
Luego de la elaboración de un “manual contrasubversivo”, Fujimori, Montesinos y Nicolás Hermoza aprobaron la creación de un grupo operativo que aplicara la estrategia de baja intensidad. Así Colina pasó de ser un grupo de análisis de información a uno que hacía “operaciones especiales”.
BARRIOS ALTOS: Todos sabemos lo que ocurrió en dicha matanza. Pero es sintomático recordar que se utilizaron armas obtenidas con autorización del jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército y que los ejecutores llegaron en dos camionetas de uso oficial, sin placas de rodaje y resguardadas por un auto portatropas.
LA CANTUTA: En este caso, existió una coordinación previa de los altos mandos militares para llevar a cabo la operación que culminaría en la desaparición y ejecución extrajudicial de 9 estudiantes y un profesor de la Universidad Nacional de Educación.
SOTANOS SIE: Con conocimiento y aprobación de Fujimori, funcionó un Departamento de Búsqueda destinado a buscar información para la lucha contra el terrorismo, pero que, el 5 de abril de 1992, funcionó como estamento para la detención de diversas personas consideradas como “peligrosas”. La decisión de las detenciones estuvo concentrada en un pequeño núcleo conformado por Fujimori, Montesinos, Hermoza y el entonces jefe del SIE, Alberto Pinto Cárdenas.
En ese contexto se producen la detención ilegal de Gustavo Gorriti y, posteriormente, en junio de 1992, se captura al empresario Samuel Dyer.
LA RESPONSABILIDAD PENAL DE FUJIMORI: De acuerdo con el Dictámen Fiscal, estamos ante el caso de una persona que realiza por medio de otro el delito cometido. Ello, en términos jurídicos, se llama autoría mediata, en la que una persona que posee el dominio del hecho aprovecha la actuación que tiene sobre un intermediario que controla para poder cometer un delito.
Esta figura es más clara cuando nos encontramos ante aparatos organizados de poder. Mientras más alto estés en la cadena de mando, más control tienes sobre el hecho. Si los ejecutores directos del acto son intercambiables, se tendrá más control sobre lo que se va a hacer.
En el caso de Fujimori, tuvo dominio sobre el grupo Colina, ya que aprobaba las ordenes correspondientes a la estrategia de baja intensidad, se materializaron los crímenes sin importar quien era el ejecutor de las mismas, en una organización a la que se le proporcionaban todos los recursos logísticos suficientes para realizar sus actividades. La decisión sobre si realizar o no una operación era absoluta responsabilidad de Fujimori.
Debe tenerse en cuenta, sobre todo, la famosa entrevista hecha por Umberto Jara a Martin Rivas, en la que dice que todos los planes eran aprobados por Fujimori, dado que existía una decisión política de envergadura tal que requiería de una aprobación de alto grado. Asimismo, las felicitaciones dadas por Fujimori a los trabajos especiales hechos por miembros de Colina.
En el caso Sotanos SIE, Nicolás Hermoza, Alberto Pinto y Carlos Dominguez relatan que las ordenes de detención contra Gorriti y Dyer fueron transmitidas por Vladimiro Montesinos acatando una orden de Fujimori.
Las pruebas, sin duda, las iremos viendo a lo largo del proceso judicial. Sin duda, comienza una carrera de largo aliento, en la que las armas políticas pretenderán ser utilizadas para favorecer a Fujimori. Los jueces tendrán que estar atentos, el país, también.
Vaya que ha estado entretenida la primera audiencia del proceso judicial a Alberto Fujimori por violaciones de los derechos humanos. Aunque aún no se han discutido los temas de fondo del proceso, se han suscitado varias novedades en lo que respecta a la presentación de testigos y, sobre todo, al final, con la alocución del ex dictador.
Por parte de la parte acusadora y de la parte civil, se aceptó que el actual Presidente del Consejo de Ministros Jorge del Castillo sea llamado como testigo al proceso que tiene que ver con los secuestros en los Sótanos del SIE. Cabe recordar que Del Castillo fue detenido el 5 de abril de 1992, en la casa del hoy presidente Alan García Pérez y puede dar fe de las detenciones arbitrarias que ocurrieron ese día. Asimismo, han sido citados como testigos periciales los ex miembros de la Comisión de la Verdad y Reconciliación Salomón Lerner Febres y Carlos Iván Degregori.
Los alegatos de la defensa de Fujimori se centraron en defender la idea de que el Grupo Colina no era parte de la estrategia contrasubversiva que, de acuerdo con dicha defensa, encabezó el ex presidente. Militares y policías en retiro - entre ellos el ex Director de la PNP Marco Miyashiro - han sido presentados como testigos por la parte acusada.
De otro lado, el Fiscal reiteró su solicitud de 30 años de prisión para Fujimori por los delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro, así como una reparación de 100 millones de soles para todos los deudos y víctimas.
Al cierre de la audiencia, un descontrolado Fujimori intervino - mejor dicho, gritó - alegando su inocencia y, con el mayor cinismo, se declaró protector de los derechos humanos y siguió repitiendo arengas políticas, ante los aplausos de algunos fujimoristas.
El Tribunal encabezado por César San Martín lo mandó callar y recordó que el proceso es de carácter penal y no político. La audiencia se ha suspendido hasta las 3 pm.
El odio de los hombres pasará y caerán los dictadores y el poder que tomaron al pueblo será reintegrado al pueblo y así, mientras el hombre exista, la libertad no desaparecerá. (Charles Chaplin, El Gran Dictador)
Durante estas semanas que han mediado desde la extradición, me he preguntado muchas veces sobre la trascendencia de este proceso judicial, interrogante sobre la cual he encontrado algunas respuestas.
La primera es la estrictamente jurídica. Sin duda, un proceso penal tiene como principal objetivo establecer la responsabilidad de una persona, respetando sus garantías al debido proceso, para verificar si es que le corresponde una sanción. Con relación a este punto, la sentencia de extradición presenta suficientes elementos de prueba que, actuados en el proceso, pueden significar más de una condena significativa contra Fujimori por los hechos por los que se le imputa responsabilidad.
La estrategia de Fujimori será negar el conocimiento de los delitos por los que es acusado, señalando que todo se hizo a sus espaldas. Estategia que, a mi modo de ver, no se corresponde con la realidad. Una persona que siempre se jactó de tener el control de todo el poder y que, efectivamente, lo tuvo en relación con los aparatos de inteligencia, no puede alegar tener desconocimiento de las acciones cometidas por el Grupo Colina, más aun cuando median felicitaciones, declaraciones espontáneas de los propios miembros de este escuadrón y una estructura de mando que lo tiene como cabeza visible.
Pero hay otras dimensiones que se derivan de este proceso judicial, las cuales, no necesariamente serán cubiertas por el proceso en sí, pero que sí comenzarán a encontrar su catalizador a partir del inicio de este largo camino. Algunas ya las describi hace algún tiempo y se resumen en el debate aun existente sobre lo que significó el fujimorismo para el país, sobre todo, en lo que se refiere al aspecto usualmente alegado por los partidarios del ex candidato al senado japonés para justificar todo: la pacificación nacional. Y me remito a la columna de Jorge Bruce que resume esta contienda:
Lo que en realidad está en discusión -pero sus defensores no lo pueden decir en público-, es si esos delitos eran parte de lo que los fujimoristas y muchos peruanos todavía entienden como la tarea de ordenar y pacificar al país. Este non dit (tal como se denomina en francés a lo que se calla pero se sobreentiende), es muy incómodo para el actual presidente y su partido. Porque ellos eran en parte los causantes de esa situación de caos y zozobra que Fujimori heredó.
Y este párrafo de Bruce me da para traer a colación dos temas importantes.
El primero tiene que ver con la actuación del gobierno frente al fujimorismo, actuación que linda, en ocasiones, con la complacencia, y en otras tantas, con la complicidad. En realidad, los actuales dirigentes del gobierno - y no digo apristas, pues hay varios descontentos con ese giro, a pesar que la “disciplina partidaria” se los impida decir - se sienten bastante cómodos con este estilo de mantener el status quo, en el que también nadan bien los fujimoristas, dado que no se profundizan cambios de fondo frente al modelo de los noventa y, además, se protegen mutamente responsabilidades.
Como lo comentaba con una amiga el viernes pasado, ciertamente las responsabilidades políticas y penales son distintas, pero igualmente graves. De eso se han percatado bien en el gobierno en relación con su anterior experiencia, que no fue respetuosa de los derechos fundamentales en muchos aspectos, por cuestiones generalmente puestas en el plano de la omisión y difícilmente (por no decir imposible) justificables por parte de Alan García.
Ese miedo al pasado hasta ahora no afrontado de manera adecuada también es parte de las patologías con las que carga una administración mediocre como la que vivimos. Es lo que hace tener como receta económica y social a los discursos caninos del Presidente, y como receta institucional y de derechos humanos la amnesia, la parálisis y el gesto efectista de “mano dura” para contentar a un país que aun no se acostumbra a su condición de ciudadanía.
Y por allí va lo segundo, que tiene que ver con el Dia de los Derechos Humanos. Alguna vez alguien me dijo que el país no está preparado para vivir en democracia, lo que implica también que no está preparado para dar derechos a todos sus habitantes, considerándolos como ciudadanos.
En realidad, y esta es mi respuesta a ese comentario, ningun país estuvo “preparado” para la democracia. Simplemente fueron construyendo instituciones en la medida que la continuidad de gobiernos democráticos lo permitió. A esa continuidad hay que añadirle contenido social para que el 2011 no volvamos a cometer el mismo suicidio colectivo que en 1990.
Y cuando hablo de contenido social ciertamente hablo de derechos humanos: educación, salud, vivienda, alimentación adecuada, acceso a la justicia o que te respeten la lengua en la que hablas tiene que ver con aquellas cuestiones inalienables para el ser humano y que no dejan de ser interdependientes con el derecho a la vida, a que no nos torturen, a la libertad de expresión, a la seguridad o a la propiedad.
Ello, ¿qué implica? Pues que no debemos volver a canjear nuestra libertad y nuestros derechos a cambio de una mal entendida seguridad. Esa es la gran lección de los años noventa: un crecimiento económico mediocre y una pacificación que no tuvo relación alguna con las medidas autoritarias no son justificaciones para los atropellos cometidos por la dictadura y, menos aún, por los crimenes por los cuales, desde esta mañana, Fujimori será procesado.
Vistas así las cosas, el proceso a Fujimori nos brinda la oportunidad de hacer varias rupturas. Con la impunidad subyacente para los altos funcionarios sobre materias que debieran ser incuestionables en un país civilizado, los temores de hacer un gobierno más inclusivo y menos dependiente de votos que no son indispensables, la lenidad y lentitud de un Poder Judicial que se ganó a pulso su desprestigio y una cultura política que sigue privilegiando el fin sin que importen los medios.
Antes de escribir este post, veía a Chaplin en esa gran película llamada El Gran Dictador. Y allí, antes del discurso final del barbero judío, el Ministro de Propaganda de Tomania, decía lo siguiente:
“Hoy en día, democracia, libertad y igualdad son palabras que enloquecen al pueblo. No hay ninguna nación que progrese con estas ideas, que le apartan del camino de la acción. Por esto las hemos abolido. En el futuro cada hombre tendrá que servir al Estado con absoluta obediencia”.
En 1992, 90% del país creía en ese discurso. ¿Habremos aprendido la lección?
Ayer este Tercer Piso estuvo cerrado, dado que estuve en el concierto de Soda Stereo en el Estadio Nacional. Impresión general: un conciertazo. Pero para que no se queden con las ganas, aquí les van los momentos más saltantes de lo que, a despecho de quienes vieron a Roger Waters y Bjork, fue el evento musical del año.
LA POLEMICA DE LOS TELONEROS: En principio, Max Castro, Lucía de la Cruz y el Duo Ayacucho serían el espectáculo de apertura de los rockeros argentinos. El motivo más probable: bajar impuestos y congraciar a amigos de Armando Massé, el dueño de la APDYAYC. Al final, los empresarios de Soda dijeron “sorry muchachos, pero en ningún sitio hemos tenido teloneros”, Max Castro protestó y, a pesar de todo, el Duo Ayacucho cantó.
LA SORPRESA: Ver que varia gente que estaba a mi alrededor se sabía las canciones más caletas del concierto, como Imágenes Retro, Texturas, Sueles dejarme Solo o No existes.
EL PUBLICO MAS ANIMADO: Los que estaban en la tribuna de Oriente. Iniciaban las olas y los cánticos en el Estadio. Si así animáramos a la alicaída selección de fútbol…
CUANDO LA TRILOGIA SE TERMINO DE GANAR AL PUBLICO: Cerati en Cuando pase el temblor: Fuerza Perú, en alusión al terremoto de hace unos meses.
EL GRAN GAZAPO: En la misma canción, al final, cuando quisieron pegarla de contemporáneos y se mandaron con “Cuando pase el reggeaton”.
MOMENTOS FEELING: - Luces de celulares y encendedores en un Estadio sin luces cuando se cantaban frases como esta: He llegado hasta el fin con los brazos cansados Tantas veces te vi simulando un olvido y eso paso
- Un corazón latiendo en la pantalla gigante del escenario, mientras Cerati entonaba: Ella parece sospechar, parece descubrir en mi debilidad los vestigios de una hoguera
MOMENTOS APOTEOSICOS: - El inicio con Juegos de Seducción - La mayor parte de la gente saltando en la zona Pícnic en la canción del mismo nombre. - Nada Personal - Canciones entonadas en El Ultimo Concierto como El Rito, Un millón de años luz y En el Séptimo Dia, con arreglos finales distintos de Cerati en la guitarra. - El cierre con Te hacen falta Vitaminas
LAS QUE FALTARON: Opinión de fan de Soda: Trátame Suavemente, Luna Roja y Ella usó mi cabeza como un revolver.
MOMENTOS CUMBRE: - Primer amago de cierre del concierto, con todo el Estadio haciendo barras y olas por 10 minutos para que regrese Soda. - En la Ciudad de la Furia: Cambio de letra: “esta Lima es tan susceptible”. - De Música Ligera, con todo el Estadio Nacional vibrando. - Soda no se vaaaaa, al final del concierto.
No les cuento más, para que la gente que vaya hoy pueda disfrutar de lo que es una experiencia inolvidable. Aunque claro, ningún concierto es igual a otro.
Gustavo, Zeta, Charly: Gracias…(ya saben con que se completa).
Esta condecoración se produce en momentos en que confluyen varios intereses alrededor de un diario caracterizado por ejercer la diatriba y la difamación en su fase más virulenta y al cual habría que aplicarle la frase que alguna vez Gonzales Prada le aplicó a cierta etapa de la historia del Perú: donde pones el dedo, sale la pus.
Desde sus inicios, La Razón ha tenido acercamientos con el APRA y con un sector del Ejército. De un lado, congresistas apristas han sido columnistas de este diario y, en la actualidad, este medio es uno de los que apoya casi militantemente al segundo gobierno de Alan García. De otro lado, esta hoja de periódico ha sido la más leal apoyadora de las iniciativas más cavernarias que miembros en actividad y en retiro de las Fuerzas Armadas han tenido: un afan belicista contra Chile que busca - a gritos - una “guerra de revindicación”, la satanización de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y los defensores de derechos humanos y, por cierto, evitar cualquier intento de reforma del status quo castrense.
En los últimos tiempos, esta relación privilegiada con ambos estamentos se ha incrementado, de manera ciertamente preocupante.
Pero la relación con los sectores castrenses más retrógrados es, sin duda, la más interesante y puede terminar complicando la relación entre el Ejército y el Ministro de Defensa Allan Wagner.
Los punching ball favoritos del diario de la mafia se llaman Fabían Novak Talavera y Renzo Chiri Marquez, Viceministro y Secretario General del sector Defensa, respectivamente. A ambos se les pretende crear una imagen de débiles frente a las supuestas amenazas internas y externas y de pretender, en el fondo, abolir las Fuerzas Armadas. En particular, los temas referidos a la delimitación marítima con Chile, la Ley para Reglamentar el Uso de la Fuerza en orden interno y cualquier tema que tenga que ver con algún cambio en el sector.
En febrero pasado, este blog informó sobre la existencia de una campaña en contra de Wagner, Chiri y Novak cuyos mòviles centrales son evitar cualquier mecanismo de control civil democràtico en los institutos armados, asì como impulsar una desmedida compra de armas que procure tener una supuesta paridad armamentística con Chile, cuyo objetivo final sería tener una guerra con este país, para “vengar” la derrota de 1879. Asimismo, a Wagner y a Chiri no les perdonan haber tenido posiciones favorables al Informe Final de la CVR.
Pero la situación se complejiza aun más con un elemento común al fin de año: los cambios de puestos y relevos en las Fuerzas Armadas.
Es sabido que el actual Comandante General del Ejército, Edwin Donayre, se quedaría el siguiente año en su posición. Por tanto, como lo ha informado La República, está buscando colocar oficiales afines a él en los puestos claves del Ejército. La cosa está tan complicada que hasta se teme una pelea fuerte entre Donayre y el actual jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, almirante Jorge Montoya, quien, a su vez, es uno de los principales impulsores de las medidas que Wagner propugna para la modernización de las Fuerzas Armadas.
En suma, la condecoración supone la muestra más clara de la alianza conservadora que se ha instalado en el poder y que impide todo cambio o reforma sustancial, sea en lo económico, lo social o lo institucional. La Razón expresa, mediáticamente, dicho pensamiento contrario a toda consolidación de un sistema democrático que sea inclusivo y congruente con los valores democráticos. A eso se adhiere nuestro Ejército y nuestro Presidente de la República, sin que les importe que el Ministro de Defensa quede por las patas de los caballos de nuestros Húsares de Junín.
Ya saben, que no les extrañe si mañana le dan a Moisés Wolfenson la Orden del Sol del Perú, previo indulto firmado por el excelentísimo Señor Presidente de la República.
Ruben entra al restaurant donde almuerza al mediodía. La jornada de comercio en la provincia de Coronel Portillo es incesante y, dado que el avión ha llegado hace algunas horas, recién puede tener acceso a los diarios que han llegado de Lima. Pide el menú de costumbre, una Ucayalina y que le traigan Perú.21, para leer mientras se refresca un poco y recupera fuerzas para el trabajo de la tarde.
“Otra vez ‘la Vieja’“, se dice para sí, recordando el apodo que los gringos de la DEA le habían puesto al alcalde. Y justamente uno de los colaboradores de la DEA, a quien Ruben recuerda vagamente haber visto alguna vez, Oscar Benítes, es quien ha mencionado, con lujo de detalles la operación de tráfico de drogas, en la que Valdez puso 300 de los 580 kilos de cocaína que llevaron a Estados Unidos.
Su compadre Jorge, que vive en Lima, le había contado la última vez que estuvo por la capital que una periodista inglesa, que hace años vive en el Perú, había perdido un juicio por citar en un libro las declaraciones de Benites en contra de Zevallos. Y hace pocos días había leido que el Lunarejo tenía contactos con la gente de arriba. Sobre el vaso vacío, volvía a caer el líquido de cebada y lúpulo que había consumido con fruición mientras veía la noticia en el diario. El recuerdo se patentizaba en su mente, mientras llegabamos a los 33 grados de temperatura.
Valdez nunca tuvo buena reputación, siempre se dijo que estaba vinculado a cosas no santas, igual que su sobrino, Víctor Valdez, que fue congresista por Ucayali y del que no sabemos nada aquí en Coronel Portillo desde hace tiempo. Se decía que la fábrica de madera del alcalde dispuso una avioneta para el tráfico de armas a las FARC, donde estaba metido Montesinos y parece que hasta Fujimori.
Hace tiempo vino un reportero de allá de Lima, que también estuvo investigando algo sobre sus negocios de madera, Sifuentes creo que se llamaba. A las semanas vi en la tele que nuestro alcalde tendría algo así como 50 concesiones de madera obtenida solo Dios sabe como. Y como es de Lima, ese patita de lentes no corrió la misma suerte que otro periodista.
¿Por qué tiene tanto poder?, se pregunta Ruben mientras termina el plato de comida y se sirve lo que queda en la botella. Quizás sea, dice en voz baja, porque muchos de los políticos de aquí también tienen vinculos con los narcos. Como ese pata, Julio César Reátegui, que postuló como teniente alcalde de Pucallpa por el APRA y había resultado ser abogado de Zevallos en los mismos años en que dicen que se iniciaba en el negocio y, luego, defensor de uno de los lugartenientes de Valdez que mató al periodista Rivera.
Antes de dejar cancelada la comida, Ruben se pregunta por qué esta situación no cambia. Mira la cerveza que ha tomado y se da cuenta que es de la fábrica del alcalde, que la madera que ayuda a transportar es de la compañía del alcalde, que hasta el cementerio donde le lleva flores a su mamá todos los domingos también es de Valdez. Se percata que su pueblo está atrapado en una vorágine que viene desde hace varios años y que no sabe como va a salir de esta. La lluvia comienza a caer y hay que volver a trabajar, mientras los Luis Valdez Villacorta del mundo se siguen saliendo con la suya.
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