Desde el Tercer Piso

El último jueves, Jorge del Castillo se presentó en La Ventana Indiscreta, para conversar sobre varios temas, entre ellos, el referido a la denuncia que hiciera desde este espacio sobre las contrataciones irregulares de asesores de la Segunda Vicepresidenta de la República Lourdes Mendoza del Solar.

Lamentablemente, el Primer Ministro, un experimentado político al que, personalmente, tenía en alta consideración, no ha sabido responder a los elementos de juicio puestos en consideración sobre este tema en este blog.

La excusa dada por el señor Del Castillo ha sido señalar que la contratación de personal para las Vicepresidencias es una práctica generada en anteriores administraciones presidenciales y que, por tanto, eso convierte a este comportamiento en válido.

Es cierto que durante el gobierno del Presidente Alejandro Toledo se contrataron asesores para el vicepresidente David Waissman. En una primera respuesta a Del Castillo, señalé que, en efecto, durante el primer semestre del año 2006, se contrataron a 6 personas para ejercer labores de asesoría para el señor Waissman, actual Congresista de la República.

Pero ello no convierte a esta práctica en una costumbre jurídica. Cualquier estudiante de Derecho sabe, desde que ingresa a la Facultad, que una costumbre jurídica tiene dos elementos indispensables para su formación. El primero, la repetición de la conducta en el tiempo; el segundo, el carácter de obligatoriedad jurídica. Sin embargo, este último elemento implica también que la costumbre no infrinja una norma legal, cuestión que ha ocurrido en este caso, dado que la Constitución señala, de manera clara, que las funciones de los Vicepresidentes de la República son dos: Reemplazar al Presidente en caso de vacancia y encargarse del Despacho Presidencial cuando el Presidente sale de viaje fuera del país. Esto es repetido por la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.

Al no establecerse otras funciones para los Vicepresidentes y contratarse personal para funciones que no se encuentran dentro del organigrama del Estado, estas contrataciones devienen en irregulares, por ser contrarias a las normas que he señalado y que, en el esquema legal peruano, son superiores a una supuesta costumbre jurídica alegada por el Primer Ministro, quien, por su condición de abogado y político experto, conoce perfectamente estas precisiones legales.

En Derecho Administrativo, el principio fundamental es el de legalidad, que consiste en que la autoridad debe sujetar su actuación a lo que dice la Constitución y la Ley. Dado que la Constitución y las normas señalan claramente las funciones de los Vicepresidentes, ellos no pueden excederse de las mismas y la PCM no puede contratar personal para que les ayuden en tareas que no corresponden propiamente a su función.

Asimismo, el Primer Ministro falta a la verdad al señalar que estos contratos fueron producto del Presupuesto del año 2006, aprobado por el Congreso pasado. En el caso de la señora Irma Rosas Durand, la contratación se hizo en un proceso hecho durante el presente año y se encuentra vigente hasta junio de 2007. Es decir, se hizo con la Ley de Presupuesto aprobada por el actual Congreso y cuyo proyecto original fue presentado por este gobierno.

Además, como se le señaló al señor Del Castillo en la entrevista con Cecilia Valenzuela, algunas de las personas contratadas por la PCM también se desempeñan como asesores parlamentarios de la Vicepresidenta de la República. Es el caso de Omar López Cusi, quien funge de asesor de prensa de la parlamentaria Mendoza del Solar.

Debo hacer además otra precisión, esta vez, con relación a los contratos firmados por la PCM para contratar asesores a favor del señor Luis Giampietri Rojas, Primer Vicepresidente de la República. Si bien el señor Giampietri no tiene procesos pendientes ante la justicia, sí mantiene al señor Jorge Figueroa Guzmán como abogado personal. Tal como lo consigna el diario La Razón, medio de comunicación que responde a la agenda propia del Vicealmirante en retiro, el señor Figueroa Guzmán fue el encargado de interponer ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) una queja contra la Primera Sala Penal Anticorrupción, por la citación que se le hizo, en calidad de testigo, para que el congresista y vicepresidente declare en el proceso seguido a los integrantes del Grupo Colina.

Asimismo, resulta poco feliz la frase con la que el Primer Ministro se expresa con relación a la responsabilidad sobre la contratación de tal o cual asesor para la Primera Vicepresidencia de la República, otorgándosela sólo al almirante Giampietri. Me refiero al caso particular del abogado Sergio Tapia Tapia, conocido abogado de violadores a los derechos humanos y que se encuentra vinculado, en Argentina, a organizaciones ultraconservadoras católicas que defienden a los militares que cometieron desapariciones, torturas y otras violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar que padeció dicho país entre 1976 y 1983. Tapia es el representante de FASTA - organización cuyo fundador ha sido cuestionado por homenajear a nazis refugiados en Argentina. El gobierno del Presidente Alan García termina pagando un sueldo a una persona que abroga de los valores democráticos y los derechos que el Presidente juró defender el 28 de julio de 2006, por segunda vez.

Lamento mucho que el Presidente del Consejo de Ministros haya sido incapaz de responder adecuadamente a los cuestionamientos hechos en el programa que dirige. Esperaba que el Primer Ministro aceptara que, nuevamente, cometió un error y diera las explicaciones del caso. Sin embargo, compruebo, con poca satisfacción de mi parte, que se faltó a la verdad de manera flagrante, frente a la teleaudiencia.

No se lamente después, si es que le viene otra interpelación.

Esta entrada fue escrita el Sábado, 21 de Abril de 2007 a las 10:20 am y archivada en Jorge del Castillo, Lourdes Mendoza del Solar, PCM, contrataciones, irregularidades. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.