Desde el Tercer Piso

La serie de mentiras, falsedades e inexactitudes vertidas por miembros del gobierno, del fujimorismo y de periodistas cuyo único oficio es la distorsión de la opinión pública, referida a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pueden volver a provocarnos un papelón internacional.

Se ha dicho que Diego García Sayán ha sido partícipe de la sentencia en el Caso Castro Castro y que las organizaciones de derechos humanos defendieron esta causa.

Sin embargo, no se menciona lo que realmente dice la sentencia. Quienes impulsaron el caso fueron tanto el llamado Comité de Familiares de Presos Políticos y Prisioneros de Guerra, que no es otra cosa que el conjunto de familiares de miembros de Sendero Luminoso, como la abogada Mónica Feria, letrada que estuvo presa - en una época en que no existían hábeas corpus para casos de terrorismo - y vivió lo ocurrido en 1992. No mencionan tampoco las disputas entre el Comité y la abogada, por ver quien representaba a las presuntas víctimas. Y menos aún mencionan que Diego García – Sayán fue cuestionado por la abogada Feria, debido a que fue anteriormente Ministro de Justicia y de Relaciones Exteriores, por lo que era acusado de ser “juez y parte” en el proceso. Como lo ha señalado la abogada Feria en comentario escrito a este blog, el Comité de Familiares no intervino en este cuestionamiento.

Si bien la Corte consideró que esta atingencia era impertinente y que no existían motivos para la inhibición, García – Sayán decidió inhibirse de conocer el caso, debido a la “imprevisible conducta de la abogada” que podía afectar el desarrollo de la audiencia pública sobre este caso. La Corte aceptó la excusa.

Se ha dicho que se va a acusar al Presidente Alejandro Toledo y al ex Ministro de Justicia por el allanamiento en este caso y que se va a investigar los demás allanamientos producidos por el Estado peruano, tanto durante el gobierno de transición como durante el régimen pasado por ser una política lesiva al país.

Vamos a poner las cosas en claro. El Estado, durante el gobierno de Toledo, se allanó en este caso porque no había nada que discutir: hubo ejecuciones extrajudiciales de rendidos, demostradas tanto por el Poder Judicial, la Comisión de la Verdad y Reconciliación y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Incluso existe una sentencia en el Poder Judicial peruano donde se señala que no hubo motín - aunque si enfrentamientos - en mayo de 1992 en el Penal Castro Castro. ¿Podía discutirse algo? Creemos que no. Consecuencia jurídica lógica: ante una violación de derechos humanos, el Estado debe reparar a las víctimas, por más criminales que estas sean. ¿Por asumir responsabilidades que le competían en materia de derechos humanos, que es algo que se jura al momento de asumir el cargo ante la Constitución, se va a acusar a un ex Presidente de la República? Ni Kafka habría inventado un relato tan esperpéntico.

Si el Estado peruano reconoce su responsabilidad en un caso de derechos humanos, es porque la evidencia es tan abundante que no había lugar a dudas sobre la vulneración. ¿Qué casos han sido estos?
- Matanza de Barrios Altos, producida en noviembre de 1991, cuando miembros del Grupo Colina ingresaron a una pollada y acabaron con la vida de 16 personas, entre ellas un niño de 8 años.
- Caso Pedro Hiilca Tecse, dirigente sindical que fuera asesinado en 1992.
- Caso Garcìa Asto y Ramírez, sobre dos inocentes condenados por terrorismo sin pruebas para ello.
- Caso Baldeón García, sobre la detención arbitraria, tortura y muerte de un campesino.
- Caso La Cantuta, por la desaparición forzada y ejecución extrajudicial de 9 estudiantes y 1 profesor de la Universidad Nacional de Educación.
- Caso Castro Castro, conocido por todos.

Se ha dicho que la Corte no se ha ocupado del policìa muerto en el “Operativo Mudanza 1″ y que el Estado no se ha preocupado del caso.

Sin embargo, un párrafo concreto de la sentencia señala que:

“197.40. Durante los hechos del 6 al 9 de mayo de 1992 resultó muerto un policía, como consecuencia de haber recibido el impacto de proyectiles de arma de fuego en la cabeza y el tórax; y resultaron heridos aproximadamente 9 efectivos policiales (76)

(76) Cfr. sentencia emitida por la Sala Nacional de Terrorismo de la Corte Suprema de Justicia del Perú el 3 de febrero de 2004 (expediente de anexos a la demanda, anexo 274, folios 3229 y 3230); atestado policial No. 121-04 emitido por la Policía Nacional del Perú, Dirección de Investigación Criminal el 26 de mayo de 2004 (expediente de anexos al escrito de contestación de la demanda, folio 5095); y certificado de necropsia de José Hidrogo Olano (expediente de anexos a la demanda, anexo 278, folio 3292)“.

Mientras que el diario La República informó hace unos días que:

“La ministra del Interior, Pilar Mazzetti, afirmó que el suboficial José Hidrogo Olano, asesinado por los terroristas en la debelación en el penal Miguel Castro Castro, ha recibido los beneficios e indemnización que le correspondían por ley.

Añadió que se está cambiando la normatividad, por la que se reinterpretará los pagos según la nueva Unidad Impositiva Tributaria”.

Se ha dicho alegremente que no se va a acatar la sentencia del Caso Castro Castro y se ha llegado a decir que se debe evaluar el retiro del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sobre lo primero, nos hallamos ante una suerte de rabieta de chiquillos malcriados. Y peor aún, cometida por funcionarios públicos que deben acatar los fallos judiciales, nos gusten o no, muchos de ellos abogados que conocen que las sentencias se cumplen, aunque el resultado nos sea desfavorable. En el “Año del Deber Ciudadano”, conspicuos miembros del gobierno e incluso el Presidente de la Corte Superior de Lima - el rey de los amparos para los casinos - hacen gala de su poco aprecio por la Ley, la Constitución y los tratados internacionales.

Sobre lo segundo, se está volviendo a repetir el mismo cuadro que en 1999, cuando la dictadura fujimorista quiso hacer un retiro parcial de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El pretexto: se tenía una sentencia donde se ordenaba nuevos juicios a terroristas que habían sido procesados por normas violatorias del debido proceso dictadas por la autocracia. La razón de fondo: evadir las sentencias de la Corte en los casos Ivcher - ante el retiro de nacionalidad y despojo de Frecuencia Latina - y Tribunal Constitucional - frente al atropello que supuso expulsar a magistrados por dar un fallo contrario a las aspiraciones reeleccionistas del extraditable.

2007. El pretexto: una sentencia donde se señala que el Estado vulneró derechos humanos por las ejecuciones extrajudiciales ordenadas por el gobierno de aquel entonces. La razón de fondo: evadir la sentencia de la Corte Interamericana en el caso Saúl Cantoral, asesinato de un lider sindical a manos de un comando cuyos miembros están vinculados al actual partido de gobierno. ¿La historia no les suena parecida?

¿Y que dijeron en 1999 algunos conspicuos lìderes del APRA?
- Jorge del Castillo: “Durante 50 años los peruanos fuimos educados en que los tratados tenían que respetarse y hoy día, bajo aplausos que sabe Dios cuánto costarán, vienen acá a decirnos que puede denunciarse parcialmente un tratado. (.) El Estado peruano, no el gobierno de Fujimori, se comprometió solemnemente en esta Convención. (.) Por supuesto que el Perú se puede retirar. ¿Quién dice que no? Pero se puede retirar dentro de las mismas reglas de la Convención: con el preaviso de un año y no de manera parcial. ¿Qué tinterillo les ha metido esa idea en la cabeza? (.) Se va a hacer el gran ridículo internacional de pretender incumplir sentencias, y la jurisdicción supranacional va a seguir emitiendo fallos pese a la actitud contumaz de la mayoría parlamentaria”.
- Edgar Nuñez: “Esto que el Parlamento nacional hoy día va a aprobar con el voto de la mayoría es una aberración, es un retroceso. (.) Sin esa protección, cualquier detención arbitraria, cualquier despojo de propiedad, cualquier violación de correspondencia, cualquier impedimento ilegítimo de circular libremente en el país o de ejercer derecho a la libre expresión deja de tener mecanismos de defensa efectivos, y las personas quedarán sin poder ejercer sus derechos. (.) Este gobierno se está amparando en cuatro emerretistas para ocultar lo que viene como evidencia: vienen fallos que tienen más trascendencia política y que le van a hacer enorme daño a este gobierno”.
- César Zumaeta: “Lo que aquí nos divide es lo siguiente: que por aprobar el retiro, con efecto inmediato (.), del reconocimiento de la Corte (.); que por querer parar el fallo por casos de terrorismo, estamos afectando los otros derechos de los peruanos. (.) Con respecto a este tema no se trata de quién recoge más aplausos, ni de quién gana un torneo oratorio, para después estar registrado en la historia (.). Creemos en el mercado, en la globalización financiera, ¿y no creemos que hay que extender la globalización de los derechos humanos?”.

Papelón final: no han faltado quienes se han sumado a una campaña de demolición - literal - contra el monumento “El Ojo que Llora”, construido por la artista Lika Mutal y el arquitecto Luis Longhi en Jesús María para conmemorar a las víctimas del conflicto armado interno. Damos la palabra a los artistas, para que se refieran a este tema, mediante declaraciones recogidas por el diario El Comercio:
- Elida Román, crítica de arte: “Otra vez el juicio apresurado (atropellado), la intolerancia y su prima hermana, el abuso, de la mano de la siempre culpable ignorancia, están centrando su acción sobre el objeto simbólico que en realidad no hace más que cumplir su función de inquietar y de obligar a pensar y repensar sobre temas tan delicados y dolorosos como la búsqueda de la verdad sobre una responsabilidad que se prefiere ignorar. Es el desvío hacia los pretextos que posibilitan la huida y ayudan a crear nuevos fantasmas“.
- Natalia Iguiñiz: “Me parece perverso confundir a las personas diciendo que este monumento construido a la memoria de las víctimas sea un monumento a terroristas. Es seguir generando confusión sobre lo que ha pasado. Se está intentando hacer tabla rasa sobre todo lo que se ha alcanzado en cuanto a esclarecer la complicidad en el conflicto que hemos vivido“.
- Ricardo Wiese: “Siento que las fuerzas reaccionarias de siempre se están reagrupando peligrosamente y echan por tierra todo lo que se había avanzado supuestamente en cuanto a conciencia de nuestro pasado inmediato. Siento que es una agresión al pensamiento libre en el Perú. Me solidarizo con Lika Mutal. Me produce mucha preocupación este chantaje”.
- Moiko Yaker: “Estoy absolutamente en desacuerdo con lo que dice Jorge del Castillo sobre que esta escultura celebra al terrorismo. Es una estupidez. Una obra de arte está por encima de eso. En estos momentos no podemos ponernos a decir quiénes fueron los malos y quiénes los buenos. Fue gente que murió en medio de ambos lados”.

Sin embargo, seguimos sin discutir los temas de fondo:
1. Existieron ejecuciones extrajudiciales de rendidos en mayo de 1992 en el Penal Miguel Castro Castro. Y sin importar que se tratara de terroristas, la vida humana debía ser respetada. Una política contrasubversiva no se basa en muertes, asesinatos por la espalda, desapariciones o torturas. Ello quita legitimidad al Estado y, además, cuando se produce contra los civiles, demora el proceso de colaboración de ellos con las fuerzas de seguridad.
2. En relación con el proceso seguido contra Alberto Fujimori por este caso, la Corte indica que “tiene en cuenta la importancia que conlleva la apertura de un proceso penal en contra del ex Presidente peruano (…), a quien se atribuye haber planificado y ejecutado el “Operativo Mudanza 1“, a lo que añade la Corte que “tomando en consideración la gravedad de los hechos del presente caso, según la obligación general de garantía establecida en el artículo 1.1. de la Convención Americana, el Estado debe adoptar todas las medias necesarias, de carácter judicial y diplomático, para juzgar y sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas“.

Decía Salomón Lerner Febres al entregar el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación: “En el momento en que la CVR fue instituida, el Perú asistía, una vez más, a un intento entusiasta de recuperar la democracia perdida. Y sin embargo, para que ese entusiasmo tenga fundamento y horizonte, creemos indispensable recordar que la democracia no se había perdido por sí sola. La democracia fue abandonada poco a poco por quienes no supimos defenderla. Una democracia que no se ejerce con cotidiana terquedad pierde la lealtad de sus ciuadanos y cae sin lágrimas. En el vacío moral del que medran las dictaduras las buena razones se pierden y los conceptos se invierten, privando al ciudadano de toda orientación ética: la emergencia excepcional se vuelve normalidad permanente; el abuso masivo se convierte en exceso; la inocencia acarrea la cárcel; la muerte, finalmente, se confunde con la paz“.

Tal parece que miembros del gobierno que combatieron a Fujimori, así como algunos otros que aplaudieron sus tropelías hasta el final (y algunos, hasta el día de hoy) están haciendo todo lo posible para que volvamos hacer un país que tenga verguenza de mirarse al espejo por no respetar los derechos de sus ciudadanos, una nación envilecida por el fundamentalismo fanático senderista y por una clase política decadente, una sociedad que sigue mirando los derechos humanos como algo ajeno, sin darse cuenta que es el sustento para vivir dignamente, en paz y en democracia.

Esta entrada fue escrita el Martes, 9 de Enero de 2007 a las 12:53 am y archivada en APRA, Alan García, Corte Interamericana de Derechos Humanos, derechos humanos. Puedes seguir cualquier respuesta a esta entrada a través del feed RSS 2.0. Puedes dejar una respuesta, o trackback desde tu propio sitio web.