Archivo de 3 Abril 2007

Me piden que difunda esto y con gusto lo hago.

Y mientras tanto…
- El fujimorista Giampietri dice que el fujimorista Pandolfi trabaja en la PCM hace 5 meses!!! (Perú.21)
- García Belaúnde le sigue dando en el piso a Giampietri (CPN Radio)
- Otro miembro de Colina lo echa a Fujimori (Ver comentarios del Utero)

MAS SOBRE EL TEMA:
Archivo del Tercer Piso: Disolver, disolver, el juicio sobre el golpe de Estado.

Comments 1 Comentario »

La reciente captura de Telmo Hurtado Hurtado y Juan Rivera Rondón, los dos principales responsables de la masacre de Accomarca, ocurrida en 1985, vuelve a poner sobre el tapete el procesamiento judicial de violaciones a los derechos humanos en el país, en particular, cuando se procesa a personas que han pertenecido a las Fuerzas Armadas.

Cabe recordar, en pocas líneas, que fue lo que ocurrió exactamente en Accomarca. De acuerdo a lo señalado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación:

el 14 de agosto de 1985, una patrulla del Ejército, perteneciente a la compañía “Lince” de Huamanga, al mando del entonces SubTeniente Telmo Ricardo Hurtado Hurtado, asesinó a 62 comuneros, entre mujeres, ancianos y niños, habitantes del distrito de Accomarca, provincia de Vilcashuamán, Ayacucho. La matanza se llevó a cabo como parte del “Plan Operativo Huancayoc”, una acción antisubversiva planificada por la organización militar de la Sub Zona de Seguridad Nacional No.5, con desprecio por la vida de civiles inocentes“.

Fue un asesinato planificado y efectuado con ensañamiento. Según lo que cuenta el relato de la CVR, “alrededor de las once de la mañana todas las personas reunidas en Hatunpampa (50 personas aproximadamente) fueron llevadas por los militares a la casa de César Gamboa de la Cruz, que se encontraba ubicado en el sector de Apuspata, a una distancia de 300 metros. En este lugar, un grupo de mujeres y niños fueron introducidos en la cocina -ambiente rústico cercado con piedras y techado con retama- y el grupo más grande de personas en una casa de adobe, que contaba con una puerta de madera y estaba techado con tejas. Una vez que todos los pobladores se encontraban en el interior de la casa, el SubTeniente Telmo Hurtado ordenó a su personal de tropa disparar contra ellas“. Posteriormente, “el propio Telmo Hurtado, además de dar la orden de disparar, lanzó una granada provocando una explosión y el incendio de los lugares donde se encontraban las personas detenidas. Consumado el asesinato, y con el fin de impedir la identificación como responsables de los hechos y dar la apariencia que se trataba de un ataque de Sendero Luminoso, Telmo Hurtado ordenó a su personal que recogieran todos los elementos o sustancias utilizadas“.

El caso de Accomarca, cabe recordarlo, fue el único que motivó la destitución de altos mandos militares por la comisión de violaciones a los derechos humanos. Eran los tiempos en que un joven Alan García, recién estrenado en la Presidencia, deseaba distingir su política de la permisividad del gobierno de Acción Popular frente a los atropellos cometidos por las fuerzas del orden en la lucha contra la subversión. Lástima que dicha voluntad durara tan poco tiempo.

Hurtado nunca mostró arrepentimiento de lo que hizo. A la Comisión del Congreso que investigó el caso declaró cosas como estas:

“Según mi decisión que yo he tomado, yo la considero correcta. Según el punto de vista de ustedes y lo que están pensando en estos momentos, lo van a tomar de otra manera. Ustedes no viven las acciones de guerra que nosotros vivimos acá. No tienen experiencia, ni ven las situaciones que nosotros pasamos acá. Las penurias que se tienen o las cosas que se tiene que vivir”.

“uno no puede confiar de una mujer, un anciano o un niño (…) los comienzan a adoctrinar desde los dos años, tres años, llevando cosas (…) poco a poco, a fuerza de engaños, de castigos, van ganándolos a su causa”.

Aun así, el Ejército lo protegió durante varios años. Se logró que el fuero militar lo procesara por los delitos cometidos y finalmente lo absolviera de los cargos vinculados a violaciones a los derechos humanos.

Sin embargo, pequeño detalle, Hurtado si fue condenado por la Justicia Militar por abuso de autoridad a la pena de prisión de 6 años. Según el Código de Justicia Militar vigente en aquel entonces, cualquier militar que fuera sentenciado a una pena por encima de los 2 años de prisión debía de ser separado inmediatamente del cargo. A pesar de ello, Hurtado continuó con su carrera militar, se acogió a la Ley de Amnistía, ascendió y llegó hasta el grado de Mayor. La revista Ideele, en un reportaje hecho en 1999, denunció que Hurtado se encontraba sirviendo en Cajamarca a pesar de las atingencias legales antes mencionadas. Ante la gravedad de la denuncia, el gobierno fujimorista le tuvo que dar de baja, claro, sin aceptar que lo había encubierto por 9 años, Ley de Amnistía como regalo adicional, claro está.

Más grave aún, según lo que indica Hurtado en su primera testimonial ante las autoridades estadounidenses (que he podido conocer), hizo su carrera militar entre 1979 y 1999, es decir, nunca fue dado de baja a pesar que la Ley - y la decencia - lo indicaba.

8 años más tarde, Hurtado es capturado en Estados Unidos, junto a otro responsable de la masacre de Accomarca. Ambas personas se encuentran detenidas, en principio, por falsificar documentos para regularizar su situación de ilegales en el Perú.

De acuerdo a lo que he podido averiguar - y hoy confirma La República - sobre Juan Rivera Rondón, el tema migratorio o el de derechos humanos no es el que más pesa en su contra, sino la presunta violación sexual de su hijastra. La deportación de este personaje se intentaría lograr cuestionando su integridad moral.

El caso de Telmo Hurtado es distinto. El si fue detenido por el tema migratorio. Pero, además, las autoridades migratorias de Estados Unidos hacen referencia a la solicitud de extradición cursada desde Perú por violaciones a los derechos humanos. La mentira captada por Migraciones fue que él no reconoció haber sido procesado, condenado o amnistiado por algún crimen, cosa que si ocurrió como lo hemos comentado, a partir de lo cual se recuerda la solicitud del Estado Peruano sobre este caso.

El proceso será bastante largo, pero el expediente de extradición es lo suficientemente sólido como para proceder con la repatriación de ambos personajes.

Lo preocupante no está en la justicia norteamericana sino en el clima existente en el Perú. A estas alturas, para muchas personas nos queda claro que el primer Vicepresidente de la República, Luis Giampietri, está jugando claramente el partido de la impunidad con el fujimorismo, match que incluye las campañas de desprestigio contra la Comisión de la Verdad y Reconciliación, la persecusión y campañas mediáticas contra las organizaciones de defensa de los derechos humanos, la reciente moción contra la justicia anticorrupción, su moción para acusar de débiles contra el terrorismo a los gobiernos de Paniagua y Toledo y los descarados intentos por colocar a sus amigos fujimoristas en el gobierno. Poder permitido por el Presidente de la República, sólo Dios sabe por que intereses - o cosas a ocultar - en juego.

En este clima, ¿se podrá alcanzar la justicia tan necesaria?

MAS SOBRE EL TEMA:
El Morsa: Capturaron a Telmo Hurtado.
Utero de Marita: Cayó Telmo Hurtado.
El Comercio: Subsecretaria de Seguridad Nacional: “EE.UU. no da refugio a violadores de derechos humanos”.

Comments 1 Comentario »

Si bien en el tema de derechos humanos, la noticia de la semana la constituye la captura de Telmo Hurtado Hurtado, el responsable de la matanza de Accomarca en 1985 - adelanto, el proceso de extradición va a ser un poco largo, a pesar que el caso es fácilmente ganable en Estados Unidos -, otra noticia dada desde el Gobierno motiva el comentario que vendrá a continuación.

Ocurre que el domingo último se expidió el Decreto Supremo Nº 031-2007-PCM, que aprobó la relación de mártires del terrorismo pertenecientes a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional del Perú y del personal civil que falleció en defensa de la democracia.

En principio, comparto la idea del gobierno en impulsar esta norma. Honrar a nuestros héroes que dieron su vida por librarnos de una amenaza totalitaria, vulneratoria de los derechos fundamentales, cruel y sanguinaria, es algo que todos los peruanos debemos hacer. Además, creo que puede constituir un momento clave para que las Fuerzas Armadas y Policiales puedan comenzar diferenciar a los héroes de la gente que cometió excesos o, en algunos lugares y momentos, violaciones generalizadas o sistemáticas de los derechos humanos.

Una revisión de la lista de militares y policías homenajeados me confirma dicha impresión. Quizás el único caso donde tenga mis reparos es en el del Capitán de Navío AP Juan Carlos Vega Llona. Si bien este marino fue asesinado en Bolivia por miembros de Sendero Luminoso, no debe olvidarse que, de acuerdo a las investigaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación y a las propias declaraciones de su hermano Ricardo - ex Presidente de CONFIEP y DEVIDA -, este hombre fue el responsable directo de las ejecuciones extrajudiciales ocurridas luego del develamiento del motín en El Frontón en junio de 1986. El hecho de ser víctima y victimario a la vez produce esos reparos.

Donde la cuestión me resulta más problemática es con relación a la relación de personalidades políticas y sociales que son incluidas en la lista de defensores de la democracia. Si bien se incluyen a personas como Domingo García Rada, Orestes Rodríguez, María Elena Moyano, Pascuala Rosado y Carlos Giusti, hay algunos motivos que me hacen pensar en que la lista ha sido hecha de manera apurada. Tres son las razones principales.

El primero, es que no se incluye a autoridades políticas que fueron victimadas por agentes del Estado, con lo que se sigue negando una parte de nuestra historia.

Un ejemplo de ello es el caso de Leonor Zamora, alcaldesa provincial de Huamanga entre 1983 y 1986. Según un buen reportaje de César Hildebrandt Chávez y el Informe Final de la CVR, Zamora se volvió incómoda para las autoridades militares por denunciar varios casos de violaciones a los derechos humanos ocurridas en Ayacucho. Según confesión escrita, Fabio Urquizo Ayma, suboficial del Ejército que luego pertenecería al Grupo Colina, fue el asesino de la ex alcaldesa en 1991.

Otro ejemplo es el caso de Saúl Cantoral Huamaní, dirigente minero asesinado en 1989, presentamente por miembros del mal llamado Comando Rodrigo Franco. La omisión resulta más sintomática cuando recuerdo que Luis Alberto Salgado, agente del Estado en este caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamentó en su alegato ante la Corte que Sendero Luminoso había sido el autor de este crimen.

Los únicos dos casos que he encontrado son los de los militantes apristas Marco Ayerbe Flores - asesinado en 1982 por miembros de la Policía Nacional - y Carlos Ferrer - desaparecido en 1983 por el Ejército y cuyo cadáver momificado fuera encontrado en una fosa común.

El segundo tema es que buena parte de la relación de personas comprenden a miembros del Partido Aprista, omitiendo a figuras de otros partidos. Si bien la CVR nos recuerda que el APRA fue la agrupación política que mayor cantidad de víctimas mortales tuvo durante el conflicto y que las personas incluidas deben estar presentes, me parece bastante sintomático que buena parte de quienes aparecen en dicha relación también lo estén en la detallada cronología que hace el militante aprista Jesús Aliaga Baldeón en su libro Mártires de la Pacificación, en la que rescata la historia del martirologio aprista durante la época del conflicto armado interno. Lo preocupante del sesgo es que Aliaga es actualmente Secretario Ejecutivo de la CMAN, la entidad estatal encargada de implementar las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

Dos casos ejemplifican el punto. El primero es el caso del diputado Heriberto Arroyo Mio. En mayo de 1989, este parlamentario, perteneciente a las filas de Izquierda Unida, fue muerto por miembros de Sendero Luminoso. A los pocos días, fue asesinado el diputado aprista Pablo Li Ormeño. Li se encuentra - con todo derecho - en la lista, pero Arroyo no ha sido tomado en consideración. Y eso que se formó una comisión parlamentaria durante el gobierno aprista para investigar ambos crímenes.

El segundo es el del alcalde de Huamanga Fermin Azparrent, miembro de Izquierda Unida. Este alcalde promovía la organización popular y la defensa de los derechos humanos, apoyando las asambleas comunales de vecinos y las denuncias de los comuneros de Cayara por la masacre cometida por miembros del Ejército en 1988. El 19 de septiembre de 1989 fue muerto por militantes de Sendero Luminoso.

El tercer tema es que se da un plazo bastante corto para corregir el padrón: apenas treinta días, en los cuales deberá presentarse la documentación correspondiente. Pregunto: ¿qué pasa con los alcaldes de centros poblados cuyas partidas de nacimiento o defunción fueron quemadas por Sendero Luminoso? ¿No podrían estar en la lista?

Finalmente, una preocupación final. Se supone que el Consejo de Reparaciones - presidido por Sofía Macher - fue creado para elaborar el Registro Unico de Victimas del conflicto armado interno, a fin de señalar quienes debían ser reparados. Esta lista, con lo bien intencionada que puede ser, ¿no se superpone a lo que debe ser el trabajo de este organismo? El gobierno y sus representantes en el tema de derechos humanos tienen varias dudas que aclararnos.

Comments 5 Comentarios »