Desde el Tercer Piso

Hoy, tanto Alberto de Belaúnde como Perú.21 alertan sobre una de las consecuencias de la inconstitucional norma sobre las ONGs.

La institución afectada es el Instituto de Defensa Legal, una de las entidades que tiene mayor posicionamiento en el tema de derechos humanos, justicia, defensa y seguridad ciudadana, con una línea crítica hacia muchas de las acciones del actual gobierno. De Belaúnde resume el problema:

El pasado 27 de agosto, el IDL recibió una carta - fechada 24 de agosto - de la APCI (agencia gubernamental que ve el tema de la cooperación técnica internacional) en la cual se les informaba que habían sido seleccionados para ser fiscalizados, y que enviaran toda la documentación requerida para dicho propósito (que no es poca). ¿Cuál era la fecha límite para dicho envío? El 23 de agosto (cuatro días antes de haber recibido la carta).

Como nada es casual, esto se produce en las vìsperas del fallo del Tribunal Constitucional sobre la ley de las ONGs. Se conoce que esta semana se dará a conocer la sentencia - que, según mis fuentes, provocaría una pataleta de Aldo Mariátegui -, por lo que los impulsores de la norma vienen haciendo presión abierta en los medios sobre el tema. Expreso y La Razón son los medios favoritos para este tipo de ataques.

¿Mi pronóstico? Esperemos ver más de esto hasta que salga la sentencia y, si se confirma lo que me han señalado, pues veremos a por lo menos tres diarios - incluyendo a Correo - en una campaña feroz.

Si bien hay ong’s que no hacen un buen trabajo, la mayoría si lo hace. Los mecanismos de fiscalización que ya existían eran buenos y la norma invade derechos fundamentales claves. El objetivo, como lo he anotado antes, es controlar contenidos de organizaciones vinculadas a temas de fortalecimiento institucional, medio ambiente y derechos humanos, pues la incomodidad que producen en varios sectores, inclyendo a varios del gobierno, es clamorosa. Estamos advertidos.