Desde el Tercer Piso

La noticia empresarial del día tiene que ver con la composición actual de Grupo TV Perú S.A.C, principal accionista de Plural TV, la empresa que controla la mayor parte de acciones de América Televisión, luego del proceso de reestructuraciòn patrimonial en el que està incurso la empresa televisora.

Como saben, Plural TV es conformada por tres grupos empresariales: El Comercio, La República y el colombiano Grupo Santo Domingo. La relación comercial iba viento en popa, hasta que El Comercio comenzó con las revelaciones de la supuesta coima pagada por Bavaria - la cervecera del grupo colombiano - al ex presidente de CONASEV y asesor de Alejandro Toledo César Almeyda.

A pesar que el caso ha quedado archivado en el Poder Judicial por falta de elementos probatorios, lo cierto es que la relación entre ambos socios había quedado resentida y eran fuertes los rumores de que los colombianos querían vender su parte en la empresa.

Hoy, a través de la web de CONASEV nos enteramos que la sociedad se deshace, por lo menos en lo que respecta a El Comercio y a los colombianos:

De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de Hechos de Importancia, Información Reservada y otras Comunicaciones, aprobado por Resolución CONASEV N° 107-2002-EF/94.10, cumplimos con informar que en Sesión de Directorio de Empresa Editora El Comercio S.A. celebrada el día jueves 19 de julio del 2007, con la asistencia de la totalidad de los Directores y en moción aprobada por unanimidad de los Directores, se autorizó a su Gerente General, Sr. César Pardo Figueroa Turner, y a su accionista, Dr. César Emilio Rodriguez Larraín Salinas, para negociar y, en caso se llegue a un acuerdo satisfactorio, suscribir un contrato de opción de compra recíproca con nuestros socios Prime Media Ltda., disponiendo que el Gerente General informe la suscripción del referido acuerdo de opción de compra como un Hecho de Importancia.

Grupo TV Perú S.A.C. E.M.A. es titular del 70% de las acciones representativas del capital de Plural TV S.A.C. sociedad que a su vez es accionista controlante de Compañía Peruana de Radiodifusión S.A.

Para traducir del lenguaje abogadil: los colombianos le daban 15 días de plazo a El Comercio para comprar su acciones. De lo contrario, sería Julio Mario Santo Domingo quien se haría de la parte de los Miró Quesada en Plural. Sin embargo, fuentes allegadas a este espacio señalan que El Comercio ejercería la opción de compra.

Esta sería la segunda operación de importancia que el Grupo El Comercio hace en el campo de los medios de comunicación durante este año. En febrero, habían adquirido el diario Gestión a la familia Romero Caro. Ello lo consolidaría como el grupo empresarial más importante en el mercado de las comunicaciones.

¿Será la última operación del año?

MAS SOBRE EL TEMA:
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Un balance sobre las políticas de relaciones exteriores, defensa y seguridad en el primer año de Alan García

Nota: Con este artículo, comienza una serie de balances sobre el primer año de gobierno de Alan García que durará esta semana y que se alternará con los temas de coyuntura

¿TENEMOS POLITICA EXTERIOR?

Esta pregunta cabe hacérsela, dado que la política exterior parece haber pasado a un segundo plano en lo que respecta a este gobierno.

Alan García es alérgico a los viajes al exterior, cuestión que dista mucho de la proyección continental que quiso tener en su primer gobierno. Tal vez esa alergia a todo aquello que tuvo que ver con dicho periodo hizo que el Plan de Gobierno del APRA en esta materia fuera, por decir lo menos, bastante austero.

Si bien la reducción de los viajes de Alan - y el ridículo debate sobre el avión presidencial - permiten ajustar ciertos gastos, lo cierto es que Perú parece haber perdido iniciativa y brújula en la política exterior. Hecho sintomático: el abrazo de la paz que Alan tuvo con Chávez hace unos meses, que dio verguenza a quienes creemos que en Venezuela gobierna un dictador. Y la Cancillería - que tiene una prudencia que linda con lo pusilánime - no dijo una sola palabra sobre el cierre de RCTV.

Peor aún, García no quiso convertirse en el líder democrático de América Latina y ha terminado recluido en las cuestiones meramente domésticas y dando trastadas que lindan con lo autoritario.

De otro lado, las relaciones con Chile, que parecían quererse manejar por cuerda separada, han terminado agriadas por incidentes respecto a los límites marítimos y terrestres. La decisión para ir a la Corte Internacional de Justicia de La Haya se mide con pasos de plomo, por temor a los termocéfalos de uno y otro lado de la frontera. La relación con los demás vecinos casi no ha existido, con excepción del eterno debate: ¿Permanecemos o no en la Comunidad Andina de Naciones?

Con Estados Unidos, la relación se ha medido en un solo tema: TLC. Y las cosas se le complicaron al gobierno luego de que los demócratas ganaran las elecciones parlamentarias. Se tuvo que negociar una adenda que mejora en mucho algunos capítulos del Tratado, pero se ha desperdiciado mucho tiempo con las idas y venidas que se tuvo con la presencia de Hernando de Soto - hasta ahora inexplicable - liderando el llamado TLC hacia adentro.

Finalmente, con la región Asia Pacífico se han cometido serios errores, tomando en consideración que la cumbre de APEC será en Lima el próximo año. Por un lado, la militarización de la cumbre (con licitaciones libres de control) a cargo de Giampietri. Del otro lado, (y en eso tengo que darle la razón a Aldo Mariátegui), fue un serio error no enviar a alguien de peso a la cumbre de este año, celebrada en Australia.

En suma, como mucho en el país, hemos funcionado reactivamente en el plano exterior. A mi modo de ver, esto no pasa solo por un Canciller de real perfil bajo, sino por una decisión presidencial abierta de no comprometerse mucho en los temas externos. Y ello, en un contexto de globalización, es no tener una visión de futuro.

DEFENSA: CARRERA DE CABALLOS, PARADA DE BORRICOS

Uno de los despachos que inició mejor su tarea fue el de Defensa. La llegada de Allan Wagner - un experto diplomático - acompañado de un equipo civil bastante eficiente en términos académicos y administrativos auguraba una gestión civil en Defensa que hiciera cambios puntuales.

Y, en verdad, así pareció vislumbrarse. A pesar de ciertos obstáculos preliminares - tanto desde adentro como de la prensa pro Fuerzas Armadas - se pudo maniobrar para comenzar con una reforma administrativa del sector Defensa, que buscaba definir amenazas reales y trabajar por resultados. Asimismo, se superó una crisis importante por malos manejos en compra de gasolina en el Ejército, lo que ocasionó un relevo generacional que parecía ser esperanzador en la reforma no solo de la operatividad, sino también de la mentalidad militar.

Sin embargo, tengo para mí que la gestión de Wagner se vio frustrada el día que Alan García lo cuadró en público por señalar que la operatividad de las Fuerzas Armadas era en vano. Ese día Wagner desdibujó su perfil reformista y optó por su permanencia en el cargo, a cambio de callarse la boca.

Así, la presencia del Ministro se ha visto aminorada. Si bien vienen haciendose esfuerzos para aprobar normas que ordenen las cosas en las Fuerzas Armadas, el esfuerzo de reforma inicial parece haberse perdido. En Inteligencia, más allá de la rápida reacción frente a las denuncias de venta de información en la Marina, no se vislumbran cambios en esta materia, que parece ser dominada por los intereses privados y por los agentes paralelos.

Como colofón, Wagner apareció desubicado en el tema Quijano, primero avalándolo y luego mostrándose en contra de la censura. Sin duda, poco queda del ministro que llegó con ideas en agosto y que hoy parece estar flotando por su permanencia.

SIN POLITICA DE SEGURIDAD INTERIOR

El gobierno se inició con una incógnita: Pilar Mazzetti en Interior. A su favor, jugó el hecho de su honestidad y su buena gestión al frente del Ministerio de Salud. En su contra, estaba su desconocimiento del sector Interior.

Al final, lo segundo termino pesando bastante, dado que nunca pudo articularse una política de seguridad ciudadana clara ni una reforma en el Ministerio del Interior. Lo mismo ocurrió con las medidas frente a los remanentes de Sendero Luminoso.

Y en relación con lo primero, la denuncia sobre la compra de patrulleros sobrevalorados y su pésimo manejo político sobre este tema terminó liquidando la permanencia de la neuróloga a cargo del despacho.

Su reemplazo, Luis Alva Castro, no ha distado mucho de la falta de cambios en su cartera. Pero su permanencia estuvo atada a dos factores: su agenda propia dentro del Ministerio, como contrapeso a Jorge del Castillo; y, por otro lado, el exitoso operativo de recuperación del Mercado de Santa Anita.

Sin embargo, su ausencia en el tema narcotráfico ha sido clamorosa, la distritalización de la policía linda con la burla y la previsión policial frente a los conflictos sociales fue nula.

Finalmente, las recientes medidas sobre seguridad ciudadana, muchas de ellas efectivas, han quedado ocultadas por los mamarrachos hechos por el gobierno en materia de represión a los conflictos sociales.

Otra área en la que AGP deberá darnos más de una explicación este sábado.

Como ya es costumbre con todos los gobiernos que piden facultades para legislar, Alan García ha dictado una serie de Decretos Legislativos cuando el plazo otorgado por el Congreso de la República para dictar normas en materia de seguridad y criminalidad organizada está por culminar.

Una mirada rápida a estas normas permite señalar algunos aspectos positivos, como la criminalización del reclutamiento forzado de personas por parte de organizaciones subversivas - algo que Sendero Luminoso realizó contra el pueblo asháninka durante el conflicto armado interno - o las normas referidas a colaboración eficaz y a la criminalización de temas vinculados a tráfico ilícito de drogas.

Sin embargo, las alarmas se han encendido en varios medios de comunicación por lo que parecen ser dos medidas realmente excesivas, contenidas en el Decreto Legislativo 982, que modifica el Código Penal.

La primera, tiene que ver con la participación de los presidentes regionales y alcaldes en las movilizaciones y reclamos sociales. Veamos que es lo que dice un nuevo párrafo del artículo 200° del Código Penal, referido a extorsión:

“El funcionario público con poder de decisión o el que desempeña cargo de confianza o de decisión que, contraviniendo lo establecido en el artículo 42° de la Constitución Política del Perú, participe en una huelga con el objeto de obtener para sí o para terceros cualquier beneficio o ventaja económica de cualquier otra índole, será sancionado con pena privativa de libertad no menor de cinco ni mayor de diez años”

Aunque la Ministra María Zavala argumenta que esta es una medida para desarollar el artículo 42 de la Constitución - que restringe el derecho de huelga a este tipo de funcionarios - lo que se viene haciendo con esta norma es una interpretación bastante extensiva de la norma, por dos motivos claros:

1. No es el Presidente Regional o la autoridad quienes eligen hacer la paralización o se declaran en huelga - lo que implica que dejen de trabajar - sino que, en estos casos, se decide encabezar la protesta social.
2. No se puede calificar como extorsión a una paralización. Como se pregunta Yehude Simon, ¿Qué pasa si el gobierno recorta el canon o no lo reparte? ¿Los Presidentes Regionales tienen que quedarse callados, al igual que los alcaldes?

Peor aún, el gobierno parece haber desoido en esto a su propio equipo técnico. Carlos Caro Coria, quien encabezó el grupo de trabajo que elaboró la mayor parte de estas normas, ha declarado a Perú.21:

Tras saludar la aprobación del paquete de normas porque representan el primer paso en la lucha contra la criminalidad organizada, añadió que declarar que hay extorsión por participar en una huelga era un error que se ha dado, más que por el resguardo de la Constitución, por motivaciones políticas.

Léase, el gobierno esta frikeado por las protestas.

Pero luego viene lo peor. En otro artículo de la norma, se señala que estará exento de responsabilidad penal:

“El personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas de manera reglamentaria, cause lesiones o muerte”.

La Ministra de Justicia intenta justificar esto diciendo que la policía no actua por temor a los procesos en los que se le involucra. Lo que olvida la Ministra son tres cosas:
1. El uso de la fuerza es siempre la última solución a este tipo de casos.
2. No era necesaria una norma como esta, dado que se podía señalar la legítima defensa, en los casos realmente necesarios, lo que podia amparar a miembros de Fuerzas Armadas y Policiales cuando realmente hubieran tenido que usar las armas en cumplimiento de su deber.
3. El país ha pasado por un conflicto armado interno en el que muchas de las muertes fueron ocasionadas por excesos y/o violaciones sistemáticas o generalizadas a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado. Esta norma puede ser un escudo para la impunidad en posibles casos futuros, que esperamos no se presenten.

Sin duda, se necesita ejercer la Ley y el orden e imponer el principio de autoridad, pero ello no da carta blanca a las Fuerzas del Orden para que hagan lo que se les de la gana. Peor aún, podría interpretarse que tirar a matar es la única forma de detener movilizaciones y paros que pueden ser perfectamente legítimos.

El gobierno deberá repensar estas normas. Y el Congreso, que tiene la obligación constitucional de revisarlas, sin duda, deberá enviar estos dos dispositivos al archivo. Parece que este gobierno tiene el síndrome de Richelieu: “todo el mal que hace lo hace bien, y todo el bien que hace lo hace mal”.

VIA PERU 21, REVISA LAS NORMAS COMPLETAS.

MAS SOBRE EL TEMA:
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