Desde el Tercer Piso

Aunque aparece en la sección comentarios del post Caso Mariátegui: El Conflicto de intereses y el Periodismo, reproduzco lo que Miguel E. Santillana, el columnista censurado por Aldo Mariátegui, ha señalado en varios blogs.

Por intermedio de algunos amigos, me he enterado del debate que se ha dasatado en el ciberespacio a raíz de la publicación de dos cartas (una en Caretas y otra en Somos)en las cuales explico mi salida del Diario Correo. Me he tomado un tiempo para leer los distintos blogs y opiniones, y espero que con la anuencia del moderador de este blog, se me permita hacer algunas precisiones.

Miguel E. Santillana

Solo nos queda por decir, que esperamos los descargos de Aldo Mariátegui el sábado, luego de los cuales emitiré mi opinión final sobre este tema.

¿Hemos regresado a 1999?

Durante largos años, la siembra de Fujimori fue exitosa y todavía sigue dando frutos en nuestra vida política, visibles en la debilidad de nuestros partidos. Visibles cuando al día siguiente de las elecciones, un candidato a vicepresidente traiciona al partido que lo acababa de llevar al Congreso. O como cuando se vuelve a pedir la pena de muerte y el retiro parcial o total de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La siembra de Fujimori sigue dando frutos, precisamente porque la mayoría de ellos no eran nuevos sino que estaban enraizados en los rincones más sombríos de nuestra tradición política; y porque durante el quinquenio anterior flaqueó la voluntad de reforma democrática. Por eso hoy, 15 años después, al no haber saldado cuentas con nuestro pasado, lo que se discute es si existe una alianza o solo coincidencias entre el partido de gobierno y los remanentes del fujimorismo.
(Carlos Iván Degregori, ¿Qué Sembró Fujimori?, Perú.21, 29 de marzo de 2007)

En 1999, cuando este país era gobernado por una pandilla mafiosa, el cinismo se convirtió en la divisa que acompañaba al pabellón nacional izado en Palacio de Gobierno.

Sin embargo, para muchos de los protagonistas de la política peruana de ayer y hoy, dicha mirada cínica, que evita responder por las consecuencias de sus actos y que no tiene empacho alguno en irse contra antiguos aliados o enemigos jurados, continua rigiendo su conducta ante la opinión pública.

Y es que otra cosa no puedo opinar luego de revisar - en términos someros - el alegato presentado por los abogados de Alberto Fujimori a la justicia chilena, que la revista Caretas presenta hoy de manera completa en su sitio en Internet.

Varios pasajes demuestran el calibre de las mentiras y contradicciones de dichos alegatos.

Fujimori pretende decir que los jefes de Estado tienen inmunidad, mentando la soga en la casa del ahorcado. No recuerdan los abogados del ex Presidente que la Cámara de los Lores de Gran Bretaña aprobó la extradición de Augusto Pinochet, el ex dictador chileno, restringiendo los alcances de la inmunidad en casos de lesa humanidad, como son los dos procesos más importantes que enfrenta el autócrata: Barrios Altos y La Cantuta.

El ex dictador tiene la ostra - por no decir una expresión más fuerte - de citar al Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, al que él y sus partidarios han atacado cual piñata. Solo lo hacen para citar que durante el gobierno del Chino, en términos estrictamente numéricos, ocurrieron menos muertes y desapariciones que durante los gobiernos de Fernando Belaúnde y Alan García. Claro, Fujimori se saltea las páginas del Informe Final de la CVR en las que se critica el autogolpe del 5 de abril de 1992 - que no es mencionado en todo el documento - indican las felicitaciones y ascensos a los miembros del grupo Colina, sus responsabilidades políticas y penales como gobernante autoritario, el rol de Vladimiro Montesinos, sus atropellos a la democracia y a los derechos humanos, el caso de la matanza de Castro Castro y las degeneraciones de su política antisubversiva. Claro, eso no lo citan sus abogados, porque simple y llanamente lo hunde.

Fujimori culpa a las Fuerzas Armadas de los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos. Ciertamente, los miembros de Colina eran militares y cumplían ordenes no sólo de Fujimori sino de toda la cúpula militar que consentía estas acciones. Pero claro, olvida que hubo oficiales del Ejército como Rodolfo Robles, quien sacrificó su carrera para denunciar la verdad de lo ocurrido, o como los insurgentes encabezados por el general Jaime Salinas Sedó, quienes quisieron librarnos de una dictadura. Olvida, claro, que la Ley de Amnistía para encubrir estos crímenes - y todos los que los miembros dañinos de las Fuerzas Armadas cometieron durante ese lapso - fue dada por el Congreso genuflexo que manejó y que él mismo no dudó en firmar el mismo día de su aprobación.

En su desesperada defensa, Fujimori confunde a los asesinos de Colina con los más de 1,000 oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas que murieron en cumplimiento de su deber, o a quienes quedaron severamente dañados en su salud física y mental. El que aprovechó de los militares para perpetuarse en el poder, el que convirtió a las Fuerzas Armadas en su guardia pretoriana y en el festín de los ladrones, ahora es, gracias a sus abogados, en un desentendido de lo que hacían los militares que comandaba, un ignorante que no tenía conocimientos sobre Fuerzas Armadas o lucha antisubversiva - claro y luego se vanaglorió de su “doctrina Fujimori” para combatir a la subversión -, un hombre tan poco comprometido con el país que, mientras todos los peruanos luchaban por preservar sus vidas, sólo se dedicaba a dictar Cálculo II y Cálculo III en la Agraria.

Este sinvergüenza, que durante 10 años se jactó de poder dirigir el país incluso desde el otro mundo, ahora es un gran ignorante de lo que pasaba, un casi deficiente mental que tiene la aspiración de volver a gobernar el Perú, como si robar y matar durante 10 años no fuera suficiente.

Y mientras este gran cínico da 296 fojas para la Historia Universal de la Infamia (o una nueva reedición del clásico de Borges), el Congreso discute otra decisión digna de los cínicos sentados en las 13 sillas fujimoristas y de algunos apristas con vocación de defensores de Fujimori.

Durante toda la mañana, el Congreso ha discutido una moción que constituye una clara intromisión en la independencia del Poder Judicial. Javier Valle Riestra, el ex premier del dictador que ahora funge de aprista, ha presentado una Moción en la que, de aprobarse, el parlamento expresaría su “enérgica protesta” por la citación al congresista y primer vicepresidente Luis Giampietri, quien ha sido citado de grado o fuerza por la Primera Sala Anticorrupción para declarar como testigo ofrecido por los acusados en el proceso al Grupo Colina, para referir el contexto de la lucha antisubversiva, en la que, probablemente, Giampietri termine justificando cuanta violación de los derechos humanos se cometió durante ese periodo de nuestra historia.

La Moción, en su forma original, iba a proponer que se inicie acciones penales contra las magistradas Inés Villa Bonilla, Inés Tello de Ñecco e Hilda Piedra Rojas.

Frente a esta propuesta, el Poder Judicial ha respondido de la manera más enérgica, mediante un comunicado de la Corte Superior de Lima, en el que expresan su “enérgico rechazo a esa voluntad de intromisión, interesada en perturbar el funcionamiento de estos órganos jurisdiccionales“, e indican que “los jueces solos nos debemos a la Constitución y a la ley“.

Sin emabrgo, ello no ha detenido a los congresistas apristas y fujimoristas, que terminaron votando por esta vergüenza.

Para rematar el asunto, ayer, el Comandante General del Ejército Edwin Donayre, olvidando que la Constitución le ordena no emitir pronunciamientos políticos, en una pascana organizada por el socio de Giampietri Alex Kouri, emitió una opinión favorable al almirante:

“Agradezco a mi entrañable primer vicepresidente, nuestro vicealmirante Giampietri, por su heroísmo, su valor, su arrojo ante ciertos vientos de guerra que soplan; pero usted siempre se mantiene firme. Verdaderamente, su estoicismo y su fortaleza son un ejemplo para nosotros, todos los uniformados“.

El propio Donayre reconoció, en su campechano estilo, que su jefe, el Ministro de Defensa, le ha “sacado dos veces tarjeta roja” por emitir opiniones políticos. Pero, como en el poema de Vallejo, el cadáver siguió muriendo y el general siguió hablando de lo que no debía.

¿Cuál es el fondo del asunto? Cecilia Valenzuela, en una de sus intervenciones más acertadas de los últimos años, lo ha explicado:

“La sala de Villa Bonilla ha sentenciado ya en el caso de los diarios chicha, donde se juzgó no sólo a Vladimiro Montesinos, sino a los ex propietarios del diario La Razón, la familia Wolfenson, y los militares que solventaron esos diarios infames que como El Chino, El Tío, La Chuchi o El Mañanero lucraban del Estado a cambio de destruir la reputación y la imagen de los políticos y los periodistas que combatían la dictadura más corrupta que han visto estas tierras.

Y como si fuera poco, esta sala ve el proceso contra los generales de la promoción Montesinos, que son investigados por enriquecimiento ilícito, por haberse robado el dinero de las privatizaciones con el pretexto de comprar armamento que resultó inservible. Ese proceso incluye a 45 procesados y los folios del expediente superan los 90 mil“.

Hoy, en el especial sobre los 15 años del autogolpe fujimorista, Augusto Alvarez Rodrich señala que toda dictadura es injustificable porque recorta las libertades básicas para vivir con dignidad, acaba en corrupción y culmina agravando los males nacionales. Parece que dicha lección aún no la han aprendido los políticos que atacan a los jueces anticorrupción y a quienes siguen creyendo en la inocencia del hombre más cobarde que haya ocupado el puesto de Presidente de la República.

¿Lo aprenderán algún día?

Alumnos de la PUCP comienzan, por fin, a defender su Universidad.

Acabo de recibir esto por correo electrónico, ya era hora.

PRONUNCIAMIENTO
RECHAZAMOS LA CAMPAÑA DEL CARDENAL JUAN LUIS CIPRIANI Y EL OPUS DEI CONTRA NUESTRA UNIVERSIDAD

Pando, 28 de marzo del 2007

Y esto no queda allí, ahora convocan a la primera actividad de protesta.

PLANTÓN EN DEFENSA DE LA DEMOCRACIA Y LA AUTONOMÍA UNIVERSITARIA
Nos dirigiremos a la casa de RAFAEL REY en rechazo a sus declaraciones vertidas en un programa televisivo atacando la enseñanza plural y amenazandolas libertades de pensamiento y expresión en nuestra universidad.
VIERNES 30 DE MARZO
PRECONCENTRACIÓN: 1:30 P.M. ESTACIONAMIENTO FRENTE A LA PUERTA PRINCIPAL.
Planton: 3 p.m. Casa de Rafael Rey
Av. El Golf 186 San Isidro (A media cuadra de Camino Real)

La invitación está hecha para todos.

Una moción en el Congreso que puede complicar las cosas para el sistema democrático.

El martes 27 de marzo, en su habitual columna de La República, Mirko Lauer hizo una advertencia importante sobre una Moción que viene dando vueltas en el Congreso y que podría consagrar el sentido común fujmorista sobre la lucha antisubversiva.

La Moción 965, busca la conformación de una “Comisión Investigadora para que analice la Política Antiterrorista a partir de noviembre del año 2000 hasta julio 2006, investigue los cambios del régimen penitenciario a los condenados por delitos de terrorismo, investigue el otorgamiento de indultos y conmutaciones de penas por terrorismo, investigue el traslado de los condenados por terrorismo a los diferentes penales e investigue la anulación de los procesos judiciales por terrorismo“. Es decir, un exocet contra los gobiernos de Valentín Paniagua y Alejandro Toledo, a los que el fujimorismo y sus voceros mediáticos han pretendido acusar de lenidad con la subversión, bajo la idea de que la democracia es débil para el combate a Sendero Luminoso. En suma, se toma como base la premisa “solo Fujimori y su autoritarismo, salvarán al Perú”, la misma que esta semana señaló sin escrúpulo alguno Martha Chávez.

Es cierto que el Congreso de la República tiene todo el derecho a evaluar la política antisubversiva, a fin de verificar lo avanzado y recomendar mejoras de ser necesario. Es parte de su labor de fiscalización y de canalización de demandas ciudadanas. Sin embargo, la forma en cómo se presenta la moción y quienes la presentan me hace pensar en un interés subalterno detrás.

Esta moción señala, como justificación, que “la política antiterrorista iniciada con la presente década, la flexibilización del sistema penitenciario de los condenados por terrorismo, el sistema de conmutación de penas, el otorgamiento de indultos a condenados por terrorismo, la anulación de los procesos contra terroristas y demás acciones y omisiones del Estado, han podido ser un elemento coadyuvante para que no se haya logrado la total erradicación de dicho fenómeno“.

Lo que no toma en cuenta la moción es que durante los últimos años de Fujimori se descuidó la política contrasubversiva y que, más bien, en democracia se corrigieron los errores cometidos durante el fujimorato. Según indica la Comisión de la Verdad y Reconciliación en su estudio sobre el regimen fujimorista:

“Debido a la inacción, una de las herencias que su gobierno dejó fue una situación penitenciaria descontrolada, gracias a la cual los reclusos del PCP-SL habían logrado nuevamente el control de las cárceles como sus “luminosas trincheras de combate”. El estricto régimen carcelario de dichos reclusos en los penales de máxima seguridad, incluyendo la Base Naval del Callao, no era tal para 1999“.

La CVR recogió lo que ocurrió en los penales de Yanamayo (Puno), Picsi (Lambayeque), Socabaya (Arequipa) y Potracancha (Huánuco): en estos establecimientos la infraestructura penitenciaria colapsó y los pabellones se convirtieron nuevamente en centros de adoctrinamiento. ¿Y Fujimori? No hizo nada para remediar dicha situación.

Claro, los proponentes también se olvidan de las tortas de cumpleaños a Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre dadas por Montesinos o, como recuerda Lauer, “las visitas a la Base Naval de más de 17 dirigentes de Sendero (en distintas ocasiones), la última de las cuales fue el 14 de noviembre del 2000“. Esta última reunión supuso la instauración del plan “por una solución política a los problemas derivados de la guerra“, que plantea una amnistía general - inaceptable desde todo punto de vista - para los miembros de Sendero.

Y también se olvida que los regímenes de conmutación de penas e indultos vienen desde la época de Fujimori y no se ha podido comprobar que alguna de las personas beneficiadas haya incurrido en actos terroristas. Esta fue la acusación que quisieron plantearle, en su momento, a Diego García - Sayán en su momento, y que fue archivada hace un mes por el propio Congreso. Ahora quieren reactivar esta vieja acusación, pero pretendiendo enlodar a todos los ministros de Justicia del gobierno toledista.

Tampoco se recuerda que el cambio de la legislación antisubversiva se debió a que buena parte de la misma era inconstitucional. No se quiere tomar en cuenta que sólo un mínimo porcentaje de los subversivos que fueron vueltos a procesar han sido absueltos por falta de pruebas y, claro, se omite que los principales cabecillas de SL y el MRTA han sido condenados a penas severas por la Sala Penal Nacional, que ha realizado un eficiente trabajo. ¿Se pretende ignorar estos logros en democracia y volver a consagrar a los jueces sin rostro, los tribunales militares para procesar a civiles, los inocentes en prisión?

¿Y quienes han presentado esta moción? Para comenzar, los fujimoristas Renzo Reggiardo y Cecilia Chacón, en un afan de defender el supuesto “legado” de su jefe. Se han sumado congresistas inimputables como Isaac Mekler y Luciana León, pero, sobre todo, han firmado gustosos esta propuesta la parlamentaria de Unidad Nacional Lourdes Alcorta - cuyo “respeto” por la vida humana es por todos conocido - y el primer vicepresidente de la República Luis Giampietri Rojas, cuyas posiciones sobre la guerra contrasubversiva son por todos conocidas.

Y conociendo a estos últimos, no dudo cuál va a ser el objetivo final de esta propuesta: la invalidación del documento que documenta mejor la violencia provocada por los grupos subversivos y los groseros errores cometidos durante la guerra contra la subversión: el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación.

La ojeriza que el fujimorismo y los congresistas antes mencionados tienen a dicho documento se centra en que va a contracorriente de la “historia oficial” sobre la derrota del terrorismo, que centra las glorias de dicha victoria en las Fuerzas Armadas y Fujimori, olvidando lo fundamental del trabajo de la Policía y de los Comités de Autodefensa, que fueron las entidades realmente decisivas para dicha victoria. Y claro, el Informe contradice los discursos de los partidos políticos sobre sus responsabilidades políticas - y en el caso de Fujimori, penales - sobre lo ocurrido durante los años de violencia.

Además, la CVR plantea cuestionamientos de fondo a la política antisubversiva empleada durante los años noventa y no avala seguir una “línea dura” en el combate a los remanentes del terrorismo, sino que propone una estrategia integral que vaya más allá de lo estrictamente militar.

Dado que existe este peligro, me permito una sugerencia a los defensores del Informe Final y del trabajo de la CVR. Muchos de ellos se han concentrado sustancialmente en el tema de las responsabilidades penales y políticas, a modo de respuesta a los detractores de su trabajo - algunas veces, sólo tomando algunos elementos del Informe Final, sin considerar otros - cayendo en el error centrar su agenda sobre este tema en responder a los ataques de los detractores de este documento.

Mi propuesta va hacia lo siguiente: es necesario concientizar a la clase política, a los intelectuales y a la opinión pública en el hecho de que la CVR, su trabajo y su Informe Final constituyen en conjunto uno de los más importantes instrumentos para generar políticas públicas en diversos temas.

El IF describe, de manera singular, los procesos de modernización frustrados, la exclusión de las poblaciones de la sierra y selva de nuestro país, el narcotráfico, los problemas estructurales de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, fallas en los poderes del Estado, los problemas de la educación peruana y las particularidades regionales persistentes hasta hoy. Temas que, por cierto, se hicieron notorios en la campaña electoral presidencial del año pasado y que parecen haber sido dejados de lado.

Tomar como foco los procesos y problemas señalados por la CVR implica centralizar la discusión en los temas de fondo y, además, da pie para que, en ese marco de análisis, se puedan ver sus recomendaciones y el tema de las responsabilidades. Ello implica que el país se asuma como una sociedad de post-guerra - cuestión que hasta el día de hoy no se ha hecho - y que el Estado varíe sus políticas sobre la base de este reconocimiento.

No digo con esto que los juicios deban detenerse. Por el contrario, es necesario atender a la demanda de justicia y lucha contra la impunidad de la manera más rápida, con el respeto al debido proceso y garantizando el derecho de las víctimas. Pero estas legítimas demandas debe comprenderse en un proceso mayor de cambios institucionales y reparaciones que consoliden la democracia y los derechos humanos en su integridad en el país.

Hacer esta variación de enfoque determinaría que se pueda posicionar de mejor manera el trabajo de la CVR en la agenda pública y deje de verse como un tema entre “conservadores” y “pro militares” vs. “caviares” y “pro senderistas”, sino como un diagnóstico que involucra problemas de toda la sociedad, así como de realiddes particulares de cada región.

Por ello, la advertencia hecha por Mirko Lauer no sólo nos debe invitar a estar alertas para evitar reversiones perjudiciales para el sistema democrático, sino a tomar una actitud más propositiva. Ello implica no sólo continuar con las denuncias sobre estos intentos autoritarios - liderados por el Primer Vicepresidente de la República -, sino también implica posicionar de mejor manera los temas necesarios para la consolidación democrática en el Perú. De lo contrario, la democracia que tanto esfuerzo nos costó recuperar, se habrá perdido nuevamente, esta vez, por nuestra falta de acción.