Desde el Tercer Piso

Las firmas falsas de Perú 2000 pueden quedar sin castigo

Una Sala del Poder Judicial, que fue destinada para luchar contra la corrupción, puede dejar sin sanción a los autores intelectuales de la falsificación de firmas de Perú 2000, el hecho que dejó patente ante el país y la comunidad internacional la voluntad de fraude de Alberto Fujimori en las elecciones presidenciales que manipuló para presentarse y ganar.

El caso se ha visto enredado desde su inicio en las instancias judiciales. Luego de la campaña mediática que los esbirros del fujimorismo iniciaron en contra de los testigos que denunciaron este hecho ante la unidad de investigación del diario El Comercio, el Poder Judicial y el Ministerio Público, controlados por Vladimiro Montesinos, dieron una serie de resoluciones en favor de los autores intelectuales del hecho.

Los dos hechos judiciales más importantes de ese caso durante el año 2000 fuero la acusación fiscal elaborada por Arquimides Pesantes, sentenciado a 8 años de prisión por pertenecer a la red de corrupción en el Ministerio Público, y una posterior resolución dictada por la Sala de Delitos Tributarios y Aduaneros en octubre de 2000, tiempos en que todavía era controlada por Alejandro Rodríguez Medrano, resolución que dijo que no había existido falsificación de documentos. El beneficiado fue Migdonio Bellota, ex regidor de Vamos Vecino, involucrado en la falsificación.

Posteriormente, ya en democracia, el Fiscal Víctor Cubas reabrió el caso, debido a las manifiestas irregularidades en su tramitación durante la dictadura, solicitud que fue acogida por la Primera Sala Anticorrupción, presidida por Inés Villa Bonilla. Ya para este tiempo habían sido comprendidos en el proceso como autores intelectuales a Vladimiro Montesinos, Oscar Medelius (a punto de ser extraditado de Estados Unidos por este caso), Ricardo Chiroque Paico (que postuló nuevamente por el fujimorismo a la alcaldía de San Juan de Lurigancho), Daniel Chuan (propietario del membrete Perú 2000) y José Portillo Campbell (¿se acuerdan?, “papelito manda”), entre otros.

Sin embargo, la Segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema, en una decisión cuestionable dictada en el 2003, decidió declarar como válida la resolución que limpiaba a Migdonio Bellota, dictada en un proceso a todas luces viciado y declaraba la reapertura del proceso como inválida. Posteriormente, anularon la resolución de la impunidad. Sin embargo, en mayo de 2005, nuevamente la Corte Suprema incurrió en el mismo horror jurídico.

Para enredar más las cosas, la semana pasada, la Sexta Sala Anticorrupción ha cometido un desliz del tamaño de la Catedral de Lima. A solicitud de los procesados Medelius y Chuan, se les amplió el alcance de la resolución del año 2000, es decir, la dictada por su ex jefe y, peor aún, amplió de oficio (es decir, porque quisieron) los alcances de la misma a Montesinos, Chiroque, Portillo y demás involucrados.

Aunque la Procuraduria Ad Hoc ha interpuesto un recurso de nulidad contra esta resolución vergonzosa, ciertamente es preocupante que un caso importante de corrupción, documentado fehacientemnte por la investigación hecha por el equipo encabezado por Ricardo Uceda y que luego fuera corroborada por el Fiscal Víctor Cubas, pueda terminar en la más absoluta impunidad. El Presidente del Poder Judicial parece estar comprometido con los cambios necesarios para una mejor administración de justicia, pero la conducta de algunos jueces nos vuelve a poner el tema de la cultura e idiosincracia como uno de los mayores lastres para que las cosas cambien en dicho Poder del Estado.

MAS SOBRE EL TEMA:
Francisco Távara, Presidente del Poder Judicial: OCMA y Fiscalía deberán intervenir si se comprueban irregularidades en falsificación de firmas de Perú 2000.

Bueno, no se sabe aún si la elección de los cuatro miembros del Tribunal Constitucional será en estas semanas. El clima alrededor del Congreso de la República, caracterizado por las últimas denuncias, ha enrarecido el panorama y la consecución de acuerdos es cada vez más difícil.

A ello se suma el hecho de que la elección se viene convirtiendo cada vez más en un campo cerrado de los congresistas, a pesar de las distintas voces que vienen reclamando más transparencia para el proceso de selección de los candidatos que serán presentados al Pleno para su elección.

Por ello, sobre la base de los datos que hace unos meses presentamos y de otros nuevos que hemos podido conseguir, aquí les presento lo que el Congreso no hace: el quién es quién de los 17 finalistas. Aquí va.

Luis Alarcón Quintana: Es militante del Partido Aprista. Según cosigna El Comercio, ha sido asesor parlamentario y postulante a la Corte Suprema en dos oportunidades. Iba a ser el reemplazante de Delia Revoredo en el TC, con el apoyo de los compañeros. Luego de una votación frustrada, el partido de la estrella decidió apoyar a Carlos Mesía, militante aprista y actual magistrado del TC. Se dice que es el candidato de Alan García.

Ernesto Alvarez Miranda: Es profesor de la Facultad de Derecho Universidad San Martín de Porres.

Ricardo Beaumont Callirgos: Es abogado especialista en Derecho Comercial y docente sobre esta materia en varias universidades. Es miembro accesitario del Consejo Nacional de la Magistratura. También ha sido candidato al TC anteriormente. Es socio del Estudio Beaumont, Betancourt & Asociados Abogados.

Ernesto Blume Fortini: Fue miembro del partido Somos Perú y anteriormente militó en el Partido Popular Cristiano. Ha sido abogado de la Municipalidad Metropolitana de Lima durante la gestión de Alberto Andrade. Profesor de Derecho Constitucional.

Fernando Calle Hayen: Tuvo una entrevista en RPP donde propuso la reforma del sistema interamericano de derechos humanos, a raíz del caso Castro Castro. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad San Martin de Porres, bastante cercana al Partido Aprista Peruano, donde ha dado conferencias. Es columnista habitual en El Peruano.

Camilo Carrillo Gómez: Ha sido Ministro de Justicia durante el primer gobierno de Alan García. Es militante aprista y ha sido presidente del Tribunal Electoral Nacional del APRA. También se ha desempeñado como Presidente de CONCYTEC y Superintendente de Bienes Nacionales. Por cierto, Carrillo fue parte de una misión del Poder Ejecutivo que viajó a Cayara en 1988 y dijo que no había ocurrido ninguna masacre, tal como consta en la demanda del caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mauricio Mulder le echó la culpa de la inclusión de candidatos apristas ligados al narcotráfico en las listas municipales, en su calidad de Presidente del Tribunal Electoral del partido.

Gerardo Eto Cruz: Es Profesor de Derecho Constitucional de la Universidad Nacional de Trujillo y ha sido voceado como el candidato del Partido Nacionalista. No se le conoce filiación política alguna.

Cilos Henriquez Franco: Ha sido Personero Legal del APRA ante el Jurado Electoral Especial de Trujillo. Es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Privada Antenor Orrego, en Trujillo.

Elías Mendoza Habesperger: Es militante de Acción Popular y ha sido Presidente de la Cámara de Diputados y Ministro de Justicia durante el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry. Actualmente impulsa una corriente de reformas dentro de su partido. Mendoza también ha sido jefe Scout del Perú y presidente del Club de la Unión durante muchos años. Su estudio jurídico representa a la revista Caretas.

Vladimir Paz de la Barra: Ha sido Decano del Colegio de Abogados de Lima. En dos oportunidades ha postulado a la Presidencia Regional de Lima Provincias, sin mucho éxito. También ha postulado al Consejo Nacional de la Magistratura. Es en la actualidad el candidato más cuestionado: es el abogado de Angel Romero, el cuestionado Presidente de la Corte Superior de Lima, quien justamente es investigado por la Oficina de Control de la Magistratura por ir en contra de un precedente del TC. Cabe recordar también que la primera postulación de Paz de la Barra a la Presidencia Regional de Lima se hizo sin que viviera realmente en dicha zona del país.

Julio Quintanilla Loaiza: Fue candidato al Congreso por el FIM en 2001. Cuando Fernando Olivera fue nombrado Ministro de Justicia, Quintanilla pasó a ser el agente del Estado en el caso El Frontón, teniendo como exclusiva misión incriminar a Alan García, con lo que sus posibilidades de llegar al TC son casi nulas, al no tener los votos apristas.

Carlos Ramos Nuñez: es docente de varias universidades y se ha especialidado en Historia del Derecho Peruano. Ha sido director de la Academia de la Magistratura. Forma parte del Instituto Riva Aguero, de la PUCP.

Javier Ríos Castillo: Fue cuestionado hace varios años por problemas que existieron en la Universidad San Martín de Porres, en el que estuvo involucrado el ex Vicepresidente de la República César Paredes Canto.

Elvito Rodríguez Dominguez: También es militante de Acción Popular. Profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Humberto Uchuya Carrasco: Catedrático de la Universidad San Luis Gonzaga de Ica - ha sido Rector de dicha casa de estudios - y de la U. Alas Peruanas.

Oscar Urviola Hani: Este abogado arequipeño ha sido Decano del Colegio correspondiente de su departamento, miembro de la Cámara de Comercio de Arequipa, ex diputado por Arequipa (1990 - 1992) y candidato al Congreso en 2001 por Somos Perú. Actualmente, tiene su propio estudio de abogados y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Santa María.

Rocío Villanueva Flores: Su trayectoria se ha destacado en el tema de derechos humanos. Durante diez años trabajó en la Defensoría del Pueblo, desempeñando la titularidad de las adjuntías de Derechos Humanos y Derechos de las Mujeres. También ha sido conductora del programa Barra de Mujeres en Canal N. Se desempeña como profesora de la Facultad de Derecho y de la Maestría en Derechos Humanos de la PUCP.

Ahora, señor Aurelio Pastor, le toca usted colocar las hojas de vida y los cuestionarios hechos a cada finalista en el portal del Congreso de la República. Haga su chamba, nosotros hacemos la nuestra.