Desde el Tercer Piso

Vía Perú.21:

El Congreso de la República rechazó esta tarde la moción de censura presentada por un sector de la oposición contra el ministro del Interior, Luis Alva Castro, quien hace dos semanas fue interpelado por la cancelada adquisición de 698 patrulleros chinos, así como por la compra de material antimotines para la Policía Nacional.

Esta iniciativa no prosperó al necesitarse un mínimo de 61 votos, es decir, la mitad más uno del número legal de parlamentarios. La votación final, arrojó como resultado 51 votos a favor, 30 en contra y 10 abstenciones. Esta última fue la posición tomada por la bancada fujimorista.

Varias cosas que mencionar.

No fueron todos los congresistas. 8 estaban con licencia ¿Y los demás? Esto provocó que la abstención fujimorista terminara salvando la cabeza al incinerado Ministro del Interior. Un respiro para Palacio de Gobierno y para el APRA.

Sin embargo, si Jorge del Castillo quiere hacer una evaluación a conciencia de su equipo ministerial, deberá percatarse que no puede seguir manteniendo a un Ministro que causa tantos problemas al gobierno.

La permanencia de Alva Castro gracias a la falta de votos para censurarlo sin duda supone un alivio para el gobierno. Pero no representa una victoria. El hecho de tener una cartera tan importante al garete, que requiere de reformas urgentes y de la cual depende un aspecto tan importante para la ciudadanía como es el de la seguridad ciudadana es un baldón para cualquier gobierno que se precie de serlo.

Si el Congreso no pudo censurarlo, tal vez sea hora de que el Ministro entienda que su presencia le hace daño al partido que tanto aprecia y al país por el que dice trabajar. La renuncia siempre es más digna que una “salida por evaluación”. Quizás sea el único camino que le quede a Alva Castro, si es que aún tiene algo de decencia en su interior.

LAS REACCIONES:
Jorge del Castillo: Esto no se puede calificar como triunfo o derrota
Guido Lombardi: Ministro del Interior ha quedado sin peso político
Luis Benavente (Universidad de Lima): Blindaje a Alva Castro le está costando mucho al Gobierno
Menos Canas: Decepción anunciada

Jorge del Castillo ha iniciado ayer la evaluación ministerial con vías a un recambio en su equipo. Esa es quizás la noticia más significativa en términos políticos para el gobierno de Alan García y merece ser vista en su real dimensión.

Por un lado, el cambio atiende a algo que es preocupante para un gobierno en el que la imagen cuenta mucho: la caída en la aprobación presidencial. Luego del alza que supuso la reacción gubernamental frente al terremoto, la agenda gubernamental volvió a situarse en los temas que teníamos antes del 15 de agosto: los cuestionamientos al Ministro del Interior, la falta de manejo de conflictos sociales como el de Majaz y a ello se sumaron las alzas coyunturales de los precios de los alimentos.

De otro lado, como toda organización hace regularmente, es necesario evaluar cuales han sido las metas cumplidas y cuales son los obstáculos mayores. Con las evaluaciones que hicimos al cumplirse el primer año de gobierno (La Diplomacia, la Espada y la Seguridad; Y sin embargo ¿Se mueve?; lo social con Alan II y el gran baldón de Alan García) junto a la hecha hoy por Perú.21, me queda claro la necesidad de cambios en algunos sectores, sea por problemas serios de gestión o por actos reñidos con la ética:

- Interior: Quizás el cambio cantado, por motivos más que evidentes. Probablemente, esta noche tengamos la decisión tomada, pero por el Congreso.
- Educación: A pesar de enfrentarse al SUTEP, Chang ha tenido una gestión deficiente en la mejora de la calidad educativa y no ha dudado en favorecer a los amigos. Su última perla, contada hoy por León Thathemberg: evaluar a los maestros sin tener listo el Reglamento de la Ley de Carrera Magisterial, por la que tanto peleó.
- Salud: Gestión deficiente por falta de preocupación gubernamental, el escándalo de la compra de ambulancias, problemas con los bancos de sangre y, ahora, dificultades con el SIS por ayuda a Pisco y consultorías con la encuestadora favorita del gobierno.
- Vivienda: Lluvia de escándalos: las consultorias del amigo del Ministro, el falso meteorólogo Abraham Levy, las mermeladas a La Razón y el caso Carlos Arana, que hoy tiene una nueva arista: la hermana del ex viceministro estaría ganando con Agua Para Todos.
- Justicia: Más allá de la extradición de Fujimori, la lucha contra la corrupción ni la reforma judicial son prioridades para el gobierno y menos aún la defensa de los derechos humanos.

Al margen de los nombres, se requieren cambios de rumbo en estos sectores y ajustar algunas cosas en otros. ¿Será esto parte de la evaluación que haga el Presidente y el Presidente del Consejo de Ministros? Ojalá me equivoque, pero creo que no.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: Palanca de cambios
El Comercio: Ministro de Economía desmiente su renuncia
Perú.21: CONFIEP pide continuidad del Premier y del Ministro de Economía
Pepi Patrón: Evaluación de ministros está vinculada a escándalos en Ministerio del Interior.
Juan Carlos Eguren: UN pide cambios parciales para descontaminar gabinete
Eduardo Toche: Cambios ministeriales evitarían crisis en gobierno
La Pura Purita: Intercambio de camisetas
Juan Sheput: Gabinete en jaque

(Composición Fotográfica: Perú.21)

En estos días, estoy leyendo La Cuarta Espada. La historia de Abimael Guzmán y Sendero Luminoso, escrita por Santiago Roncagliolo, peruano que vive en España y a quien todos conocen por la novela Abril Rojo.

Para quienes ya manejan ciertos códigos y datos con relación a Abimael Guzmán o Sendero Luminoso el libro les podrá decir muy poco. En realidad, creo que Roncagliolo ha escrito el libro - por cierto, con una prosa que se deja leer rápidamente - principalmente para el público foráneo, que desconoce muchos detalles de lo ocurrido en el Perú.

Y en ese intento, Roncagliolo busca dar ciertas interpretaciones y metáforas a sus lectores para acercarse más a un inexpugnable personaje y a su intrincada visión de la realidad. La intención es loable, pero parece que, por momentos, el autor no mide hasta donde puede llegar con los recursos literarios. Por ejemplo, en la página 71, deja la siguiente analogía sobre la ideología de Sendero Luminoso:

“El valor casi místico que se atribuye la ideología recuerda a la Fuerza de Luke Skywalker, una herramienta espiritual y trascendente que le da a su usuario poder ilimitado. Por supuesto, materialista no cree en fuerzas del más allá. Pero para Guzmán, el marxismo es “ciencia y, a su vez, una ideología”, es decir, una verdad trascendental. Este tipo de marxista realiza el mismo proceso racional que un teólogo. Dispone de argumentos racionales, pero en lo fundamental, lo suyo es un acto de fe”.

(Para quienes quieran ver hasta donde la ideología senderista era subordinadora y la metáfora del autor es desacertada, ver aquí)

Más que la historia grande del conflicto armado interno - que la podemos leer en el Informe Final de la CVR - Roncagliolo apuesta por contarnos lo que ocurría en la trastienda y lo enlaza con su propia historia personal. La pregunta que me queda en el camino es si no termina banalizando al personaje del que intenta hablar y a la historia detrás del personaje que intenta resaltar. La respuesta espero tenerla al terminar el libro.

MAS SOBRE EL TEMA:
La República: Roncagliolo: “Nuestra sociedad puede ser psicópata y brutal”

Nuevamente se hace contratación para oficina que no existe

Hace algunos meses, para ser más exactos, en abril de este año, el congresista Víctor Andrés García Belaúnde señaló que el Primer Vicepresidente de la República había contratado a varias personas como sus asesores e implementado una oficina, a pesar que el cargo no lo requiere.

A los pocos días, este blog denunció que también la Segunda Vicepresidenta de la República tuvo asesores pagados por la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta denuncia provocó las reacciones de la propia Lourdes Mendoza y del Presidente del Consejo de Ministros, quienes trataron de negar lo que era evidente: contrataciones irregulares, para un cargo que solo tiene la función de ver si el Presidente de la República está bien de salud y de reemplazarlo cuando está fuera del país. Tan es así que los dos vicepresidentes no están contemplados en el organigrama de Palacio de Gobierno o del Poder Ejecutivo.

Estos casos fueron tan groseros que dos medios con líneas periodísticas tan distintas como Perú.21 y La Ventana Indiscreta se ocuparon - y editorializaron - sobre el particular.

Sin embargo, no aprenden.

El 27 de septiembre de 2007 fue otorgada la buena pro del Procedimiento de Menor Cuantía Nº 175-2007/PCM, destinado a contratar por tres meses a una persona que brinde servicios de prensa para la Primera Vicepresidencia de la Republica.

El pago total por los 3 meses de trabajo: S/. 3,000.00, proveniente de recursos ordinarios. Es decir, de una partida expresamente destinada para este fin. Y el favorecido se llama Henry Christian Cotos Campean.

La cantidad no es alta, pero el modus operandi es el mismo. La Presidencia del Consejo de Ministros - cuyo responsable principal es un respetado dirigente del APRA - sigue otorgando dinero para que los Vicepresidentes - en este caso, el señor Luis Giampietri Rojas - dispongan a su antojo para la contratación de asesores, a pesar que su cargo no lo requiere y que ya cuentan con la dotación de personal a su cargo que tienen por ser congresistas de la República.

Tratándose de quien se trata y siendo un caso reiterativo, urge que se inicie una investigación exhaustiva en la Contraloría General de la República sobre estas contrataciones irregulares. Y el señor Del Castillo deberá dejar de seguir justificando cosas como estas.

Asi quieren que sigamos creyendo en la austeridad o en lo que decía ser un cambio responsable.

Dicen que los fantasmas no se van cuando aun tienen asuntos pendientes por arreglar aquí en la tierra. Y aunque yo no soy ningún fanático de los fenómenos paranormales, parece que, en algunos casos, esa parece ser la regla.

A los señores que ocupan la Presidencia y la Primera Vicepresidencia de la República los une un caso en particular: El Frontón. Por lo menos, ante un sector de la población, ambos aparecen como responsables de las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron luego del develamiento de dicho motín. Y, claro, también están quienes dicen que eso fue de las pocas cosas “buenas” que se hizo en el primer régimen de AGP. Lo cierto es que esto explica las actitudes negativas de ambos personajes frente a las recomendaciones de la CVR o hacia los organismos de derechos humanos.

Este clima ha impedido que se llegue a conocer con exactitud que ha ocurrido en este caso, a pesar que dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 1991 y 2000) han señalado que el caso debiera ser investigado hasta dar con todos los responsables. La Comisión de la Verdad y Reconciliación vio el caso y determinó algunas de las responsabilidades directas. Sin embargo, la responsabilidad penal de García y Giampietri no fue determinada y, actualmente, el caso se ha cerrado para ellos.

Y para aumentar más las suspicacias, la esposa del jefe de los procuradores del Estado (aprista, para más señas) fue una de las magistradas que ha declarado prescrito el caso, por considerar que no había ocurrido un crímen de lesa humanidad. O claro, como olvidar que el abogado de los marinos en este caso trabajó para Giampietri en este gobierno.

Lo cierto es que, involucrados o no García y Giampietri en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Perú que reabra el caso. Y es que, la verdad, a pesar de algunos avances, el proceso judicial no ha avanzado como debiera. Resulta un escándalo que 21 años después de estos sucesos no tengamos a un responsable de estos sucesos con una sentencia firme.

Pero, más allá de cuestiones jurídicas, lo cierto es que el gobierno no quiere la responsabilidad que la CVR le otorgó a García en este caso: la responsabilidad política. Y es que, si bien se pueda demostrar o no que García dio la orden, consintió en los hechos o se enteró en el acto de los mismos, lo ocurrido en los penales fue una carnicería sin nombre. Que el Estado tenía todo el derecho y el deber de develar un amotinamiento y retornar al orden público, eso lo sabemos todos.

Lo que García, Giampietri, sus seguidores y un sector del país no aceptan es que una política contrasubversiva no se basa en muertes, asesinatos por la espalda, desapariciones o torturas. Ello quita legitimidad al Estado y, además, cuando se produce contra los civiles que no tienen que ver en el conflicto, demora el proceso de colaboración de ellos con las fuerzas de seguridad. Ello explica porque hicieron tantos aspavientos cuando salió la sentencia por el caso Castro Castro. Y nos indica la calidad humana de la gente que nos gobierna: una clase política que olvida que la pérdida de una vida humana a manos de otro ser humano no merece justificación simplemente no ha aprendido nada de lo que nos ocurrió como sociedad.

Lanssiers me decía que “para Sendero no existen militares corruptos o militares excelentes, basta que lleven uniforme para ser condenados”. Y hoy, releyendo al viejo para escribir esto, me doy cuenta que su pregunta de ¿dónde está el hombre? sigue siendo válida. Lo triste es redescubrir que ese desprecio y negación de la vida está en algunos de quienes decían defendernos y que ahora tienen nuevamente el deber de hacerlo.

Ya me han dicho de todo por decir todo esto de cuando en cuando. Sin embargo, es lo que cualquier liberal consecuente haría: condenar el salvajismo y la barbarie, viniera donde viniera. Lo aprendí desde pequeño. Hay lecciones de vida que nunca se olvidan.

Los lectores de este espacio saben que soy partidario de la inversión privada como motor de la economía. Sin embargo, también conocen que opino que dicha inversión no puede hacerse atropellando los derechos de los demás, sean los laborales o los ambientales. Y quizás haya que incidir mucho más en este último punto.

Leí ayer la entrevista que le hicieron a Rosa María Palacios en La República y me quedo con este extracto de sus declaraciones, que me permitirán ilustrar lo que diré después:

–Sí, entonces la empresa minera hace la escuela, la carretera. Pero luego tienes otro problema. Un país moderno tiene que establecer reglas de control ambiental, pero qué pasa, que la población no cree que el Estado las va a hacer cumplir, y por eso se oponen a la minería. Si la gente maneja en el Perú sin brevete y no pasa nada, ¿por qué la minera no va a tirar su cochinada sin que pase nada? El Estado trata de hacer consenso entre minería y población, cuando es el que debe hacer cumplir la ley, él es el actor principal.

Pues bien, contradiciendo a Rosa Maria, el Estado no viene cumpliendo con ese rol de preservación del medio ambiente, con miras a un desarrollo sostenible. Ya algo se anticipaba con las extrañas movidas en CONAM, pero dos proyectos de Ley presentados por el Poder Ejecutivo confirman que en Palacio de Gobierno se sigue sin pensar a largo plazo o en todas las consecuencias de los actos que realizan.

El 22 de septiembre, se presentó un proyecto de Ley para declarar de interés nacional la promoción de la inversión minera. En su fundamentación de motivos se dice que se busca agilizar las diversas etapas de los proyectos de inversión minera y, además, se priorizan una serie de proyectos, entre ellos, el de la polémica: Majaz.

El problema central con este proyecto, de solo tres artículos, es que no define como se agilizarán estos procedimientos en los proyectos de inversión minera priorizados, lo que puede llevar a que los ya de por sí leves controles ambientales se relajen más.

Y a ello se suma lo que viene ocurriendo en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, conocido también como la cuenca del Candamo. Otro proyecto de Ley que viene siendo discutido en el Consejo de Ministros amenaza esta zona de conservación ambiental, al recortarse parte del área de protección para la concesión de un lote de hidrocarburos.

Por cierto, ya hace 10 años, el documental Candamo: la ultima selva sin hombres había señalado el peligro que corría la zona por este tema.

Lo peligroso es que el proyecto no ha tenido la viabilidad técnica del INRENA, cuestión que le costó el puesto al Intendente de Areas Naturales Protegidas de esta institución, Luis Alfaro. Es decir, al igual que en el caso del CONAM y del proyecto anterior, la institucionalidad ambiental vuelve a ser rebalsada.

Tan importante como la inversión minera es que ésta se realice de la mejor manera que no solo garantice ingresos para las zonas donde esta actividad se realiza, sino que se respete la sostenibilidad de otras actividades económicas y del futuro de las siguientes generaciones. Esa visión es la que diferencia a un politico de un estadista. Pero parece que la segunda está lejos del ideal de Palacio de Gobierno.

Cubierto por cortinas de humo, el tema de la censura a Luis Alva Castro entra a un serio punto de entrampamiento a pesar que existen suficientes motivos para que este personaje, un viejo dirigente aprista, deba salir del Ministerio del Interior.

En un post anterior detallé las razones por las que consideraba conveniente esta salida, sobre todo, dadas las mentiras dichas durante la interpelación, sobre todo, en lo que respecta a la antigûedad de los pertrechos militares, que Alva sigue repitiendo que se compraron por última vez en 1994. Sin embargo, esta noticia del diario argentino Clarín, aparecida el domingo 30 de julio de 2000, luego de la Marcha de los 4 Suyos, lo desmiente:

Los 35.000 policías desplazados en el centro de Lima utilizaron aproximadamente 12 toneladas de bombas lacrimógenas para reprimir a los manifestantes de la “Marcha de los Cuatro Suyos”, dijeron fuentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

Los proyectiles de mayor demanda fueron los de la clase “514-CN” y “515-CS”, que al ser detonados masivamente consiguen una rapidísima difusión y se mantienen en el ambiente hasta por 15 minutos.

Con esto se comprueba un procedimiento similar a la compra de pertrechos cuestionada hace semanas - lo que implica modus operandi que no han sido combatidos oportunamente - y la confirmación de que el Ministro engañó al Congreso de la República y a la ciudadanía en general. ¿Y qué hace el Ministro?

Pues contrata publicidad a montones para mejorar su imagen. La Resolución Ministerial N° 0565-2007-IN/PNP exoneró del proceso de selección la contratación de servicios de publicidad, con lo que el Ministerio ha podido suscribir contratos por cantidades significativas con los medios de comunicación, en tiempos de austeridad y con una gestión sumamente cuestionada.

Peor aún, siguen saliendo los signos de que algo anda mal con las compras en el edificio de Corpac. Hoy El Comercio presenta un reportaje de su unidad de investigación que evidencia la celeridad que se tuvo en la compra de pertrechos: el 18 de julio de 2007 se aprobaron 10 documentos que permitieron dicha operación, que fue firmada por el propio Alva Castro ese mismo día. Una celeridad que debería ser la que caracterice a los procedimientos en favor de los ciudadanos termina siendo la principal aliada de malas prácticas y favorecimientos indebidos. Es más, ayer el diario decano, que no acostumbra hacer muchas olas en torno a cambios ministeriales, se mandó con un editorial pidiendo la salida de Alva Castro.

A estas alturas, la permanencia del actual Ministro del Interior es insostenible. Sin embargo, hay dos elementos que juegan a favor de su permanencia en el cargo: la “habilidad” aprista para el manejo del Congreso y la debilidad de la oposición.

Fuentes del edificio de la Plaza Bolívar han podido confirmar a este blog que hasta el momento la oposición no tiene los votos necesarios para conseguir la censura. UPP sigue siendo el caso emblemático: los congresistas más cercanos a Aldo Estrada votarían en contra de la moción de censura. Ya hemos comentado el caso de Unidad Nacional, donde la unidad en este tema parece ser tan imposible como la renuncia de Manuel Burga. Y un permiso a la congresista nacionalista Yaneth Cajahuanca ha activado las alarmas en predios ollantistas, pues se ha conminado a todos los parlamentarios de Humala a votar por la censura, so pena de sanción. Finalmente, en Alianza Parlamentaria, parece darse por perdido el voto del congresista evangélico Juan Perry.

Y claro, en Alfonso Ugarte se saca provecho de esto, se dilata la votación y se hacen los acercamientos - abiertos o no tanto - para evitar la caída del compañero en desgracia.

Lo peor del caso es que los perjudicados somos los ciudadanos. Sin una gestión transparente en compras, sin una política coherente de seguridad ciudadana, sin una Policía en trayecto de reforma hacia una institución mejor, sin plan antidrogas, sin un Ministerio reconstituido. En suma, sin un Ministerio del Interior.

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Hace algunos meses, fuimos testigos de lo que el conflicto entre los trabajadores y dueños de la Compañía Minera Casapalca, una empresa que no respetaba los más elementales derechos laborales, cuestión que le conllevó una sanción del Ministerio de Trabajo, así como una conciencia mayor sobre lo contraproducente que es para la inversión privada no respetar los derechos laborales.

Pues bien, parece que, ante las evidencias, el gremio que parecìa indolente ante estos hechos ha tomado cartas en el asunto. Via El Comercio:

Le dieron la espalda a Casapalca. El consejo directivo de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) decidió separar a dicha compañía luego de que sus representantes se negaran a que las operaciones de la empresa fueran sometidas a una auditora independiente, contratada por el gremio, y que iba a determinar si Casapalca cumplía o no sus obligaciones laborales y medioambientales.

La SNMPE habría solicitado en tres oportunidades a la minera que permitiera el ingreso de auditores a sus operaciones, ubicadas en la sierra de Lima. Según informaron fuentes del sector, las respuestas de la minera habrían sido esquivas, y en ellas indicaba que actualmente Osinergmin sometía sus operaciones a una evaluación y que cualquier información sobre la situación de la empresa que requiriera el gremio minero debía solicitarse al organismo regulador. Ante la negativa, la SNMPE dio paso a su separación.

Hay que señalar que la SNMPE tiene un Código de Conducta en el que se indica:

4. La armonización de los legítimos intereses empresariales y productivos busca contribuir a una vida digna y al desarrollo sostenible en la sociedad.

Tradicionalmente, el gremio de empresarios mineros no ha sido muy permeable a este tipo de reclamos. Por el contrario, ha tenido en varias ocasiones expresiones de intolerancia frente a los cuestionamientos hechos desde diversos sectores hacia prácticas incompatibles con la legislación ambiental o laboral. Por ello es importante que hayan dado este paso drástico, que permite sentar un precedente sobre la conducta que las empresas privadas deben mantener en relación con la sociedad y sus trabajadores.

Sin dicho respeto, cualquier alusión a una revolución capitalista estará arando en el mar.

Vía un editorial de El Comercio, me entero que, luego de varios años de errores y postergaciones, se ha reabierto la investigación fiscal sobre el escandaloso caso de las esterilizaciones forzadas ocurridas durante el fujimorato.

Para quienes no se acuerdan o estaban aún en edad de pediatría en esa época, aquí va un resumen de dicha historia.

Durante el segundo gobierno de Alberto Fujimori, el Ministerio de Salud puso en práctica el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar 1996 – 2006, módulo que contempló dentro de sus componentes la aplicación de la anticoncepción quirúrgica voluntaria (AQV) femenina como método de planificación familiar, sobre todo, en el interior del país y en asentamientos humanos de las principales ciudades del país.

Este método, en teoría, debía aplicarse cumpliendo los requisitos establecidos en el Manual de Normas y Procedimientos para las Actividades de AQV, elaborado por el Ministerio de salud.

Sin embargo, una serie de investigaciones periodísticas, de organismos no gubernamentales y de la Defensoría del Pueblo permitieron señalar que la aplicación de la AQV – practicada solo a mujeres - no tuvo carácter voluntario. Varias de las denuncias señalaban que las intervenciones se realizaban a raíz de atención de partos, sin que se siguiera el procedimiento para el consentimiento de la paciente. Otras intervenciones de este tipo se realizaron durante campañas hechas específicamente para practicar ligaduras de trompas, a cambio de proporcionar alimentos a las mujeres que se practicaran la operación. Algunas de estas intervenciones culminaron en graves daños a la integridad física de las pacientes o en el fallecimiento de las mismas, lo que implicaba un serio daño a la vida, el cuerpo y la salud que ameritaba responsabilidad penal.

Las investigaciones de la Defensoría detectaron los siguientes defectos en la aplicación del Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar:
a) No se brindó la adecuada información sobre los beneficios y riesgos de la AQV.
b) No se proporcionó por escrito las indicaciones previas a la operación. Los folletos preparados para el caso no contaban con toda la información de las prohibiciones previas a la intervención quirúrgica. Los formularios y materiales estaban solo en castellano.
c) Muchas de las esterilizaciones se realizaron en momentos donde la psiquis de la mujer está alterada, como inmediatamente después de dar a luz o luego de tener un aborto. Tampoco se tuvo en cuenta un plazo razonable entre la firma de la autorización y la intervención quirúrgica, periodo de tiempo necesario dado lo irreversible de la operación.
Los elementos hallados en a), b) y c) nos indican que el consentimiento no fue expreso ni informado por parte de las pacientes.
d) Se estableció la existencia de omisiones insalvables en las historias clínicas: evaluaciones preoperatorias por personal no calificado, ausencia de identificación de profesionales de la salud, ausencia de reportes operatorios.
e) El Estado, en la práctica, privilegió los métodos irreversibles de planificación familiar en desmedro de los métodos temporales, realizando campañas explícitas de ligaduras de trompas. Ello iba en contra de la libre elección de las personas.
f) En algunos lugares y momentos, los encargados de las campañas de ligaduras de trompas ofrecieron alimentos a cambio de practicar las AQV.
g) No se realizó el seguimiento post – operatorio a las personas que fueron intervenidas.
h) La cobertura del Programa solo se fijó metas en cuanto a las mujeres e incluso se tuvo una meta numérica para los métodos quirúrgicos. No había alusión alguna a los hombres en edad fértil. Las metas numéricas incentivaron la ocurrencia de vulneraciones a los derechos humanos en la aplicación del Programa.
i) También se identificó una serie de cobros indebidos para los servicios de planificación familiar.

De todos los casos denunciados, el que tuvo mayor impacto fue el de María Mamerita Mestanza Chávez. El 27 de marzo de 1998 se le practicó una operación de ligadura de trompas, sin haber tenido un examen médico previo. La señora Mestanza fue dada de alta al día siguiente, a pesar de tener malestares posteriores a la operación y, posteriormente, falleció el 5 de abril de 1998 a causa de una infección causada por la operación. El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En dicha instancia supranacional, el Estado peruano llegó a un Acuerdo de Solución Amistosa con los familiares de la víctima, reconociendo su responsabilidad y comprometiéndose a pagar una indemnización, dar diversas prestaciones a los familiares e investigar y sancionar los hechos.

La única investigación con miras a establecer responsabilidades por las esterilizaciones forzadas fue la realizada por una Subcomisión del Congreso en 2002, presidida por el ultraconservador congresista Héctor Chávez Chuchón. Sin embargo, dicha investigación tuvo un error fundamental, al calificar como genocidio lo ocurrido con esta mala praxis médica. De acuerdo con la definición de genocidio señalada por el Derecho Internacional, dicha conducta no califica como tal, a no comprobarse la intención de desaparecer a un grupo étnico o social. Ello hizo que el Pleno del Congreso de la República no ratificara dicho informe.

Asimismo, los Ministros Luis Solari y Fernando Carbone aprovecharon este tema para cerrar varios de los programas de planificación familiar, dado que no compatibilizaban con su visión sobre este tema. Ambos errores hicieron que el caso quedara sepultado en el limbo judicial.

Sin duda será un caso complejo, dado que han pasado varios años de los hechos y por la utilización que podría darse al caso, desde varios sectores. Además de la judicialización de este caso, el tema clave que tendrá que tener en cuenta el Estado es que no puede utilizar mecanismos de cuantificación para medir el éxito de programas de este tipo, dado que ese fue el origen de prácticas que, como vemos, dañaron los derechos de muchas mujeres a elegir de manera informada.

Guido Lombardi debe ser de las personas más lúcidas que hay en el Congreso. Y quizás por eso no sale a hablar tanto como algunos quisiéramos, pero esta semana ha tenido dos exocets dirigidos a su propia agrupación política.

Hace unos días, el ex hombre de prensa ha criticado la ausencia de Lourdes Flores del debate público. Y hoy ha hablado abiertamente de romper Unidad Nacional, ya que Solidaridad Nacional, el partido de nuestro fantasmal alcalde de Lima, no votará a favor de la censura a Alva Castro (actitud que se resume en: Castañeda quiere ser presidente, no quiere roches con Alan).

Particularmente, creo que es un buen momento para pensar en lo que van a hacer Unidad Nacional y sus agrupaciones integrantes en el futuro. Y es que aun no han podido definir que es lo que quieren hacer con miras al año 2011 o como agrupación parlamentaria. ¿Quieren ser oposición? ¿Qué tipo de oposición? ¿A qué segmento político se van a dirigir en adelante?

Y creo que la primera que no es consciente de estas preguntas es la propia Lourdes Flores Nano. Refugiada en sus labores rectorales en la USIL, ha dejado de ser la política valiosa que fue alguna vez: ¿Qué ha dicho Lourdes sobre las perturbaciones económicas, la extradición de Fujimori o los problemas en el Ministerio del Interior, por solo citar algunos de los problemas importantes del mes?

Más que pensar en cambios de nombre, Unidad Nacional y el PPC debieran pensar en lo que Lombardi ha expresado en estos días. Y definir su futuro de una buena vez.

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