La pregunta que sirve de titulo a este post fue la que me flotó en la cabeza durante la realización del seminario Actuación Judicial y Lucha Anticorrupción, organizado por la Asociación de Jueces para la Justicia y la Democracia, al que asistí durante la semana que termina.
Las ponencias presentadas, a cargo de personalidades como Henry Pease, José Ugaz, Santiago Pedraglio, Luis Vargas Valdivia, entre otros, presentó a todos quienes asistimos un panorama bastante claro y panorámico de lo que se ha venido haciendo desde noviembre de 2000 en adelante para luchar contra uno de los más importantes problemas que sufre el país. Y, además de esta visión panorámica, fueron tocados algunos temas coyunturales, como la extradición de Alberto Fujimori o la voluntad del actual gobierno para luchar contra la corrupción.
Los puntos centrales de estas presentaciones, que comparto con ustedes, a mi criterio, fueron los siguientes:
1. Se confirmó que la resolución dada por el juez Orlando Alvarez en el caso Fujimori es errada. Abogados y participantes coincidieron con los argumentos que habíamos reseñado en este blog la semana pasada: un estandar de pruebas mucho más alto del que se tiene en cualquier proceso de extradición, sesgo en la utilización de las pruebas, poca pericia en el uso de instrumentos de Derecho Internacional. Todo eso denota el criterio de un juez conservador, como lo ha confirmado el ex magistrado chileno Juan Guzmán Tapia, quien inició los juicios contra Pinochet en el país del sur.
2. Se ha conseguido armar un sistema relativamente efectivo para castigar la corrupción: Los jueces y fiscales que integran el sistema están dentro de los mejores del Poder Judicial, se han marcado criterios claros sobre responsabilidad de particulares en casos de corrupción y se ha conseguido sentencias importantes en muchos casos.
3. Sin embargo, el sistema judicial tiene algunos problemas: Ellos se han concentrado claramente en dos puntos. El primero, tiene que ver con las cuestiones logísticas, de infraestructura, seguridad y prespuesto de los Juzgados y Salas Anticorrupción, que impiden una mayor velocidad en los procesos. El segundo, tuvo que ver con algo que se advirió desde el inicio: debieron acumularse procesos y priorizarse aquellos que fueran más importantes. Ello marcó una sensación de concentrarse en procesos menudos o poco relevantes para el sistema, como los casos de Jacqueline Beltrán o Héctor Chumpitaza. Se perdió, a mi modo de ver, algo que el proceso penal por corrupción podía hacer: no solo ser un mecanismo de sanción, sino mostrar la real magnitud de lo ocurrido.
4. Es necesario insistir en la aceleración de la implementación del Código Procesal Penal. En el país conviven dos modelos de procedimientos penales. Uno que viene desde 1940 y que, con algunas modificaciones, es el que se utiliza en los casos anticorrupción, lo que también incide en la lentitud de los procesos. El otro, implementado inicialmente en Huaura y Trujillo, es el del Código Procesal Penal, cuyos resultados, luego de un año, han sido realmente exitosos. Para ello se necesitan dos cosas: voluntad de los jueces y fiscales en capacitarse para la adecuación al nuevo modelo y presupuesto para su implementación.
5. Tan importante como la represión es la prevención de la corrupción. El Perú es parte de varios convenios internacionales que nos marcan obligaciones importantes en materia de prevención: un organismo estatal de prevención, normas claras sobre ética, tráfico de influencias, contrataciones estatales, lavado de dinero, entre otros. No ha existido la voluntad de implementarlos. ¿Resultados? Solo durante este gobierno hemos tenido problemas con la transparencia de contrataciones estatales (casos Patrulleros y Ambulancias), el escandaloso caso de compra de contenidos de medios de comunicación, conflictos de intereses claros en los Ministros de Vivienda y Educación, o nombramientos cuestionados como los de Carlos Arana y elecciones como las del Tribunal Constitucional.
6. El rol de la prensa. Sin duda, el periodismo cumple un importante papel en la revelación de casos de corrupción. Para cumplirlo a cabalidad, es necesario que los periodistas cuenten con independencia y recursos suficientes para llevar a cabo investigaciones o denuncias bien sustentadas. Ello, no implica, sin embargo, que el periodismo se convierta en un cuarto poder - sin alusión al programa - o en un reemplazante de lo que hace la administración de justicia, lo que lleva a que los periodistas tengan su rol bastante claro. Los retos para ellos, además de seguir fiscalizando al gobierno actual: incidir en el tema de fiscalización sobre Municipalidades - el caso de Alex Kouri y la Vía Expresa del Callao debe marcar una línea de investigación - y los casos de narcotráfico.
Sin duda, estos son retos que el país tendrá que asumir y sobre los cuales el gobierno tendrá que decir algo, sobre todo, la próxima semana, que se cumple un año de mandato.
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