La denuncia de Gutiérrez apunta a señalar que sí existían municiones suficientes y, por tanto, no existía emergencia. El blanco de sus ataques ha sido el Director General de la Policía, David Rodriguez Segeu. Por su parte, Rodríguez se ha defendido diciendo que los pertrechos existentes se encontraban vencidos y ha mostrado que, efectivamente, estos elementos ya habían caducado.
Si bien se debe ir hasta las últimas consecuencias en esta investigación - y si realmente el Director General de la Policía está comprometido, debe irse a su casa - hay dos elementos que me hacen pensar en que Gutiérrez piensa distraer la atención del hecho más importante en el sector Interior: La interpelación al cuestionado Ministro Luis Alva Castro.
El primer elemento es estas declaraciones de Gutiérrez recogidas por La República. Vean a quien ataca y a quien defiende:
Por responder en conferencia de prensa a las denuncias de compra injustificada de material antimotín, el legislador Álvaro Gutiérrez (UPP) quiere denunciar al director de la Policía Nacional, general David Rodríguez Segeu.
Gutiérrez Cueva (UPP) señaló que “el general salió a responder políticamente e interferir en la labor fiscalizadora del Congreso, impulsado por el ministro Luis Alva Castro“.
El segundo elemento tiene que ver con cuestiones más internas de la Policía. Como saben, hace 20 años se fusionaron las tres entidades policiales: Guardia Republicana, Policía de Investigaciones y Guardia Civil. Entre ellas siempre ha existido gran rivalidad, sobre todo entre la GR y la GC. Pues bien, el Area de Seguridad Ciudadana del IDL ha señalado un hecho sintomático de esta gestión en Interior: la presencia hegemónica de los miembros de la ex Guardia Republicana en los altos mandos policiales. Y claro, es importante recordar que Gutiérrez fue miembro de la Escuela de Oficiales de la Guardia Civil, por lo que no se descarta que algún celo institucional haya mediado de por medio en su denuncia.
Harto pan por rebanar, pero también mucho humo en el medio.
Como sabemos, la Corte Suprema de Chile dará a conocer su fallo este jueves. A mi modo de ver, hay argumentos jurídicos bastante fuertes para que el ex dictador responda por sus crímenes, con todas las garantías del debido proceso. Por ello, habría que preguntarnos cuales son los posibles escenarios sobre el fallo.
FUJIMORI NO ES EXTRADITADO Para la justicia chilena siempre queda la opción de procesarlo en Chile. De hecho, ya se ha planteado una querella en su contra por el caso Castro Castro. Además, en relación con dicho caso, ya se aprobó el expediente de extradición, que tiene bastantes evidencias en contra de Fujimori y prolongaría su presencia en el país del sur. Sin embargo, si el fallo final sobre Castro Castro sale favorable a Fujimori, dudo mucho que Chile quiera mantenerlo en su territorio. Saldría expulsado a Japón, desde no volvería a Sudamérica. Sabe bien que fuera de Japón sería procesado o se iniciaría un nuevo proceso de extradición.
FUJIMORI ES EXTRADITADO, PERO POR DELITOS MENORES El peor escenario para quienes creemos en la lucha contra la impunidad. Fujimori viene a Lima, pero para que lo procesen, en palabras de Henry Pease, por la chauchilla. Escenario también incómodo para el gobierno, que tendría a un rival suelto en plaza para el 2011. Ollanta Humala también sufiría una merma, dado que llega quien realmente representa en el Perú al sector autoritario.
FUJIMORI VIENE POR CASOS GRAVES El mejor escenario para la justicia. Procesamiento relativamente rápido - de hecho, varios de los juicios pendientes del Chino están en etapa oral, solo esperando su venida para iniciar las audiencias - y, esperemos, una condena alta. Las dificultades vendrían en lo político. El gobierno tendría que definir una posición más clara frente al ex dictador, pero, a la vez, enfrentar una serie de ataques de parte del fujimorismo, que no dudaría en sacar algunas cosas guardadas bajo la alfombra. Al mismo tiempo, sería la oportunidad perfecta para saber quien es quien en el Perú y de un encuentro esperado: la confrontación judicial con su ex socio Vladimiro Montesinos.
¿Y los damnificados? Perú.21 ha presentado un completo informe de cual es la situación en Pisco. La ciudad sigue entre escombros y recién llegan maquinaria pesada para recoger lo que quedó del antiguo Pisco. En lo que respecta a la ayuda, está viene canalizándose de mejor manera, pero la desorganización sigue siendo una de las características centrales en las labores de reconstrucción, según lo que me han referido amigos míos que se han encontrado en la zona. En los albergues la situación es incòmoda por la falta de agua potable y el clima.
Aprovecho para llamar la atención sobre un aspecto fundamental a atender: salud mental de los pobladores. No hablamos aquí de enfermedades mentales, sino de las secuelas que una desgracia como esta deja en la vida de las personas, que tienen que procesar pérdidas personales y materiales de la mejor manera posible. La Cruz Roja viene haciendo una tarea encomiable, pero se requiere que el Ministerio de Salud apoye con mayores recursos esta tarea.
Finalmente, quizás lo más destacado, en medio del dolor, ha sido la solidaridad de todo el país hacia con nuestros hermanos del sur. Las muestras de ayuda de peruanos y extranjeros han sido encomiables, a pesar de las diferencias que puedan existir entre nosotros, motivo para seguir confiando en que, en algun momento, podremos ser el país justo que todos queremos ver.
Según lo registrado en el programa de Rosa María Palacios, Espinoza realizó una licitación aprovechando la emergencia por el terremoto en el sur para favorecer a la empresa Plamol SRL. Esta compañía se dedica a fabricar zapatos, pero fue favorecida con la compra de raciones de alimentos. Para completar el cuadro, la compra fue sobrevalorada.
Claro, el Ministro Vallejos dice que Espinoza salió a finales del mes pasado. Pero no dijo algo que el portal Perú al Día registra:
El saliente jefe SIS Dr. Julio Espinoza Jiménez tuvo la oportunidad de abordar a los funcionarios que elaboran el PEI, a quienes explicó la razón de su salida y calificó como traición la actitud de dos funcionarios que evadieron su responsabilidad y se encargaron de enlodar su gestión con chismes y mentiras llevados a las altas esferas del gobierno.
“Hace poco a través de Internet se pretendió involucrar a mi persona y otros funcionarios en actos de corrupción, so pretexto de haber apoyado decidamente a los damnificados del sur”.
Es decir, ya sabía porque lo reemplazaban por Esteban Chiotti.
Caído en desgracia, sin embargo, no debe dejar de reconocerse que Benedicto fue una de las personas que ayudo más a la captura de Abimael Guzmán y que, por tanto, alguna medida de seguridad tiene que tener.
Como informa el Area de Seguridad Ciudadana del IDL Jiménez solicitó al cuestionado Ministro del Interior Luis Alva Castro, en dos oportunidades, la restitución de la seguridad personal para él y su familia. Además de que los remanentes de Sendero Luminoso podrían tenerlo en la mira, sus recientes declaraciones contra el Grupo Colina en el juicio que se les sigue por violaciones a los derechos humanos aumentan los peligros para el ex policía.
¿Y qué ha hecho Alva Castro? Pues ha cumplido con la característica central de su gestión: nada.
A tal punto ha llegado el malestar del sheriff que le ha enviado una carta a Jorge Del Castillo con esta frase: “… el ministro del Interior, me ha hecho comprender que la palabra “confraternidad”, que enseñara el maestro y fundador del aprismo, Víctor Raúl… está más vacía que nunca, para mí, al menos carece de significado”
En el dolor, ¿hermanos?
CASO 3: TORPEZA RADIAL, PATINADA GUBERNAMENTAL
Mientras el caso Majaz sigue conscitando la atención por las tensiones ambientales y periodísticas que conscita - siguiente capítulo: la disputa sobre que ocurre en Tambogrande como ejemplo de lo que puede pasar en Majaz: ver artículo de la República y post en el Utero - dos pleitos entre periodismo y gobierno acaparan la atención.
El primero tiene que ver con la negativa de Radio Cutivalú a pasar un spot publicitario del Ministerio de Energía y Minas sobre la consulta popular en Majaz. El debate se centró sobre si había una censura al Estado - cuestión que parece dificil de sostener jurídicamente, dado que el Estado no tiene derechos fundamentales - o si es que había una falta de equilibrio informativo de la estación radial.
Tanto el Instituto Prensa y Sociedad como Augusto Alvarez Rodrich, bajo criterios similares, han indicado que Radio Cutivalú tenía el legítimo derecho de decidir pasar o no publicidad estatal - lo que no quita que es siempre mejor tener equilibrio informativo, al margen de la línea editorial de cada medio - y, como agravante del caso, el anuncio publicitario no tenía a un responsable sindicado y, además, contenía información falsa. Rosa María Palacios ha expuesto otros argumentos que intentan señalar que la publicidad estatal sobre el ejercicio de derechos políticos sí estaría cubierto bajo el mismo manto protector de la libertad de expresión (es decir, no podría ser objeto de “censura previa”) e indica que la publicidad engañosa puede ser sometida a INDECOPI, pero no a un filtro de parte del dueño. Como dice Rosa María al final de su intervención, este es un caso como para que el Tribunal Constitucional determine los alcances de la publicidad estatal.
El segundo caso se ha producido en Pisco. A través de las ondas de Radio Orión se propagaba el rumor de que la intensidad del terremoto en Pisco había sido mayor a 8 grados, con lo que los pobladores podrían reclamar la condonación de sus deudas. Claro, una mentira del tamaño de una catedral. ¿Consecuencias? Ayer, de madrugada, Radio Orión fue cerrada. Y aunque viene siendo claro que esta estación operaba de manera tal hace varios años, la oportunidad en que se produjo este hecho parece ser inoportuna, dado que la radio era bastante crítica de la acción del gobierno en la zona del desastre y, claro, ha terminado sacando las suspicacias a flote.
A tal grado llegan las patinadas que el habitualmente mesurado El Comercio ha sacado un editorial indicando su alarma por estos hechos que, claro, hay que sacarlos del esquema “mis amigos de mis enemigos son los buenos” y verlos en todos sus matices. Igual, el gobierno termina siendo, una vez más, su propio complotador.
Hace siete años, las imágenes que hemos visto anteriormente, estremecieron al país y al mundo. Con ellas se develó la verdadera faz de un régimen que a muchos les hizo creer el cuento de la pacificación y la recuperación económica, a cambio de vender las conciencias de muchos, soportar la vulneración de derechos fundamentales y aguantar a un dictador en Palacio de Gobierno.
La corrupción en el Perú no comenzó con Fujimori y Montesinos. Sucesos como el escándalo de la deuda consolidada en tiempos de José Rufino Echenique, o las licitaciones otorgadas en el oncenio de Augusto B. Leguìa u otros casos más recientes nos hacen ver que el tema tiene larga data en el Perú.
Sin embargo, el gobierno de la década de los noventa implantó una forma sistémica de hacer corrupción y aprovechó todos los espacios a su disposición. Las compras de armamento con motivo del conflicto con el Ecuador, las privatizaciones, la negociación de la deuda externa, el proyecto de re-reelección y la preservación del poder onmímodo que querían tener por varios años. Políticos, militares, empresarios, dueños de medios de comunicación y hasta personajes de la farándula pasaron por una infame sala en que, para suerte de la justicia y de la memoria histórica, todo fue debidamente filmado.
¿Por qué fue posible esto? Porque buena parte de la sociedad decidió mandar al diablo a la democracia a cambio de una seguridad supuesta, el crecimiento económico - que visto a la luz de estos años fue mediocre - y un supuesto orden que era el de las bayonetas y el cállese la boca y no incomode. El resultado: la institucionalidad destruida, los mecanismos de control en manos de corruptos y casi toda la prensa - salvo un puñado de respetables hombres y mujeres - no fiscalizando al poder por simpatías verdaderas o por cerros de dólares en montañas.
No olvidemos que eso fue el Perú. Porque, a pesar de nuestros problemas, estamos mejor que hace 7 años, cuando una banda de delincuentes nos gobernaba. No olvidemos, no solo para sancionar a quienes hicieron del país una parodia de Los Soprano, sino también para consolidar instituciones que impidan que la corrupción que pueda existir ahora pueda extenderse.
No pueden darse referéndums caprichosos al margen de la ley y del JNE, desmembrando nuestro concepto de Estado Unitario, pues no somos federales. ¿A cualquiera le sale del forro hacer una “consulta popular” sobre un tema local y el resto de peruanos debe aceptarlo? El país se va a partir así en feudos, en miniestados. Y un premier que se deja desairar al irle a rogar a esos alcaldes… Como en el Mercado de Santa Anita, pongan autoridad de una vez y frustren esa payasada antes de que se desmadre. ¡No a la anarquía! (Aldo Mariátegui, Correo, 12.09.2007)
Que se vayan al carajo. A Majaz solo entrarán sí los campesinos así lo quieren. Y que no vayan a bufalear por esa región de nubes glorisamente bajas porque all{i los campesinos respiran aire y no monóxido y por eso están lúcidos y plenos. Y por eso no se dejan bufalear por don Jorge del Castillo, que se cree el camarlengo de ese hombre que dice que habla con Dios y que recibe órdenes de las nubes altas, cuando, en realidad, todo lo que recibe es por lo bajo (César Hildebrandt, La Primera, 13.09.2007)
Sí, estamos hablando del mismo país y del mismo problema: Majaz.
A estas alturas, las posiciones contrapuestas parecen haberse convertido en una caricatura de si mismas, en el intento de caricaturizar al rival. Y ello a punta de creer dogmáticamente en una posición u otra. Gerardo Seminario y Fernando Vivas han descrito muy bien como esta falta de matices ha hecho que perdamos de vista los elementos de fondo del problema y quedemos atrapados en la lógica “Teniente Roca” (el milico abusivo de La Boca del Lobo): O estás conmigo o estás contra mí.
Lo de Majaz nos vuelve a revelar al país de los desencuentros, a los peruanos que no nos podemos poner de acuerdo en un proyecto de desarrollo común porque queremos imponer a rajatabla el nuestro. Claro, se trata del mismo país que parió a Fujimori y a Sendero, las dos epítomes de lo que se puede llegar cuando una nación - o mejor dicho, las varias naciones que conforman el Perú - no llegan a un acuerdo mínimo sobre lo que quieren ser.
Buena parte de nosotros no estamos en ninguno de los dos extremos. El problema es que tratamos de ubicar un punto medio que resuelva las cosas en términos prácticos y es difícil hallarlo.
El experto en derecho constitucional Javier Valle Riestra, opinó que al presidente Alan García no le conviene la extradición del ex mandatario Alberto Fujimori porque se volvería por solidaridad sentimental en un líder opositor y factor “perturbatorio”.
“Tenemos ya muchos factores perturbatorios para agregar la presencia de Fujimori”, expresó Valle Riestra en declaraciones a RPP.
Asimismo, el también congresista aprista ratificó que la extradición del ex presidente Fujimori, quien permanece en Chile, no procederá.
Durante todo este tiempo, don Javier Maximiliano Alfredo Valle Riestra Gonzáles Olaechea ha defendido la tesis de que Alberto Fujimori no será extraditado. Para ello da dos argumentos: el hecho de que los jefes de Estado gozan de cierta inmunidad y que no existen pruebas contra el Chino en los casos de derechos humanos.
Valle Riestra: No se va calmando la gente, se puede calmar. Porque es necesario hablar mucho para que las cosas no cambien. Montesinos: Bueno, pero… Valle Riestra: ¿Qué cosa quiero yo? Que el régimen dure ¿sí o no? Montesinos: Claro, lógico. Valle Riestra: ¿O que se desmorone? Montesinos: Bueno, es que no se va a desmoronar porque hay dos pilares fundamentales. Valle Riestra: Claro, yo lo sé. Yo estoy diciendo que soy un idiota si es que quisiera eso. Yo quiero que dure, que sea longevo, que cumpla con sus objetivos, que son los que son los más positivos para el Perú. Montesinos: Además hay una cosa, y vamos a hablar a calzón quitado. ¿Quién va a gobernar el 2000 en el Perú? Valle Riestra: ¿Quién quiere gobernar? Fujimori. Montesinos: Dentro de… Valle Riestra: Yo ya tengo los fijos que están en muestrario. Montesinos: Puede ser Andrade, la Lourdes Flores Nano, Borea. Valle Riestra: No, pues, ni hablar. Montesinos: Entonces, ¿cómo vamos a dejar? Sería irresponsable dejar el gobiemo a ellos. Santander: Por una razón de Estado. Montesinos: Claro. Valle Riestra: Pero, entonces, hay que hacer las cosas necesarias para que pueda reelegirse. Montesinos: Claro. Valle Riestra: Pero, dentro de mi óptica son otros los métodos más sutiles. Montesinos: A ver, ¿cuáles? Valle Riestra: Tenemos un Jurado títere y el Jurado podemos hacer que haga lo que tiene que hacer.
Pero un elemento más actual define las actuales relaciones tribuno - fujimorismo. Señaló La República, hace un par de años:
El nexo que llevó a César Nakasaki hasta los abogados chilenos Gabriel Zaliasnik y Francisco Veloso fue Javier Valle Riestra. Así lo sostiene El Mercurio en un artículo publicado ayer bajo el título “El salvavidas electoral de Fujimori”. Según el diario, fue el “reconocido constitucionalista peruano”, quien resultó clave para lograr que el controvertido ex mandatario cuente por fin con una defensa legal adecuada durante su encierro en Chile. Valle Riestra trabajó en un caso con Veloso, tras lo cual iniciaron una relación maestro-alumno que se conserva hasta hoy. Por ello, cuando los asesores de Fujimori llamaron a Valle Riestra - quien fue su Primer Ministro – éste no dudó en recomendar a Veloso, el socio de Zaliasnik.
El presidente de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile, Alberto Chaigneau, sería quien dirimiría respecto al pedido de extradición del ex presidente Alberto Fujimori, afirmó hoy el legislador, Javier Valle Riestra.
El jurista, quien fue presidente del Consejo de Ministros de Alberto Fujimori, indicó que la demora en la emisión del fallo se debería a que existe un empate en la votación de sala penal sureña.
El parlamentario aprista dijo que dialogó vía telefónica con su amigo Francisco Velozo, abogado de Fujimori en Santiago, y preguntó “cómo está la cosa”, y lo que el defensor del ex mandatario respondió: “la verdad es que no hay una definición, el misterio es el presidente Chaigneau”.
Más que cuestiones de Derecho, parece que las cuestiones del verdadero color político de Valle Riestra son las que afloran a la hora que opina del caso Fujimori.
Hace un año, en esta misma fecha, escribía una reflexión sobre uno de los hechos más significativos de los últimos años en el Perú: la captura de Abimael Guzmán, el líder de la organización más totalitaria que nuestras tierras han podido ver y que supuso el inicio del fin del conflicto armado interno.
A raíz de este aniversario, Juan Carlos Tafur y Juan Carlos Valdivia han propuesto una idea ciertamente interesante: que los 12 de septiembre sean una fecha de conmemoración de lo que fue una victoria frente a un grupo que la sociedad y los tribunales han condenado, tanto por su desviada ideología – que no era más que la antojadiza interpretación cuasi mesiánica del marxismo – como por sus acciones que supusieron crímenes de lesa humanidad y vulneraciones al derecho internacional humanitario.
Refuerzo más la idea de Tafur y Valdivia, señalando que la conmemoración nos serviría para recordar dos cuestiones fundamentales que generalmente se olvidan. La primera, es que a Guzmán se le capturó sin vulnerar los derechos humanos de nadie, en un operativo de inteligencia modélico y en el que no tuvieron nada que ver los principales aprovechadores mediáticos de la captura: Alberto Fujimori – que estaba pescando en Iquitos - y Vladimiro Montesinos – quien se hallaba en una recepción castrense. La segunda, es enfatizar que, hace poco menos de un año, se condenó a Guzmán y al resto de la cúpula senderista a penas severas, que incluyen, en dos casos, la cadena perpetua, sin que se vulnerara el debido proceso como ocurrió en los deslegitimados procesos hechos por jueces sin rostro.
Y es que una fecha como esta debe hacernos recordar, como señalan ambos periodistas, que, en efecto, el Estado peruano derrotó a Sendero Luminoso. Pero dicha victoria no se debió – como señalan aún algunos personajes de la derecha más retardataria y del fujimorismo – a las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado, sino que el triunfo fue a contracorriente de un pensamiento anclado en un sector importante de la clase política y militar y de la sociedad peruana: la tesis de los “costos a pagar” por la pacificación, sin importar que fueran vidas humanas.
Estos aspectos fueron suficientemente enfatizados por la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que no tuvo resquemor alguno en condenar las acciones, ideología y justificaciones hechas por Abimael Guzmán y el grupo que lideró. Un grupo de trabajo que, cabe recordar, fue denostado por la propia Elena Iparraguirre, que lo calificó como “de derecha”. Ese insulto de la otra lìder principal de Sendero es la más clara prueba de que el trabajo de la CVR no benefició en nada a dicha agrupación que, con métodos terroristas, inició un conflicto que dejó cerca de 70,000 víctimas durante 20 años.
Sin duda, un día para recordar. Quizás la mejor manera sea con la imagen de lo que fueron esos años de barbarie, que nos marcaron a todos nosotros. Los dejo con un reportaje del recordado Bruno de Olazábal sobre Sendero Luminoso.
Pero muchas veces estos riesgos son producto del absurdo, la sinrazón, autoridades piconas por reportajes incómodos o un Poder Judicial obtuso. Más aún en países como los nuestros, donde el Poder Judicial no termina de ser un ente institucionalizado y respetuoso de los derechos de las personas. Esto ocurre con tres importantes periodistas de nuestro medio.
Si sumamos a esto el caso de Nelson Manrique, vemos que muchas autoridades siguen pensando que las demandas a la prensa los libran de los anticuchos y la defensa de la verdad. Pero ello no debe impedir el ejercicio de la libertad de expresión, base de la democracia.
Cada cierto tiempo, cuando sale una nueva noticia sobre el ya endémico conflicto entre minería y comunidades, me viene a la mente la siguiente idea:
La minería es, sin duda, una de las actividades que ha sostenido el crecimiento económico tan bueno que hemos tenido en estos años, producto de los buenos precios internacionales, pero también de los proyectos de inversión impulsados por el capital privado. ¿Es necesaria esta inversión para generar desarrollo? Por supuesto que sí.
¿Pero es necesario ser totalmente condescendiente con el capital y permitir que cualquier tipo de inversionista venga? Creo que no. El mundo viene exigiendo cada vez más estándares de calidad, de respeto al medio ambiente y de responsabilidad social empresarial a las empresas. Las mineras no están exentas de dichas exigencias.
El nuevo capítulo de esta pugna se llama Proyecto Río Blanco, conocido también como Majaz. Se trata de un proyecto minero que quiere explotarse en el departamento de Piura, con la oposición de las comunidades agrícolas de la zona, que se consideran afectadas por el inicio de estas actividades. Los enfrentamientos entre ambos bandos han llegado hasta niveles de violencia que cobraron vidas humanas.
Son tres los problemas centrales que se enfrentan: el primero: si es que las comunidades pueden decidir cuales son las actividades económicas que se pueden desarrollar en la zona, a semejanza de lo ocurrido en Tambogrande; el segundo, si es que es compatible la convivencia entre minería y agricultura en la zona; el tercero, de optarse por la minería, cuáles serían las condiciones de explotación y beneficios que se tendría con el Proyecto Río Blanco.
La situación se ha complicado por dos hechos. El primero, es que Monterrico Minerals, la empresa que quiere invertir en minería, ha sido comprada por capitales chinos, lo que a muchos les recuerda lo que fue la pésima privatización de Hierro Perú, vendida a Shougang.
¿Qué hacer? Primero, es necesaria la información, la consulta y la participación de los vecinos en la toma de decisiones. Segundo, esto no es suficiente, porque siempre habrá algunos a favor y otros en contra: es necesario que en este debate se tome en cuenta los intereses de los afectados y también el “bien común”, y este debate es eminentemente político (debate sobre desarrollo local). Tercero, este debate debe expresarse en criterios de zonificación y desarrollo urbano transparentes (ordenamiento territorial; no es mina sí o no, sino en qué condiciones). Cuarto, debe haber una autoridad (ambiental) capaz de dirimir disputas, velar por el establecimiento de compensaciones adecuadas para los afectados, por el cumplimiento de los acuerdos, y capaz de imponer sanciones, drásticas, de ser necesario. Se necesita otra institucionalidad estatal.
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