Desde el Tercer Piso

Ayer este blog publicó una seria denuncia sobre la prescripción del caso El Frontón, referida a una de las juezas que dictó dicha resolución, vínculada maritalmente a un funcionario del Ministerio de Justicia con carnet aprista.

La cuestión es seria y tiene que ver con dos temas principales con relación a este caso.

El primero, de índole jurídica, tiene que ver con la imprescritibilidad de los delitos de lesa humanidad. Nuestro país ha suscrito convenios internacionales en este sentido y la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Barrios Altos ha señalado que son inadmisibles las disposiciones de prescripción que impiden investigar y sancionar a los responsables de violaciones graves de los derechos humanos. Lo mismo han señalado instancias nacionales, como el Tribunal Constitucional y la Sala Penal Nacional.

Es decir, los jueces han ignorado lo que dice el Derecho Internacional y lo que han dicho altas instancias judiciales peruanas. Para justificar el mamarracho jurídico, han llegado a decir que lo ocurrido en El Frontón - las ejecuciones extrajudiciales ocuridas luego del develamiento de un motín - no fue un crímen de lesa humanidad. Con dos sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre este caso, esto es bastante difícil de sostener.

El segundo aspecto es de índole política. Quien habla no se ha sumado al coro de personas - bien intencionadas o no - que han señalado directamente al Presidente de la República como autor penal de los sucesos de El Frontón. De hecho, he expresado mis dudas sobre si la estrategia de involucrar a García en este caso ha sido la más acertada para llegar a la verdad de lo ocurrido.

Sin embargo, lo de la jueza esposa del compañero Tambini vuelve a poner sobre el tapete las serias suspicacias que existen sobre un caso sobre el que no se han sancionado a los responsables luego de 18 años de haber ocurrido.

Y es más curioso aún cuando la Comisión de la Verdad y Reconciliación no determinó responsabilidad penal en AGP, hecho resaltado por el APRA en su pronunciamiento oficial sobre la CVR.

Si el suelo está tan parejo para los compañeros, ¿por qué una jueza tan cercana a ellos termina fallando por cerrar el caso?

Esta entrada fue escrita el Jueves, 23 de Agosto de 2007 a las 11:20 am y archivada en Alan García, CVR, El Frontón, Moises Tambini, Nancy Avila de Tambini, derechos humanos. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.