Desde el Tercer Piso

El Frontón: Alan declara y el gobierno ataca

Los acontecimientos y declaraciones dados entre ayer y hoy sobre el caso El Frontón me hacen dejar el descanso veraniego, para comentar algunas cosas.

La primera, ha sido bueno que el Presidente de la República acuda a dar su declaración en este caso. A contrario de la grita de ayayeros que desde la prensa y su partido le recomendaron no ir, fue adecuado que respondiera a las preguntas del juez.

Lo segundo, recordar, como lo ha hecho Enrique Bernales, que las investigaciones de la Comisiòn de la Verdad y Reconciliaciòn no apuntaron responsabilidad penal de García en este caso. Se llegó, como lo anoté hace algunos días, a establecer que eran miembros de la Marina los responsables de las ejecuciones extrajudiciales que incluso ha reconocido el hermano del principal sindicado como autor de las mismas.

Ahora bien, dado que la CVR no tenía facultades jurisdiccionales ni los poderes que un Poder Judicial tenía, sumado a las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Durand y Ugarte y Neira Alegría, el caso debe llegar a esclarecerse en el Poder Judicial. Y, debo decirlo, más allá de las suspicacias que todos tenemos sobre AGP - y que acrecientan los ataques que comentaremos líneas más adelante, así como la presencia de Agustín Mantilla en El Frontón el día de los hechos -, no hay mayores elementos de juicio que permitan sindicarlo como autor intelectual de las ejecuciones extrajudiciales cometidas en esos años.

Recuerdo algo que dijo la CVR sobre la responsabilidad de jefes de Estado sobre violaciones a los derechos humanos, en lo que se refiere a lo ocurrido en el Perú:

“Las violaciones a los derechos humanos cometidas por el Estado ocurrieron, por lo general, durante regímenes democráticos, con elecciones periódicas, libertad de expresión y derechos constitucionales vigentes. La aplicación de la teoría (de dominio del hecho, teoría penal para violaciones a los derechos humanos en aparatos de poder como el Estado) no puede ser, entonces, mecánica ni puede justificar por sí sola la responsabilidad del poder político sobre los actos que implican graves violaciones de los derechos huanos. En concreto, si fue sencillo jurìdicamente vincular a Videla con todas las desapariciones ocurridas en Argentina, no procede acusar automáicamente como autor mediario o coautor de una violación a los derechos humanos como autor mediato o coautor de una violaciòn a los derchos humanos al Presidente Constitucional de la República, ni tampoco a las autoridades políticas militares y civiles. En el caso peruano, por consiguiente, es necesaria una elaboración ulterior“.
(Informe Final, Tomo I, p. 236).

Pero, si hay una excepción, que señala claramente la Comisión en el párrafo siguiente:

“Debe, sin embargo, señalarse una excepción a esta regla. A partir del golpe de Estado del 5 de abril de 1992, se estableció una régimen de facto que suspendió la institucionalidad democrática del país a través de la abierta intervención en el Poder Judicial, en el Tribunal Constitucional, en el Ministerio Público y en otros órganos constitucionales. Se gobernó por decreto a través del denominado “Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional”, que concentró durante el breve lapso las funciones ejecutivas y legislativas del Estado, neutralizando en la práctica el control político y judicial sobre sus actos. A la luz de las más recientes investigaciones judiciales, se puede concluir, además, que durante ese tiempo se hizo uso de los recursos del Estado con la finalidad de organizar, adiestrar y emplear grupos operativos encubiertos que tuvieron como finalidad el asesinato, la desaprición y la tortura de personas, todo ello alrededor de la estrucura del Servicio de Inteligencia Nacional”.

Dicho esto, no puedo dejar de expresar mi indignación (compartida por otros bloggers como Roberto Bustamante) por declaraciones vertidas por el Presidente de la República y del congresista Mauricio Mulder con relación al abogado Carlos Rivera y al Instituto de Defensa Legal.

García dijo de Rivera: “Es natural que el abogado de esa facción política tenga que decir algo para ganar un titular en los medios informativos“, mientras que Mulder calificó de “tontos útiles del senderismo” al Instituto de Defensa Legal pues considera que tienen el objetivo de hacerle daño al gobierno e incluso pediría a la APCI que investiguen su financiamiento.

Si bien mi convicción es que, si bien hasta ahora no hay elementos para involucrar penalmente a AGP en el hecho, de allí a derivar que esté metido en este embrollo judicial por un afán político es falso. Los hechos ocurrieron y son condenables por donde se le miren y García tuvo un papel central en no tomar las medidas necesarias para que aquellos develamientos de motines no se convirtieran en la carnicería que finalmente fueron.

Como lo he mencionado a raíz del caso Castro Castro, el Estado tiene el deber de garantizar la vida de quienes se encuentran presos en las cárceles, dado que se encontraban bajo su custodia, independientemente de su culpabilidad o inocencia. Esto es lo que no parece entender un personaje como Mulder, convertido en el “tonto útil” de los autoritarios y de los que creen que a la barbarie se le tiene que combatir con la barbarie.

Como se nota que algunos políticos peruanos aún no aprenden de las lecciones del pasado.

PD: Sigan mandando sus preguntas, el Tercer Piso contesta el lunes