Desde el Tercer Piso

Estemos de acuerdo con él o no en sus posiciones - sobre todo, en el tema del narcotráfico - nadie puede negar la calidad profesional, la honradez y valentía que Fernando Rospigliosi ha tenido durante los últimos años, sea como funcionario público o como analista político.

Acido crítico de la gestión aprista en los últimos meses, Rospigliosi tiene que enfrentar una investigación fiscal - junto al ex Primer Ministro Roberto Dañino - por homicidio calificado, debido a las dos muertes causadas por la Policía durante los disturbios ocurridos en Arequipa luego de la frustrada privatización de las empresas generadoras de electricidad.

Ciertamente, la actuación política del gobierno de Alejandro Toledo en este tema fue lamentable, tanto por no explicar a los arequipeños porque varió su criterio sobre la privatización y porque era beneficioso hacer dicha concesión, garantizando que no se repetirían las tropelías del fujimorato, como por no controlar los excesos en la represión policial.

Sin embargo, hay dos puntos que pueden cuestionarse de dicho inicio de investigación.

El primero, que el homicidio calificado supone una voluntad de dolo. Y aplicar la teoría del dominio del hecho - es decir, la cadena de mando - en este caso no llevaría a Rospigliosi y a Dañiño, dos ministros a los que se pudo criticar su interperancia y terquedad en estos sucesos, pero no una voluntad de disparar bombas lagrimógenas contra el cuerpo. A lo sumo, el jefe de la Región Policial y del operativo de control deberían ser procesados por los hechos que causaron estas dos lamentables pérdidas de vida.

El segundo es que la Fiscalía de la Nación no ha procedido de manera regular en este caso, dado que a Rospigliosi y a Dañino les corresponde el beneficio del antejuicio en este caso, es decir, que el Congreso tenga que verificar si existen motivos para procesar a ambas personas. Sin embargo, la Fiscal de la Nación Adelaida Bolivar ha enviado el caso a Arequipa, saltándose la garrocha, e incluso no ha notificado a Rospigliosi de esta situación. El periodista se tuvo que enterar por un informante de la resolución.

Sin duda, Rospigliosi deberá enfrentar la investigación sobre este caso, pero no uno que se encuentra viciado en su inicio. La Fiscal de la Nación deberá seguirse absteniendo de comparar al ex Ministro del Interior con un violador como Leoncio Torres Ccalla y remitir la cuestión al Congreso, ente que finalmente decidirá el futuro de la cuestión. De no hacerlo, los rumores sobre la idoneidad de su gestión o los intereses políticos detrás de este caso seguirán creciendo.

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Irregularidades en otorgamiento de beneficio tributario a empresa minera importante le cuestan puesto a Viceministra de Minas.

El tema del que hablaré hoy es un poco técnico, pero quizás pueda tener repercusiones políticas a futuro.

Volcan es una de las principales compañías mineras del país. Produce plata y zinc en grandes cantidades. Dado el precio alto de los minerales, sus utilidades durante los últimos años han sido bastante grandes.

Las empresas mineras que tienen contratos de estabilidad jurídica vigentes tienen derecho a un beneficio tributario que supone la exoneración del pago del Impuesto a la Renta hasta en un 30%, sobre la base de la reinversión de las utilidades que han obtenido. Volcan, al tener un contrato de estabilidad vigente hasta este año, podía acogerse a esta disposición.

Según lo que informó el diario El Comercio, la congresista Gloria Ramos denunció en una carta dirigida al Ministerio de Energía y Minas la existencia de irregularidades en el proceso de otorgamiento de la exoneración a Volcan.

Volcan solicitó acogerse a este beneficio en 2006, que le representaría un beneficio de 51 millones de dólares menos en pago de impuestos. La Dirección de Promoción y Desarrollo Minero, encargada de ver este tema, sólo le aprobó una exoneración de 11 millones de dólares. Esta decisión fue confirmada por la Dirección General de Minería y el expediente fue enviado al Ministerio de Economía y Finanzas. al no haber un pronunciamiento del MEF, se aplicaba la aprobación tácita del expediente.

Sin embargo, la hasta ayer Viceministra de Minas, Rosario Padilla, solicitó en enero de 2007 la devolución del expediente al MEF, para corregir “errores materiales”, es decir, cuestiones que no tenían que ver con el fondo del asunto. A pesar de ello, se revisó el fondo del asunto y la empresa se vio favorecida con un aumento de los montos involucrados en su programa de inversiones. El nuevo beneficio hizo que el Estado exonerara a Volcan de 32 millones de dólares en impuestos. Finalmente, la resolución fue declarada nula.

Si bien Padilla quiso exonerarse de responsablidad de este tema, el Ministro de Energía y Minas Juan Valdivia, con una interpelación en ciernes por este tema, decidió renunciar a la Viceministra. Hoy aparece la Resolución que acepta su renuncia en el Diario Oficial El Peruano. Sin embargo, de acuerdo al diario La República, Padilla habría sido reubicada como asesora en el MINEM.

El caso es preocupante, no sólo porque involucra a una de las principales empresas mineras del país, que tiene una posición expectante en la Bolsa de Valores de Lima, sino porque compromete a uno de los Ministerios más técnicos del país. Este tema merece una investigación bastante seria. El Congreso tiene la palabra.