Desde el Tercer Piso

Hoy ha sido adjudicada la nueva adquisición de patrulleros para la Policía Nacional, mediante el procedimiento de subasta inversa, que supuestamente es el más efectivo para evitar corruptelas de cualquier tipo, como sucedió en la anterior compra de unidades policiales.

El postor ganador es el consorcio conformado por Daewoo International Corporation Sucursal del Perú y Gun Supply.

Sobre la primera de las empresas, se sabe que en los últimos años no ha ganado licitación alguna ante el Estado. Pero la segunda, que ha sido una frecuente vendedora al Estado durante los últimos años en los rubros armamento y seguridad, tiene un antecedente que oscurece su trayectoria.

Hace un par de años, varios peruanos acudieron a Iraq para trabajar como agentes de seguridad de las empresas que tienen intereses en ese convulsionado país. Estas actividades no eran propiamente las de mercenarios de acuerdo con el Derecho Internacional, pero se asemejaban bastante a las mismas, tanto así que estuvo en Lima una delegación del Grupo de Trabajo sobre Mercenarios de la ONU para indagar sobre este caso.

Veamos, según La República, quien fue una de las empresas intermediarias de estas contrataciones sospechosas, por decir lo menos, pues tuvo facilidades impensadas:

La compañía peruana “Gun Supply” contrató los servicios del Ejército para que en una de sus instalaciones militares se adiestraran 218 connacionales que viajaron a Irak para cumplir tareas de seguridad a cambio de un salario que varía entre los 33 y 45 dólares al día.

Coincidentemente, el dueño de “Gun Supply”, Jorge Mendoza, es hijo del jefe peruano de la seguridad de la Embajada de los Estados Unidos, país que, por intermedio de empresas privadas, capta personal con experiencia militar y policial para tareas de resguardo de entidades públicas en Irak.

El escandálo llego a conexiones con funcionarios del gobierno pasado - fue la proveedora de armas para la seguridad del ex Presidente Toledo - y llevó al entonces Ministro de Defensa Marciano Rengifo a rescindir el contrato. Y ahora, el dueño de Gun Supply es quien aparece como representante del consorcio.

(Por cierto, otra empresa vinculada a este negocio contrató a Benedicto Jiménez como instructor para este tipo de entrenamiento).

Resulta bastante curioso, por decir lo menos, que una empresa que sirvió de intermediaria para estos peligrosos contratos ahora sea parte del consorcio que resulte favorecido con el tema de los patrulleros, que tantos dolores de cabeza causó al gobierno durante este año.

Reforma del Estado, Descentralización y Conflictos Sociales en el primer año de Alan II

Cuando Alan García asumió el mando hace un año y anunció sus primeras medidas, pudo preverse cierto entusiasmo sobre la reforma de un Estado que no ha sido capaz de satisfacer las necesidades básicas de la población.

Las primeras medidas de austeridad, prometidas en la campaña para recuperar la confianza de la población, eran un gesto reclamado por la población, pero que no debían convertirse en el único eje de la reforma del Estado. Peor aún, su aplicación a los cuadros técnicos del Poder Ejecutivo comenzaron a provocar fugas en mancha o búsqueda de empleos en el sector privado, con la consiguiente pérdida de calidad del personal contratado en altas esferas.

Posteriormente, con Verónica Zavala a la cabeza, se inició lo que se llamó el “inicio de la Reforma del Estado”, con la fusíón de organismos públicos descentralizados y programas sociales. No estaba mal, pero se notó carencia de ideas cuando se convocó a la prensa para que diera sus opiniones, o cuando simplemente se dejó de hablar el tema desde el gobierno.

El gobierno no entendió una visión más amplia de la Reforma del Estado, que fuera más allá de la mera simplificación administrativa, que tuviera metas por sectores y programas, con reformas institucionales de fondo como acompañantes importantes y que promoviera la transparencia.

¿Los resultados? No tenemos hasta el momento un Centro de Planificación Estratégica en que se plasmen las políticas del Acuerdo Nacional, el shock de inversiones fue un monumental fracaso y tuvo incluso serias denuncias de corrupción y la sensación que quedó en la población es que no se saben gastar los recursos públicos.

Para complicar más las cosas, otro fuerte componente de la reforma del Estado, la descentralización, ha sido abandonada a su suerte. Ya durante la campaña electoral se notaban las deficiencias del planteamiento aprista. Luego, con pompa, se anunció que octubre de 2006 sería el mes de la descentralización, sin que se tomaran medidas efectivas para reimpulsar el proceso.

Pero la “política real” de descentralización se fijó el 25 de enero de 2007, cuando se liquidó el Consejo Nacional de Descentralización. En dicha oportunidad escribimos lo siguiente:

“El gobierno no tiene un esquema claro de que quiere hacer con la descentralizaciòn. Y es que el APRA padece de cierta esquizofrenia sobre el tema. Durante su primer gobierno, los Alfonso Ugarte Boys estuvieron a favor de la misma y fue uno de los caballitos de batalla de AGP, pero el esquema que emplearon centralizaba toda decisión sobre el tema en el Presidente de la República y dejaba bastante debilitados a los presidentes regionales frente a las asambleas no elegidas por la población. De allí el fracaso de esa experiencia descentralizadora.

Curioso recordar además que fue el APRA la principal propulsora del No en el referéndum realizado para la formación de macroregiones en octubre de 2005, cuando decía que era necesario fortalecer a los gobiernos regionales”.

Luego comenzaron a repartir los cheques del canon en Palacio de Gobierno, dando la apariencia de impulso a las regiones, pero el engaño quedó descubierto cuando vino la ola de protestas sociales y no se tenía una instancia que pueda articular políticamente los intereses del Poder Ejecutivo y los niveles subnacionales de gobierno. Hasta el aprista Rodolfo Raza, último presidente del CND, ha señalado que la eliminación de este organismo fue un grosero error.

A ello se suman errores de la concepción que tuvo el proceso de descentralización desde el gobierno de Alejandro Toledo, en el que se priorizó la elección de autoridades sobre la conformación de regiones más grandes. El resultado: los impulsos para la creación de regiones son escasos y, en la práctica, se han transferido competencias a los departamentos que debieron transferirse a las regiones, lo que complica aún más el proceso. Y claro, los reclamos regionales son cada vez más incesantes.

En ese panorama surge la protesta social, en medio de un Estado que no encuentra mecanismos de desfogue y previsión de conflictos. Y cuando los encuentra, como en el caso de la Defensoría del Pueblo, el Poder Ejecutivo resume su impotencia y le dice: “resuelve tú el conflicto” cuando no es su tarea hacerlo.

¿Por qué se optó? Por la satanización de las protestas - a la que abonó, sin duda, la radicalidad y violencia con las que muchas de ellas estuvieron acompañadas - o el remedio meramente represivo (criticado hasta por apristas conspicuos como Luis Negreiros).

28 de julio puede ser una buena oportunidad para un cambio de rumbo que profundice en reformas importantes que hagan que tengamos un Estado eficiente, al servicio de las personas, descentralizado, transparente y previsor de los conflictos sociales.