Desde el Tercer Piso

Más que su interesante artículo de todos los martes, hoy lo más destacado de Martín Tanaka ha sido su visión de primera mano sobre la Convención Minera de la semana pasada, coincidente en el tiempo con el conflicto de Majaz.

Básicamente Tanaka comprobó lo que parecen ser sentidos comunes dentro de quienes se encuentran dentro del lado empresarial de la minería: las comunidades están mal informadas, se les manipula y los ingresos del canon no llegan. Sin dejar de tener algo de razón, habría que matizar en mucho dichos juicios, dada la ausencia del Estado, tanto como garante de bienes básicos - salud, justicia, educación, seguridad, redistribución del ingreso -, como en fiscalizador de la actividad minera. Allí creo que están las causas de porque se producen muchos de los reclamos en contra de una actividad que, en efecto, genera grandes ganancias, pero, de las cuales, las comunidades ven poco o nada y, debido a la ausencia del Estado, también terminan endilgándole a la empresa privada las labores que debería cumplir - independientemente de la responsabilidad social empresarial.

Pero además Tanaka da cuenta de un fenómeno común a la Convención Minera: mayor presencia de temas vinculados a la mejora tecnólogica antes que a lo social. Y ello lo atribuye a que aun existe cierta mirada menospreciativa de las comunidades, una visión cortoplacista de las inversiones - que ve la mejora de las relaciones con los comuneros como un gasto más - y prácticas tradicionalistas de trato hacia el ser humano.

Pero, ¿esto no ha terminado de ser moneda común en nuestras conferencias de empresarios? Una de las pocas excepciones parecía ser la CADE del año pasado, sin embargo, unas cuantas mesas sobre inclusión no disminuyen el tema de fondo: nuestros empresarios grandes - salvo excepciones - no pasarían un test de inclusión social (y sino, aplíquemosle el que elaboré el año pasado), dejando de ver al país como cifras y viendo lo que hay detrás de ellas: una sociedad en la que se excluye del ejercicio de los derechos básicos y en el que la brecha social es cada día mayor.

Como para que en el Club Empresarial lo mediten entre Etiqueta Negra y Chivas.

El domingo, en El Comercio, apareció un Comunicado de Decanos y Juristas dirigido al Ilustre Colegio de Abogados de Lima, suscrito por personalidades como Jorge Avendaño, Víctor García Toma, Javier Neves, Delia Revoredo, Jorge Santistevan de Noriega, entre otros.

La declaración en cuestión alertaba sobre uno de los mayores legicidios cometidos dentro de la institución que, se supone, debe velar por la correcta aplicación del Derecho.

Ocurre que la señora Luz Aurea Saenz, Decana del CAL - y militante del partido de gobierno - mandó publicar en El Peruano el texto del Nuevo Estatuto del Colegio de Abogados de Lima. El problema es que para ello quieren saltarse los procedimientos. La Segunda Disposición Final del “nuevo” Estatuto señala que éste deberá aprobarse vía un referendum para que entre en vigencia.

Sin embargo, el Estatuto actual señala que las reformas y modificaciones estatutarias deberán hacerse en dos asambleas extraordinarias de delegados, cuestión que no se ha hecho. Lo que ha hecho la señora Saenz es hacer un “Congreso Estatutario de la Orden” al que ha equiparado con una “Asamblea Constituyente”. Una forma de sacarle la vuelta a la norma que ni al abogado de Los Simpsons, Lionel Hutz, se le hubiera ocurrido.

Y claro, esto es congruente con la trayectoria última del CAL. Lamentablemente, en los últimos años, la Orden ha terminado desprestigándose y tiñéndose de un manto de mediocridad. Los últimos Decanos han sido personas que, al margen de calidades personales, no han tenido trascendencia en sus opiniones legales y, cuando las han tenido, esto ha sido por lo desacertado de las mismas.

Por ello, con justa razón, uno se pregunta porque el ejercicio de la profesión tiene que ser obligatorio. Pero parece que la colegiación voluntaria es un sueño aun lejano.

Mientras tanto me sigo preguntando: ¿Qué sería del mundo sin los abogados?