Desde el Tercer Piso

A partir del domingo, la libertad de prensa habrá muerto en Venezuela

El domingo 27 de mayo sera una fecha de ignonimia para Venezuela.

Ese día, Hugo Chávez Frías, el dictador que gobierna ese país desde hace 10 años, llevará a cabo la confiscación de un medio de comunicación crítico a su gobierno.

Radio Caracas Televisión (RCTV) será sacada de la señal abierta por no pensar lo mismo que la satrapía petrolera, por presentar información “que no comulga con la Revolución Bolivariana”, por no hacerle el juego a un autócrata con pretensiones de morir en el Palacio de Miraflores.

Aquí no estamos para defender si RCTV es o no de derecha, o si piensa lo mismo que yo. Ese medio de comunicación puede haber tenido mil defectos en su actuación, pero representaba una voz no palaciega, en un país donde el “sí señor” pretende convertirse en una regla de conducta. El canal será reemplazado por una señal del gobierno, por directivos nombrados por el chavismo, para hacer lo que ya la televisora estatal y Tele Sur saben hacer: propaganda a una dictadura.

El tema se trata de recubrir bajo la ficción de una no renovación de licencia. Pero la jugada ha sido realmente pornográfica: Chávez ha sido claro: no piensas como yo, te vas del aire. Para ello se amparan en un Reglamento de 1987, que señala que la concesión se renueva a los 20 años. Sin embargo, a los otros canales privados, que también tienen la licencia supuestamente por vencerse, no se las retira. ¿Por qué? Simplemente por no compartir los deseos chavistas de pensamiento único.

El Parlamento Europeo, la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras y, en nuestro medio, la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, así como organismos de defensa de los derechos humanos en todo el mundo, ha rechazado la medida, por considerar que atenta contra el derecho a la libertad de expresión. Peor aún, el caso ya está en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que evaluará las medidas a dictar en este caso.

Resulta curioso, sin embargo, que gente que salió a marchar contra Fujimori - alguien que hizo de la libertad de prensa tabla rasa - aplaude ahora la medida. Los cada vez más anacrónicos miembros del Movimiento Nueva Izquierda han hecho una rala marcha en apoyo a Chavez. Y resulta curioso que un profesor de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la PUCP, Juan Gargurevich, termine defendiendo la expropiación con los mismos argumentos que Juan Velasco Alvarado dijo hace más de 30 años para quitarle los medios de comunicación a sus dueños, o termine considerando a Chávez como un satanizado por la prensa. Y periodistas como Guillermo Giacosa o Ignacio Ramonet hacen mutis cuando se les pregunta sobre el tema, pero cuando se trata de denunciar las tropelías - ciertas - de Mr. Bush, allí si se mandan hasta 4 artículos por semana. Es una lástima que todas estas personas que dicen querer una alternativa al sistema o que dicen que otro mundo es posible, tengan como referente a alguien que encarna la más vieja y conservadora de nuestras tradiciones: las dictaduras.

La libertad de expresión es un derecho a defender en cualquier caso, más aún frente a una dictadura. Como lo dije antes, puede que no comulgue con las ideas e intereses de los directivos y periodistas de Radio Caracas Televisión, pero me es demasiado evidente que el interés es dejar sin ventanas a la disidencia, a la oposición y a la discrepancia, en un país donde el señor Hugo Chávez Frías, dictador de Venezuela, quiere hacer lo que le da la gana, mientras todos en el continente - incluyendo a Alan García - se callan la boca por un puñado de petrodólares.

MAS SOBRE EL TEMA:
La Pura Purita: Bloggers en defensa de RCTV
Juan Velit: Medida desacredita al Gobierno de Chávez.
El Comercio: Misión de Sociedad Interamericana de Prensa viaja a Venezuela por cese de opraciones de RCTV
Comisión Interamericana de Derechos Humanos: Preocupa la libertad de expresión en Venezuela.

Cuestionado funcionario a cargo de ENACO

Como saben, no toda la hoja de coca es ilegal en el Perú. El reducido porcentaje de cultivos que se destina a la comercialización legal de derivados de esta planta es comprado por la Empresa Nacional de la Coca, una de las pocas empresas estatales que aún nos quedan.

Pues bien, según veo en Pospost y en el Utero de Marita, quien ha sido nombrado como presidente de dicha entidad - que tiene su sede en Cusco - es un personaje bastante cuestionable. El sujeto, que responde al nombre de Julio Jara Ladrón de Guevara, tiene un currículum que bien podríamos calificar de prontuario.

Ya anteriormente este personaje fue Presidente de ENACO, pero, en dicha primera oportunidad, habría malversado fondos para su campaña electoral - 500 mil dólares, suma nada pequeña - para su postulación al Congreso en 1990. Ya se imaginarán en la lista de que partido iba.

Peor aún, también tiene algunas cosas que explicar en materia de derechos humanos. Jara fue viceministro del Interior de Agustín Mantilla, en la misma época en que operaba un Comando paramilitar bastante ligado al ex Secretario General del APRA. Asimismo, fue prefecto del Cusco en 1986, época en la que se torturaba a mujeres sospechosas de pertenecer a organizaciones subversivas.

Toda una joya que ahora ocupa un puesto bastante grande - por segunda vez -, pero que ahora tiene que lidiar con cocaleros más radicales, que rechazan su presencia en el puesto y que han llegado a amenazar con el bloqueo del gaseoducto de Camisea y de Machu Picchu si no se cumple con la famosa Acta de Quillabamba, la que le costó el puesto al ex Ministro Juan José Salazar.

¿Qué nos revela este asunto? Pues algo que ya sabemos: no tenemos política antidrogas, se vuelve a nombrar a un personaje cuestionado a tontas y a locas (por cierto, lo nombró Salazar, no el nuevo ministro) y se alimenta la gasolina de un problema social que el gobierno no sabe hasta ahora como - y con quien - manejar.

Pregunta final: ¿para qué querrá Mantilla a un hombre suyo cerca del tema cocalero? Raro, muy raro.

El caso Skanska y sus aristas en nuestro país

Argentina se ha visto sacudida por el mayor escándalo de corrupción ocurrido durante el gobierno del Presidente Nestor Kirchner, justamente en un año electoral. El evento de corrupción involucra a una empresa - mejor dicho, a dos - que tiene una relación bastante directa con algunos de los principales proyectos de infraestructura construidos en el Perú en los últimos años.

Skanska es una empresa de origen sueco, que tiene fuertes inversiones en América Latina hace varios años, teniendo su base de operaciones de la región en Argentina. Esta empresa debía construir dos gaseoductos en el norte y en el sur del país del tango. El contratante era Transportadora de Gas del Norte, cuyo principal accionista es la firma Techint, una de las empresas comprometidas con la construcción del Gaseoducto que va desde los yacimientos de Camisea hacia Lima.

La Administración Federal de Ingresos Públicos - una suerte de SUNAT gaucha - comenzó a hacer indagaciones con relación a empresas fantasma que proveían de facturas a grandes compañías. El tema era importante: dilucidar si había una evasión de impuestos. Lo que la AFIP encontró no fue un delito tributario, sino una operación de corrupción bastante grande y que, hasta donde se ha podido revelar en la prensa argentina y las fuentes judiciales, Skanska ha tenido que aceptar que pagó sobornos por la participación en los gaseoductos - como subcontratista - por un monto de 13.4 millones de pesos, sin mencionar quien gue el destinatario de dichas entregas. Según todos los indicios, la intervención de Skanska fue irregular, no solo por las coimas, sino por la alta cantidad de sobreprecios en su propuesta económica. En los sobornos, según se ha podido establecer, también estaría comprometida Techint.

Según lo que ha revelado el diario Página 12, Skanska está involucrada en varias irregularidades en varias regiones del mundo en las que ha operado, lo que registra un modus operandi de alcance global.

EL AUDIO DEL ESCANDALO Y LA CONEXION PERUANA

La semana pasada fue revelado un audio que dio una idea de la magnitud del evento en cuestión. Los intervinientes: Claudio Corizzo, auditor interno de la empresa, y Javier Azcárte, ex gerente comercial de Skanska. El audio comprometió seriamente a Flavio Madaro, presidente de Energas, y Nestor Ulloa, gerente de Nación Fideicomisos, entidades estatales involucradas en la operación de los gaseoductos.

Ambos funcionarios fueron despedidos por Nestor Kirchner, hecho que hizo que las sombras comenzaran a tejerse sobre el gobierno, que hasta hace unas semanas parecía de teflón en materia de denuncias sobre corrupción. A esto se ha sumado la renuncia del Subsecretario de Obras Públicas, Raúl Rodríguez, por implicaciones en este caso.

Lo sorprendente para nuestro país es este pasaje del audio, transcrito por Clarín:

CC: Vamos a las otras facturas, que las debés tener todas en la cabeza. Yo te digo el nombre.
JA: Sí, sí.
CC: La Suis (sic). Las que ya tienen once millones doscientos diez. Pero las del Perú, que ya vamos a hablar del Perú, la del acueducto sin el acueducto suma seis millones.
JA: Te están faltando cosas.
CC: Seis millones, seis millones y pico, seis millones quinientos cuarenta (…). El juego con los proveedores era siempre parecido al de Infiniti. Nunca nosotros llevamos plata en valijas.
JA: En Perú sí y en La Pampa.
CC: Contame bien cómo era en Perú, porque yo (sólo) conozco de una factura que hicieron pagarla por Chile.
(Ininteligible)
CC: OK. Llegó un momento que en el Perú se cortó, se armó la podrida.
JA: Mientras no hubo más obras (…). En el segundo, dijimos: “tenemos obras con buen margen, entonces vinimos a Perú”. Y ahí se buscó tipo (tampoco se entiende) sesenta mil dólares (…), fue consolidando a través de eso los seiscientos mil dólares.
CC: Entonces vos le pagabas a un proveedor, el proveedor venía con la plata otra vez, vos la guardabas. Los cheques salían siempre a nombre del proveedor.
JA: Siempre.

El audio revela, según lo mencionado por estos dos ejecutivos de Skanska, que la empresa habría pagado coimas para obtener contratos en Perú. Y claro, la pregunta que se desprende es: ¿Qué fue lo que Skanska construyó en nuestro país?

LOS INTERESES EN EL PERU

Un reportaje elaborado por Carlos Noriega para Página 12 da cuenta de los negocios que Skanska ha hecho en nuestro país durante los ultimos años.

La principal obra construida por Skanska - como subcontratista de Techint - en el Perú fue, como hemos mencionado, el gaseoducto de Camisea. La obra, como detalla Noriega en su reportaje, ha tenido multiples cuestionamientos por las frecuentes roturas que ha tenido: 6 incidentes en menos de 3 años. Según informaciones periodísticas, existiría un informe del Congreso de la República en el que se señala que no se cumplió con las especificaciones técnicas para la ejecución del proyecto. Curiosamente, quien firma ese informe es el actual Ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia Romero, quien no ha dicho palabra alguna sobre el caso Skanska. De hecho, solo Jorge del Castillo se ha animado a decir algo sobre este tema.

Skanska también se ha encargado de la construcción de la represa hidroeléctrica de Yuncán. La obra no estuvo exenta de problemas, debido a denuncias sobre malas prácticas laborales y una diferencia en el pago del precio de la obra, que ha llevado a un arbitraje internacional con ETECEN a la empresa sueca.

UNA SOCIEDAD CUESTIONABLE: LA EMPRESA DEL EX MINISTRO CAMET

Skanska no hizo sus operaciones en el Perú de manera independiente. Las hizo bajo la figura de consorcios, en el que una empresa se repite constantemente: JJC Contratistas Generales. Los nombres de las asociaciones: Sade Skanska - JJC y Sade Skanska - Latintecna - JJC, para las obras en Camisea. (Como se puede ver aquí y aquí)

JJC Contratistas Generales es una empresa bastante cuestionada en nuestro país. Pertenece a la familia del ex Ministro de Economía y Finanzas de Fujimori, Jorge Camet Dickman, uno de los hombres más cuestionados en su actuación pública, entre otros hechos, por los beneficios que dio a esta empresa que actualmente pertenece a sus hijos y sobrinos.

Un Informe de la Comisión Investigadora de Delitos Econónicos y Financieros del Congreso, presidida por Javier Diez Canseco, da cuenta de estas irregularidades. De acuerdo con la investigación parlamentaria, JJC había tenido una mediana participación en el mercado de la construcción, hasta que Jorge Camet asumió cargos políticos durante el fujimorismo. De hecho, la empresa estaba al borde de la quiebra a finales de la década de 1980. JJC se convirtió en la cuarta empresa en obtener ingresos del Estado, pero la primera en ganar licitaciones, aunque sea de bajo monto. Buena parte de las obras contratadas a JJC fueron pagadas con fondos de la privatización, de los cuales el MEF tenía el efectivo control. Es más, cuando Camet deja el Ministerio, la empresa deja de ganar licitaciones.

Todo un amplio cargo de irregularidades documentadas, que sin embargo, como la mayor parte de delitos económicos y financieros cometidos durante el fujimorato, parece haber quedado olvidado.

Curiosamente, quien aparece como miembro de esa comisión es, nuevamente, Juan Valdivia Romero, el Ministro de Energía y Minas, quien también guarda ahora silencio sobre este tema.

¿NOS HAREMOS LOS SUECOS?

Sin duda, los indicios presentados en este post hacen pensar que el Ministerio Público y el Poder Judicial deberán comenzar a iniciar una investigación seria sobre este tema, no sólo para contribuir con el esclarecimiento de los hechos en Argentina, sino también para indagar sobre la regularidad de la actuación de Skanska en nuestro país, dados los antecedentes presentados en el país del tango, en otros países y en su vinculación con una empresa sumamente cuestionada en el Perú.

Es hora que el sistema de justicia pueda procesar cuestiones referidas al poder económico, que generalmente quedan escondidas por presiones fuertes de los involucrados. Hacerlo o no marcará el real grado de independencia de nuestras autoridades encargadas de luchar contra la corrupción.

(Logo: Skanska)

MAS SOBRE EL TEMA:
Caretas: La valija sueca.
Página 12: La cuenta de las coimas da 15′692,339.97

Como diría don Pablo de Madalengoitia, Esta es su Vida, señor Presidente:

El joven Alan en los 70, cortesía de RPP Noticias.

Estatización de la Banca, Octubre de 1987, Monos y Monadas

Monos y Monadas 331, septiembre de 1988

Heduardo en su Tinta, Caretas, 1990.

Regreso de Alan, 2001, cortesía de Carlín y Monos y Monadas

Patadita a Jesús Lora, Perú.21, 2004

Campaña electoral del 2006

La Solución Godzila, cortesía del Utero de Marita

Reportero bloggero y futuro presidente

“Una mujer de altas cualidades”, Octubre de 2006

Baile de la Grulla, diciembre de 2006.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: Organicemos aquí la fiesta sorpresa de Alan
El Morsa: Concurso: ¿Qué le regalarías a Alan García?
La Morena describe su Regalo para Alan García.
Pepitaspuntocom recuerda urgencias dietéticas presidenciales
OcraM: La vida es un carnaval según Alan García
You Tube: Alan baila con Sol Carreño y García se mofa de baile de Del Castillo
Archivo del Tercer Piso: Un baile que es la muerte y tambien El Vídeo del Año

Cuando se habla sobre problemas relacionados con el funcionamiento de la democracia y el respeto a los derechos humanos, por lo general se hace alusión, en el primer caso, al funcionamiento de las estructuras institucionales, mientras que el segundo caso generalmente alude a las violaciones sistemáticas o generalizadas ocurridas durante gobiernos autoritarios o conflictos armados internos. Si bien estas son preocupaciones centrales en las organizaciones estatales y no gubernamentales interesadas en estos temas, se corre el riesgo de dejar de lado situaciones cotidianas en las que estos tópicos son puestos en cuestionamiento.

El actual conflicto surgido alrededor del Mercado Mayorista de Santa Anita representa un caso en el que existen ambos elementos: problemas con el funcionamiento de las instituciones y vulneraciones a los derechos humanos. Consideramos que este punto de vista es clave para entender que es lo que se encuentra realmente en juego en esta disputa.

Como conocemos a través de los medios de comunicación, la Corte Suprema de la República dictó sentencia definitiva con relación a la propiedad del lugar donde se ubicaría el centro de abastos más importante de la ciudad de Lima, ordenando el retiro de las personas que ocupan legalmente dicho terreno desde hace cinco años. Ante la medida, los comerciantes instalados en la zona decidieron no acatar el fallo judicial y resistir al desalojo, estando dispuestos a emplear a sus propios hijos – menores de edad – para defender lo que ellos consideran como un atropello.

Pocos recuerdan que el derecho a la propiedad es un derecho fundamental, garantizado por nuestra Constitución y por los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por el Perú. Fue este derecho uno de los primeros en ser reconocido por los Estados en las Declaraciones de Independencia y de Derechos firmadas al calor de la Ilustración y el nacimiento del liberalismo como corriente política. La invasión de un predio que no es de nuestra propiedad constituye el más flagrante caso de violación de este derecho y no es amparado, ni por la legislación nacional ni por los tratados internacionales de derechos humanos, los cuales han sido invocados por los comerciantes como mecanismo de defensa, desconociendo los alcances de este tipo de normas.

Asimismo, se olvida que se expone a varias personas – sobre todo a menores de edad – a un peligro tal que puede afectar su derecho a la vida, como consecuencia de los posibles enfrentamientos que puedan acontecer – esperamos que no – durante la intervención policial que seguramente se presentará para consumar el desalojo. Ello no solo vulnera el derecho a la vida, sino también todos los pactos internacionales de protección de los niños y adolescentes. Esta exposición al peligro, además, configura el delito de exposición al peligro, establecido en nuestro Código Penal con lo que, además de la vulneración a un derecho fundamental, se configura un tipo penal.

Estas cuestiones, sin embargo, no deben dar lugar a que las fuerzas del orden actúen de manera tal que se vulneren los derechos fundamentales de las personas que se encuentran ocupando un terreno que no les pertenece. El hecho de que estos ciudadanos se encuentren infringiendo la ley no da una “autorización” a los agentes policiales para que puedan cometer abusos. La experiencia aun reciente del conflicto armado interno vivido por nuestro país nos reveló que las fuerzas encargadas de velar por el orden interno y la seguridad no supieron tener presentes los límites de su actuación, experiencia difícil de asumir para estas instituciones aún el día de hoy, pero que deberán tener en cuenta para no repetir los mismos errores del pasado.

Además, le cabe una reflexión a la ciudadanía y a los medios de comunicación sobre los pedidos de demostración de autoridad y orden. Ciertamente, todo Estado de Derecho se basa en el respeto a la Constitución y a la ley y las instituciones encargadas de aplicarla tienen el poder coercitivo dado por el ordenamiento jurídico, que, en este caso, es necesario poner de manifiesto. Sin embargo, la autoridad no es sinónimo de autoritarismo, el orden no se asemeja al atropello, las expresiones de imposición coercitiva de la ley no suponen vulneraciones a los derechos que conforman la dignidad humana. Volviendo a la experiencia del conflicto armado interno, una de las constataciones hechas por la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue que un sector de la sociedad fue proclive a alentar salidas autoritarias, vulneratorias de los derechos fundamentales, sin importar los costos sociales o humanos que suponían dichos acontecimientos y que hasta el día de hoy siguen siendo avalados por este mismo sector. Seguramente, con el transcurrir de los días, no faltarán quienes señalen que debe imponerse el imperio de la Ley, pero no entendido dentro de la primera acepción que hemos dado, congruente con la Constitución, la democracia y los derechos humanos. Ese riesgo deberá ser evitado por las autoridades y, esperemos, no sea alentado por medios de comunicación que, frente a casos de derechos humanos, demuestran una poderosa indiferencia o sacan a la luz intentos de justificar lo ocurrido.

Sin duda, lo que se pone en juego en la resolución del conflicto por la posesión del Mercado de Santa Anita es más que la mera esperanza de que la ciudad cuente con un importante centro de abastos, organizado, limpio y que garantice las medidas de salubridad necesarias. Está en juego nuestra forma de procesar los conflictos sociales, de entender la autoridad estatal y su capacidad de coerción, de respetar la legalidad, de comenzar a consolidar en lo cotidiano el respeto a las instituciones democráticas y a los derechos humanos. De no hacerlo, habremos demostrado que el grado de violencia que alcanzó la sociedad hace unos pocos años no ha sido superado en la práctica, por más que se siga hablando sobre verdad, justicia y reconciliación.

MAS SOBRE EL TEMA:
Beatriz Merino: La dignidad de los niños está primero
El Blog del Morsa: ¿Hoy será el desalojo en Santa Anita?
La Pura Purita: Mercado de Santa Anita: Oe, ¿a cuanto están los niños?

Alfonso Salcedo a favor de poner TV Perú al servicio del Presidente

Este espacio fue uno de los primeros en alertar sobre las reales intenciones del actual Gobierno frente a la televisora estatal: convertirla en caja de resonancia del Presidente de la República. Ya algo de ello se había visto durante la desafortunada gestión de María del Pilar Tello y ahora se repite, con el “interino” Presidente de TV Perú, el publicista Alfonso Salcedo, conocido por el famoso spot del Shock de 1990, en el que satanizó a Vargas Llosa con imágenes de The Wall, la película de Pink Floyd.

Hacía unos meses, hice notar sobre cómo los amigos de Alan aprovechaban el canal estatal: la presentación del libro del Secretario General de Palacio, Luis Nava Guibert, fue pasada en vivo por TV Perú. ¿Cuál era el interés público en juego? ¿Sólo por qué Alan estaba presente en la pascana de su pata?

Hoy, en una entrevista difundida en La República, Salcedo justifica la omnipresencia presidencial, aquí los párrafos más saltantes:

–Se cuestiona las constantes interrupciones del presidente Alan García en la programación del Canal 7.

–Esa producción tiene que estar subordinada a los más grandes intereses del país, como es lo que habla el Presidente de la República Alan García.

El mensaje es claro: el canal está hecho para sobar al Presidente de la República. Punto. Los otros programas, que revienten, que más importante es hacerle el autobombo a Alan.

¿Qué vendrá después? ¿La versión peruana de Aló Presidente?

MAS SOBRE EL TEMA:
Fernando Vivas: Que no se meta

Acaba de ser confirmado el nombramiento del nuevo Ministro de Agricultura. Se trata de Ismael Benavides Ferreyros, a quien pueden ver en la foto de arriba.

Benavides ha estado ligado por muchos años a la banca. Durante 13 años fue el Gerente General de Interbank, cargo que desempeñó hasta hace unos meses, cuando renunció para dedicarse al rubro agroexportador y a la industria del pisco en Ica. Ha sido parte del Consejo Consultivo Agrario

También ha ocupado cargos en los gremios empresariales. Ha sido Presidente de la Asociación de Bancos (ASBANC), miembro de la Sociedad Nacional de Pesquería y actualmente se desempeña como Tesorero del Consejo Ejecutivo de la CONFIEP, el gremio de gremios empresariales del país.

Benavides también es miembro de la ong ecologista Pro Naturaleza.

Queda claro que García opta por un Ministro con perfil exportador, con miras, sin duda, a reimpulsar el programa Sierra Exportadora. La presencia de Gastón Benza - Pflucker, director de dicho programa, será mayor con la gestión de Benavides. Queda por establecer si es que el nuevo encargado de este sector tendrá algún papel en la estrategia antidrogas del gobierno.

Sin duda, no es un mal nombramiento. Benavides es un hombre honesto y trabajador. Y eso, dentro del Gabinete y el escenario actual, ya es bastante.

Denuncias, complots y ríos revueltos

Durante las últimas semanas el Congreso de la República se ha visto remecido por varias denuncias que implican a el - por decir lo menos - aprovechamiento personal que lucen algunos de nuestros representantes para elegir a sus asesores.

La mayor parte de las denuncias involucran a la bancada de Unidad Nacional. Los casos más conocidos son los de Elsa Canchaya y Walter Menchola. Más recientemente, se ha presentado denuncias contra los parlamentarios Franco Carpio - por favorecer a un pariente suyo - y Rafael Yamashiro. Frente a ello, si bien en los dos primeros casos se ha respondido con cierta celeridad por parte de la bancada de Unidad Nacional, cuando han venido los siguientes, tanto Lourdes Alcorta como Javier Bedoya de Vivanco han arguido la tesis del complot para intentar sacudirse de la batahola de acusaciones.

El complot contra UN, según Alcorta y Bedoya, se debería a dos razones: la postulación del hijo del líder del PPC a la Presidencia del Congreso y las intenciones del Ministro de la Producción y ex integrante de UN, Rafael Rey, por formar una bancada propia, dado que algunos posibles accesitarios de las curules que podrían quedar vacantes por estos escándalos pertenecen a Renovación, votos que pasarían a engrosar los de las filas del oficialismo.

Vamos por partes.

Lo cierto es que las denuncias contra Canchaya, Menchola y Carpio son bastante concluyentes. Hay documentos de por medio, videos y demás evidencia que atestigua que los tres parlamentarios están metidos en un lío bastante grueso. Es más, los dos primeros casos ameritarían, de todas maneras, su salida del Congreso. El caso de Yamashiro, a quien se acusa de quedarse con la mitad del sueldo de un ex asesor, quien además le ayudaba en labores partidarias antes que parlamentarias, debe ser materia de mayor verificación, dado que, hasta ahora, todo se basa en un sólo testimonio. Es decir, en todos los casos presentados hay, por lo menos, algo serio que investigar, ante evidencias o indicios que apuntan hacia la comisión de delitos o, por lo menos, de serias faltas éticas.

Lo segundo es que los miembros de Unidad Nacional fueron advertidos que tenían serios cuestionamientos a su lista parlamentaria. Un reportaje de La Ventana Indiscreta recordó los antecedentes de candidatos al Congreso y Rosa María Palacios también hizo algunas notas sobre este tema. La prensa se lo dijo, pero, en uno de los errores que quizá le costó la Presidencia, Lourdes Flores Nano dio una patética conferencia de prensa en la que se dedicó a defender a los “angelitos”.

Sobre la postulación de Bedoya, ¿realmente tiene posibilidades de ganar? Y mi respuesta sobre ese punto es negativa por dos razones fundamentales: la primera, es que, ante sus pares - y buena parte de la opinión pública - Mercedes Cabanillas ha hecho una buena labor de conducción del Congreso y merecería ser reelegida (por lo menos en la opinión de estas personas); la segunda, es que Bedoya no cuenta con los votos necesarios para ganar, ni siquiera dentro de las propias filas opositoras: desde el nacionalismo, por ejemplo, se reclama que UN defina un rol “más opositor” frente al Gobierno.

Los miembros de UN no puede achacar a la prensa intenciones subalternas, por lo menos, no en el caso de los periodistas y programas que denunciaron estas malas prácticas parlamentarias.

Sin embargo, no puede negarse que beneficiados con este tema existen. El Ministro Rey sería uno de ellos. Y no cabe duda que buena parte de la información proporcionada - que luego fue contrastada por los periodistas - ha venido de dentro del Congreso, dado que estos datos no son fáciles de conseguir (pues no eran públicos hasta hace unas semanas). ¿Cabe concentrase en eso? Bueno, lo suficiente como para saber quienes están jugando su partido propio - con chuponeo de mails, como lo indicó el propio Bedoya -, pero tampoco para servir como pretexto para dejar las denuncias serias presentadas sobre la actuación de los asesores parlamentarios y para no debatir lo que debiera ser una carrera pública parlamentaria mucho más estable que los simples favores de campaña electoral.

Si Bedoya y Alcorta están tan preocupados por la imagen de su agrupación, quizás debieran ver más en como sanear lo que queda de Unidad Nacional. De los intereses subalternos que pueden existir, ellos saldrán a la luz tarde o temprano. Lo sustancial es que la política peruana se adecente, de una vez por todas.

MAS SOBRE EL TEMA:
Augusto Alvarez Rodrich: Caos y Control
Carlos Basombrío: Epidemia o Complot
CPN Radio: Congresista fujimorista Ricardo Pando también contrató a asesora fantasma.
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Actas con cocaleros dejan a “Chiquitín” fuera del Gabinete.

La noticia más importante de ayer domingo fue la renuncia del Ministro de Agricultura Juan José Salazar, luego de su segundo “error” en negociaciones con agricultores cocaleros.

Como es conocido por todos, Salazar firmó una primera acta con los cocaleros de Tocache en la que suspendía la erradicación de cultuvos de hoja de coca en esa zona. Posteriormente el gobierno tuvo que aclarar que esto era de manera temporal, hasta que se cumpliera un plazo de 15 días. A la larga, el Acta de Tocache se viene cumpliendo parcialmente en varios lugares involucrados en el cultivo de hoja de coca.

La semana pasada, Salazar volvió a ser el negociador frente a una posible paralización de narcotraficantes, esta vez en Quillabamba, lugar donde también firmó un acta, donde el gobierno se comprometía a denunciar la Convención de Viena sobre Drogas, que establece la restricción en el cultivo de la hoja de coca. Luego de las respectivas reprimendas públicas de Jorge del Castillo y Alan García, el destino del Ministro estaba cantado. El sábado ya se anunciaba su “licencia por salud” durante algunos días, mientras Salazar estaba campante en el norte del país. El mensaje fue entendido por el Ministro y ayer por la mañana fue a Palacio y dejó su carta al Presidente de la República.

No he podido seguir la gestión del Ministro en cuestiones agrarias. Hay personas mucho más competentes y enteradas que yo sobre el tema que podrán analizar cuales fueron los méritos y deméritos que pesaron en la gestión de Salazar como responsable de una cartera vital para el desarrollo de las zonas rurales del país. Lo claro es que su salida no se debe a estas cuestiones propias de su despacho, sino a su pobre capacidad de negociación en el tema de los cocaleros, un problema bastante sensible y complicado por todas las aristas que tiene el tema: seguridad interior, lucha contra las drogas, agricultura, pobreza, competitividad.

A pesar de sus errores, tal como lo señalé al momento de la firma del Acta de Tocache, sigo considerando que Salazar sí tenía razón en una cosa: el país no tiene una política de lucha contra las drogas y eso ha quedado patentizado con las marchas y contramarchas en este tema, de las cuales Salazar solo ha sido el más conspicuo representante.

Antes de escribir este post, leía el artículo de Gustavo Gorriti en la última edición de Ideele, sobre el tema del narcotráfico y los cocaleros. Rescato uno de sus párrafos más lúcidos, que el gobierno debería tomar en cuenta, y que dejo como reflexión final:

“Una estrategia válida y coherente de lucha contra el narcotráfico tiene hoy las mismas demandas y limitaciones que en el pasado: debe concentrarse en luchar contra la plutocracia narcotraficante, el tope de la pirámide, ni no su base. Si tiene éxito, como sucedió parcialmente entre 1995 y 1998, eso provocará una caída de precios de la coca, que, claro, también afectará a los campesinos. Pero será el mercado quien los afecte y no la Policía. En esa circunstancia, no veo marchar a los cocaleros en defensa de los señores de la droga. Veo, sí, marchar a muchos conocidos abogados en su defensa, pero esos desplazamientos a lo más provocan náuseas y no crisis sociales”.

MAS SOBRE EL TEMA:
Utero de Marita: Renunció Chiquitín.
Morena Escribe: Bye, Bye Chiquitín.

Cayó quien maleaba al gremio de Construcción Civil

Durante muchos años, el gremio de trabajadores de Construcción Civil fue temido por la violencia que solían emplear en sus protestas. Con el cambio en su dirigencia - cuando Mario Huamán comenzó a liderar al sindicato - y una mejor relación con CAPECO, la mala fama que se habían hecho los obreros cada vez que salían a marchar fue dejada de lado.

Sin embargo, en los últimos meses se volvieron a registrar hechos delictuosos que involcraban, de manera indirecta, a Construcción Civil. Todos los indicios apuntaban a un nombre: Vicente Aponte.

Durante la década de los 90, Aponte se forjó una imagen de conciliador con los empresarios, hecho que lo llevó a que Drago Kisic se fijara en él y lo llevara en la lista parlamentaria de Unidad Nacional en 2001, como parte de la Coordinadora Nacional de Independientes.

Dato curioso. Según reportó Marco Sifuentes en 2005, un singular partido político fundado en el penal de Lurigancho tenía contactos con la CNI, a través de Aponte.

El dirigente tenía varios procesos abiertos en el Poder Judicial, lo que le impidió postular por el Frente de Centro en las pasadas elecciones generales.

En marzo, los métodos de Aponte fueron eco de la opinión pública: fue responsabilizado por una gresca en el Callao que acabó con la muerte de un bebé y fue acusado por Mario Huamán de asesinar a su guardia de seguridad. Tan serios sucesos merituaron su separación del gremio de Construcción Civil.

Finalmente, hace unos días, Aponte cayó con las manos en la masa, cuando junto a sus compinches extorsionaba a un empresario constructor en Pucusana.

Lo bueno de todo esto es que tanto el Gremio como CAPECO se han unido para sacar del camino a una figura que estaba haciéndole mucho daño al sindicalismo peruano. La relación actual entre los empresarios y trabajadores del sector, a pesar de las diferencias que puedan tener, es la mejor en años, y ha rendido sus frutos en la negociación del pliego de reclamos. Todo un ejemplo a seguir por los pares de ambos grupos.

MAS SOBRE EL TEMA:
Agencia Perú: ¿Quién es Vicente Aponte?