Desde el Tercer Piso

Dicen que los fantasmas no se van cuando aun tienen asuntos pendientes por arreglar aquí en la tierra. Y aunque yo no soy ningún fanático de los fenómenos paranormales, parece que, en algunos casos, esa parece ser la regla.

A los señores que ocupan la Presidencia y la Primera Vicepresidencia de la República los une un caso en particular: El Frontón. Por lo menos, ante un sector de la población, ambos aparecen como responsables de las ejecuciones extrajudiciales que se produjeron luego del develamiento de dicho motín. Y, claro, también están quienes dicen que eso fue de las pocas cosas “buenas” que se hizo en el primer régimen de AGP. Lo cierto es que esto explica las actitudes negativas de ambos personajes frente a las recomendaciones de la CVR o hacia los organismos de derechos humanos.

Este clima ha impedido que se llegue a conocer con exactitud que ha ocurrido en este caso, a pesar que dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (en 1991 y 2000) han señalado que el caso debiera ser investigado hasta dar con todos los responsables. La Comisión de la Verdad y Reconciliación vio el caso y determinó algunas de las responsabilidades directas. Sin embargo, la responsabilidad penal de García y Giampietri no fue determinada y, actualmente, el caso se ha cerrado para ellos.

Y para aumentar más las suspicacias, la esposa del jefe de los procuradores del Estado (aprista, para más señas) fue una de las magistradas que ha declarado prescrito el caso, por considerar que no había ocurrido un crímen de lesa humanidad. O claro, como olvidar que el abogado de los marinos en este caso trabajó para Giampietri en este gobierno.

Lo cierto es que, involucrados o no García y Giampietri en este caso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha solicitado al Perú que reabra el caso. Y es que, la verdad, a pesar de algunos avances, el proceso judicial no ha avanzado como debiera. Resulta un escándalo que 21 años después de estos sucesos no tengamos a un responsable de estos sucesos con una sentencia firme.

Pero, más allá de cuestiones jurídicas, lo cierto es que el gobierno no quiere la responsabilidad que la CVR le otorgó a García en este caso: la responsabilidad política. Y es que, si bien se pueda demostrar o no que García dio la orden, consintió en los hechos o se enteró en el acto de los mismos, lo ocurrido en los penales fue una carnicería sin nombre. Que el Estado tenía todo el derecho y el deber de develar un amotinamiento y retornar al orden público, eso lo sabemos todos.

Lo que García, Giampietri, sus seguidores y un sector del país no aceptan es que una política contrasubversiva no se basa en muertes, asesinatos por la espalda, desapariciones o torturas. Ello quita legitimidad al Estado y, además, cuando se produce contra los civiles que no tienen que ver en el conflicto, demora el proceso de colaboración de ellos con las fuerzas de seguridad. Ello explica porque hicieron tantos aspavientos cuando salió la sentencia por el caso Castro Castro. Y nos indica la calidad humana de la gente que nos gobierna: una clase política que olvida que la pérdida de una vida humana a manos de otro ser humano no merece justificación simplemente no ha aprendido nada de lo que nos ocurrió como sociedad.

Lanssiers me decía que “para Sendero no existen militares corruptos o militares excelentes, basta que lleven uniforme para ser condenados”. Y hoy, releyendo al viejo para escribir esto, me doy cuenta que su pregunta de ¿dónde está el hombre? sigue siendo válida. Lo triste es redescubrir que ese desprecio y negación de la vida está en algunos de quienes decían defendernos y que ahora tienen nuevamente el deber de hacerlo.

Ya me han dicho de todo por decir todo esto de cuando en cuando. Sin embargo, es lo que cualquier liberal consecuente haría: condenar el salvajismo y la barbarie, viniera donde viniera. Lo aprendí desde pequeño. Hay lecciones de vida que nunca se olvidan.

Los lectores de este espacio saben que soy partidario de la inversión privada como motor de la economía. Sin embargo, también conocen que opino que dicha inversión no puede hacerse atropellando los derechos de los demás, sean los laborales o los ambientales. Y quizás haya que incidir mucho más en este último punto.

Leí ayer la entrevista que le hicieron a Rosa María Palacios en La República y me quedo con este extracto de sus declaraciones, que me permitirán ilustrar lo que diré después:

–Sí, entonces la empresa minera hace la escuela, la carretera. Pero luego tienes otro problema. Un país moderno tiene que establecer reglas de control ambiental, pero qué pasa, que la población no cree que el Estado las va a hacer cumplir, y por eso se oponen a la minería. Si la gente maneja en el Perú sin brevete y no pasa nada, ¿por qué la minera no va a tirar su cochinada sin que pase nada? El Estado trata de hacer consenso entre minería y población, cuando es el que debe hacer cumplir la ley, él es el actor principal.

Pues bien, contradiciendo a Rosa Maria, el Estado no viene cumpliendo con ese rol de preservación del medio ambiente, con miras a un desarrollo sostenible. Ya algo se anticipaba con las extrañas movidas en CONAM, pero dos proyectos de Ley presentados por el Poder Ejecutivo confirman que en Palacio de Gobierno se sigue sin pensar a largo plazo o en todas las consecuencias de los actos que realizan.

El 22 de septiembre, se presentó un proyecto de Ley para declarar de interés nacional la promoción de la inversión minera. En su fundamentación de motivos se dice que se busca agilizar las diversas etapas de los proyectos de inversión minera y, además, se priorizan una serie de proyectos, entre ellos, el de la polémica: Majaz.

El problema central con este proyecto, de solo tres artículos, es que no define como se agilizarán estos procedimientos en los proyectos de inversión minera priorizados, lo que puede llevar a que los ya de por sí leves controles ambientales se relajen más.

Y a ello se suma lo que viene ocurriendo en el Parque Nacional Bahuaja Sonene, conocido también como la cuenca del Candamo. Otro proyecto de Ley que viene siendo discutido en el Consejo de Ministros amenaza esta zona de conservación ambiental, al recortarse parte del área de protección para la concesión de un lote de hidrocarburos.

Por cierto, ya hace 10 años, el documental Candamo: la ultima selva sin hombres había señalado el peligro que corría la zona por este tema.

Lo peligroso es que el proyecto no ha tenido la viabilidad técnica del INRENA, cuestión que le costó el puesto al Intendente de Areas Naturales Protegidas de esta institución, Luis Alfaro. Es decir, al igual que en el caso del CONAM y del proyecto anterior, la institucionalidad ambiental vuelve a ser rebalsada.

Tan importante como la inversión minera es que ésta se realice de la mejor manera que no solo garantice ingresos para las zonas donde esta actividad se realiza, sino que se respete la sostenibilidad de otras actividades económicas y del futuro de las siguientes generaciones. Esa visión es la que diferencia a un politico de un estadista. Pero parece que la segunda está lejos del ideal de Palacio de Gobierno.