Desde el Tercer Piso

Las críticas sobre la elección de magistrados del Tribunal Constitucional han recaído principalmente en tres temas: la designación del cuestionado Javier Ríos Castillo, la poca transparencia con la que se ha llevado a cabo el proceso y, finalmente, los enjuagues en los que los empleados de la Presidencia del Congreso estuvieron involucrados.

Pero vale la pena detenerse en dos aspectos que no han sido lo suficientemente abordados: el proceso de selección en sí y los cuestionamientos a otro de los magistrados elegidos por el Congreso.

Con relación al proceso de selección, ayer el abogado Camilo Carrillo - pòstulante al TC y militante aprista - dio algunas precisiones sobre varias deficiencias de los procedimientos. Según lo que relató en el programa Sin Rodeos, las hojas de vida contenían un criterio que parece bastante superfluo para evaluar a los candidatos: la cantidad de condecoraciones que tenìan.

Pero aspectos que Carrillo - y creo que cualquier persona de sentido común - consideraría como necesarios, no fueron tomados en cuenta por el grupo evaluador liderado por Aurelio Pastor: conocimientos informáticos, idiomas, experiencia en la judicatura o como árbitros. Cuestiones que te preguntan en los exámenes para ser juez, en los concursos organizados por el Consejo Nacional de la Magistratura.

Es decir, ya desde allí, desde los criterios puestos para pedir la Hoja de Vida de cada candidato, no se tomaba en cuenta todos las calificaciones necesarias para ser un buen magistrado.

Lo segundo tiene que ver con Vladimir Paz de la Barra, el otro personaje cuestionado que queda en los aún electos como jueces constitucionales. Dado que las baterías de críticas se han centrado en Ríos Castillo, el ex decano del Colegio de Abogados de Lima ha pasado bastante piola con relación a las serias cuestiones que, recién después de su designación ha comenzado a responder, y no siempre de la manera más acertada.

El cargo más grave contra Paz de la Barra es su actuación como abogado en un caso bastante polémico. Ocurre que ha patrocinado a Angel Romero, ex presidente de la Corte Superior de Lima en un caso que comprende el apartamiento de este juez de un precedente obligatorio del Tribunal Constitucional. Es decir, Paz de la Barra está defendiendo que se vayan contra lo que señala su ¿nueva? chamba como cuestión vinculante para todos los jueces.

El caso es el siguiente: en 1992, varios trabajadores del Banco Central de Reserva cesaron en sus funciones de manera voluntaria, luego de acogerse a los llamados “incentivos” para dejar su puesto. En los siguientes años se hicieron varias demandas sobre el caso, todas fueron denegadas. En el 2004, el caso llegó al TC y dijo que este tipo de salidas del empleo no fue un cese colectivo. Al año siguiente, en dos oportunidades, el TC establece que los casos parecidos al de los ex trabajadores del BCR deben resolverse en otro tipo de proceso que no sea el amparo. Echando por la borda dichos precedentes, la sala presidida por Angel Romero da una sentencia en favor de estos trabajadores.

El procedimiento ante la Oficina de Control de la Magistratura ha dado como resultado la recomendación de la destitución de los magistrados que integraron la sala de Romero - claro, incluyéndolo a él -, no solo por apartarse de un precedente obligatorio, sino porque se encontraron otro tipo de irregularidades igualmente serias, como el favorecimiento a personas relacionadas con Romero y otro vocal que intervino en la resolución del caso, Néstor Pomareda.

Frente a esto, Paz de la Barra ha pretendido justificarse en la libertad de elección de los clientes que tiene todo abogado. Pero, como lo dijo Francisco Eguiguren en una conferencia sobre justicia en la que estuve el viernes, los límites éticos son bastante importantes para decidir que caso patrocina o no un abogado, dado que siempre se va a intervenir en un conflicto de intereses. Y, aunque toda persona tiene derecho a la defensa, tiene que ser lo suficientemente conciente de lo que está defendiendo. Para Paz de la Barra, al parecer, eso no es problema.

Y claro, el cuestionado abogado no pensaba renunciar. Claro, hasta ayer que, cuando Mercedes Cabanillas y el APRA en su conjunto dijeron que la elección se anulaba, ahora viene a proponer una renuncia en bloque de los 3 magistrados electos que quedan. A estas alturas me queda claro que este personaje quiere salir con algo de dignidad, pues sabe que en el debate parlamentario varias bancadas van a recordar sus pecados, que también incluyen una destitución como juez por la pérdida del expediente del narcotraficante Evaristo Porras Ardila - cuyo abogado era nada menos que Vladimiro Montesinos - con lo que ese caso se cerró por varios años, o su postulación a la Presidencia Regional de Lima viviendo en la ciudad de Lima, que no forma parte de dicha región.

Como vemos, hay aquí más argumentos como para la elección sea invalidada.

Esta entrada fue escrita el Lunes, 18 de Junio de 2007 a las 1:05 am y archivada en Tribunal Constitucional, Vladimir Paz de la Barra, elección, magistrados. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.