Desde el Tercer Piso

El tema PUCP - Arzobispado de Lima sale a la luz pública.

En este fin de semana, el tema de las disputas entre la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Arzobispado de Lima ha terminado de tomar un cariz público.

El viernes, la página web del Arzobispado de Lima publicó un comunicado firmado por Walter Muñoz Cho, el hombre enjuiciado por la Universidad, donde señala su punto de vista sobre el conflicto. Indica que él no ha intervenido en asuntos de la Universidad, pero que la Junta de Administración de los bienes de José de la Riva Agüero y Osma si debe tener un rol dentro de la PUCP. Claro, eso es una violación del derecho constitucional a la autonomía universitaria.

Ayer sábado, en su púlpito radial de RPP, Cipriani señaló que tiene la “obligación de velar por la Universidad Católica” y que, al ser la Junta de Administración “perpetua e insustituble” tiene ingerencia en la Universidad. Olvida el Cardenal que, al pasar los bienes de Riva Aguero de forma definitiva a la PUCP, toda ingerencia de ese organismo se terminó, con lo que no había forma de reclamar documentos sobre los bienes de la Universidad.

Y, hoy, sale una reveladora nota de Perú.21 que nos da más luces sobre la materia. Por primera vez, dos miembros de la comunidad universitaria hablaron abiertamente del tema.

Javier Neves Mujica, decano de la Facultad de Derecho de la PUCP, señaló que “la posición del señor Muñoz es que la universidad no podría vender ni comprar ningún bien sin la autorización de la junta, es decir, sin su autorización, y que todas las compras y ventas que se han hecho serían indebidas porque la junta no las autorizó“, lo que, en su opinión legal sería una intromisión seria al derecho de propiedad.

Asimismo, Neves señaló que el testamento de Riva Agüero solo otorgó a la Junta poderes sobre las llamadas “mandas” del testamento, que tienen que ver con otras cláusulas del mismo que no tienen que ver con la marcha de la PUCP.

Y sobre el tema también se ha pronunciado el mismisimo Rector de la PUCP, Luis Guzmán - Barrón, quien ha señalado que:

“Nosotros también salvaguardamos los deseos de José de la Riva-Agüero como una institución que está muy bien considerada y que no ha perdido su condición de católica. En realidad, el tema acá es más bien económico y de administración de la universidad. El señor Walter Muñoz Cho, en sus escritos, dice que la universidad se abstenga de hacer cosas que impidan su ejercicio como miembro de la Junta de Administración de los Bienes de Riva-Agüero. Me parece extraño que dos personas, el rector y una persona designada por el arzobispo de Lima, tengan la potestad de revisar lo que hacen la Asamblea Universitaria y el Consejo Universitario, y no creo que don José de la Riva-Agüero se hubiera puesto en ese plan. El señor Muñoz quiere intervenir en la administración de la universidad. Eso supondría que él se siente al costado de quienes han sido elegidos democráticamente, y él no es un miembro de la universidad. Lo que la universidad reclama es el derecho que tiene a gobernarse con autonomía. Creo que los asesores del cardenal lo están llevando a una interpretación equivocada“.

Suenan las campanas…

Cuando la política peruana cobra niveles de alcantarilla

Durante los últimos días, Roberto Bustamante y Marco Sifuentes han hecho posts bastante interesantes sobre dos temas bastante que se han cruzado en los últimos días: las campañas de difamación y la privatización de la inteligencia.

Si una de las reformas pendientes de la transición democrática ha constituido un cabal fracaso ha sido la reestructuración de los servicios de inteligencia, luego de la hipertrofia que supuso - en términos de crecimiento y delictivos - la etapa que estuvieron bajo el mando real de Vladimiro Montesinos.

Luego de la huida del ex asesor, el fujimorismo hizo una suerte de liquidación del SIN, sin que se pudiera formar una entidad alternativa. Durante el gobierno de transición, la tarea de desmontaje del aparato persecutorio y delictivo de la comunidad de inteligencia fue la prioridad principal de quienes se encargaron de dirigir este puesto. En el gobierno de Toledo, simple y llanamente este aspecto se descuido: pasaron personajes valiosos pero que no tuvieron el respaldo político para emprender cambios - como Fernando Rospigliosi o Juan Velit - o personas sumamente cuestionadas, como el ex asesor presidencial César Almeyda. En las postrimerías del gobierno anterior se dio una Ley de Inteligencia y se creó la Dirección Nacional de Inteligencia como órgano central del sistema, sin que hasta ahora conozcamos de manera clara sus alcances y funcionamiento.

Hay que tener en cuenta, además, que la huida de Montesinos supuso un desmantelamiento de los principales equipos de interceptación telefónica (previo a la desactivación del SIN) y, además, un grupo de gente especializada en tareas de espionaje súbitamente desempleada y, claro, dispuesta a ofrecer sus servicios al mejor postor. Ni investigaciones académicas ni periodísticas han podido establecer cuanto de esta logística y recursos humanos - por llamarlos de alguna manera - han sido captados por partidos políticos, instituciones privadas o por los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas.

En este panorama, llegamos al gobierno actual, con pocas ideas sobre esta materia, pero con mucha gente ávida de utilizar este aparato de inteligencia o a los privados que la realizan.

Voces como los analistas Mirko Lauer y Juan Carlos Tafur, una entrevista hecha en Perú.21 y el post de Sifuentes apuntan a que Luis Giampietri, el primer vicepresidente de la República, y, no olvidemos, vicealmirante de la Marina de Guerra del Perú, es el hombre detrás de estos intentos de inteligencia paralela, al servicio de su agenda particular.

¿Indicios?
1. De todos los servicios de inteligencia de las Fuerzas Armadas, el único que se encuentra en condiciones de realizar los trabajos de seguimiento y campañas de desinformación que se plantean hacer es el de la Marina de Guerra.
2. Giampietri es el actual presidente de la Comisión de Inteligencia del Congreso. Su primera acción en este cargo fue una investigación al Instituto de Defensa Legal, entidad a la que le tiene ojeriza por patrocinar el caso del Frontón, en el que estuvo involucrado, así como por considerar que ningún militar violador de los derechos humanos durante el conflicto armado interno debe ser procesado ante la justicia.
3. Desde algunos medios de comunicación afines a las Fuerzas Armadas se han hecho campañas en contra de dos objetivos claros:
a) Las organizaciones de defensa de derechos humanos, a las que se acusa de prosenderistas, instrumentos del imperialismo norteamericano, contrarias a las Fuerzas Armadas y controladoras de parte del Poder Judicial y de cierta prensa. Según una reciente investigación hecha por la revista Ideele, los diarios Expreso y La Razón se han dedicado a hacer esta labor de manera sistemática, tanto en sus titulares como en sus columnas editoriales y a traves de seudo reportajes de investigación. Y es claro que Giampietri impulsa - o por lo menos, es anuente - con iniciativas como esta.
b) El Ministerio de Defensa y la Cancillería. En estos casos, son dos puntos de la agenda: evitar que el Perú firme la Convención del Mar y resuelva su diferendo martímo con Chile y evitar cambios mayores en las Fuerzas Armadas. Ambos objetivos son parte clara de la agenda del vicepresidente de la República. Y por ello se ataca desde Expreso y La Razón a personajes que impulsan estas agendas.

Sin embargo, también sectores del APRA estarían utilizando este sistema de inteligencia paralela. La reciente acusación hecha por La Razón contra Carlos Bruce por su supuesta tendencia homosexual, en clara venganza por sus denuncias sobre Carlos Arana - vinculado a Agustín Mantilla - y las irregularidades en el Ministerio de Vivienda. Los métodos, aunque más sofisticados, bastante parecidos a los de Montesinos: la feminización del opositor y la utilización de la homosexualidad como descalificador en la política. El ejemplo más claro de dichos métodos, los ataques contra Gustavo Mohme Llona en el diario El Tío, donde se le acusaba de ser gay y de armar orgías romanas.

¿Qué es lo peligroso de todo esto? En primer lugar, que continuamos sin un sistema de inteligencia que haga las labores para las cuales debe existir. En segundo lugar, que estamos utilizando categorías aplicables a la década pasada para analizar a este gobierno. En tercer y último lugar, que los temas centrales y de reforma quedan de lado.

¿Seguiremos por esa ruta?