Desde el Tercer Piso

Hoy la Corte Suprema de Chile ha decidido la suerte del ex dictador Alberto Fujimori y, con ello, se inicia una cuenta regresiva que se calcula podría terminar el viernes.

La sentencia es trascendente por varios motivos.

En primer lugar, Fujimori podría ser el primer presidente peruano procesado bajo las reglas del debido proceso. No cuento lo ocurrido con Leguía pues, a pesar de sus trapacerías, murió antes de ser condenado y el Tribunal de Sanción que lo procesaba era todo menos imparcial.

En segundo lugar, representaría uno de los pocos casos en que se extradite a un jefe de Estado por violaciones a los derechos humanos y corrupción. Seria un mensaje claro contra la impunidad en cualquier parte del mundo y una lección desde uno de los lugares del mundo menos vistos con atención desde el Primer Mundo.

En tercer lugar, demostraría un paso adelante para un país que no pudo condenar al principal violador de derechos humanos de su historia, cuya historia de crímen y asesinato comenzó un día como mañana, hace 34 años.

Finalmente, puede ser la rectificación frente a un fallo aberrante, con errores jurídicos manifiestos.

¿Cuál será el resultado? Por lo pronto, solo los jueces de la Corte Suprema que acaban de fallar lo saben. Habrá que tener paciencia y, de parte de todos, respeto con la sentencia, lo que no implica que se hagan las críticas pertinentes al fallo, de ser el caso. Mi posición ya la saben: el Chino debe volver, pero a responder ante la justicia.

Lástima que en Palacio de Gobierno no piensen lo mismo.

VIDEO: La destrucción de la democracia. Preparado por el Instituto de Defensa Legal a partir del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Pensé varias veces en la posibilidad de escribir o no este artículo, no tanto en mi condición de estudiante PUCP, sino también por el vínculo laboral que tengo con la misma. Venciendo mis iniciales resistencias y señalando que mis opiniones solo me vinculan a mi - con la atingencia antes señalada - paso a exponer mis puntos de vista.

La semana pasada, se registró un lamentable accidente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Mientras se encontraban realizándose trabajos en la Facultad de Arte de la Universidad, cedió el techo de una de las casetas prefabricadas de arte, siendo afectados el trabajador que venía realizando el pintado de los techos de la instalación, así como dos alumnos de la Facultad que quedaron heridos.

Con justa razón, los alumnos y trabajadores protestaron por dos motivos centrales: la precariedad con la que la Facultad de Arte viene trabajando desde hace muchos años y la presencia de techos de asbesto, material que en fuertes dosis presenta riesgos serios para la salud. La Universidad respondió con un comunicado en el que, debo lamentar, intentó salvar su responsabilidad con argumentos dignos de una compañía de seguros.

¿Qué nos deja como lección todo esto?

En primer lugar, que todas las entidades tienen que tener construcciones de material noble, no solo por un tema de respeto a las personas que utilizarán dichas instalaciones, sino por un tema de seguridad. Acabamos de pasar por una tragedia nacional que nos recuerda que todas nuestras estructuras materiales deben estar preparadas. Y el estudio de la UNI que la propia PUCP encargó señala que un material como el asbesto debe ser retirado - de hecho, ya hay un proyecto de Ley en el Congreso para prohibir su uso - por lo que las acciones a tomarse deben hacerse rápidamente.

Hoy la PUCP en su periódico oficial Punto Edu presenta una explicación sobre el tema. Señala que el proyecto de construcción de nueva Facultad de Arte está planificado y presupuestado desde hace un año, pero que no ha sido ejecutado debido a que se requiere definir si se construiría bajo el mismo espacio que actualmente ocupa o si se utilizará un área nueva para lo mismo. Este fin de mes, el Rector, el Decano de Artes y representantes de profesores y alumnos se reunirían para determinar una solución final al problema. Sin duda, es un paso adelante, pero que debe iniciar también una saludable autocrítica en las autoridades de la Universidad, quienes no afrontaron por muchos años este problema.

Un segundo tema, y con esto concluyo, tiene que ver con las reglas existentes para los services y las empresas usuarias. Para la Universidad le ha sido muy fácil expedir el comunicado antes mencionado, debido a que no tiene responsabilidad solidaria con el service. En lugar de ver si se limita o no el porcentaje de trabajadores empleados bajo esta modalidad, tal vez nuestros congresistas debieran pensar en una medida que realmente acabe con la desprotección: la responsabilidad solidaria entre service y empresa usuaria. Además de comprometer al efectivo empleante de la mano de obra manual o intelectual, la medida, por costos, sí permitiría una contratación bajo planilla, al desincentivar el empleo de la intermediación para actividades en las que realmente no se requiere la misma.

Finalmente, creo que extrapolar el debate a los pleitos con el Cardenal o a tensiones ideológicas entre miembros de la Comunidad Universitaria termina desnaturalizando el fondo del problema.