Desde el Tercer Piso

Como habrán podido ver por todos lados, hoy es el cumpleaños número ochenta de Gabriel García Márquez, uno de los escritores vivos que mayor trascendencia ha tenido para el ámbito de las letras.

Al margen de las afectuosas notas, panegíricos y homenajes que en todos los diarios del mundo se dan al célebre escritor, la nota que más me llamó la atención fue la aparecida hoy en el diario La Jornada de México, acompañada por la foto que colocamos al inicio.

La fotografía y el artículo a los que hago mención son firmados por Rodrigo Moyá, fotógrafo colombiano - mexicano. La placa fue tomada el 14 de febrero de 1976, dos días después de uno de los acontecimientos más oscuros de la historia literaria contemporánea: el derechazo que Mario Vargas Llosa le asestó a GGM a la salida de un teatro en México. Ha sido el cierre de amistad más célebre y a la vez ruidoso de los últimos años.

Se ha escrito mucho sobre las verdaderas causas de la pelea, pero básicamente son dos las hipótesis que se manejan: un pleito de pareja entre MVLL y su esposa Patricia, en el que Gabo habría intentado ser un amable componedor; o el distanciamiento ideológico entre ambos escritores, que comenzó con la ruptura que tuvo nuestro compatriota con la llamada Revolucíón Cubana. Moyá sostiene en su artículo que, al parecer, ambas causas se habrían juntado y provocaron aquel sonado incidente. Tal vez sea la versión más cercana que hayamos tenido sobre dicho episodio, sobre el cual, sus protagonistas más directos han guardado absoluto silencio.

A inicios de año, se habló mucho de un acercamiento entre ambos escritores. La publicación de Historia de un Deicidio - el ensayo vargasllosiano sobre GGM, publicado en 1971 y nunca más reeditado - en el lanzamiento de las Obras Completas del escritor peruano y un rumor sobre la inclusión de un prólogo firmado por Vargas Llosa en una edición especial de Cien Años de Soledad por su 40 aniversario alimentaron los comentarios. Sin embargo, a pesar de las conjeturas producidas en aquel instante, la reconciliación parece estar aun lejana.

Tal vez este episodio, callado en público por sus protagonistas, sea el motivo por el cual aún no se animan a escribir (o publicar) las esperadas segundas partes de sus respectivas memorias. ¿Lo harán algún dia?

ACTUALIZACION:

Con motivo del Foro Literario que lleva su nombre, organizado en Las Palmas de Gran Canaria (España), Mario Vargas Llosa manifestó que “No voy a ir al Congreso de Cartagena de Indias, y ese tema vamos a dejárselo a futuros biógrafos de García Márquez y míos, si los hubiera“.

El evento al que hacía alusión es el IV Congreso Internacional de la Lengua, a desarrollarse en Cartagena de Indias (Colombia), en que se presentará la edición conmemorativa de Cien Años de Soledad, cuyo prólogo es conformado por extractos de Historia de un Deicidio, mencionada líneas arriba.

Y claro, “ese tema” era el que motiva este post.

Benedicto Jiménez Bacca, el otrora famoso policía por ser parte del equipo que capturó a Abimael Guzmán, ha caído totalmente en desgracia.

Y es que otra cosa no puede explicar su intempestiva renuncia de ayer a la Presidencia del INPE, cargo que apenas ocupó durante un mes.

Apenas hace dos días, juraba inocencia por su santa madre en Panorama. Ayer, a las 10 de la noche, María Zavala, su jefa, le aceptaba la renuncia.

Desde esta sencilla columna ya advertí de las incompetencias del denominado sheriff para el cargo: no contaba con un conocimiento en política penitenciaria, la inteligencia que alguna vez poseyó para ayudar a la captura del principal líder de Sendero Luminoso se le había fugado y, además, en plena campaña municipal, había aceptado que utilizó el chantaje para lograr su permanencia en la Policía Nacional.

Con todos esos antecedentes, María Zavala - especialista en nombrar nulidades o personajes cuestionados - lo puso en el cargo. Y el Presidente de la República lo presentó con rimbombancia.

Sin embargo, como lo predije ayer - una corazonada, afirmé -, Benedicto no pasó de esta semana. El diario El Comercio, que sólo publica denuncias cuando éstas están fehacientemente comprobadas, lo había puesto en la picota con los correos electrónicos que habría enviado a personas allegadas al narcotraficante Fernando Zevallos, alertándolo sobre la identidad de los dos policías que lo venían investigando, a los cuales, por cierto, el capo se encargó de hacerles la vida imposible.

Pero parece que la renuncia fue una “curación en salud” de lo que se le vino una hora después de su salida.

Un buen reportaje de Marco Sifuentes en La Ventana Indiscreta puso al descubierto los pecados presentes de Jiménez, como Presidente del INPE, aquellos que quería acallar con su denuncia. En realidad, se trata de la primera denuncia documentada de copamiento en una institución del Estado, producido en apenas un mes de gestión.

¿Que fue lo que se encontró?
- Una camioneta oficial utilizada por la esposa de Jiménez para sus asuntos personales.
- Consultorias a precios pingues pagadas a allegados y militantes apristas, autorizadas por el jefe de la Oficina Central de Administración, también militante aprista y candidato a regidor por La Victoria en la última elección municipal.
- El Director de Logística del INPE era Defensor Nacional del Voto Aprista para las elecciones regionales y municipales.
- Habían entrado como asesores del INPE personas vinculadas al entorno de campaña de Jiménez, sus propios abogados personales y la regidora metropolitana Ana María Oshiro.

Súmese a ellos a Manuel Aguilar Bermúdez. Como lo indiqué la semana pasada, Aguilar ha sido parte del Comité Electoral Ampliado del APRA para las elecciones de noviembre y actualmente postula a una plaza en el Tribunal Constitucional. El gran premio para él fue convertirse en Vicepresidente del INPE y, hasta que dure la vacancia en el puesto, en encargado de la Presidencia de dicha institución.

A un mes de la última crisis penitenciaria, vuelve a rondar la pregunta: ¿parche o reforma en serio? Luego de esta última experiencia, el gobierno deberá optar por la segunda de las respuestas, pues ya vimos los resultados que nos dio la primera.

MAS SOBRE EL TEMA:
Mauricio Mulder: Es pertinente renuncia de Jiménez.
RPP: Congresistas de oposición saludan renuncia de Jiménez.
Wilfredo Pedraza: Debe evaluarse con seriedad al sucesor de Jiménez.
Augusto Alvarez Rodrich: Los infiltrados.
Santiago Pedraglio: Es lo más adecuado.

La discusión que he tenido con La República con relación a los derechos de autor con relación al post Elección Constitucional - batalla felizmente ganada - ha dejado de lado el propósito que tuvo la elaboración de dicho informe, así como una primera evaluación de lo que he podido ver en esta primera mirada a los candidatos al Tribunal Constitucional. Retomo entonces la cuestión dónde la había dejado.

¿POR QUE ES IMPORTANTE ESTA ELECCION?

El Tribunal Constitucional se encarga de ver dos tipos de procesos: los que tienen que ver con la defensa de los derechos fundamentales (procesos de Amparo, Hábeas Corpus y Hábeas Data) en última instancia, y el proceso de inconstitucionalidad, referido a la supremacía normativa de la Constitución. A ellos se suman los procesos de competencia sobre atribuciones asignadas por la norma fundamental del Estado a distintos organismos o poderes.

Así, el TC decide sobre temas como los derechos laborales amparados por la Constitución, vulneraciones al debido proceso, la compatibilidad de normas con el texto constitucional y conflictos como los que pueden suscitarse entre una Municipalidad y el gobierno Central.

En la elaboración de sus sentencias, el Tribunal brinda criterios de interpretación que son obligatorios - en la mayor cantidad de veces - para el resto de magistrados, para las autoridades y para los ciudadanos en general. Sin embargo, es reciente su consolidación como una institución relevante para la vida cotidiana de cada uno de nosotros.

El actual TC tuvo un antecedente poco feliz: el Tribunal de Garantías Constitucionales. Este organismo, que funcionó entre 1982 y 1992, emitió pocas sentencias de inconstitucionalidad - pues no contaba con los votos necesarios para emitirlas - y tampoco hizo mucho por garantizar los derechos fundamentales en una época en que la crisis económica y el conflicto armado interno convirtieron a los mismos en poco menos que una entelequia.

Durante el fujimorato, el TGC fue cerrado con el golpe de abril de 1992. Luego, se incluyó al Tribunal en la Constitución de 1993, a regañadientes de la mayoría oficialista, y se demoró tres años en la conformación de este organismo, poniendo magistrados adecuados a los fines del régimen - con tres contadas excepciones - y, finalmente, expulsando a los 3 magistrados probos (Delia Revoredo, Manuel Aguirre Roca y Guillermo Rey Terry) por oponerse a la ley de interpretación auténtica que permitía una inconstitucional reelección del ingeniero como primer mandatario.

Así las cosas, es recién a partir del retorno a la democracia, con el regreso de los tres magistrados defenestrados y, particularmente, con el ingreso de cuatro jueces - que son quienes serán reemplazados a mediados de este año - , que este organismo ha cobrado importancia fundamental.

Durante estos últimos cinco años, el TC ha decidido sobre temas como: legislación antiterrorista - tanto la emitida durante el fujimorato como durante el gobierno de Alejandro Toledo -, justicia militar, encuestas a boca de urna, regalías mineras, despido arbitrario, empleo público, cierre del régimen pensionario del Decreto Ley 20530, arbitrios municipales, contratos leyes, acusaciones constitucionales, reforma constitucional, franja electoral, derecho a la verdad, criterios de procedencia de demandas de amparo, ratificación de magistrados, derecho a la salud, atención médica de enfermos con VIH-SIDA, beneficios penitenciarios, arresto domiciliario, derecho a la rectificación, arbitraje, derecho al medio ambiente sano y sostenible, entre otros.

Esta amplia gama de temas resueltos nos habla a las claras de un organismos bastante activos y que ha dictado criterios importantes. En el balance, los temas referidos a derechos fundamentales y estructura del Estado han alcanzado mayor consenso de opiniones favorables, por encima de temas vinculados con el régimen laboral y temas vinculados a la economía, que han sido criticados por los empresarios.

En conclusión, se requiere preservar un organismo que ha sido importante en la marcha del país, cuya competencia y eficiencia puede perderse por el ingreso de magistrados que puedan ser poco idóneos para desempeñar esta función.

¿QUE RESULTADOS PODEMOS ENCONTRAR DEL SEGUIMIENTO A LOS CANDIDATOS?

Una primera mirada nos permite percatarnos que entre los candidatos no se encuentran los más importantes académicos en materia de derecho constitucional. Es cierto que César Landa Arroyo, actual presidente del TC, cumple con creces con dichos pergaminos, pero extraña que personas como Samuel Abad (actual Primer Adjunto de la Defensoría del Pueblo), Walter Albán (ex Defensor del Pueblo) o Francisco Eguiguren (profesor de la Facultad de Derecho de la PUCP) no se encuentren entre los postulantes.

Más que cuestiones crematísticas o de prestigio - las cuales son cubiertas con creces en el puesto que ocuparían - creo yo que la abstención de estas personas se debe al carácter político de la elección, que pasa por dos filtros. El primero, el de la Comisión Evaluadora de los postulantes, donde se debe alcanzar el consenso de dos tercios de sus miembros. El segundo, el del pleno del Congreso, donde los candidatos deben ser elegidos con 80 votos o más.

Ya anteriormente, para la elección del Defensor del Pueblo en 2002, tanto Albán como Eguiguren pasaron por la experiencia de no haber llegado a los 80 votos. Claro, Albán quedó como Defensor en funciones, sin embargo, fue claro el maltrato al que se sometió a ambos hombres de Derecho.

Esta elección política nos lleva a la segunda comprobación: una buena cantidad de postulantes son cercanos, afines o miembros de agrupaciones políticas. Dado el actual momento, no extraña que el partido de gobierno tenga 7 candidatos cercanos a sus filas. El juego del APRA, sin duda, será tener por lo menos dos magistrados afines a sus intereses, otorgando los otros dos a candidatos apoyados por otras agrupaciones políticas, que, por supuesto, les den sus votos a los pro-apristas. Ello también deja fuera de carrera a personajes que han tenido una oposición frontal al partido de la estrella, como es el caso de Heriberto Benítez y Julio Quintanilla.

En esa disyuntiva, los partidos de oposición podrían optar por “apadrinar” a figuras orgánicas a sus agrupaciones (caso de Elías Mendoza Habersperger o Ernesto Blume), o considerar la posibilidad de impulsar a candidatos de mayor consenso como Víctor Cubas Villanueva, Oscar Alfaro, Greta Minaya o Rocío Villanueva. Los seis mencionados son, a mi criterio, lo mejor de la lista de postulantes, sea por independencia, trayectoria profesional y académica y decencia política. A ellos se suman Ricardo Beaumont y Carlos Ramos Nuñez, por su perfil académico en áreas como Derecho Mercantil e Historia del Derecho y su decencia profesional.

Pero, por lo que veo, en el mejor de los escenarios, solo 3 de ellos podrán ingresar. El cuarto cupo está reservado para un hombre afín al gobierno.

Y podría ocurrir que ese hombre afín a Palacio de Gobierno - esperemos que no - se encuentre entre los postulantes cuestionados que, curiosamente, son apoyados por los medios de comunicación afines al fujimorismo o al gobierno. Básicamente, se encuentran en este grupo Anibal Quiroga, Carlos Chipoco (columnista de Expreso), Marcos Ibazeta (columnista de Expreso y La Razón) o Carlos Mesa Angosto (el candidato de las Fuerzas Armadas). De estos nombres son los que habrán que tener más cuidado, dada su notoriedad pública y los lobbies mediáticos que se van a impulsar a su favor.

Completan la nómina una serie de abogados cuya trayectoria es poco conocida y cuyo mayor mérito profesional parece ser el de convertirse en postulante eterno al Tribunal Constitucional. Al igual que en anteriores procesos de selección, se espera que estos personajes sean rápidamente mandados al rincón de los recuerdos.

En suma, estamos ante un grupo bastante diverso de candidatos, algunos con trayectorias interesantes que pueden ser recompensadas con el puesto, otros con hojas de vida que alarmarían a cualquier persona con dos dedos de frente y, en el medio, una serie de cubileteos políticos que esperamos culminen en la elección de personas honestas, con conocimientos claros y con criterios que aporten a un organismo que se ha convertido en pieza clave para hacer valer nuestros derechos.

Seguiremos con el seguimiento a este proceso, en el que la opinión pública deberá concentrar su atención en las próximas semanas.

MAS SOBRE EL TEMA:
Aurelio Pastor: Proceso de selección de candidatos al TC culminará en abril.
Ernesto de la Jara: Los Postulantes al Tribunal Constitucional.
Justicia Viva: Plan de Trabajo de la Comisión Especial del Congreso.