Archivo de 30 Abril 2007

Como lo comentamos la semana pasada, la Fiscal de la Nación Adelaida Bolivar y el ex Ministro del Interior Fernando Rospigliosi mantienen una disputa por el inicio de una investigación fiscal en Arequipa a raíz de las dos muertes producidas durante los disturbios ocurridos en 2002.

La verdad es que el pleito ha tenido de todo: irregularidades en el inicio del proceso y comparaciones con violadores de un lado, y los ya conocidos adjetivos del columnista político por el otro.

Ayer hemos tenido un contraataque por parte de Rospi, que puede terminar involucrando a la Fiscal de la Nación en un asunto bastante serio.

En su columna de Perú.21, Rospigliosi acusa al esposo de Bolivar, el Coronel FAP (r) Luis Avila, de tener vinculaciones con el narcotraficante Fernando Zevallos, sobre la base de una declaración dada por el ex lugarteniente del conocido ex hombre de aviación, Jorge Chávez Montoya (a) Polaco. Los tres personajes han pertenecido, en algún momento a la Fuerza Aerea.

Aunque el ex Ministro se cura en salud y precisa que la declaración de un delincuente como “Polaco” debe tomarse con pinzas, lo cierto es que se dan elementos de juicio sobre la lenidad con la que Adelaida Bolívar actuó en el caso Zevallos: la separación de la Fiscal de Maynas que investigaba un segundo proceso contra el narco - que está sentenciado a 20 años de prisión por el caso “Los Norteños” - y su reemplazo por un personaje cuestionado por sus presuntos vínculos con el ex dueño de Aerocontinente. Este personaje es el Fiscal Eduardo Castañeda, quien no se ha inhibido de dicha investigación, a pesar que la Procuradora Antidrogas Sonia Medina Calvo, una ex jueza con fama de probidad y rectitud, se lo ha solicitado.

A tal punto llega la seriedad de la acusación que personajes tan disímiles en su opinión sobre Rospi como Carlos Basombrío y Mauricio Mulder coinciden en que la denuncia, por su gravedad, merece una seria investigación.

¿La delgada línea blanca ha llegado a tan altas esferas? La Fiscal de la Nación tiene la palabra.

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Luis Alberto Salgado Tantte es el actual Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, órgano dependiente del Ministerio de Justicia. Esta entidad se encarga de planificar la política oficial del Estado en materia de Derechos Humanos y, por tanto, se requiere una persona experta y que sea proba.

Sin embargo, Salgado deberá explicar algunas cosas en su currículum bastante serias.

La primera, que salta a la vista, es que no incluye algunos cargos en los que participó durante el primer gobierno de Alan García. Como informó el diario La República en su momento, Salgado fue asesor del Ministerio de Economía y el enlace con el comité de administración del Banco de Crédito en 1987, como parte de la frustrada estatización de la Banca. También se ha desempeñado como asesor del Ministerio de Justicia y Secretario General de dicho sector en 1988, durante la gestión de Camilo Carrillo Gómez, hoy convertido en la principal carta aprista para el Tribunal Constitucional.

Tampoco reporta su CV que el hoy agente del Estado ante la CIDH ha sido miembro del Comité Ejecutivo Nacional del APRA entre 1989 y 1992, cuando era Secretario General el hoy Ministro del Interior Luis Alva Castro.

La segunda, se refiere a este aspecto de su hoja de vida:

Ha laborado durante nueve (9) años con las Naciones Unidas en Misiones de Derechos Humanos, en Camboya (UNTAC, United Nations Transitional Authority in Cambodia, abogado y observador en derechos humanos,1993), Mozambique (ONUMOZ, Jefe Provincial de Equipo de PNUD y Oficial Electoral,1994) y Guatemala (MINUGUA, Observador en DD.HH. y Oficial Político 1996-2001).

Fuentes allegadas a este espacio, que conocen a Salgado desde épocas universitarias, o que lo han conocido en el ejercicio profesional, me han señalado que, si bien Salgado desempeñó dichos cargos, no lo hizo en calidad de trabajador de la ONU, sino de voluntario, es decir, sin vínculo laboral con la organización internacional más importante del orbe. Sin embargo, como se puede leer del párrafo citado, Salgado se vende como ex trabajador de la ONU, cuestión que no corresponde a la verdad.

Más curioso resulta saber el destino de varios de los integrantes del Instituto de Derechos Humanos, institución de la cual Salgado ha sido el directivo ejecutivo central durante varios años. Si bien la institución tiene la presencia de una figura de la importancia del padre Ricardo Morales, presidente del Consejo Nacional de Educación, otros más bien han visto en su paso por el Instituto y su ligazón con el partido de la estrella como un trampolín a la chamba en este gobierno.

Pero antes, resulta curioso ver junto al padre Morales a una figura poco santa como Ricardo Nugent Flores. Este personaje fue magistrado del Tribunal Constitucional y su presidente en la época de la destitución de sus colegas que se opusieron a la reelección de Fujimori. Recuerdo que Nugent renunció, en un inicio, a su cargo, pero finalmente se quedó por los 3 años más que la dictadura se quedó con el poder absoluto.

Jorge César Ferradas Nuñez no sólo es militante aprista, sino el actual Jefe de la Oficina de Coordinación Parlamentaria de la Presidencia del Consejo de Ministros. Fue miembro fundador del IDH.

Otro miembro fundador del IDH, Enrique Gutiérrez Arbulú, fue designado en diciembre de 2006 como agente del Estado para los casos Cantoral Benavides y Tribunal Constitucional, en los que tiene que justificar el cumplimiento de ambas sentencias por parte del Estado peruano. Es curioso, dado que esta persona ha sido asesor en la Comisión Ejecutiva del Poder Judicial en el tema de modernización y gerente de asesoría legal del Ministerio Público, es decir, ha trabajado durante la reforma judicial controlada por el fujimorato, tiempo en que no se respetaron los derechos humanos.

Fernando Valverde Camán, otro militante aprista y actual Director Ejecutivo del IDH, también consiguió un puesto gracias a Salgado: agente del Estado en el cumplimiento de la sentencia del caso Lori Berenson ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin duda, Salgado tendrá que darnos una explicación sobre todas estas cosas, además de su actuación como defensor del Estado, que más parece ser la actuación del abogado del partido al que pertenece.

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