Revisando la última edición de Caretas, me topé con una entrevista a Adrián Huamán Centeno, uno de los altos mandos militares procesados por violaciones a los derechos humanos - casos Pucayacu, Jaime Ayala y Callqui, en 1984 -, quien da sus primeras declaraciones a la prensa sobre los hechos por los que la próxima semana se iniciará un juicio oral.
Para quienes estaban en 1984 en edad de pediatría o no se acuerdan de él, Huamán fue el segundo jefe del Comando Político Militar de Ayacucho. Tenía un discurso en favor de una solución del conflicto que comprendiera componentes que no solo fueran militares, pero claro, pensaba que la conducción de dichos componentes no debiería estar bajo control civil. Y, a pesar de ese discurso, 1984 fue el año en que mayor cantidad de muertes existió durante el conflicto, pues, además de las sangrientas acciones de Sendero Luminoso, el Ejército aplicó en Ayacucho patrones de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, lo que algunos han llamado “tierra arrasada”.
Las respuestas que Huamán da a la revista, negando cualquier vulneración de derechos humanos o atacando a la Comisión de la Verdad y Reconciliación y tejiendo teorías de la conspiración no es sorprendente. Pero creo que debe ser ubicada en un contexto mayor que las palabras de un general procesado o de un militar más.
En realidad, el Perú vive un proceso mayor, que los científicos sociales denominan Batallas por la Memoria. Se denomina así a la contraposición de versiones sobre dictaduras y/o periodos de violencia, que inciden no solo en lo que la gente percibe que ocurrió durante un conflicto interno o un periodo de represión muy fuerte, sino que también tienen una relación directa con las políticas que se emplean para enfrentar las secuelas de la violencia y la atención a las víctimas.
En el Perú, existen dos narrativas en disputa.
Por un lado, encontramos una memoria salvadora, en la que se realza el papel del gobierno de Alberto Fujimori y de las Fuerzas Armadas como únicos responsables de la derrota de Sendero Luminoso, poniéndose énfasis en valores como el orden y la seguridad frente a los derechos humanos, tomándose las vulneraciones a derechos fundamentales como “métodos inevitables” que tenían que emplearse para culminar con el conflicto. Sin duda, la versión del general Huamán se encuentra en este primer grupo.
Por otro lado, tenemos una memoria para la reconciliación, que no sólo refuta la historia oficial dictada durante la década de los noventa, sino que resulta ser una visión más omnicomprensiva del conflicto armado interno, procurando entender las distintas aristas de la violencia, los procesos subyacentes en la sociedad peruana – exclusión, discriminación y racismo – que marcaron mucho de la dinámica del conflicto y una seria interpelación a los tres gobiernos durante los cuales se desarrollo el proceso de violencia.
A la memoria salvadora se le caracteriza como manipuladora, a tal punto que termina poniendo la agenda sobre lo ocurrido en los años de violencia, cuestión que también se comprende por la mayor permanencia temporal de esta versión en la opinión pública. Así, se entiende que el debate entre ambas memorias giró en torno a tópicos que, aunque importantes, desviaron la atención sobre aspectos centrales de la relación que la CVR establecía entre lo ocurrido durante los años de violencia y la consolidación de la democracia y los derechos humanos. Por ello, la discusión sobre la composición y metodología de la Comisión, así como el tema de las responsabilidades políticas, penales y sociales de los actores involucrados en el conflicto fueron el eje central de la discusión, dado que eran los terrenos en los que los defensores del discurso oficial querían defender.
Es necesario, por tanto, reenfocar el debate sobre la memoria histórica en el Perú. Ciertamente es necesario persistir en el esfuerzo por señalar las responsabilidades que a cada uno de los actores le corresponde. Sin embargo, deberá hacerse un esfuerzo mayor por presentar al Informe Final de la CVR como un documento que presentó un panorama general sobre el funcionamiento de las instituciones en nuestro país y los problemas sociales más urgentes por atender.
Ello implica que la discusión se centre en que el Perú se asuma como una sociedad de post-guerra - cuestión que hasta el día de hoy no se ha hecho - y que el Estado varíe sus políticas sobre la base de este reconocimiento.
No digo con esto que los juicios a los militares y senderistas deban detenerse. Por el contrario, es necesario atender a la demanda de justicia y lucha contra la impunidad de la manera más rápida, con el respeto al debido proceso y garantizando el derecho de las víctimas. Pero estas legítimas demandas debe comprenderse en un proceso mayor de cambios institucionales y reparaciones que consoliden la democracia y los derechos humanos en su integridad en el país.
Hacer esta variación de enfoque determinaría que se pueda posicionar de mejor manera el trabajo de la CVR en la agenda pública y deje de verse como un tema entre “conservadores” y “pro militares” vs. “caviares” y “pro senderistas”, sino como un diagnóstico que involucra problemas de toda la sociedad, así como de las realidades particulares de cada región.
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