Desde el Tercer Piso

Dicen que el periodismo es una de las profesiones más amenazadas. De hecho, basta ver cualquier informe de Reporteros Sin Fronteras o las alertas del IPYS para darnos cuenta de los riesgos que se corren.

Pero muchas veces estos riesgos son producto del absurdo, la sinrazón, autoridades piconas por reportajes incómodos o un Poder Judicial obtuso. Más aún en países como los nuestros, donde el Poder Judicial no termina de ser un ente institucionalizado y respetuoso de los derechos de las personas. Esto ocurre con tres importantes periodistas de nuestro medio.

Augusto Alvarez Rodrich es víctima de las represalias por uno de los mejores reportajes de investigación que ha presentado su diario: el caso Tula Benites, la Canchaya del APRA. Dado que el tio de Tula, Walter Vasquez Bejarano, ha sido involucrado en el caso, a AAR se le han ido los leones judiciales: el reportero y el fotógrafo que hicieron la nota tienen dos denuncias en las Comisarías de Santiago de Chuco y San Isidro, mientras que el tío de Tula ya amenazó con iniciar un proceso judicial.

Juan Carlos Tafur ha sido condenado por tres reportajes sobre la fuga de un narcotraficante, en los que se encontró responsabilidad a la jueza encargada del caso. Tafur ha indicado que el próximo miércoles la Corte Suprema celebrará la audiencia final. Viendo los alegatos del caso, suena bastante inverosimil que te procesen por presentar una noticia con pruebas.

Finalmente, Marco Sifuentes y Paola Ugaz han documentado el caso de Pedro Salinas. El autor de “Mateo Diez” escribió una columna llamada Lampa, en la que termina comparando a esta ciudad con Juliaca, con escatológica analogía al final. La comprensible iracibilidad de los juliaqueños parece ser manipulada por su alcalde David Mamani, quien parece aprovechar el pánico para ocultar la poca transparencia de su gestión municipal. Y, para ello, el alcalde ha demandado por 50 millones de dólares a Salinas, cantidad que el pobre Pedro no sacaría ni vendiendo su consultora.

Si sumamos a esto el caso de Nelson Manrique, vemos que muchas autoridades siguen pensando que las demandas a la prensa los libran de los anticuchos y la defensa de la verdad. Pero ello no debe impedir el ejercicio de la libertad de expresión, base de la democracia.

Cada cierto tiempo, cuando sale una nueva noticia sobre el ya endémico conflicto entre minería y comunidades, me viene a la mente la siguiente idea:

La minería es, sin duda, una de las actividades que ha sostenido el crecimiento económico tan bueno que hemos tenido en estos años, producto de los buenos precios internacionales, pero también de los proyectos de inversión impulsados por el capital privado. ¿Es necesaria esta inversión para generar desarrollo? Por supuesto que sí.

¿Pero es necesario ser totalmente condescendiente con el capital y permitir que cualquier tipo de inversionista venga? Creo que no. El mundo viene exigiendo cada vez más estándares de calidad, de respeto al medio ambiente y de responsabilidad social empresarial a las empresas. Las mineras no están exentas de dichas exigencias.

El nuevo capítulo de esta pugna se llama Proyecto Río Blanco, conocido también como Majaz. Se trata de un proyecto minero que quiere explotarse en el departamento de Piura, con la oposición de las comunidades agrícolas de la zona, que se consideran afectadas por el inicio de estas actividades. Los enfrentamientos entre ambos bandos han llegado hasta niveles de violencia que cobraron vidas humanas.

Son tres los problemas centrales que se enfrentan: el primero: si es que las comunidades pueden decidir cuales son las actividades económicas que se pueden desarrollar en la zona, a semejanza de lo ocurrido en Tambogrande; el segundo, si es que es compatible la convivencia entre minería y agricultura en la zona; el tercero, de optarse por la minería, cuáles serían las condiciones de explotación y beneficios que se tendría con el Proyecto Río Blanco.

La situación se ha complicado por dos hechos. El primero, es que Monterrico Minerals, la empresa que quiere invertir en minería, ha sido comprada por capitales chinos, lo que a muchos les recuerda lo que fue la pésima privatización de Hierro Perú, vendida a Shougang.

El segundo, que ha ocupado las portadas de los diarios, es la realización de una consulta popular convocada por los alcaldes de los tres distritos aledaños al proyecto, votación que no ha sido avalada por las autoridades electorales. El gobierno tardíamente acude a la zona, los alcaldes no quieren dialogar, los medios de comunicación dividen sus opiniones entre quienes están a favor de la consulta y los pro mineros a ultranza. En suma, un despelote que no augura nada bueno.

¿Qué hacer? Dejo en esto la palabra a Tanaka:

¿Qué hacer? Primero, es necesaria la información, la consulta y la participación de los vecinos en la toma de decisiones. Segundo, esto no es suficiente, porque siempre habrá algunos a favor y otros en contra: es necesario que en este debate se tome en cuenta los intereses de los afectados y también el “bien común”, y este debate es eminentemente político (debate sobre desarrollo local). Tercero, este debate debe expresarse en criterios de zonificación y desarrollo urbano transparentes (ordenamiento territorial; no es mina sí o no, sino en qué condiciones). Cuarto, debe haber una autoridad (ambiental) capaz de dirimir disputas, velar por el establecimiento de compensaciones adecuadas para los afectados, por el cumplimiento de los acuerdos, y capaz de imponer sanciones, drásticas, de ser necesario. Se necesita otra institucionalidad estatal.

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