LA NAVE DEL OLVIDO
Escrito por: Jose Alejandro Godoy en amnistía, derechos humanos, memoria histórica
El artículo que escribí el viernes sobre la improcedencia jurídica y ética de las Leyes de Amnistía ha desatado una serie de comentarios que creo necesario responder y ampliar. Creo que el tema mantiene una particular relevancia, no solo por los juicios sobre Fujimori, sino también porque se terminan confrontando dos versiones sobre lo que fue el conflicto armado que vivió el país.
Comencemos por precisar que es erróneo hablar de una “ideología derechohumanista” como si fuera algo contraproducente para el país o fuese algo manipulatorio. Los derechos humanos no son patrimonio de un grupo o de una ideologia, sino que es la plasmación en reglas básicas de la dignidad de todo ser humano - sin importar cual sea su conducta ética - que todos nos debemos. Y ello debieran compartirlo liberales, comunistas, conservadores y demás personas en el mundo.
¿Por qué es importante mantener los hechos dolorosos que nos sucedieron en el recuerdo? En primer lugar, porque no todo se ve con el prisma de “para que me sirve” utilitario que acompaña el pensamiento de muchos, que miden el mundo con criterios meramente economicista. El crecimiento económico - bien lo sabemos en estos años de bonanza - no es suficiente para que la gente viva bien o es un pretexto para decir: olvídemonos de lo que pasó. Y es que los derechos de cualquiera de nosotros no se deciden por votación popular o encuestas, sino que son inherentes a nuestra calidad de seres humanos y no se pierden por ninguna acción que cometas.
En segundo lugar, porque es necesario tener en cuenta que el Estado no puede proceder como quiere a la hora de combatir el terrorismo. Sin duda, tiene el derecho y el deber de defender a sus ciudadanos de lo que supone una amenaza a los derechos de todos - Sendero Luminoso y el MRTA lo fueron y de eso no cabe ninguna dura -, pero no puede hacerlo utilizando los mismos métodos empleados por ellos.
Ganar una guerra no supone hacer lo que se da la gana, por más que la causa que se defienda sea justa. Y ello tampoco es pretexto para evitar procesos judiciales. Si se cometieron delitos, pues hay que responder por ellos si es que se encuentran los elementos suficientes de prueba. Aceptar que se cometieron violaciones sistemáticas y/o generalizadas de los derechos humanos no es una afrenta a las Fuerzas Armadas, sino que debe suponer una necesaria reflexión sobre su papel cumplido y como es que este tipo de prácticas eran, a la vez que ética y jurídicamente reprochables, poco eficientes para la derrota de la subversión. Se ganó el conflicto en términos militares, pero fue a pesar de dichas vulneraciones de los derechos fundamentales. Quizás a Andrés Bedoya Ugarteche le convenga tener eso en cuenta, antes que seguir citando al almirante Emilio Massera, uno de los principales represores de la dictadura argentina.
Y enunciar este tipo de cosas no supone hacerle el juego a Sendero Luminoso o al MRTA. Por el contrario, implica que el Estado tenga una superioridad moral que se traduzca en acciones. Menos implica pedir una amnistía por crímenes tan execrables cometidos por los grupos encabezados por Abimael Guzmán y Víctor Polay. Por el contrario, la CVR estuvo contraria al establecimiento de este tipo de complacencias o leyes de olvido porque no contribuyen en nada al objetivo de la reconciliación, menos aún cuando la propia Comisión señaló que SL era el principal responsable de lo ocurrido al país entre 1980 y 2000. Recordar lo se dijo es necesario:
El primero y principal culpable, desde todo punto de vista, es la organización terrorista autodenominada Partido Comunista del Perú – Sendero Luminoso. Lo es porque fue quien desencadenó la violencia, precisamente cuando los peruanos recuperábamos la democracia; lo fue porque quiso imponernos mediante la práctica del terrorismo un modelo de organización social supuestamente superior, cuando los peruanos veníamos transformando nuestra sociedad, haciéndola más humana, más plural, más equitativa, en un proceso lento, es cierto, pero fundamentalmente pacífico y participativo.
La Comisión ha encontrado en los militantes del autodenominado Partido Comunista del Perú-Sendero Luminoso, y de manera principal en sus jefes ideológicos y políticos, su Comité Central y sus principales órganos de conducción, responsabilidad por graves y numerosos crímenes de lesa humanidad, practicados con una crueldad inaudita en la historia de nuestro país. Sería ocioso, seguramente, pretender explicar a ustedes, compatriotas de Ayacucho, la magnitud y crueldad de esos crímenes que ustedes conocen mejor que el resto de peruanos: el reclutamiento forzado de niños y adolescentes, las prácticas de torturas para castigar y aterrorizar a la población, los aniquilamientos selectivos y las masacres de comunidades campesinas, el abuso sexual contra las mujeres, esa suerte de deleite que parecían sentir en ocasionar sufrimiento a sus víctimas. La Comisión ha encontrado que la dirección política y militar del PCP-SL es responsable de violaciones de los derechos humanos practicadas de manera sistemática y generalizada como parte de su estrategia de poder.
¿Cómo explicar la degradación de una agrupación de seres humanos hasta ese nivel de crueldad? Será imposible, de seguro, ofrecer una respuesta completa. Pero la Comisión considera que los crímenes de lesa humanidad cometidos contra el pueblo ayacuchano, contra los pueblos de los andes peruanos, contra el Perú en general, no hubieran sido posible sin la voluntad obstinada de un grupo de personas, aferrados a una ideología totalitaria que despreciaba el valor de la vida humana y que se expresaba en un culto delirante a su líder, Abimael Guzmán Reinoso, ese líder que pedía a sus militantes pagar una cuota de sangre por la revolución, que los inducía al sacrificio de sus vidas para provocar al Estado, que les exigía llevar la vida en la punta de los dedos. Ese líder, en suma, que nunca abandonó la tranquilidad de sus refugios urbanos y que apenas sintió en peligro su vida no vaciló en abandonar todas las consignas guerreras con las que había empujado a la muerte a sus jóvenes militantes y propuso un inverosímil acuerdo de paz.
Para la Comisión, por la magnitud de sus crímenes, y por su naturaleza criminal, por su práctica recurrente del terrorismo, el Partido Comunista del Perú no puede tener un lugar en la sociedad democrática que queremos construir.
Juzgar a quienes cometieron crímenes no es una persecución, como enunció ayer el personaje que, para desgracia de los católicos en el Perú, ejerce el rol de Cardenal y Arzobispo de Lima. Juzgar implica reconocer, en primer lugar, que no estamos ante meros excesos. Como se decía en el mismo discurso que he citado:
Debemos decir, en primer lugar, que es insostenible, casi una afrenta para las víctimas, insistir en que solamente se cometieron excesos. Un exceso es una extralimitación en el cumplimiento de las funciones. Y la Comisión no ve cómo, de qué manera, pueden considerarse como tales las numerosas violaciones de derechos humanos que se cometieron principalmente en las zonas bajo dominio de los comandos político-militares.
Pero los procesos judiciales implica, fundamentalmente, reconocer en las víctimas de lo ocurrido en otros semejantes a nosotros. Desgraciadamente, muchos no han podido aceptar la dolorosa verdad de que la mayor parte de víctimas se registró en las zonas más pobres de nuestro país, justamente por prácticas que no tomaron en cuenta los derechos de quienes moran allí y que enfatizaron en rasgos comunes de nuestra sociedad como el racismo y la discriminación de género, así como se complejizaron con dinámicas regionales y locales que hicieron que personas de una misma localidad se mataran entre ellas. Así de compleja fue la realidad en el Perú.
Perdonar, como lo dije en el artículo anterior, corresponde a la voluntad de cada persona y, por ende, se maneja en el ámbito interpersonal, no en el del Estado. El ámbito estatal tiene que ver, fundamentalmente, con construir las condiciones que impidan que el dolor vivido en estos años se repita. Y entre esas condiciones, se encuentra, sin duda, los procesos judiciales que deben seguirse para que quienes se sintieron afectados en sus derechos puedan alcanzar justicia y, por fin, puedan ir dejando atrás, en la medida de lo posible, esa página dolorosa de su historia personal y de nuestra historia colectiva.
En estos días en que nos acordamos de lo que implica darse a los demás, quizás sea un buen momento para pensar sobre la importancia que tiene la dignidad del ser humano en nuestras vidas, sobre todo, de aquel a que no conocemos. El flaco - para algunos Dios, para otros, un gran hombre - que vino hace 2007 años bien que nos los recordaba y miren quienes eran sus amigos para ver que no eran precisamente los más capos o privilegiados. No hay necesidad de creer en El para poder entenderlo.
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