A pesar de los ánimos algo calientes - sobre todo en el bando fujimorista - es necesario sopesar la trascendencia de la extradición de Alberto Fujimori, que trae consecuencias importantes para nuestro país como para la comunidad internacional.
En términos jurídicos, la sentencia trae consigo algunas consecuencias importantes. Es la primera vez que un ex Jefe de Estado es extraditado a su país por violaciones a los derechos humanos, acogiéndose a la tesis de la autoría mediata y del dominio del hecho. También supone una de las pocas ocasiones en que se lleva a un ex gobernante por casos de corrupción, lo que también constituye un serio mensaje a Presidentes actuales, pasados y futuros sobre las consecuencias de lo que puede ocurrirles si es que no proceden de la manera adecuada en sus actos de gobierno. La sentencia, al margen de discusiones puntuales sobre algunos aspectos de la misma, constituirá, por su trascendencia, objeto de estudio durante los próximos años en las Facultades de Derecho del mundo.
También implica un reto importante para la administración de justicia en el Perú. Tradicionalmente concebido bajo una imagen de ineficiencia, impunidad y lenidad con el crimen, el Poder Judicial peruano tiene nuevamente una ocasión para reivindicarse y demostrar que puede llevar a cabo un juicio justo, transparente y que condene a una de las personas que mayor daño le ha hecho al país. Ya se ha hecho con Vladimiro Montesinos y con Abimael Guzmán. Los jueces que han sido designados para procesar a Fujimori son de lo mejor de la Corte Suprema, con lo que dichas garantías, necesarias para cautelar los derechos humanos de Fujimori y para que el procesado y sus partidarios dejen de repetir la monserga de la “persecusión política”.
Finalmente, en el plano político, se abren varias interrogantes. Quizás la que concentre mayor atención es la siguiente: ¿Qué tanta trascendencia tiene Fujimori en la política peruana? Pregunta que se responderá fundamentalmente con la posición del gobierno frente a los chantajes abiertos o caletas que pueda hacer el fujimorismo, o también frente a lo que los otros partidos digan o dejen de decir. ¿Como reaccionará el sector más conservador, tradicionalmente asociado a Fujimori? (Por lo pronto, Aldo M y García Miró han tomado sus distancias, que ya venían de hace tiempo). Para Fujimori, el peor escenario es que le suceda lo mismo que a Montesinos: pasar a ser un hecho anecdótico y meramente judicial, sin incidencia alguna en la política peruana.
Acaba de llegar Fujimori a Lima. Todas estas dudas se despejarán en los siguientes días. Mientras tanto, veamos un video de Alberto de Belaunde hecho a miembros de la comunidad PUCP - entre ellos, a quien escribe - sobre la extradición.
Para que vean hasta donde va el cinismo, vean estas declaraciones de Fujimori luego de conocer el fallo. Palabras mas, palabras menos, es lo que pueden leer aqui.
Lo otro significativo de la jornada ha sido la reacción del fujimorismo. Tanto Keiko como Absalón han pedido que el Chino no sea llevado a una prisión apenas pise suelo peruano. ¿Y donde lo van a tener?
Lo más peligroso es que Keiko ha pedido que los seguidores del Chino vayan a “recibirlo” al aeropuerto. Ojo con esta clase de cosas. Los fujimoristas tienen derecho a manifestarse, pero cuidado con esa suerte de “desobediencia” a la justicia. Escúchenla a la “heredera” en este video.
Este caso se solicitó por tres delitos: homicidio calificado, lesiones graves y desaparición forzada. El análisis de este caso establece que existe doble incriminación y que se cumple con la presunción de autoría mediata de Fujimori sobre estas violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, al momento de concluir, sólo se pronuncia sobre los dos primeros delitos. No dice nada - ni a favor, ni en contra - sobre el delito de desaparición forzada.
Hay un tema adicional. Cuando la Fiscal Maldonado señaló que el caso procedía, señaló que, de las 10 victimas, 6 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente y 4 de ellas desaparecidas. Se podría llegar al extremo de que, al momento de la repatriación, las 4 personas no sean indemnizadas y, además, Fujimori no pueda ser procesado por este delito.
Urge que el Estado peruano interponga un recurso aclaratorio sobre el tema. Ello no afecta la venida de Fujimori, pero deja en el limbo el pronunciamiento por un delito que le podría acarrear entre 15 y 35 años de prisión. Pónganse las pilas.
Los casos por los que vendrá Fujimori son: Cantuta - Barrios Altos: Por asesinato (hasta 35 años de prisión) y lesiones graves (3 a 8 años de prisión). Sotanos SIE: Solo por los casos de secuestro (10 a 15 años) a Samuel Dyer y a Gustavo Gorriti. Sí lamento que aqui no se incluyan los casos de desaparición investigados por Víctor Quinteros y Ricardo Uceda. Allanamiento a casa de Vladimiro Montesinos: Por usurpación de funciones (entre 4 y 7 años) Compra de medios de comunicación: Por peculado (entre 2 y 8 años de prisión) Pago de 15 millones a Vladimiro Montesinos: Por peculado (entre 2 y 8 años de prisión) y falsedad ideológica (3 a 6 años de prisión) Compra de congresistas tránsfugas: Corrupción activa de funcionarios (3 a 5 años de prisión) Interceptación telefónica: Interferencia telefónica (1 a 3 años de prisión), por los casos ocurridos desde noviembre de 1995 y peculado (entre 2 y 8 años de prisión), por hechos ocurridos desde julio de 1990.
Segun los medios de prensa chilenos la venida de Fujimori sería rápida, tan pronto sea notificado oficialmente de que será extraditado.
Sin duda es una noticia histórica. Nunca antes un Jefe de Estado fue extraditado por casos de derechos humanos.
Ahora son importantes dos cosas. 1. Conocer los fundamentos del fallo (que comentaremos durante el dia) y 2. Que se garantice a Fujimori un proceso justo, sin dudas ni manchas, para que el camino de la justicia que se empezó a emprender hace algunos años, no se pierda.
Solo me queda por decir que el país es el que ha ganado.
Los ministros de la Segunda Sala de la Corte Suprema se constituyeron esta mañana para afinar los últimos detalles de la redacción del fallo por el cual decidirán si el ex Presidente Alberto Fujimori es extraditado o no a Perú.
Hasta tribunales llegaron los magistrados Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros, Nibaldo Segura y el presidente de la instancia, Alberto Chaigneau. Sin embargo, Hugo Dolmestch está con permiso y recién se reintegra mañana a sus funciones.
En medio de la expectación de la prensa peruana, japonesa y chilena, el director de la oficina de comunicaciones del Poder Judicial, Cristián Fuenzalida, dijo que la resolución se conocerá mañana según le informó el propio juez Chaigneau. “No existe ninguna obligación legal, no existe ninguna determinación estricta que indique que tiene que ser mañana, la idea y el compromiso es que sea mañana“, recalcó Fuenzalida que insistió que se están cumpliendo los plazos establecidos.
Hoy, los jueces se dedicarían a afinar la redacción de su dictamen que tiene alrededor de 200 páginas.
Como ya han dicho Alan y el canciller chileno Alejandro Foxley: la están haciendo un poco larga.
Y claro, la pregunta de cajón es: ¿por qué aprobar un nuevo estatuto al caballazo? La respuesta tiene un nombre, Luz Aurea Saenz, la actual Decana de la Orden, bastante cercana al Partido Aprista Peruano, y un objetivo: reelección prolongada.
Vayamos por partes. El actual Estatuto del CAL señala que el periodo de la Junta Directiva es de un año con una posibilidad de una reelección inmediata. Las elecciones se realizan en el último sábado de noviembre.
Pues bien, el proyecto de nuevo Estatutoamplía el periodo de la Junta Directiva a dos años. Y aunque no permite la reelección inmediata tiene una trampa clara en la Primera Disposición Final: Recién entraría en vigencia el 10 de Enero de 2008, fecha en la que se instala la nueva Junta Directiva.
Dado que la elección se realizaría bajo el actual Estatuto, la señora Saenz sí puede postular a una reelección. Y aquí viene el detalle: ¿por uno o por dos periodos? Si te eligieron con las reglas del Estatuto anterior, lo lógico sería que fuera por un año más, pero el afán de aprobar el nuevo Estatuto tiene, como clara lógica, que el periodo nuevo sea de dos años. ¿No les recuerda a Fujimori y la interpretación auténtica?
Humm, como que el olor a copamiento se huele desde hace rato.
Si a alguien le quedaba alguna duda de que la minería es percibida tan mal por las comunidades porque no tenemos autoridades ambientales independientes, pues preste atención a lo siguiente. Y si no tenía dudas, siga leyendo, que la historia es buena.
Básicamente Tanaka comprobó lo que parecen ser sentidos comunes dentro de quienes se encuentran dentro del lado empresarial de la minería: las comunidades están mal informadas, se les manipula y los ingresos del canon no llegan. Sin dejar de tener algo de razón, habría que matizar en mucho dichos juicios, dada la ausencia del Estado, tanto como garante de bienes básicos - salud, justicia, educación, seguridad, redistribución del ingreso -, como en fiscalizador de la actividad minera. Allí creo que están las causas de porque se producen muchos de los reclamos en contra de una actividad que, en efecto, genera grandes ganancias, pero, de las cuales, las comunidades ven poco o nada y, debido a la ausencia del Estado, también terminan endilgándole a la empresa privada las labores que debería cumplir - independientemente de la responsabilidad social empresarial.
Pero además Tanaka da cuenta de un fenómeno común a la Convención Minera: mayor presencia de temas vinculados a la mejora tecnólogica antes que a lo social. Y ello lo atribuye a que aun existe cierta mirada menospreciativa de las comunidades, una visión cortoplacista de las inversiones - que ve la mejora de las relaciones con los comuneros como un gasto más - y prácticas tradicionalistas de trato hacia el ser humano.
Pero, ¿esto no ha terminado de ser moneda común en nuestras conferencias de empresarios? Una de las pocas excepciones parecía ser la CADE del año pasado, sin embargo, unas cuantas mesas sobre inclusión no disminuyen el tema de fondo: nuestros empresarios grandes - salvo excepciones - no pasarían un test de inclusión social (y sino, aplíquemosle el que elaboré el año pasado), dejando de ver al país como cifras y viendo lo que hay detrás de ellas: una sociedad en la que se excluye del ejercicio de los derechos básicos y en el que la brecha social es cada día mayor.
Como para que en el Club Empresarial lo mediten entre Etiqueta Negra y Chivas.
El domingo, en El Comercio, apareció un Comunicado de Decanos y Juristas dirigido al Ilustre Colegio de Abogados de Lima, suscrito por personalidades como Jorge Avendaño, Víctor García Toma, Javier Neves, Delia Revoredo, Jorge Santistevan de Noriega, entre otros.
La declaración en cuestión alertaba sobre uno de los mayores legicidios cometidos dentro de la institución que, se supone, debe velar por la correcta aplicación del Derecho.
Ocurre que la señora Luz Aurea Saenz, Decana del CAL - y militante del partido de gobierno - mandó publicar en El Peruano el texto del Nuevo Estatuto del Colegio de Abogados de Lima. El problema es que para ello quieren saltarse los procedimientos. La Segunda Disposición Final del “nuevo” Estatuto señala que éste deberá aprobarse vía un referendum para que entre en vigencia.
Y claro, esto es congruente con la trayectoria última del CAL. Lamentablemente, en los últimos años, la Orden ha terminado desprestigándose y tiñéndose de un manto de mediocridad. Los últimos Decanos han sido personas que, al margen de calidades personales, no han tenido trascendencia en sus opiniones legales y, cuando las han tenido, esto ha sido por lo desacertado de las mismas.
Por ello, con justa razón, uno se pregunta porque el ejercicio de la profesión tiene que ser obligatorio. Pero parece que la colegiación voluntaria es un sueño aun lejano.
Mientras tanto me sigo preguntando: ¿Qué sería del mundo sin los abogados?
Todos hemos visto esta imagen varias veces. El Presidente de la República besándole el anillo cardenalicio al Gran Canciller de la PUCP. Costumbre que, a cuento de investiduras del siglo XVI, ambos personajes - que parecen coincidir en varias agendas - se tributan. De hecho, las invocaciones divinas de Alan parecen ser mayores que las de su vecino de la Plaza de Armas.
Pero Alan no tiene la misma reverencia y respeto por otros miembros de la Iglesia. Ayer, el Presidente se despachó en Pisco contra el propio Estado Vaticano. ¿Motivo? El hecho de que Radio Cutivalú - la que no pasó su spot - es una obra de la Compañía de Jesús (los jesuitas), una de las congregaciones religiosas cuya vocación social es más que evidente y, además, que varios sacerdotes hayan apoyado la consulta popular en Majaz.
Por cierto, el presidente olvidó que la persona a la que mandó a negociar junto a Del Castillo fue Monseñor Luis Bamabarén, quien incluso terminó dándole la razón en alguno de los argumentos del gobierno.
Lo cierto es que Alan termina diciendo lo que desde algunos sectores de la Iglesia - los más conservadores - se dice hace tiempo: que la Iglesia Católica no debería estar cerca de los problemas sociales, en formas que no sean la mera caridad, por supuesto. Y claro, todo aquel sacerdote que tenga vocación social es acusado inmediatamente de revoltoso o comunista. McCarthy siempre presente en Palacio de Gobierno y en la mente de varios comulgantes, incluyendo al jefe de Estado.
Soy creyente pero a la vez partidario de un Estado laico. Ello implica que cada parte respete sus fueros. Deje de insultar el trabajo social de la Iglesia y dedíquese a gobernar, señor Presidente.
PD: Mínimo, la Conferencia Episcopal debe rechazar estos insultos.
En junio, The New York Times publicó un articulo polémico sobre el tema de Machu Picchu y las piezas en poder de Yale. Sin embargo, dio algunas claves para el futuro: nos devolverían parte de las piezas - pero las de menor valor - y el negociador peruano sería nada menos que Hernán Garrido Lecca a.k.a Marcahuasi.
Lo siento muchachos, pero la verdad es la verdad. Yale reconoce que las piezas son nuestras pero no las devuelve, luego de casi un siglo. Otra vez nos hicieron el cuento. Gracias Alan, gracias Garrido Lecca, gracias Bákula. Una vez más, la dignidad del país por los suelos.
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