Otra vez: narcotráfico y política, esa ecuación peligrosa.
En noviembre del 2006, publiqué un post titulado Pájaros de Alto Vuelo, en el que comenté sobre la relación entre el narcotráfico y la política en las elecciones municipales.
En aquella ocasión, se habían destapado los antecedentes de dos candidatos apristas con el narcotráfico:
1. José Humberto Chávez Peñaherrera, candidato a alcalde del distrito de Campanillla (San Martín) cuyo hermano Demetrio fue uno de los capos más importantes de la droga a inicios de los noventa, con el alias de Vaticano. Chávez Peñaherrera también ha sido investigado por el mismo delito.
2. Freddy Zubieta, candidato a alcalde para San Borja, quien había patrocinado narcotraficantes, a pesar que las normas partidarias para los abogados apristas prohiben defender casos de tráfico de drogas.
Pues bien, en las últimas semanas, se han descubierto una serie de casos en los que la prensa vuelve a documentar la relación entre la política y el narcotráfico, en tres sendos casos que comprometen de manera grave al sector Justicia.
El primero de ellos se refiere a Moises Tambini del Valle, presidente del Consejo de Defensa Judicial del Estado (es decir, jefe de los procuradores del Estado), yerno de Alberto Kouri y, hace algunos años, abogado de narcotraficantes, según propia confesión a la revista Caretas. Como lo ha comentado antes Marco Sifuentes en su blog, que la nuera y la hija de Tambini tenían vinculaciones legales (como abogada y notaria de sus documentos, respectivamente) con Aero Continente y Nuevo Continente, las empresas de fachada de las actividades delictivas de Fernando Zevallos, conocido narcotraficante, ya sentenciado.
A pesar de estos antecedentes, Tambini sigue inamovible en su cargo, gracias a su amistad con Alan García y su militancia en el partido de la estrella.
El segundo caso fue destapado por El Comercio hace dos semanas. El entonces jefe de asesores del Ministerio de Justicia, Francisco Peixoto, había sido abogado del narcotraficante Carlos Enrique Cárdenas Guzmán (a) “Mosquita Loca”, así como de otros 11 casos similares.
Pretendiendo durar en el cargo, María Zavala, la Ministra de Justicia, le pidió la renuncia a las horas que saliera publicada la noticia.
La tercera perla fue encontrada, nuevamente, por el decano. Esta era de calibre más serio. Benedicto Jiménez, cuyos antecedentes para ejercer el cargo de Presidente del INPE ya eran discutibles luego del confesado chantaje a Ketín Vidal para permanecer en la Policía Nacional, sería el autor de un correo electrónico en el cual informó a un allegado a Fernando Zevallos sobre la identidad de los dos policías que durante años le habían hecho seguimiento a sus actividades. El allegado era Alfredo Ross Antezana, pareja sentimental de Lupe Zevallos, ex Ministro de Transportes de Fujimori y ex embajador del Perú en Panamá. Jiménez lo conoció cuando se desempeñó como agregado policial en ese país.
Hasta el momento, Jiménez se encuentra semi-estable en su puesto, aunque ya son mayores las voces que reclaman su salida. Es una corazonada, pero creo que no pasa de esta semana.
La cereza sobre el pastel sobre este festival - menos puesto sobre la mesa que el tema de las compras estatales, pero, a mi modo de ver, más escandaloso - se suscita en el Ministerio del Interior. O, mejor dicho, estaría por presentarse. Según Caretas, José Abanto Verástegui es el principal asesor parlamentario del nuevo ministro, Luis Alva Castro, pero a la vez es gerente general y abogado de la Compañía de Exportaciones Algamarca, propiedad de la familia Sánchez Paredes, tres de cuyos miembros han estado vinculados al narcotráfico. Abanto podría convertirse esta semana en el nuevo jefe de asesores del Ministerio del Interior, con todo lo peligroso que ello sería.
Es necesario advertir sobre estas relaciones poco santas que pueden afectar al gobierno. Ya anteriormente el Partido Aprista se vio afectado por dos sonados casos de narcotráfico en la década de 1980: Carlos Lamberg, financista de la campaña presidencial de Armando Villanueva del Campo, cuya caida provocó el ascenso de Alan García como líder del partido, y Miguel Angel del Pomar, diputado aprista que llevó un cargamento de droga a Alemania y que fue sentenciado por este caso.
Durante la década de 1990, Vladimiro Montesinos se encargó de convertirse en la aduana del narcotráfico en el Perú. Quien se alineaba con él - como aparentemente era el caso de Fernando Zevallos - podía operar tranquilo, mientras quien no le pagaba sus cupos - como Vaticano - era capturado y puesto en prisión. Es una veta de investigación en la que los periodistas y fiscales deberán indagar más.
El narcotráfico es uno de los mayores poderes corruptores en nuestro país. En un Estado tan centralizado como este, siempre va a buscar algún tipo de conexión con el poder político. Por ello, debemos tener los reflectores cercanos a esta peligrosa relación, aprovechada por unos y otros para fines ilícitos e incompatibles con el bienestar de todos los peruanos.
MAS SOBRE EL TEMA:
El Comercio: Benedicto jura por su madre que es inocente.
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