Desde el Tercer Piso

En un fallo que ha sido calificado como sorpresivo, hoy el Juez Orlando Alvarez emitió su sentencia de primera instancia sobre el caso Fujimori. Alvarez decidió no tomar en cuenta el informe de la Fiscal Mónica Maldonado y rechazó la extradición de Fujimori, por todos los cargos.

Como se intuye, el fallo será apelado por los abogados peruanos ante la Corte Suprema de Justicia de Chile. Y claro, Carlos Raffo ya destila su euforia ante cuanto medio sale a declarar.

La sentencia de Alvarez comienza por rechazar todas las defensas procesales interpuestas por Fujimori. No se considera que tiene inmunidad por ser Jefe de Estado y, en los demás casos, Alvarez señala que es el juez peruano quien debe señalar si ha existido debido proceso en los casos seguidos contra Fujimori. Es decir, en esto no se ha apartado del criterio de la Fiscal Maldonado.

Lo mismo ocurre en lo que se refiere al delito de asociación ilícita para delinquir. Como lo comenté al momento de analizar el Informe Maldonado, existía una discrepancia sobre el momento en que se organizaba un grupo para cometer un delito. Los peruanos sostenemos que ello ocurre por la mera existencia de un grupo criminal mientras que los chilenos señalan que la organización debió constituirse antes de la entrada de Fujimori al poder. Tanto Maldonado como Alvarez avalan esta segunda interpretación.

LOS ARGUMENTOS Y OMISIONES DE ALVAREZ

Allanamiento de la Casa de Montesinos:Alvarez sostiene que hay contradicciones entre los testigos sobre la existencia o no de una orden judicial para no proceder con el caso, por lo que declara que el caso no es procedente. Lo que olvida el juez es que existe una sentencia en el Poder Judicial peruano contra el falso fiscal que allanó la casa de Montesinos, en la que se señala que no existió orden judicial.

Pago de deudas tributarias de Borobio a la SUNAT con fondos del Estado: el juez se basa, fundamentalmente, en su propio fallo de rechazo de la extradición de Borobio, fallo controvertido porque los chilenos no consideran - erradamente - que los particulares cometan delito de peculado. Pero se dejan de lado todos los testimonios y el informe pericial que acreditan dicho pago irregular.

Interceptación Telefónica: Alvarez dice que los testigos no imputan directamente a Fujimori y que no se demostró que se utilizaran fondos públicos. Sin embargo, deja de lado el hecho de que existiera una organización para la operación de espionaje telefónico y, además, tampoco tiene en cuenta los informes periciales, ni las pruebas documentales del espionaje.

Faisal - Aprodev: El juez acepta que el delito fue cometido, pero no que Fujimori tuviera intervención en los hechos. Sin embargo, no se toman en cuenta el contrato de arrendamiento de la página web, ni los recibos de pago.

Tractores Chinos y Medios de Comunicación: En el caso de los Tractores Chinos, se confirmó lo dicho por la Fiscal Maldonado, quien no consideró la existencia de un delito, sino una mala gestión. De acuerdo a lo conversado con abogados involucrados en el proceso de extradiciòn, este quizás era el expediente más sujeto a interpretación de los presentados durante el proceso.
En el caso de medios de comunicación, se señala que el delito existió, pero no se acredita la participación del dictador. En este caso, es grave que no se tome en consideración la declaración de Vladimiro Montesinos, quien detalla con pelos y señales como se dio la operación de compra de Cable Canal de Noticias y sindica directamente a Fujimori ocmo autor intelectual del hecho. Tampoco se tiene en cuenta quien era el destinatario final de los beneficios que suponía el control de los medios de comunicación, es decir, el ex gobernante del Perú.

Medicinas Chinas: El juez considera que los decretos supremos firmados por Fujimori para estas compras irregulares solo fueron meros actos administrativos y no constituyen delito. Es más, pondera más la declaración de Víctor Joy Way, co inculpado en este caso, quien, por supuesto, se declara como inocente en este caso. No se toma en cuenta los informes escritos sobre las irregularidades de la compra de las medicinas chinas, ni se pondera adecuadamente la declaración del ex ministro Carlos Vidal, quien acredita la participación de Fujimori en este caso.

Pago de 15 millones a Montesinos: Este es quizás uno de los casos más escandalosos, pues es, junto con los expedientes de derechos humanos, este es uno de los casos mejor sustentados. ¿Y en que se basa Alvarez para desestimarlo? En que los coprocesados de Fujimori - ex ministros suyos - no coinciden en señalar para que servía la plata. Claro, pero ninguno desestima que fue Fujimori quien la pidió y que se hizo entrega de esos fondos como una suerte de CTS de Montesinos. Y el Juez no toma en cuenta ninguno de los documentos presentados y que demuestran que el destino de los fondos fueron los bolsillos del ex asesor, por ordenes de Fujimori.

(Ya a estas alturas de leido el expediente, fui cayendo en la cuenta que el análisis del caso por parte del Juez Alvarez fue bastante deficiente)

Congresistas Tránsfugas: Alvarez señala que las declaraciones de Matilde Pinchi Pinchi y María Angélica Arce solo dan cuenta de entrega de fondos del SIN para obras sociales, cuestión que resulta poco creible a estas alturas. Pero, además, Alvarez no toma en cuenta otros elementos de análisis para el caso, como los contratos de los congresistas para pasarse a la bancada fujimorista, los testimonios de otros colaboradores de Montesinos - que en otros casos los utiliza para desestimar los casos - y del propio Montesinos. Más aún, no se toma en consideración que finalmente era Fujimori el beneficiario final de la compra de congresistas para una bancada que le iba a ser obsecuente, elemento que tiene muy en consideración Mónica Maldonado.

Desvio de fondos: El juez descarta este caso por no considerar que los fondos fueron desviados hacia beneficio de Fujimori y porque no hubo quejas de los japoneses por las donaciones desviadas de AKEN y APENKAI. De esto puedo dar un testimonio personal. Mi padre trabajó en Popular y Porvenir durante más de 20 años y todos en la empresa conocían que el hecho de que las oficinas de ambas ong’s quedaran en la misma oficina donde mandaba Augusto Miyagusuku era porque era el hombre de confianza de Alberto Fujimori. De otro lado, Alvarez, al momento de analizar los desvios de fondos, no señala que el delito se encontraba justamente en que se destinaban a otro uso que no era el permitido y que los fondos del SIN solo tenían control de una sola persona: el Presidente de la República.

Sotanos SIE: Al igual que en el dictamen fiscal, se rechazan los casos de secuestro de Susana Higuchi, Leonor La Rosa y Hans Ibarra por no haberse acreditado que incurrieron. También se rechazaron los casos de secuestro de Gustavo Gorriti y Samuel Dyer por hallarse prescritos en Chile. Sin embargo, lo grave ocurre con relación a las desapariciones forzadas de tres personas que fueron detenidas en el Cuartel General del Ejército y que nunca aparecieron, hecho que si fue acreditado por la Fiscal. Alvarez dice que no hubo una orden directa de Fujimori de ejecutar o detener a estas personas.

Sin embargo, Alvarez no toma en cuenta elementos que comentamos al analizar el caso Sótanos SIE:
a) Básicamente, el modus operandi fue el mismo: la detención a las personas en lugares cercanos a su casa, por parte de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército, su detención en los sotanos del Cuartel General del Ejército (Pentagonito) y su posterior ejecución e incineración en el horno que existía para tal fin en dicha dependencia militar. La versión del agente Jesús Sosa - principal fuente de Uceda para esta investigación - y la de otros dos testigos corroboró la ocurrencia de las desapariciones.
b) La existencia de los cuadernos de registro de los detenidos, que resultaron compatibles con los casos de Najarro, Roca y Anzualdo (los tres desparecidos) y en los que, además de la comprobación de su detención, se comprobaron las visitas hechas por Vladimiro Montesinos a los prisioneros. Como se sabe, el único jefe directo de Montesinos era Fujimori, por lo que la teoría de dominio del hecho es claramente aplicable a este caso. Teoría que el señor Alvarez no aplica en ningún momento para desestimar el caso.

Más aún, Alvarez no tiene en cuenta que, de manera complementaria, los expedientes Sótanos SIE y Barrios Altos - La Cantuta suponen la existencia de prácticas sistemáticas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Fujimori, con su aquiescencia.

Decretos de Urgencia para desviar dinero de la privatización: El juez solo se basa en los testimonios de dos de los testigos presentados. Sin embargo, deja de tener en cuenta la principal conclusión de la Fiscal Maldonado en este caso: la participación de Fujimori está acreditada porque resulta establecida su intervención personal, directa e inmediatamente en la gestación y dictación de los Decretos de Urgencia, que son normas que, recordemos, son emitidas por la Presidencia de la República, únicamente para casos de extrema necesidad.

Barrios Altos - La Cantuta: Alvarez condiciona su actuación a lo que señalaron los japoneses sobre estos casos y, por ello, es bastante ligero al desestimar el caso. Es curioso que diga que Colina no tuvo una relación con él, ni que las Leyes de Amnistía fueron para salvarle el cuello a los asesinos de La Cantuta y Barrios Altos, ni que no se tomara en cuenta las investigaciones hechas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación en estos casos. Para Alvarez, son hechos aislados y punto. Como lo dije anteriormente, aquí se comete un serio error, pues es claro, como lo han señalado los jueces peruanos que procesan a Fujimori y demás informes sobre la materia - incluyendo a la de la Fiscal Maldonado - que estos no fueron actos aislados y que la voluntad de encubrimiento de estos hechos - en la que coincidieron todos los poderes del Estado - delataba una conducta criminal bastante clara.

Para el juez, simplemente no existen el testimonio dado por Santiago Martin Rivas sobre los manuales de inteligencia elaborados para aniquilar personas en la lucha contra el terrorismo, por órdenes de Fujimori; los miembros del Destacamento Colina que implican a Fujimori; las felicitaciones y ascensos otorgados; la existencia de una voluntad para encubrir los hechos plasmada en la Ley de Amnistía; las investigaciones hechas por la CVR para demostrar que Colina era parte de la estructura del Ejército Peruano, entre otrs pruebas que la Fiscal Maldonado si tomó en consideración.

Además, se acoge la tesis de Fujimori de que los actos fueron cometidos por las Fuerzas Armadas sin su aquiesencia, o por motivaciones distintas. Todos los involucrados en el caso Colina han aceptado que esto era parte de la política antisubversiva del Estado durante el régimen fujimorista. Sin embargo, Alvarez no toma en consideración estos elementos.

Y como cereza sobre el pastel, al mencionar las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Barrios Altos y La Cantuta, solo menciona que se procesaba la responsabilidad del Estado peruano, pero no se menciona un elemento clave de ambas sentencias: la práctica sistemática y generalizada de violaciones de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

¿Y POR QUE SE DICTA UN FALLO CON ESTE RESULTADO?

Tres hipótesis, no necesariamente excluyentes, parecen ser las más plausibles para señalar el sentido de este fallo.

La primera tiene que ver con el propio juez Alvarez. La lectura de su sentencia me demostró que no ha sabido ponderar de manera adecuada los elementos de juicio presentados por el Estado peruano, descartando lo que, a mi juicio, eran elementos básicos para sustentar las causas de este fallo.

La segunda, está relacionada con lo que Marco Sifuentes ha mencionado desde hace semanas. Las presiones de Japón para con uno de sus nacionales, más aún si este ciudadano postula al cargo de Senador de la Dieta nipona. hacia Chile, en vísperas de una suscripción del TLC entre ambos países.

Y la tercera, mencionada por el ex Procurador Yván Montoya, es un elemento que siempre se ha reiterado: la falta de voluntad política de este gobierno para encarar el tema de la extradición. Uno de los más groseros errores de esta gestión y que, sin duda, será objeto de cuestionamiento en los balances que se hagan de este primer año de Alan García en el poder.

Habrá que aguardar con calma el fallo de la Corte Suprema de Chile. Pero también será hora de que el gobierno peruano deje de lado consideraciones políticas de la quincena y termine viendo más lo que será el juicio de la historia en lo que respecta a su inacción frente a la impunidad, la corrupción y las violaciones de derechos humanos. Hoy puede ser Fujimori, mañana pueden ser otros casos más.

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Alan García: Respaldo declaraciones de mi Ministra de Justicia.
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Utero de Marita: Rechazan extradición de Fujimori
Roberto Bustamante: Juez Orlando Alvarez rechaza orden de extradición de Fujimori (Parte 1 y Parte 2)
Michelle Bachelet: No han existido presiones al Poder Judicial.
Human Rights Watch: El fallo es errado
Amnistía Internacional: Si se rechaza extradición, Fujimori debe ser procesado en Chile.
Francisco Soberón: Alvarez pasará a la historia por avalar crímenes de lesa humanidad.
Ronald Gamarra: Es un fallo indignante.
Carlos Rivera: La extradición que se vuelve absolución.
Víctor Andrés García Belaúnde: A Chile le interesa ser más amigo de Japón que de Perú.
Juan Carlos Eguren (Unidad Nacional) y José Vega (UPP) extrañados por el fallo.

Esta entrada fue escrita el Miércoles, 11 de Julio de 2007 a las 4:23 pm y archivada en Alberto Fujimori, Chile, Orlando Alvarez, corrupción, derechos humanos, extradición, impunidad. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.