Desde el Tercer Piso

Por fin se dio a conocer hoy la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley que controla a las ONGs.

Luego de leer el texto completo de la sentencia, me queda claro el sentido de lo que el TC ha señalado. Por un lado, reconoce el derecho de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional a fiscalizar actividades realizadas con fondos que vienen por cooperación internacional que llega a través del Estado y a aquellas entidades que se acogen a beneficios tributarios. Esto nunca fue cuestionado por las ong’s que impulsaron la demanda.

Por otro lado, la sentencia saca del ordenamiento jurídico los puntos más rochosamente inconstitucionales de la Ley: ya no serán materia de control obligatorio las entidades que no reciban fondos canalizados a través del Estado, la famosa “priorización” de actividades no será compulsiva para quienes usen fondos privados, ni se cerrarán ong’s por vía administrativa.

Este equilibrio constitucional puesto por el TC ha hecho que ambas partes hayan recibido tranquilamente la sentencia. Tanto onegeros como el gobierno se han mostrado respetuosos de la sentencia. Donde sí han habido pataletas es en los sectores más recalcitrantes: los fujimoristas amenazan con presentar otro proyecto controlista y los empresarios mineros siguen diciendo que quienes no piensan como ellos entorpecen el desarrollo del país. Pobre gente.

Y ello me hace pensar que esta suerte de guerra sucia contra las organizaciones no gubernamentales, sobre todo, contra las que ven temas de medio ambiente, derechos humanos e institucionalidad, continuarán en los medios de comunicación más cercanos a estos intereses. Jurídicamente la discusión queda zanjada, pero la intolerancia seguirá persistiendo en cada epiteto de Mariátegui, cada calumnia de Ben Schmuel o cada mentira de Expreso.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: Carta de Goldfinger
Roberto Bustamante: Las ong’s versus el Perú
Ricardo Vasquez Kunze: Derecha rochosa y ONGs

(Fotomontaje: El Utero de Marita)

Informe del IDEHPUCP recuerda graves errores que la Corte Suprema de Justicia de Chile no debe repetir

En pocos días, sabremos exactamente que es lo que la Corte Suprema de Justicia de Chile decidirá sobre la extradición de Alberto Fujimori. Una decisión que definiría no solo el futuro de un ex gobernante en temas de derechos humanos y corrupción - lo que ya supone una trascendencia importante -, sino también si Chile, un país que aspira a ser más que el común de la región, da un paso importante en la lucha contra la impunidad, tan común a América Latina.

A estas alturas del partido, todos sabemos que la sentencia del juez Orlando Alvarez no fue precisamente una clase magistral de Derecho. A modo de sistematización de dichos errores, un grupo de abogados - entre ellos, los ex procuradores Luis Vargas Valdivia y Antonio Maldonado, el ex Defensor del Pueblo Walter Albán y el ex jefe de extradiciones Yván Montoya, entre otros - convocados por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP) prepararon un Informe Jurídico en el que señalan los groseros errores cometidos por Alvarez en la resolución de su sentencia.

Los 6 puntos en que podría resumirse el Informe son los siguientes:

1. Chile debe limitarse a comprobar si se cumplen los requisitos formales para la extradición. Ello es consecuencia del Tratado de Extradición Peru - Chile de 1932 y de las reglas establecidas en el Código de Bustamante - una norma base de Derecho Internacional Privado - sobre la materia. Alvarez desnaturalizó el proceso y puso un estandar aplicable a determinar inocencia o culpabilidad, cuestión que no le correspondía hacer, yendo en contra de normas nacionales chilenas e internacionales.

2. Existencia de indicios razonables. Este es el estándar que determina si una persona es extraditada o no. Y en este caso habían indicios razonables en contra de Fujimori, recogidos en las investigaciones judiciales, parlamentarias y las de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Alvarez hace un análisis sesgado de pruebas, escogiendo algunas y limitando aquellas que involucran más a Fujimori e incluso se plagia los párrafos de los alegatos del Chino.

3. La importancia de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Alvarez, simple y llanamente, desconoció el valor obligatorio de estas resoluciones judiciales internacionales, que, para los casos La Cantuta y Barrios Altos, ordenó que se investigaran y sancionaran a los autores materiales e intelectuales de los crímenes. Y ya sabemos quien es el posible principal autor intelectual del caso. Para aclarar ello, es necesario que Fujimori responda por estos casos.

4. El valor de la prueba. Alvarez interpretó errónamente el Código de Procedimientos Penales de Chile y aplicó un standard probatorio aplicable solo a determinar culpabilidad. Peor aún, segmentó los cuadernillos, tomando solo aquello que favorecía a Fujimori y no ponderando el conjunto de elementos probatorios presentdos.

5. Los cuadernos de extradición cumplen con los requisitos de la extradición. Además de no incriminar a Fujimori en delitos políticos, los cuadernos contienen documentos oficiales, testimonios claves y pericias, así como informes en Derecho de prestigiosas universidades extranjeras. Todos estos elementos pasan el estándar probatorio exigido para una extradición.

6. Alvarez fue más allá de lo jurídico y dio juicios políticos. En efecto, el juez acogió los argumentos de Fujimori sobre su “desconocimiento” del sistema militar - sí, él, que se jactaba de haber derrotado al terrorismo - y sobre que la Ley de Amnistía fue solo obra del Congreso - de mayoría fujimorista - olvidando que él promulgó la norma.

Estas son algunas de las cosas que, esperemos, los jueces de la Corte Suprema de Chile tengan en cuenta. Rumores van y vienen sobre lo que finalmente decidirá este órgano judicial por lo que, tan importante sobre lo que decidan, será como fundamenten una decisión que, espero, nos haga volver a creer en la existencia de la justicia.

MAS SOBRE EL TEMA:
El Comercio, La República, Perú.21 y La Primera resaltan importancia del Informe del IDEHPUCP

PRIMER ACTO: MANIOBRA DE DISTRACCION

Se inicia el largo día parlamentario. Tres temas pendientes: elección de magistrados del Tribunal Constitucional, pedidos de sanción para parlamentarios - en los que el caso Tula Benites conscita la mayor atención - y pedidos de interpelación a Ministros.

Típica maniobra de distracción parlamentaria: proyecto de Ley sobre uso de lenguas indígenas y originarias del Perú. Bronca garantizada: en una esquina, Martha Hildebrandt, en la otra, Hilaria Supa y María Sumire de Conde. Show mediático garantizado.

Mientras tanto, pasan las horas, Tula Benites hace llamadas a diesta y siniestra, consulta con los compañeros, procura negociar con las fujimoristas Keiko y Moyano. Todo mientras vemos el sainete idiomático en todo su esplendor.

SEGUNDO ACTO: UNA ELECCION, DIGAMOS, COMO LAS DEL CONGRESO PERUANO

Elección del TC. Ya saben, mismo repertorio preparado por Pastor, con dos integrantes menos por renuncia.

Sin aprender la lección: Chau orden de méritos, pues se puentearon a Oscar Urviola. Chau votación individual, pues votaron en bloque.

¿El resultado? Un académico honesto, pero cuyos pergaminos no son suficientes para llegar al TC, como Gerardo Eto. Otro personaje honesto, como Ernesto Alvarez Miranda, pero cuyo CV tampoco es más que cualquiera de los actuales magistrados. Y para coronar el pastel, un aprista de pocas luces, Fernando Calle Hayen.

Esperemos que, sobre la marcha, estos señores puedan aprender el manejo de una institución que, por 5 años, ha prestigiado al país.

TERCER ACTO: SANCIONES, POR FIN

Sesión reservada pero de la que todos conocíamos detalles. Ricardo Pando suspendido por 60 días, luego de aceptar la contratación de empleada fantasma. Alfredo Cenzano suspendido 30 días por mal uso de recursos públicos.

Y claro, finalmente sancionaron a Tula Benites. Claro, fue un parto. Se sabe que Torres Caro y Rolando Souza la defendieron. Que el abogado defensor habló en una sesión del Congreso en la que no se requería de letrado para defenderse. Que los compañeros veían la forma de salvarla. Y, para variar, Benites se la agarró con el diario que denunció su calidad de Canchaya aprista. Al final, 56 votaron a favor de la sanción, 34 en contra y 5 se abstuvieron.

¿Y LAS INTERPELACIONES? Simplemente, no se trató el tema. Claro, no era apropiado hacerlo entre gallos y medianoche, pero ya vemos que quisieron dilatar el asunto. A Alva y a Zavala los salvó la campana.

MAS SOBRE LOS TEMAS:
Roberto Bustamante: Allillanchu Martha Hildebrandt
Fernando Rospigliosi: A espaldas de los ciudadanos
Ernesto Alvarez: Estoy en contra de limitar facultades del Tribunal Constitucional